La violencia en México es un tema central de preocupación para la ciudadanía y probablemente figurará prominentemente en las campañas electorales de México en 2024. Dada su importancia, la estrategia de seguridad del Estado consume una parte importante de sus recursos. Aunque ha habido mejoras en el margen en algunos rubros de la criminalidad, los homicidios dolosos permanecen muy cerca de sus niveles históricos máximos. La estrategia de la presente administración conocida como “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados esperados por sus proponentes.
Esto se debe en parte a su premisa básica de que el origen de la violencia es la pobreza y la marginación. En un artículo anterior en esta revista hemos mostrado que empíricamente la violencia del crimen organizado no se explica por los niveles de pobreza, educación o empleo. Este es el caso tanto a nivel internacional como al interior de México. Ahí también mostramos que, más allá de la retórica de disminuir el énfasis en los “balazos”, el Estado ha aumentado significativamente las fuerzas del orden y oficializado el involucramiento del Ejército y la Marina en el combate al crimen.
Breve resumen de la economía del crimen organizado
En otro artículo —próximo a publicarse— argumentamos que tanto los individuos que escogen el camino de la criminalidad, como las organizaciones que los emplean, deben verse como entes económicamente racionales que responden a incentivos y costos percibidos en el momento de tomar sus decisiones.
En particular, argumentamos que el individuo se contrata con una empresa criminal si el ingreso esperado compensa los costos y riesgos de esta actividad. Los riesgos incluyen la probabilidad percibida de ser atrapado y encarcelado, herido, o muerto en manos de organizaciones rivales o de las fuerzas del orden. La severidad del castigo juega un rol, pero éste es secundario y su impacto depende de la probabilidad de ser aprehendido. En otras palabras, por más severa que sea la penalización tendrá poco efecto si no llega a ser aplicada. El costo de oportunidad del individuo que se incorpora al crimen organizado es el ingreso en la economía lícita que el individuo dejaría de percibir.
Los altos niveles de rentabilidad de las empresas del crimen organizado permiten pagar salarios por encima1 de los equivalentes (con niveles de destreza similares) en la economía lícita. Para entender cómo lo logran es importante separar los dos tipos de actividades en las que se involucran estas organizaciones.
La primera rama de operaciones es la producción de bienes y servicios que tienen una demanda social espontánea. Aquí se incluyen la producción y distribución de drogas, el tráfico ilegal de migrantes,2 los juegos de azar, y la prostitución, entre otras. La alta rentabilidad de estas actividades se deriva de su fuerte y estable demanda3 por estos bienes y servicios, y la prohibición por parte del Estado lo cual eleva los precios. Esta rentabilidad lleva a que las empresas criminales se peleen entre sí, a menudo violentamente, para establecer control monopólico u oligopólico sobre estos mercados.4
El segundo tipo de actividades cae en la categoría de servicios con demanda inducida por las organizaciones criminales. Ejemplos de estas actividades son la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el robo de propiedad. En estas actividades el crimen organizado se aprovecha de un vacío en la protección a la seguridad del individuo y a la propiedad por parte del Estado. Estas actividades son probablemente menos rentables ya que son más intensivas en mano de obra, más visibles, y sobre todo generan una resistencia social originada en el descontento. No obstante, bajo condiciones de alta impunidad, estas actividades pueden constituir una fuente diversificadora de ganancias a la empresa criminal.
Las múltiples herramientas en manos del Estado
De la somera discusión de la economía del crimen organizado anterior se puede vislumbrar un abanico de herramientas de política anticrimen que va más allá de “los abrazos y los balazos”.
Para reducir los incentivos del individuo para contratarse con el crimen organizado, el Estado puede mejorar la efectividad policial, así aumentando la probabilidad percibida de ser capturado o muerto. Puede también mejorar la impartición de justicia en los tribunales y juzgados, y variar la intensidad del castigo. Podría también aumentar la letalidad de sus acciones, o fomentar la competencia entre organizaciones criminales, aumentando así la probabilidad de los criminales de morir en acción. Probablemente, por razones éticas y por sus consecuencias sociales, el Estado podría cuestionarse estas últimas acciones.
Finalmente, el Estado puede aumentar el costo de oportunidad de la ilegalidad mediante programas de apoyo económico a los individuos. Sin embargo, estos programas sólo funcionarán en la medida en que no sean accesibles también a los criminales. De otra forma, los sicarios también podrán ser “becarios”, y el efecto sobre la reducción en el crimen será nulo.
Aumentar los costos percibidos por el individuo de unirse al crimen organizado disminuye las ganancias de la empresa indirectamente al obligarlas a pagar salarios más altos para atraer nuevos reclutas. Sin embargo, el Estado también puede afectar directamente las ganancias de las empresas. En el caso de las actividades con demanda social espontánea, la fórmula más directa sería la despenalización de la mayoría de las drogas, el establecimiento de visas de trabajo para los migrantes, o la legalización de juegos de azar y la prostitución, por ejemplo. Sin estos mercados, la organización criminal se debilitaría y el Estado podría reorientar recursos a combatir áreas de actividad donde la demanda es inducida, como la extorsión y el secuestro. Los recursos ahorrados en la persecución a la producción y tráfico de drogas y otras actividades también podrían emplearse para apoyar campañas en contra de los efectos secundarios de estas medidas, tales como la atención y seguimiento a las personas con adicciones, entre otras.
En el mundo ideal, para maximizar su efecto, la legalización de bienes y servicios prohibidos debería ser un esfuerzo internacional concertado. La evidencia es que, mientras haya una demanda espontánea, restringir la oferta mediante la prohibición sólo genera rentas extraordinarias que se traducen en un mayor poderío económico de los grupos criminales. Debe ponderarse seriamente la posibilidad de una legalización unilateral en caso de que el predominio de los intereses de grupos particulares o partidarios en Estados Unidos y otros países impida llegar a una solución concertada en la materia. Esta opción, si bien no es la óptima, acarrearía beneficios importantes a la sociedad.
Otros factores que pueden mermar la rentabilidad de la empresa criminal son la reducción de la impunidad en los casos de corrupción de las fuerzas del Estado y funcionarios que fomentan o facilitan las actividades criminales. Esto llevaría a que las empresas criminales tengan que pagar sobornos más altos, mermando su rentabilidad.
De igual manera, medidas que hagan más difícil el lavado de dinero, el acceso a paraísos fiscales y la ocultación de ganancias contribuirían a reducir las utilidades de la organización criminal. La prohibición de pagos en efectivo por bienes de alto costo como autos, bienes raíces, joyas, etc. son ejemplos de medidas en este sentido.
La reducción del tráfico ilegal de armas, sobre todo de origen norteamericano, puede también contribuir a menores ganancias, ya que las organizaciones criminales tendrían que recurrir al mercado internacional, probablemente a un costo mayor.
De Estado funcional a Narcoestado
Para discutir la situación actual del Estado mexicano proponemos cuatro niveles conceptuales en los que pudiera encontrarse un Estado cualquiera, en función de la criminalidad que enfrentan y su capacidad y voluntad de prevenirla, combatirla y castigarla.
De lo discutido en la sección precedente, se concluye que, si se busca combatir efectivamente a las empresas del crimen organizado, la forma más eficiente es disminuyendo sus ganancias a tal punto que para la mayoría de los participantes esta actividad ya no sea rentable. Para este propósito, las medidas de combate al crimen organizado presentadas hasta aquí asumen implícitamente que el Estado tiene la voluntad, el apoyo político y social y los recursos para implementarlas parcial o totalmente. En otras palabras, estas políticas son posibles en un Estado funcional.
En un Estado funcional, existen violaciones menores a las leyes y reglamentos que son hasta cierto punto inevitables o las cuales sería muy costoso reprimir. Los índices de criminalidad en general son bajos y la tasa de homicidios, por ejemplo, está significativamente por debajo de los promedios internacionales. Erradicar la criminalidad a niveles aún más bajos implicaría una presencia masiva de fuerzas policiacas, presenciales o por medio de cámaras de monitoreo, que pudiera traer consigo otro tipo de problemas que afectan, por ejemplo, el derecho a la privacidad o a la libertad de movimiento de las personas. Es posible que el costo social no compense el beneficio que se obtiene. En estas sociedades el crimen existe, pero está contenido, y no representa una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, ni tiene repercusiones sobre la economía y la convivencia social.
Un segundo nivel conceptual es el Estado fallando que se da cuando los niveles de criminalidad y de homicidios dolosos se elevan por encima de la media internacional, y la violencia y el crimen son preocupaciones centrales de la ciudadanía. La economía se ve marginalmente afectada de forma negativa, pero el crimen se mantiene contenido por fuerzas del orden que actúan mediante operaciones concentradas, frecuentemente reactivas, en hechos delictivos que amenazan la paz social. Cabe resaltar que en un Estado fallando, las medidas de política anticrimen presentadas en arriba tienen relevancia para diseñar una estrategia anticrimen.
Ahora bien, puede darse el caso de que el gobierno mantenga la voluntad y convicción de combatir al crimen organizado, pero que esté desbordado por el poder de fuego de la delincuencia. El número de delitos cometidos resulta en una violación extensiva del Estado de derecho y el gobierno no cuenta con los recursos materiales, humanos, financieros o de inteligencia para reprimirlos, independientemente de que se planteen acciones explícitas para hacerlo. En ese caso estamos en presencia de un Estado fallido. En este tipo de Estado las medidas que afectan la rentabilidad de la empresa criminal también son relevantes, pero probablemente requieran de apoyo externo al gobierno para complementar los recursos limitados del Estado. El gobierno mantiene cierto liderazgo interno y reconocimiento internacional, por lo que puede y debe tener un papel activo en la búsqueda de la cooperación de otros países o entidades multilaterales.
Un caso muy distinto es cuando, independientemente de que el gobierno esté desbordado o no en el combate al crimen, las instituciones están infiltradas al grado que sus acciones no solamente no combaten sustancialmente las actividades delictivas, sino que defienden y promueven los intereses de los grupos criminales. En este caso, se habla de un Narcoestado.5 Cuando las estructuras están respondiendo a los intereses del crimen organizado, desaparecen los incentivos para buscar objetivos de bienestar social. Si funcionarios del gobierno se benefician de modo importante con recursos que provienen de las organizaciones criminales, no tendrían incentivo alguno por tomar las medidas adecuadas, incluyendo legalizar el negocio, pues significaría la eliminación de estos beneficios. En este caso, la sociedad civil puede buscar apoyo externo, aun sin el acuerdo del gobierno. El reciente caso de Haití donde las Naciones Unidas coordinó la intervención del ejército de Kenia para pacificar a ese país que estaba dominado por bandas criminales es un ejemplo.
Para la tipificación de los diferentes tipos de Estado debe pensarse que se trata de un continuo en el que la presencia de distintos factores hace que un Estado pueda hallarse predominantemente en un caso, o en otro.
¿Qué tipo de Estado tiene México hoy?
Los altos índices de criminalidad, la presencia impune del crimen organizado en regiones importantes del país, la alta capacidad bélica de los grupos criminales más prominentes, su creciente injerencia en procesos electorales, así como los asesinatos y atentados contra políticos y periodistas por parte de estas organizaciones, se han convertido en constantes de la sociedad mexicana en los últimos años. Aunado a esto, el enjuiciamiento y veredicto de culpabilidad en la Corte de Nueva York de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, sugiere que el crimen organizado ha sido capaz de corromper segmentos del más alto nivel en el gobierno.
La estrategia “abrazos, no balazos” puesta en marcha en los últimos casi cinco años no ha logrado hasta ahora reducciones significativas en los indicadores de violencia y criminalidad. Paradójicamente, a pesar de su énfasis en minimizar los enfrentamientos armados, esta estrategia ha promovido fuertes inversiones para incrementar el tamaño y el poder de fuego de las fuerzas policiales y militares del país. Este esfuerzo para emplear a las Fuerzas Armadas en labores que son esencialmente de carácter policiaco conlleva el riesgo de excesos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. Pero aún más grave es el riesgo de que el ejército, expuesto directamente a las organizaciones criminales, sucumba a la capacidad de corrupción del crimen organizado. El que las fuerzas militares se dediquen a encubrir o proteger a organizaciones criminales es una de las características de un Narcoestado.
Ante esta situación, un número creciente de observadores en medios académicos y círculos políticos, dentro y fuera del país, ha señalado que México haya quizás cruzado el umbral hacia un Estado fallido, o inclusive un Narcoestado. En ese caso, el Estado deja de perseguir el máximo bienestar social y busca en vez la promoción y protección de los intereses del crimen organizado y la permanencia del grupo en el poder para garantizar esta protección.
No se puede caracterizar a un país como Estado fallido o Narcoestado a partir de un solo indicador. Por ello, las comparaciones internacionales sobre un conjunto de datos aportan pistas interesantes a seguir en la caracterización de los países.
Cada vez hay más información recabada por organismos no gubernamentales preocupados por el tema. Puesto que el objetivo es obtener una caracterización de los Estados en función de la criminalidad que padecen y su capacidad de enfrentarla, en las páginas que siguen se hace un análisis a partir de algunos indicadores de criminalidad reportados en el Global Organized Crime Index elaborado por The Global Initiative en 2023 y los de la Fortaleza del Estado de Derecho consignados en el Rule of Law Index de The World Justice Project, y el World Peace Index de Institute for Economics and Peace para 2022.6 Puesto que estos índices se construyen básicamente a partir de las opiniones de grupos de expertos, se consideró conveniente contrastar con el número de homicidios que publica la ONU. Este último, si bien es imperfecto, es utilizado comúnmente como indicador “duro” de actividades delictivas a pesar de que los países miembros no reportan este dato con regularidad a la ONU, y de que puede tener una variabilidad interanual importante en algunos países. Por ello, en el análisis presentado, el dato de tasa de homicidios que se usa es el del promedio de los últimos cuatro datos anuales reportados.
De la totalidad de indicadores disponibles, se seleccionaron los cinco que se consideraron más relevantes en términos de la capacidad de los países para combatir al crimen. Estos son:
- Índice de Vigencia del Estado de Derecho (Overall Rule of Law Index)
- Ausencia de Corrupción en Policías y Fuerzas Armadas (subíndice del anterior)
- Orden y Seguridad (subíndice del de Vigencia del Estado de Derecho)
- Efectividad de la Justicia Penal (subíndice del de Vigencia del Estado de Derecho)
- Seguridad y Protección (Subíndice del World Peace Index).
Por su parte, la selección de indicadores para medir la criminalidad es:
- El número de víctimas de homicidio por 100 000 habitantes (ONU)
- La Prevalencia de Mercados Criminales (subíndice de Global Organized Crime Index)
- La Presencia de grupos criminales tipo mafia (subíndice de Global Organized Crime Index)
Se realizó un análisis de conglomerados7 con el objeto de ver si estas variables agrupaban significativamente a los países en conjuntos que se pudieran identificar con los niveles conceptuales que se están proponiendo.
La Gráfica 1 muestra los resultados de hacer el ejercicio con el primer par de variables: Vigencia del Estado de Derecho para medir la fortaleza institucional, y el número de homicidios por 100 000 habitantes como indicador de criminalidad.
Gráfica 1. Grupos de países en función de la tasa de homicidios8 y la vigencia del Estado de derecho
Nota: Las etiquetas corresponden a los códigos ISO a 3 caracteres para los países. En la gráfica están representados 108 países para los que se tienen datos para todas las variables consideradas, pero sólo están etiquetados las 20 economías más grandes (que incluyen a México), los principales países latinoamericanos y cuatro ejemplos paradigmáticos de países con una gestión pública muy deficiente (Afganistán, Myanmar, Nigeria y Zimbabue). Los países latinoamericanos están resaltados con negritas. México, además, está subrayado.
En la Gráfica 1 se observan tres grupos de países claramente diferenciados. El primero de ellos, marcado en verde, se caracteriza por tener los niveles más bajos de criminalidad y la mayor vigencia del Estado de Derecho. Esta agrupación es la que más se aproxima a lo que cabría esperar de los Estados funcionales. En ella se encuentran los principales países de Europa occidental Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España; las dos grandes economías de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y Japón, Australia y Corea. De los países latinoamericanos, Chile, Uruguay y Costa Rica pertenecen a este grupo.
Los otros dos grupos tienen en común menores niveles de vigencia del Estado de derecho que el primer grupo, y se distinguen por sus diferentes niveles de criminalidad. El grupo marcado con amarillo tiene la menor criminalidad de los dos y está compuesto por China, Rusia, India, Indonesia, Turquía, Myanmar, Afganistán y Zimbabue, y entre los latinoamericanos están Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Haití. Por último, el tercer grupo, marcado en rojo, tiene niveles de criminalidad más elevados que los otros dos. Este grupo está compuesto principalmente por países latinoamericanos, Guyana, Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia, Jamaica, El Salvador, Venezuela y México. Además de estos países latinoamericanos, pertenecen a este grupo Sudáfrica y Nigeria.
Con objeto de intentar una clasificación más fina de los países para su identificación con los niveles conceptuales de Estados, se hizo el mismo ejercicio para todos los pares de variables seleccionadas. En síntesis, los resultados son prácticamente los mismos que con el primer par de variables. A veces el ejercicio estadístico arrojó tres agrupaciones, y en ocasiones solamente dos.9 La gran conclusión que se obtiene de este ejercicio es que, en todos los casos, México aparece en el extremo inferior derecho de las gráficas, siempre en el grupo de países con mayor criminalidad y menor fortaleza institucional, independientemente de cómo se midan estas variables. Este último resultado se muestra en el siguiente conjunto de gráficas.
Gráfica 2. Agrupamiento de países en función de la criminalidad y la fortaleza del Estado de derecho, medidas a través de distintas variables
Se pueden sintetizar los resultados en un solo diagrama en el que se dividieron a los países por los cuartiles de las variables de criminalidad y fortaleza institucional. Los colores de las celdas muestran una hipótesis de trabajo en la dirección de clasificar a los países en función de las características de sus Estados.
Los países en color verde, ocupando el extremo superior izquierdo del diagrama con mayor fortaleza institucional y menor criminalidad, son los que más se aproximan a los Estados funcionales. La pertenencia de países a este grupo, así como sus fronteras, parecen razonables. El único país latinoamericano de este grupo es Chile.
Los países que ocupan la banda amarilla que cruza en diagonal el diagrama son aquellos que se aproximan a los Estados fallando. Se trata de países que a pesar de su fortaleza institucional no son capaces de mantener bajos niveles de criminalidad, o por el contrario son países que inexplicablemente tienen una baja criminalidad y una relativa debilidad institucional. A este grupo pertenecen Costa Rica, Uruguay y Argentina, que tienen una gran fortaleza institucional relativa a los otros países de la región, pero su criminalidad es significativamente mayor que la de los países que ocupan las celdas verdes. Es difícil afirmar que la frontera inferior de este grupo sea tan definida como la superior. Se puede especular en base a esta información que algunos de los países que están en las celdas anaranjadas no son Estados fallidos sino Estados fallando, pero no se puede hacer una tipificación contundente.
Diagrama 1. Clasificación de países por cuartiles de criminalidad y fortaleza institucional
Esta falta de definición también se observa entre los grupos anaranjado y rojo. No se tienen elementos para afirmar que los países de estos grupos sean Estados fallidos o Narcoestados. No obstante, la comparación internacional sí enciende focos de alarma muy serios sobre la situación de México.
Ahora bien, no sólo debe alarmar la posición actual de México, sino también la tendencia que se ha observado en los últimos años. Mucho se ha comentado recientemente sobre la ligera disminución en los homicidios. Lo cierto es que ha venido acompañada por una reducción importante en la fortaleza de las instituciones para combatir la criminalidad. La Gráfica 3 muestra cómo ha cambiado la criminalidad en México en relación con su fortaleza institucional, midiendo estas variables por la tasa de homicidios y el Índice de vigencia del Estado de derecho.
Gráfica 3. Evolución de la criminalidad en México y la fortaleza institucional para combatirla (2012-2022)
A pesar de la mejora registrada de 2014 a 2015, la tendencia general es a ocupar una posición con cada vez más criminalidad y menor capacidad para hacerle frente. En otras palabras, el país se está deslizando al fondo del grupo rojo de países con serios riesgos de desarrollar Estados fallidos o Narcoestados.
A la luz de la información disponible, puede sonar exagerado decir que el Estado mexicano es un Estado fallido o Narcoestado. Lo cierto es que tiene características que apuntan al menos a una preocupante cercanía y movimiento en esa dirección. Por ello, es indispensable identificar algunos factores que la sociedad civil pueda monitorear y en la medida de lo posible, permitan tomar medidas preventivas para evitar encontrarse en la indeseable situación de Estado fallido o Narcoestado.
El diagrama siguiente contiene una ilustración conceptual de lo que pudieran ser los primeros indicadores del sistema de monitoreo, así como las estrategias que podrían emplearse en cada escenario.
Diagrama 2. Monitoreo y estrategias de la sociedad civil
Conclusiones y perspectivas
En este artículo hemos argumentado que tanto las empresas criminales como los individuos que trabajan para ellas son entes económicamente racionales, y que la mejor forma de combatir al crimen organizado es mediante el empleo de políticas que disminuyan la rentabilidad de estas empresas y los incentivos de sus trabajadores para unirse a ellas. Estas políticas incluyen la legalización de bienes y servicios con demanda social espontánea, así como reducir los niveles de impunidad, aumentar la severidad de las penas y el establecimiento de filtros que impidan que los miembros del crimen organizado reciban apoyos económicos concebidos para limitar el reclutamiento de trabajadores en las empresas criminales, entre otras medidas.
Hemos definido cuatro niveles conceptuales para definir la capacidad y voluntad del Estado en su combate al crimen organizado: el Estado funcional, el Estado fallando, el Estado fallido, y el Narcoestado.
Las medidas de combate al crimen mencionadas arriba pueden ser efectivas en reducir la criminalidad asumiendo que los gobiernos en turno tienen la voluntad y la capacidad financiera y logística para implementarlas. Esto es posible en el Estado Funcional y en el Estado Fallando. Cuando el Estado ha sido rebasado y pierde la capacidad o voluntad de combatir al crimen organizado, se necesitará apoyo externo para recuperar la funcionalidad de las instituciones. El caso extremo es el llamado Narcoestado donde el poder político en turno está coludido implícita o explícitamente con las organizaciones criminales. En esta situación será necesaria la presión de uno o varios agentes externos al gobierno.
Es probable que una sociedad sin Estado de derecho y con altos grados de impunidad no produzca crecimiento económico ni mejoras satisfactorias en el bienestar social. En el mejor de los casos, del descontento que resulte pueden surgir movimientos de la sociedad civil para cuestionar el statu quo que podrán imponer una agenda y ejecutarla a través de un gobierno distinto, electo con un mandato claro.
La comunidad internacional también puede manifestarse a través de organizaciones multilaterales y presionar al gobierno a tomar las medidas adecuadas. Pero tampoco es descabellado pensar en el peor de los escenarios: la intervención de un gobierno extranjero cuando la inestabilidad provocada por el dominio del crimen organizado en el país represente un peligro para sus intereses económicos y geopolíticos. Basta escuchar las declaraciones recientes de algunos legisladores norteamericanos conservadores para darse cuenta de que esta última situación, impensable hace unos años, es cada vez más posible.
Es por tanto importante tratar de responder a la pregunta: ¿qué tipo de Estado es el mexicano de hoy? Para contestar esta pregunta hemos analizado la información existente a nivel internacional sobre seguridad, observancia de la ley, y corrupción en la impartición de justicia, entre otros indicadores.
Los resultados sugieren que México enfrenta grandes retos de gobernabilidad dada la presencia territorial y la influencia del crimen organizado en el país. Aunque los indicadores disponibles no sugieren contundentemente que México ya sea un Estado fallido o Narcoestado, sí muestran un alto riesgo de que esto suceda. Ante la posible incapacidad, o la falta de motivación del gobierno, la prioridad de la sociedad civil debe ser buscar la forma de evitarlo.
Octubre de 2023
Alejandro García Kobeh
Economista por la UAM-Iztapalapa
Jorge O. Mariscal
Profesor adjunto de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales (SIPA) de Columbia University en Nueva York.
1 No existen datos confiables, pero anecdóticamente se estima que un sicario del crimen organizado recibe entre 15 000-30 000 pesos mensuales, un jefe de sicarios de mandos medios entre 500 000 y 1 000 000 pesos mensualmente.
2 En el cálculo del Global Organized Crime Index, se hace una distinción entre tráfico internacional de personas (human smuggling) en el cual hay un acuerdo voluntario entre las partes y la trata de personas (human trafficking) que tiene más las características de una esclavitud moderna.
3 En términos técnicos se trata de una demanda inelástica.
4 Schelling, el precursor de estudios sobre el crimen organizado, refiere que lo que hizo famoso a Chicago durante la época de prohibición no fue tanto abastecer la demanda de alcohol, sino la supresión violenta de la oferta de la competencia(Schelling, 1971, pág. 643).
5 Se usa el término de Narcoestado porque es el que se menciona más frecuentemente. En realidad, de lo que se trata es de un Estado altamente infiltrado por intereses criminales, independientemente de que estén ligados al narcotráfico. Igualmente criminal sería un Estado que respondiera a los intereses de organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.
6 Por la extensión y alcance de este trabajo no se incluyen otras fuentes de información que son útiles para analizar el tema de los Estados Fallidos. En particular, cabe señalar el Prosperity Index de Legatum y el Global Democracy Index de The Economist. Cada uno tiene datos de distinta resolución con énfasis en varios aspectos de la fortaleza institucional de los países.
7 Se trata de una técnica estadística (Cluster Analysis) que agrupa objetos, en este caso países, de tal forma que sus características sean más parecidas a las de los otros objetos del mismo grupo que a las de los objetos de cualquier otro grupo.
8 La tasa de homicidios está representada en logaritmos naturales para facilitar la visualización gráfica.
9 Cabe mencionar que, en todos los casos, el coeficiente de silueta de cohesión y separación resultó mayor a 0.5, lo cual indica que la calidad de las agrupaciones es “buena”.