Los estudios sobre la historia del tráfico de drogas en México viven una pequeña edad de oro. Una ola de obras publicadas durante el último par de años busca explicar el largo curso de la economía del narcotráfico y, en particular, de las distintas instituciones involucradas. Si hubiera que resumirla en una oración, la principal contribución de esta literatura ha sido enfatizar otros actores más allá de los omnipresentes narcotraficantes: las policías, el Ejército, los gobernadores, los gringos. Seguramente la mejor antología de esta literatura es Histories of Drug Trafficking in 20th Century Mexico, editada por Benjamin Smith y Wil Pansters. El libro de Carlos Pérez Ricart, profesor del CIDE, Cien años de espías y drogas: los agentes antinarcóticos en México, es sin duda parte de esta ola. Es el más explícitamente enfocado en una única institución —la Administración de Control de Drogas, DEA, y sus predecesoras— y por tanto el que se ocupa de la manera más directa con la “influencia americana”.
El libro está estructurado de la siguiente manera: cada capítulo sigue a un agente de la DEA que habría marcado pauta; desde Alvin Scharff, quien lo mismo se codeó con la plana mayor del cardenismo para desarticular una cosmopolita red de tráfico de heroína que recorrió las montañas de Sinaloa buscando sembradíos, hasta terminar con Héctor Berrellez, quien dirigió la operación para resolver el asesinato de Camarena hasta inicios de los años noventa. Un par de capítulos proveen contexto institucional sobre la DEA y su predecesor, la Oficina Federal de Narcóticos (FBN por sus siglas en inglés). Caminan por la pasarela Joe Arpaio, a cargo del FBN en México en los setenta, quien se dio una buena empapada de la corrupción policial de la época, y el propio Camarena. Destaca que hay un hueco cronológico de unas tres décadas entre los capítulos de Scharff y de Arpaio; la mayor parte de Espías y drogas trata del período 1970-1990. El libro abre con una estampa de una operación militar para capturar al Chapo Guzmán dirigida por un miembro de la DEA. Es una provocación presentista: el objetivo de Pérez Ricart sería entender cómo llegamos a nuestra situación actual de —se entiende— violencia descontrolada e intervención foránea, en donde las decisiones estratégicas de la lucha contra el narcotráfico parecen ser tomadas en otro lado.
Hay una tensión anidada en la estructura misma del libro que le impone una —llamémosla así— búsqueda del blockbuster. Pérez Ricart enfatiza que se trata de una obra abocada a entender la influencia de las agencias antidrogas americanas sobre México: las redes que habrían creado entre sus pares mexicanos, las prácticas que transmitieron y las metas que impusieron, etc. Pero debido a que cada capítulo sigue a un agente individual, termina siendo una historia de esa colección de agentes: es, para ponerlo en los términos de la historia social, una historia de individuos y no de grupos. La estrategia de seguir individualmente a los agentes tendría una alta recompensa si se cumpliera una condición: si en efecto en cada capítulo se revelara un bombazo. Pero la historia rara vez da para tanto, y esta no ha sido la excepción. Las anécdotas de los agentes antinarcóticos que relata Pérez Ricart son siempre tenebrosas, a menudo brutales. Pero la consecuencia de esta estructura es reducir el universo de preguntas que el historiador puede hacerse: como a Pérez Ricart le interesa más seguir la grilla (muy valiosa, no se me malinterprete) de la operación policial coordinada por Scharff para atrapar a los narcotraficantes polacos, no queda ningún espacio para preguntarse, por ejemplo, si la presencia del agente americano alteró las normas de lo que los anglosajones llaman el policing: las prácticas de vigilancia, la textura de las relaciones entre las instituciones policiacas y la sociedad a la que supuestamente protegen.
El libro tiene éxito en su objetivo central: mostrarnos cuán presentes han estado las agencias de seguridad americanas, y señalarnos que han influido en la política mexicana hacia las drogas. Y en efecto, nos muestra que los agentes de la DEA/FBN han estado ahí desde hace décadas, violando leyes mexicanas, corrompiendo la procuración de justicia. Pero es menos claro en explicar cómo esa presencia cifraba una influencia; de qué tipo de influencia se trataba exactamente, y cómo o por qué fue absorbida por los actores mexicanos. Me explico: los momentos de chantaje más brutales de Estados Unidos hacia México fueron públicos: los cierres de frontera operados por Nixon y luego Reagan, para provocar un colapso comercial hasta que México no se sometiera a Estados Unidos. Ahí quedó al desnudo una relación imperial, transparentemente impositiva. Otra parte de esa influencia se ejercía en los corredores del poder, en los sillones de caoba de las oficinas de los políticos mexicanos, cuando recibían a sus pares americanos. Pero Pérez Ricart está interesado en el agente sobre el terreno, comandando allanamientos, sembrando pruebas y propinando golpizas. Y eso existió también y nos da no pocos ejemplos. Pero lo que no nos provee es un modo de entender qué tipo de influencia tuvo esto sobre el sistema formal e informal de procuración de justicia, sobre los patrones de arreglos entre narcotraficantes y funcionarios del Estado mexicano; sobre, finalmente, el circuito de cultivo y comercio de drogas.
En otras palabras, si el libro no es simplemente una historia de la DEA en México (y enfatiza no serlo), sino una historia de cómo las agencias americanas incidieron sobre las distintas dimensiones del tráfico de drogas, no es nunca del todo claro cuál es la hebra analítica central para entender esa incidencia. Al no plantearse esta pregunta, Espías y drogas se lee a menudo como la historia no autorizada de una institución: Pérez Ricart señala más de una vez las contradicciones y limitantes de la DEA, pero su enfoque transmite una cierta sensación de omnipotencia, donde los agentes serían influyentes revulsivos, y sus interlocutores mexicanos receptores pasivos de la influencia imperial. Piénsese en este ejemplo que ilustra bien la transmisión subconsciente del punto de vista de la institución: la subsección del sexto capítulo “El tráfico de drogas en el México de los ochenta” busca proveer de contexto. Sin embargo, seis de los trece párrafos inician, o tienen como sujeto, a la DEA. La lectura y análisis de la realidad social provista por el libro están, digámoslo así, saturadas por la visión de la agencia norteamericana.
Hay que decir algo acerca del estilo de Pérez Ricart. Aborrezco como el que más la jerga académica. Pero el modo en el que el libro intenta escapar de esta patología deja mucho que desear. Pensemos por ejemplo en este pasaje —de lejos el único—, en el que presenta a Berrellez:
En él todo es excesivo: las hebillas doradas del pantalón, la barbilla cerrada, su forma de montar a caballo […]. Incluso su español, que por momentos da la finta de naturalidad, pero que a los pocos segundos resulta forzado y hace retumbar nuestro oído; no hay ni matices ni pauses de aire. Su frente es ancha y sus ojos breves se pierden en el pasado de tiempos mejores a punto de ser olvidados.
El párrafo es una representación casi gráfica de la pérdida progresiva de la sensatez: ¿hablar de la hebilla? Es un buen detalle. ¿Del caballo? Es poco claro, para los ignaros de la equitación, cómo se monta a caballo de modo excesivo. ¿Del español? ¿Cuál sería el problema de que Berrellez poché? Pero ¿los ojos breves que se pierden en el pasado de tiempos mejores…? Aquí uno no puede sino rezar por el descubrimiento de ese justo medio entre la escritura académica farragosa y la estética de thriller de aeropuerto.
Es necesario pasar ahora a un plano distinto de crítica. Pérez Ricart le dedica un capítulo al caso Camarena —que sería el “punto de fuga” de la obra entera— y un capítulo a la Operación Leyenda. Su reconstrucción del episodio es cuidadosa, aunque no particularmente exhaustiva y —con una excepción que veremos en un momento— demasiado agnóstica. No se encontrará aquí ninguna revelación testimonial o documental (difícilmente surgirá tal cosa de los bien curados National Archives en Washington). En realidad, el capítulo central del libro no es aquél sobre el asesinato de Camarena, como el de la Operación Leyenda, que la DEA puso en marcha para castigar a los responsables. Su objetivo principal es mostrar que la tesis de la DEA y del jefe de la Operación, Héctor Berrellez —que altos funcionarios del gobierno mexicano estuvieron involucrados en el crimen— es insostenible. Aquí, el lector se podrá imaginar, entramos en aguas pantanosas. Es cierto, y esta es la base de evidencia más sólida de Espías y drogas, que los testigos protegidos mexicanos en torno a los que Berréllez armó el caso son endebles: mentiras ante jurados federales, modificaciones de testimonios; uno de ellos participó en el asesinato. Con esto Pérez Ricart busca sugerir que la misma idea de que la alta jerarquía del gobierno estuvo involucrada en el crimen a través de sus relaciones con el Cártel de Guadalajara —Manuel Bartlett y Rubén Zuno Arce fueron los nombres más sonados— es una calumnia imperialista. En un giro inesperado, nos dice que deberíamos simplemente dejar de plantearnos esa pregunta:
La discusión sobre la culpabilidad o inocencia de gente como Bartlett o de Zuno Arce es, como se suele decir, harina de otro costal. Es imposible decir nada más que lo que ya se ha escrito en los ríos de tinta que han corrido sobre este caso. Lo único cierto es que las acusaciones contra ellos fueron —por último y por primero— intentos por humillar al gobierno de México. Lo demás es también lo de menos.
Este es uno de los pasajes más lamentables de la historiografía mexicana reciente. Por un lado porque confiesa no poder aportar nada sustancial a los “ríos de tinta”, luego de haberlos hecho correr él mismo durante sesenta páginas. Pero ante todo por deslizar que preguntarse sobre la responsabilidad de Bartlett y Zuno Arce —¡nadie menos!— lo hace a uno confabulador en una conjura contra la nación. La ironía es que Pérez Ricart conoce tan bien el caso que no puede exculparlos completamente —previamente había sugerido que habría evidencia sólida sobre las relaciones de Zuno con el narcotráfico, entre ellos un reporte del propio Camarena—. En el capítulo previo, había palomeado testimonios de agentes de la DEA sobre la participación en el narcotráfico de Arturo Durazo y del propio López Portillo. Pero al siguiente sexenio, la pregunta sería inherentemente sospechosa: su estrategia es entonces cambiar los parámetros de la discusión —es harina de otro costal— y acusar al preguntón. Después de cuatro décadas, uno esperaría que los historiadores pudieran distinguir la trama del crimen de sus consecuencias diplomáticas. Lo demás —¡la verdad!— no es lo de menos.
Muestro aquí mis cartas: hay una sólida razón política-contextual a la plausibilidad de la participación de altos funcionarios mexicanos en el asesinato, o en su encubrimiento. Y la razón es simplemente la perfecta simbiosis entre el narcotráfico y buena parte del Estado mexicano, en particular sus brazos armados. Espías y drogas está lleno de ejemplos de la participación de agentes de la PJF y la DFS en las distintas redes de protección. Qué tan arriba llegaba el amarre es, por supuesto, una pregunta abierta. Luego de resistirnos a aceptar la imagen del secretario de Gobernación en la sala de tortura, sigue siendo inverosímil que los altos operadores del Estado mexicano no supieran nada del asunto. Pérez Ricart no tiene ningún problema en aceptar la total cooptación por el narcotráfico de las instituciones policiales federales, pero le parece inaudito que sus jefes políticos estuvieran involucrados. Es una tesis poco convincente. Esta evidencia contextual no bastará ante un juzgado, pero los historiadores pedimos un tanto menos para construir escenarios de plausibilidad. Se vuelve difícil tomarse en serio el salto del agnosticismo al partidismo de Pérez Ricart cuando busca mantenerse equidistante ante todas las hipótesis menos ante la del involucramiento de la plana mayor del PRI. En un caso con tantas fuentes y tan pocas confiables, Espías y drogas tiene que hacer algo de gimnasia para sostener el doble rasero: el testimonio de un exagente de la CIA es tomado en cuenta para sugerir la plausibilidad de la participación de la Agencia en el asesinato, pero no cuando menciona la participación de Zuno Arce, etc.
Pérez Ricart decía la verdad cuando escribió que el caso Camarena era el “punto de fuga” del libro. No es lo que él quería decir, pero los capítulos previos se leen como poco más que un prólogo a la Gran Crisis del 85. Uno podría pensar que el problema es que los que no estemos de acuerdo con su interpretación del affaire Camarena no podremos sino leer su investigación a la luz de este diferendo político. Pero se trata en el fondo de lo contrario: que su historia de los espías y las drogas antes de 1985 no brilla con una luz explicativa lo suficientemente fuerte como para hacernos dejar a un lado, por un momento, las querellas del presente.
Camilo Ruiz Tassinari
Candidato a doctor en historia por la Universidad de Chicago