México vive momentos críticos en casi todos los campos de la vida pública. Estamos a un mes de la celebración de unas elecciones judiciales que materializan una decisión absurda y de impredecibles consecuencias que nadie dentro del régimen de la 4T fue capaz de detener; al mismo tiempo, México sufre una ofensiva simbólica, política y económica por parte del gobierno de Donald Trump, que ha puesto al gobierno a la defensiva, y ha exhibido la extrema dependencia de nuestro país respecto del vecino del norte; además, la hegemonía de Morena como partido político y el aparente triunfo del presidencialismo absoluto ocultan en realidad una fragmentación del poder al interior del régimen que debilita a la presidencia y al Estado mismo, en un momento en el que se vive una coyuntura decisiva en la relación convivencia/confrontación con los grupos del crimen organizado. La intervención de los poderes fácticos en la política se manifiesta más claramente que nunca y la violencia criminal sigue sin control.
El proyecto estatista y autoritario que promueve la presidenta Sheinbaum se confronta con la abrumadora realidad de la debilidad del gobierno y de la precariedad de la coalición de partidos que lo sostiene. En este contexto, es de lamentarse la ausencia total de liderazgo en la oposición partidaria y en la sociedad civil. Este vacío explica que haya sido el expresidente Ernesto Zedillo quien súbitamente se haya convertido en un interlocutor crítico del poder después de 25 años de ausencia de la esfera pública. Ciertamente se necesita mucho más que una voz crítica para tratar de detener la deriva autoritaria del régimen.
Los primeros seis meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han resultado muy atropellados y conflictivos debido a la enorme cantidad de problemas pendientes que heredó de su antecesor. Si bien el triunfo electoral de Morena fue arrollador, y la supermayoría parlamentaria de la coalición gobernante parecía garantizar una gobernabilidad centralizada en la figura de la Presidencia, en la práctica varios obstáculos han colocado a un gobierno aparentemente fuerte en una condición de franca debilidad. El factor más importante ha sido la ausencia de autoridad y mando dentro del régimen. López Obrador entregó un poder dividido entre líderes y grupos que durante su gobierno habían aceptado el liderazgo único y absoluto del viejo líder. En ausencia del mismo, se ha producido un descontrol en las cadenas de mando y una lucha abierta por esferas de poder parciales tanto en el Poder Legislativo como en el plano territorial —pues los gobernadores han tenido un mayor margen de autonomía— en un contexto de incertidumbre en los pactos internos de la clase gobernante. He caracterizado a este escenario como una “presidencia bifronte”, que en realidad es algo aún más complejo, que bien podríamos denominar como un régimen de poder fragmentado y competido entre grupos de la coalición en el poder. Esta fragmentación se produce después de una oleada de reformas constitucionales radicales impuestas por López Obrador que cerraron las puertas a cualquier negociación con la oposición y con la sociedad civil, y que trasladó tanto los costos políticos de las mismas como la responsabilidad de su implementación al nuevo gobierno. La destrucción de los organismos autónomos y la llamada reforma judicial son los temas más delicados en este proceso de reconstrucción de un régimen autoritario, que si bien todavía no ha anulado las libertades básicas, está creando las condiciones necesarias para el despliegue de un modelo de autoritarismo muy parecido al de la época priista. Esta destrucción tiene costos políticos en la legitimidad democrática de un gobierno que ganó abrumadoramente las elecciones, pero que heredó e intenta profundizar una agenda autoritaria sin tener un verdadero comando de los procesos políticos en marcha.
Desde afuera, el factor Trump ha venido a complicar la implementación del proyecto de reconstitución autoritaria. La operación neoimperial ha obligado al gobierno a combatir drásticamente la migración ilegal y al crimen organizado a un ritmo y en una forma no previstas originalmente. Dado que la gobernanza territorial que Morena desplegó en todo el país (y que los partidos de oposición también sufren o aprovechan) se basa en alianzas puntuales y específicas entre sectores del grupo gobernante y todo tipo de poderes fácticos, especialmente el crimen organizado, el combate a estos poderes resulta especialmente disruptivo, no sólo del mundo criminal, sino del orden político. Al calor de esta batalla, están saliendo a la luz todos los días escándalos de colusión y corrupción que involucran a funcionarios federales y locales, empresarios privados y grupos criminales, sin que ninguno de estos escándalos conduzca a la sanción de los delincuentes y al control de la impunidad. Por el contrario, el gobierno federal trata desesperadamente de sacar de la agenda pública los temas más sensibles que demuestran el estado de ingobernabilidad fáctica en que vive buena parte del país. Podemos incluir aquí desde el caso del centro de exterminio de Teuchitlán, que apunta a convertirse en el Ayotzinapa del actual gobierno, hasta la acción militar coordinada en cuatro estados por parte del Cartel de Jalisco hace un par de semanas, durante la cual las fuerzas del orden fueron simples testigos pasivos de una disrupción increíble de las comunicaciones terrestres y de una violencia armada a niveles de un ejército regular. Agreguemos los múltiples escándalos recientes relacionados con el huachicol de gasolina por vías marítima y terrestre, que muestran la ausencia de capacidades estatales en el control de las aduanas y de los puertos, a pesar de que hipotéticamente el Ejército y la Marina los gestionan.
Para completar el cuadro, las inminentes elecciones judiciales no hacen más que reforzar las tendencias centrífugas del régimen, puesto que tanto en la designación de candidatos a jueces, magistrados y ministros como en la implementación de la elección misma, los procesos se han dejado bajo el control de las élites políticas locales y de los grupos de poder dentro de Morena y aliados. Como se ha demostrado hasta el cansancio, la elección judicial no sólo es absurda desde el punto de vista político, sino impracticable, confusa, improvisada y caótica, a grado tal que puede anticiparse que sus resultados no sólo serán ilegítimos, sino que producirán una composición de los poderes judiciales (federal y locales) que le otorgarán mayor poder a las fracciones de Morena y a sus aliados territoriales, así como a todo tipo de poderes fácticos, debilitando aún más el poder de la Presidencia.
La presidenta Sheinbaum ha perdido varias oportunidades para imponer su autoridad. La primera y más grave fue no haber pausado y limitado la elección judicial, pues al realizarla contra viento y marea, le otorgó un poder enorme a los líderes parlamentarios de Morena, destruyó la escasa autonomía del Instituto Nacional Electoral y demostró a la nación y al mundo la inmoralidad, oportunismo y subordinación del Tribunal Electoral de la Federación, hoy sumido en un desprestigio tal que será muy difícil que cumpla una función legítima en futuros procesos electorales. Peor aún, al colocar la llamada Reforma Judicial en el pináculo de las prioridades, se perdió la oportunidad de realizar una verdadera reforma de la justicia, que pasaba necesariamente por la profesionalización, dignificación y moralización de las fiscalías de justicia, federal y estatales, y de las policías de todos los tipos. La reforma judicial no sólo no contribuye a crear un sistema de justicia eficaz, sino que agrega un nuevo piso de oportunidad a la impunidad reinante. A este error fundacional de su gobierno, la presidenta ha sumado otros en su propia agenda legislativa, orientada a concentrar el poder en el Ejecutivo, sin reparar en el hecho de que el gobierno ha devenido un aparato disfuncional, penetrado por todo tipo de intereses y carente de capacidades técnicas, jurídicas y operativas. Sumémosle a este escenario la terrible crisis fiscal que padece el gobierno federal como consecuencia de las decisiones del gobierno anterior, que canalizó gigantescos recursos a las empresas paraestatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que juntas perdieron el año pasado un billón de pesos, y que son un barril sin fondo, irrescatables en su condición actual. Sheinbaum heredó además los costos financieros, ambientales y sociales de megaobras improductivas que malgastaron el escaso capital estatal, a saber, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, entre tantas otras obras pequeñas y medianas, igualmente improvisadas y mal ejecutadas.
Para salir de esta terrible maraña de crisis simultáneas, se requiere de un liderazgo firme que ponga orden al interior del régimen, en primer lugar, y que reconozca los errores cometidos. No parece ser el caso, por lo que en el plazo previsible no puede más que incrementarse la crisis de gobernabilidad y las tensiones dentro del régimen y entre éste y la sociedad. Por otra parte, se necesitan nuevos liderazgos en los partidos políticos y en la sociedad civil. Los partidos de la transición han dejado de existir como referentes de la crítica y la acción políticas. Sin embargo, a corto plazo no es posible que emerjan otros partidos, dotados de mayor legitimidad y con un proyecto político claro. El vacío de oposición partidaria puede prolongarse indefinidamente, lo cual facilitará el despliegue del autoritarismo. Es por ello que la voz del expresidente Ernesto Zedillo ha resonado tan fuerte en días recientes. A pesar de que el expresidente cuenta con un capital político limitado, dado que en su gobierno se tomaron decisiones polémicas como el Fobaproa, y que hubo episodios de violencia contra pobladores de Chiapas y Guerrero, tuvo el mérito de haber impulsado una primera reforma del poder judicial federal a fines de 1994, y la reforma electoral de 1996, que dio paso la alternancia en el poder ulteriormente. Los ataques personales que hoy está sufriendo por parte del gobierno muestran la peor cara del régimen, pues nos regresan a las prácticas más nefastas de López Obrador, y dan la razón a quienes se oponen frontalmente a la propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya aprobación le daría al gobierno federal la capacidad de censurar a quien decidan, clausurando aún más el espacio público. Sin embargo, Zedillo no puede ser de ninguna manera un líder opositor, sino apenas una voz crítica que pone de manifiesto la miseria de la oposición y la incapacidad de una sociedad civil plural para desarrollar nuevos liderazgos y un nuevo concepto de moral pública que rechace la simulación y demagogia reinantes.
México vive una coyuntura crítica en la que se juega el futuro de la muy precaria democracia mexicana y la suerte de la igualmente frágil soberanía del Estado mexicano. Recordemos que un régimen autocrático no construye un Estado fuerte, es tan sólo un régimen que oculta una debilidad profunda. Hoy no hay condiciones para restaurar “legítimamente” un régimen autoritario en México, así sea uno competitivo, pero los procesos en marcha hacen cada vez más posible ese desenlace. Este futuro ominoso requiere una respuesta radical desde la sociedad civil. Hay diversos movimientos sociales empujando una agenda democrática, desde los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, cuya heroica acción impide que el gobierno actual continúe con la simulación de justicia que ya caracterizó al gobierno anterior, como los diversos feminismos, ecologismos y resistencias indígenas y campesinas que no ceden en sus luchas puntuales y específicas, así como quienes desde los diversos espacios públicos alzan la voz en contra de la autocratización. Sin embargo, están quedando a deber las universidades y los universitarios (cuyo silencio es imperdonable), los organismos empresariales, las escasas asociaciones profesionales que hay, los pocos sindicatos y organizaciones campesinas con alguna autonomía. Es urgente recuperar el espíritu cívico insurreccional que caracterizó a la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, que fue la fuerza detrás de la transición a la democracia electoral. Es urgente que nuevas generaciones asuman un espíritu de lucha y protesta que ha estado ausente durante dos décadas, con excepciones notables como las antes mencionadas. La sociedad civil debe asumir un rol protagónico, no sólo en defensa de una democracia electoral precaria, insuficiente y colonizada, sino en pos de una democracia con justicia y equidad, una democracia de los muchos y no de los pocos, construida realmente desde abajo y no desde las alturas por una élite política embriagada de poder y dispuesta a cualquier cosa para mantenerlo.
Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.