A Peter Kornbluh, quebrador de secretos
28 de noviembre de 1998. El canal de televisión Rock&Pop transmite un programa sobre cómo Chile experimentó la captura de Pinochet en Londres, perseguido por la justicia española. La toma retrata a un grupo de manifestantes atrincherados frente a la Embajada Española en Chile. El grupo, compuesto predominantemente por mujeres, exigía a gritos el retorno del dictador. Una de sus líderes hace reclamos históricos: recuerda la figura de Francis Drake para decir que los ingleses son todos piratas, interpela a los españoles que nunca juzgaron a Francisco Franco y, finalmente, denuncia el intervencionismo español en Chile desde tiempos inmemoriales retornando a la guerra que los europeos le hicieron a “nuestros mapuches”. Una autoridad política llega a la escena. “Repudio activo a Inglaterra y a España”, dice la entonces diputada Evelyn Matthei. “No se van a atrever ni siquiera a salir a las calles”. Matthei llama a boicotear las industrias inglesas y españolas, y tomada de los brazos de sus compañeras de lucha, corta la calle donde se emplaza la embajada. Mientras, una parte de las manifestantes abraza y besa a un carabinero, quien en lugar de disolver la protesta, sonríe.
Este fue el pinochetismo histórico en Chile. No es un secreto que hoy está agotado. Sin embargo, nuevas voces lo han traído a la arena política, ya cumplidos 50 años desde el Golpe de Estado con el que Pinochet alcanzó el poder.
Pensar el pinochetismo en nuestros días no depende sólo de un compromiso con la memoria del país o la reparación de las víctimas. El pinochetismo es una fuerza política no del todo desactivada, a la espera de volver a nutrir sueños de orden y pesadillas de represión, gestándose en las clandestinas entrañas de la sociedad civil. En este ciclo de agotamientos y fortalezas, de publicitadas muertes y subrepticias resurrecciones, se juega acaso la forma de un futuro régimen autoritario en el sur del continente.
Volvamos un segundo a pensar qué fue el pinochetismo para comenzar a entender lo que podría ser hoy. La dictadura chilena tuvo una insaciable sed de legitimación. El pinochetismo fue la manera en que se justificaron tanto el golpe y las violaciones a los derechos humanos, como la permanencia del ejército en el poder. Los militares no sólo atentaron contra un gobierno socialista, sino contra la Constitución de 1925. La junta militar necesitaba una nueva casa para recibir a los chilenos. Los andamios de ese forzoso edificio los construyó, en buena medida, su ideólogo Jaime Guzmán, abogado constitucionalista y político conservador, quien expuso los peligros para la junta militar si se retornaba demasiado pronto a la democracia. Guzmán enlistó los hechos por los que serían juzgados los militares en caso de una reposición de la República: “La Junta tendría que hacer frente al siguiente conjunto de hechos: bombardeo de la Moneda, suicidio de Allende, numerosas ejecuciones dictadas por consejos de guerra, presos políticos en islas y cárceles, disolución del Congreso, proscripción legal de partidos y publicaciones marxistas, censura de prensa, receso indefinido de los partidos democráticos, cancelación del mandato de los regidores, intervención de las Universidades y suspensión total de toda forma de autonomía en ellas, etc.”. En otros términos, Guzmán temía que si el poder volvía a los partidos, los militares serían enjuiciados como criminales. Por eso no podían ser un paréntesis histórico. La solución para proteger su proyecto político —y sus vidas— era refundar Chile.
El régimen elaboró su estrategia de legitimación, según el politólogo Carlos Huneeus, con tres hebras distintas: un tejido de historia, legalidad y economía que alimentó las fantasías de orden de lo que fue el pinochetismo.
Lo primero fue consagrar un nuevo relato histórico. Se intentó mantener viva una versión demonizada, antimarxista y anticomunista del gobierno de Salvador Allende, para justificar la represión estatal. Pero la dictadura supo que no bastaba con denigrar el gobierno anterior y ensalzar el golpe que lo depuso; era necesario ubicar estos hechos en la trama total de la historia chilena. Pinochet culpó a los partidos políticos del quiebre institucional. Recurrió a la historiografía conservadora que veía en el periodo de lo que se llamó orden portaliano (1831-1861), por su ideólogo Diego Portales, el único momento de estabilidad en Chile. Portales famosamente postuló que “el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche”, es decir, un pueblo obediente a la autoridad de un presidente fuerte dirigiendo el país. Este pesimismo democrático veía la decadencia en los partidos políticos y un debilitamiento del presidente. Portales le regaló a Chile la fantasía del orden frente al caos de un país que recién nacía bajo el sacrificio de los principios democráticos. La figura autoritaria de Pinochet era, en este sentido, la encarnación de su espíritu.
La segunda tarea fue dar expresión institucional a esta mirada histórica. La dictadura configuró un orden político que vigilara el sufragio universal bajo una democracia autoritaria y tutelada por los militares. La herramienta principal fue la escritura de una Constitución. Se consagró un fuerte presidencialismo que protegiera al país de los excesos de la democracia liberal, permitiéndole al soberano gobernar por encima de los partidos. La Constitución aseguraba al presidente un poder colegislador frente al Congreso. Los órganos legislativos estarían tutelados tanto por el Consejo de Seguridad Nacional (compuesto por el ejército y carabineros), y la institución de los senadores designados y vitalicios. Los primeros, elegidos por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional, y los segundos integrados por los expresidentes de la República. Pinochet ejercía de senador vitalicio precisamente cuando fue apresado en Londres.
Lo último fue la legitimación económica, globalmente conocida como la instauración del modelo neoliberal en Chile. En pos de lograr el control de la inflación y una recuperación económica en sus términos, los así llamados Chicago Boys, economistas de derecha educados en Estados Unidos, fortalecieron al gran empresariado y fomentaron las privatizaciones, desarmando el entramado del Estado desarrollista chileno.
Las distintas legitimaciones (histórica, constitucional y económica) encontraban su unidad en el nombre del dictador. El mismo Jaime Guzmán defendía esta tesis en una columna escrita en 1978, diciendo: “El pinochetismo acentúa el ascendiente y el afecto que el Presidente de la República [Augusto Pinochet] ha conquistado en el pueblo, para transformarlo en una fuerza al servicio de la consolidación de una nueva institucionalidad”.
El tiempo erosionó el pinochetismo. La izquierda se benefició de atacar su legitimación constitucional, centrándose en que la Constitución de 1980 no permitía la llegada de una verdadera democracia. La derecha se distanció por los casos de malversación de fondos públicos de la familia Pinochet, en contravención de la sensibilidad liberal de respeto y protección de la propiedad privada. Uno a uno, los dilectos del dictador le negaron sus favores. Joaquín Lavín, uno de sus más férreos defensores, le retiró explícitamente apoyo, aludiendo a que “no veíamos lo que pasó”. Evelyn Matthei, quien hizo campaña por la continuidad de Pinochet en 1989, ha negado en repetidas ocasiones haber sido pinochetista. Quizá la imagen más explícita de la caída del pinochetismo histórico sea el día en que murió Lucía Hiriart, la esposa del dictador. Mientras que el funeral de Pinochet fue multitudinario, el día en que murió su mujer la televisión simplemente mostró su apartamento donde no entró ni salió ninguno de sus antiguos devotos.
Pero la democracia chilena no acaba de exorcisar totalmente el fantasma del pinochetismo. La principal rehabilitación de su imagen la levantó el Partido Republicano, que nació de la escisión de la facción más autoritaria de la derecha chilena, liderada por José Antonio Kast, ferviente defensor del gobierno militar y hermano de Miguel Kast, exministro de Pinochet y uno de sus principales colaboradores. Recientemente, durante el proceso constituyente en curso, el miembro del Partido Republicano Luis Silva —que recibió la votación más alta de todo Chile— declaró su admiración por Pinochet como estadista. La respuesta fue un rechazo pleno, incluyendo al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, algo muy importante se trenzó en el gesto de Silva. Sus palabras asumían que el proyecto del pinochetismo histórico estaba acabado, aceptando que Pinochet mismo —su figura y legado— estaban muertos, pero levantaba un tótem en medio de toda la derecha que culpablemente traicionó su génesis. El Partido Republicano declaraba en un mismo gesto la muerte de Pinochet y su posible sobrevivencia simbólica; es, en este sentido, un neopinochetismo. La dictadura se volvió un ámbito del que se puede extraer legitimidad al referir un sueño de orden contra el flagelo del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia. Sobre todo, permite señalar a los grandes culpables en la retórica de su era dorada perdida: los partidos políticos. El resultado se refleja en las preferencias ciudadanas: según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la ciudadanía deposita primariamente su confianza en la Policía de Investigaciones y Carabineros por sobre el Congreso y los partidos políticos. La misma encuesta ubica al Partido Republicano como el partido con el que más se identifican los chilenos.
Pero el tótem tarda en levantarse. Es una tarea ingrata, humillante y peligrosa. Y es precisamente en esa tardanza donde se fragua otro destino para el pinochetismo. Porque aunque el neopinochetismo crezca, aún no puede alcanzar mayorías. La derecha tradicional aprovechó este espacio para incrementar su influencia, primero, desligándose de Pinochet, luego del extremismo del Partido Republicano, al exhibir sus pretendidas credenciales democráticas.
Hasta ahora, la principal beneficiada es Evelyn Matthei, actual alcadesa, probable candidata a la Presidencia. Pero renegar parcialmente del dictador no evita la recuperación de su proyecto político. Matthei ha construido su plataforma con base en la seguridad. Vociferando en contra del estallido social chileno, pero también asidua a construir el problema político como una cuestión de control (de la migración, de la población, de la delincuencia), la figura de Matthei resignifica la fantasía de orden de la que está sedienta una parte importante del país. Orden que puede prescindir progresivamente de las libertades democráticas. Y renegando de su pasado, lo afirma en sus políticas, configurando acaso el grupo más peligroso para la democracia chilena: un criptopinochetismo, o pinochetismo de closet, que oculta su propia historia en pos de la eficacia política. La alcaldesa Matthei ha pisado el acelerador, construyendo equipos de trabajo para un futuro gobierno en el que su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI), la sigue con holgura. Entre sus intervenciones políticas destacan la reposición de la pena de muerte, y la UDI promueve instituciones como la muerte civil para personas condenadas a delitos de corrupción y terrorismo (esta última, palabra laxa como ninguna dentro de la política chilena que sirve para apuntar a las comunidades mapuches o grupos de ultraizquierda). Esta radicalización subrepticia invita a importantes pactos entre la derecha tradicional y la nueva. El hecho más reciente es la ley contra las ocupaciones ilegales de terreno, o “tomas”, que en Chile son una forma de demandar el derecho a la vivienda. La ley contra usurpaciones, ya aprobada, permite que cualquier persona ponga término a una ocupación de terreno usando cualquier medio disponible, incluída la violencia directa, bajo la figura de la legitima defensa privilegiada. Poco a poco, la agenda de seguridad va preñando a la democracia de su propia muerte.
Los pactos al interior de las corrientes autoritarias son frágiles, pero cruciales incluso en la traición. El 1 de julio de 1934, Ernst Röhm, dirigente de la Sturmabteilung o SA, el grupo más extremista del partido nazi, fue asesinado por las fuerzas de la Schutzstaffel o SS, el grupo de élite de seguridad de Adolf Hitler. Así prevaleció el nazismo en Alemania. El autoritarismo encontró su vía al poder mediante la supresión de los agentes del caos en sus propias filas, y saciando la sed de orden que emerge en medio del descontrol. Puede que esta sea la lección más urgente para las democracias en crisis. Aunque las tendencias no son fatalidades, el avance de la derecha en Chile augura oscuros peligros. La coyuntura anuncia una posible elección presidencial en que los chilenos tengamos que escoger entre el neopinochetismo de José Antonio Kast y el criptopinochetismo de Evelyn Matthei. Mientras antes aceptemos esta posibilidad, mayor es la capacidad que tendremos de defender la futura democracia, y responder la pregunta más urgente: ¿cómo imaginas tu vida bajo un gobierno autoritario? En Chile, todavía, y cada día más, la respuesta es el rostro evanescente de Pinochet.
Rodrigo del Río
Doctor en Lenguas y Literaturas Romances. Ha trabajado como curador, investigador y artista visual para la Houghton Library de la Universidad de Harvard, el David Rockefeller Center for Latin American Studies y el Consulado de Chile en Shanghái.