Fideicomisos de ciencia en la espiral autoritaria

Con el propósito aparente de combatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar su maquinaria legislativa para reformar diversas leyes con el fin de eliminar 109 fideicomisos, en su gran mayoría relacionados con la ciencia. El proceso que culminó con su extinción ha tenido distintos momentos y dio lugar a imágenes inéditas, como la del Senado de la República cercado por fuerzas policiacas ante la protesta pacífica de las comunidades de investigadores y otros sectores sociales. Aunque el desenlace en el Congreso fue el deseado por el mandatario, tendrá consecuencias importantes para el país y probablemente algunas indeseables para su propio artífice. En este texto no me voy a referir a todas las etapas de este acontecimiento, sino sólo a lo que constituye la última etapa hasta este momento: la presentación de “pruebas” por parte de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobre actos de corrupción en la ciencia asociados con los instrumentos financieros ya desaparecidos.

Ilustración: Víctor Solís

Primero fusilen…

Durante las semanas previas a la extinción de los fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador había ofrecido que serían presentadas las pruebas sobre la corrupción asociada a estos contratos. Pero esto no ocurrió, y la supuesta demostración vendría hasta después de la votación final en el Senado, en una transgresión a la lógica más elemental que obligaría a demostrar primero que han ocurrido faltas y luego determinar la desaparición de estos instrumentos. Como sea, el miércoles 21 de octubre se programaron en la conferencia matutina del mandatario las intervenciones de varios funcionarios para iniciar (apenas) la presentación de evidencias de la supuesta relación fideicomisos-corrupción, proceso que según el titular del Ejecutivo se extenderá hasta enero de 2021. Uno se pregunta ¿y por qué todo ese tiempo? La respuesta es muy obvia: porque aún se carece de una demostración objetiva que de sustento las acusaciones que han lanzado. Esto demuestra que la extinción no se dio a partir de hechos verificables. O bien que la verdadera razón para su eliminación apresurada habría que buscarla en otra parte.

Un dato surgió esa mañana durante la presentación de Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inversiones en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien mostró que de los 109 fideicomisos creados por ley, la enorme mayoría (91), es decir, 83.4 %, se concentraban en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esta proporción tan elevada —que no existe en ninguna otra área de la administración pública entre las que se sometieron al proceso de extinción— tiene implicaciones importantes, pues por un lado, da idea del peso que han tenido en el financiamiento de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación y, al mismo tiempo, de la magnitud del golpe que se da a la actividad científica en nuestro país. Muestra además, que se ha puesto en el banquillo de los acusados a la ciencia mexicana. Es la primera vez en la historia que ocurre algo así.

Y como para el presidente López Obrador los fideicomisos sólo son fuente de corrupción, quién mejor para demostrarlo que la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien desde que asumió sus funciones al frente de ese Consejo lanzó acusaciones sobre irregularidades, y presumiblemente actos ilícitos de administraciones anteriores que en casi dos años no han sido probadas.

¿Participación privada, sinónimo de corrupción?

Transferir significa, en la acepción de la Real Academia Española más apropiada a este caso “remitir fondos bancarios de una cuenta a otra”. El uso del lenguaje es importante aquí, pues cuando se habla de “transferencias millonarias al sector privado” se busca crear la idea de que se trata de dádivas que son además ilícitas, o dicho en los términos del presidente se trataría de dinero que es del pueblo para enriquecimiento de unos cuantos. Esto enturbia cualquier discusión seria pues no se piensa que pueda tratarse de inversiones (o coinversiones si las dos partes aportan recursos) respaldadas por la ley para lograr un propósito, que en este caso consiste en crear un nuevo conocimiento, desarrollar una tecnología o arribar a una innovación.

La investigación en la que participan el gobierno, la academia y las empresas, es algo común en el mundo y en ningún país (excepto hoy en México) se considera a la participación privada en la ciencia algo irregular y mucho menos un delito. Desde luego pueden presentarse irregularidades en el manejo de los recursos públicos o también privados en proyectos específicos, pero si estos existen deben documentarse para cada caso particular.

Lo que realmente hay en el fondo, es un rechazo de la directora del Conacyt a la participación de las empresas en el desarrollo de la ciencia mexicana por razones ideológicas, una especie de estatismo soviético en el que se considera a lo público como esencialmente bueno y a lo privado malo, lo que me recuerda a las asambleas estudiantiles los años 70 donde ese tipo de argumentación arrancaba los aplausos en el graderío. Pero se trata de una idea que ignora que el avance del conocimiento en el mundo requiere cada vez más del concurso de diferentes sectores entre los cuales es indispensable la intervención de las empresas.

Para ella no sólo son indeseables las asociaciones con empresas para el logro de metas específicas, sino además la participación de universidades que no son públicas en proyectos de investigación, o el otorgamiento de los estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a científicos de instituciones privadas, pues todas estas modalidades formarían parte de las transferencias indeseables a este sector.

Peras con manzanas

Para magnificar lo perverso de los fideicomisos, Álvarez-Buylla incluyó en su presentación datos que no tienen que ver nada con ellos, como los provenientes del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) —el cual fue eliminado por Álvarez-Buylla desde hace más de un año— que dependía del presupuesto federal y no de fideicomisos. Como lo señalé en un artículo previo, aunque también incluía a empresas grandes, el PEI estaba dirigido principalmente al fomento de la innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas a las que se dirigieron 78 % de los recursos. Todos los proyectos eran evaluados por especialistas. Desde su surgimiento, el programa se sometió a cerca de 20 evaluaciones externas y entre 2014 y 2018 se realizaron 19 auditorias por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Los proyectos contaban con reglas que daban preferencia a la participación de instituciones públicas de investigación con el fin de  fomentar la vinculación academia-empresa. Se trataba además, no de una dádiva, pues por cada peso del Conacyt, las empresas aportaban otro.

En la exposición que realizó Álvarez-Buylla hubo una mezcla de cifras del PEI y de los fideicomisos, lo cual es algo irregular e inaceptable. Con ello no se trató de dar un contexto como se argumentó luego, pues se llegó al extremo de sumar y obtener porcentajes del dinero proveniente de dos fuentes esencialmente distintas. Incluso se ofreció en la misma lámina una lista de empresas beneficiadas con las mencionadas “transferencias”, aunque ya no supimos cuáles recibieron recursos del PEI y cuáles de los fideicomisos.

Las empresas beneficiadas

Una de las numerosas irregularidades en la presentación de la directora del Conacyt, fue que mostró datos para lapsos de tiempo muy heterogéneos. En algunos casos se refirió al periodo 2000-2018, en otros al 2013-2018, también al 2009-2020 y en varios casos se omitió precisar el año. No obstante, de acuerdo con lo presentado, en el sexenio anterior (2013-2018) se habrían realizado “transferencias millonarias directamente del Conacyt a empresas”, ¿a qué empresas? Para responder a esta pregunta la directora seleccionó 11 a manera de ejemplo. Se trata de un conjunto de compañías transnacionales y algunas nacionales grandes, es decir, para impresionar a la gradería en la asamblea estudiantil que imaginé antes, se colocó entre otras a IBM, Bayer, Monsanto, Kimberly Clark, Volkswagen, Femsa y Bimbo, entre otras, que involucraba proyectos que en conjunto recibieron 891 millones de pesos, que representan apenas el 2 % de los de los 46 624 millones supuestamente transferidos al sector privado (ojo, sumando los fideicomisos más el PEI). Sobra decir, que en el ejemplo no se incluyeron algunas empresas micro, pequeñas o medianas, que como es sabido, son las que generan la mayor proporción de empleos en el país. En síntesis lo que se buscó fue un efecto mediático más que un análisis serio de la relación del Estado con las empresas para el desarrollo científico del país.

El volumen de dinero involucrado solamente en los fideicomisos del Conacyt (esta vez sin incluir el PEI) para un periodo distinto de tiempo (2000-2018) suma, de acuerdo con lo presentado, 65 336 millones de pesos, lo cual suena a mucho dinero (porque es mucho dinero) pero su ejercicio ocurrió en un lapso de 18 años. Esto tiene implicaciones importantes, pues la labor policiaca del Consejo (que por cierto se ha convertido ya en una de sus tareas sustantivas) se tendrá que remontar a los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y por algunos datos que han comenzado a surgir, tendría que abarcar también las asignaciones desde los fideicomisos en los dos primeros años del actual gobierno. Pero volviendo a las empresas, se observa que las “transferencias” al sector privado desde los fideicomisos es mucho menor de lo que el discurso oficial quiere mostrar, pues los propios datos de Álvarez-Buylla muestran que en esos 18 años, 76 % de los fondos de los fideicomisos se dirigieron a financiar proyectos públicos.

Sobre la participación de empresas grandes y transnacionales que tanto alarman a la directora del Conacyt, conviene recordar que ella misma ha participado en el financiamiento de estas compañías a través de exenciones fiscales. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología en el que se da a conocer el monto otorgado con cargo al ejercicio fiscal de 2019, que ascendió a poco más de 406 millones de pesos. Entre las empresas beneficiadas se encuentran Bayer (actual propietaria de Monsanto); Bebidas Mundiales S. de R. L., que es distribuidora de Coca-Cola y otras bebidas azucaradas en México, y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, propiedad de la holandesa Heineken, entre otras 27 grandes empresas extranjeras y nacionales. El acuerdo lleva la firma del Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Conacyt, Noé Ortiz Lépez, designado por Álvarez-Buylla como su representante en dicho Comité. O sea, que congruencia no hay mucha.

Otro ejemplo de la falta de congruencia, fue señalado por ProCienciaMX ese mismo día. En la presentación de las empresas beneficiadas por los fideicomisos en el periodo 2000-2018 que en este caso consideró a 10 empresas, se incluyó a la compañía DTM tecnologías. En un comunicado de prensa difundido en redes sociales y medios impresos, la organización de científicos y académicos mexicanos se pregunta por qué si forma parte de las empresas señaladas como receptoras de transferencias millonarias, la directora del Conacyt entregó recientemente 168.4 millones a dicha empresa para hacer los ventiladores para la atención de pacientes con covid-19 “que llegaron tan tarde y cuya eficiencia nunca quedó demostrada”.

Acusaciones y revanchas

La directora incluyó en su intervención acusaciones directas a instituciones y también a personas. Dijo que en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., había irregularidades en el manejo y administración de recursos y, sin mencionarla por su nombre, acusó a la  ex coordinadora general del Foro, Julia Tagüeña Parga, de transferir recursos a este organismo cuando era directora adjunta en el Conacyt. Se refirió también, al Consorcio para el Estudio de Zonas Metropolitanas (Centromet), con sede en Querétaro, donde, dijo, había opacidad, sobrecostos y despilfarro en viajes. En este caso se refirió al nombramiento de Ana Díaz Aldret, esposa del ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, como gerente de dicho consorcio.

En los dos casos trató de manera forzada de ubicar estas “irregularidades” con el uso indebido de recursos provenientes de fideicomisos. En el caso del Foro con el Fondo Institucional del Conacyt (Foins) (que se habría empleado para diversos gastos y la compra de un inmueble), y en el caso de Centromet con el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt). Pero ese mismo día Álvarez-Buylla obtuvo respuesta a sus acusaciones:

En un mensaje que fue ampliamente difundido en las redes sociales y distintos medios, Julia Tagüeña dijo que se trataba de acusaciones falsas y tendenciosas. Es mentira, señala, que el inmueble adquirido por el Foro proviniera del Foins, pues se adquirió con recursos autogenerados. Afirma que también es falso que existieran irregularidades en el manejo y administración de recursos por parte del Foro, pues cada año el propio Conacyt emitió constancia favorable. Considera difamatorio el señalamiento de que la propia Julia Tagüeña auto asignó recursos a este organismo, pues la actual directora adjunta de investigación científica (Carmen de la Peza) firmó el 19 de agosto de 2019, la carta finiquito de conclusión técnico financiera favorable.

Pero lo que realmente explica la motivación de Elena Álvarez-Buylla para personalizar este tema es el curso que ha tomado una resolución judicial en su contra:

Por más de un año el Conacyt ha desconocido lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología sobre la autonomía del Foro Consultivo así como la obligación de otorgarle recursos económicos; no lo ha convocado a las reuniones del Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las de la Junta de Gobierno del Conacyt, ni las del Consejo de Aprobación del SNI. La personalidad jurídica del Foro, que se ha negado en aceptar la directora, ha sido reconocida sin embargo por un juez federal dictando sentencia definitiva de un juicio de amparo. El incumplimiento de esta sentencia, coloca a la directora del Conacyt en desacato (que si es un delito), y en el Ministerio Público se ha abierto ya una carpeta de investigación que se encuentra en curso.

Por otra parte, en el caso de Enrique Cabrero, las acusaciones adquirieron otro nivel al involucrar a Ana Díaz Aldret, en la conferencia matutina en que se aborda el tema de la corrupción. En un estupendo artículo titulado Ana Díaz no es la esposa de alguien Peniley Ramírez pone de relieve el trato inadecuado que Elena Álvarez-Buylla dio en la mañanera a  la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, como si se tratara de un “apéndice de otro”.

En una entrevista con el periodista José Cárdenas, Cabrero calificó como falsa la información dada a conocer por la directora del Conacyt, defendió la personalidad y trayectoria de su esposa como una investigadora con una carrera propia, con una trayectoria de más de 25 años, con logros que le han valido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Su nombramiento en el Consorcio citado, dijo, se realizó de acuerdo con la normatividad por la asamblea de los directores de los centros públicos involucrados en ese programa, en el que ella no manejó ningún dinero y “eso lo sabe la directora del Conacyt”, subrayó.

Cabrero dijo además que lo que se debería estar discutiendo es la política de ciencia y tecnología, en particular la  interacción con empresas privadas que es el tema que molesta a Álvarez-Buylla. Dijo que al parecer de lo que se trata es de distraer la atención de lo muy poco que ha logrado el Conacyt en estos dos años, y en cambio lo que se ha hecho es hablar de lo que realizado anteriormente. Ante pregunta expresa, dijo que las afirmaciones sobre su esposa constituyen un daño muy grande a la persona, y se está evaluando la posibilidad de emprender una acción personal (legal). Finalmente pronosticó que, aunque él no lo desea, sin los fideicomisos, la ciencia de nuestro país se va a ir a pique.

El arte de mentir

Elena Álvarez-Buylla cerró su “demostración” sobre la corrupción en los fideicomisos citando los datos del estudio sobre el Índice Global de Innovación 2018:

El Conacyt de 2013 a 2018 ganó siete lugares en términos de gasto para innovación. Y bueno, al ver ya con detalle cómo se fueron ejerciendo estos recursos a través de los fideicomisos, no sorprende este aumento en gasto. Pero, sin embargo, y paradójicamente –y ahora explicado por estos y muchos otros ejemplos que tenemos– la eficiencia disminuyó 16 lugares en este mismo periodo.

No es la primera vez que se refiere al ranking mundial de innovación que elaboran la Universidad Cornell, la Escuela de Negocios Insead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para crear el argumento de que en ese periodo hubo un aumento en el gasto en este sector pero disminuyó la eficiencia, aunque ahora introduce a los fideicomisos en su discurso.

Pero lo que hace realmente es la reiteración de una mentira, pues el estudio citado no mide el desempeño de una institución, en este caso del Conacyt, sino el de un país que se llama México y es el resultado de una comparación entre 126 naciones. El ascenso de siete lugares (al pasar del sitio 63 al 56) es algo muy meritorio y no representa el crecimiento del gasto (mucho menos del gasto del Conacyt).

Se trata en cambio del ascenso en el ranking que resulta del análisis de aproximadamente 80 indicadores que no tienen que ver sólo con el gasto y están enmarcados en las denominadas “entradas” de la innovación que incluyen los entornos políticos, regulatorios y empresariales; la infraestructura con que cuenta un país; el capital humano en la educación terciaria y en investigación y desarrollo; de estos datos se obtiene una calificación numérica (por ejemplo, en 2017 fue 42.40). Por otro lado la posición en el ranking depende también de las “salidas”, como la sofisticación de los mercados y los negocios; la creación, impacto y difusión de conocimientos y tecnologías, así como la creatividad expresada en los productos y mercancías, que en conjunto dan otra calificación (24.80 en el año citado). Todos estos indicadores no dependen de una sola institución, sino de las condiciones de un país para favorecer o entorpecer la innovación.

Y en efecto, a pesar de que México escaló posiciones en el ranking, cayó 16 lugares en la relación de eficiencia. Pero, ojo, no bajó la eficiencia en un sentido coloquial como el que emplea la directora del Conacyt de manera tramposa, sino en un parámetro más complejo llamado índice o coeficiente de eficiencia (Efficiency ratio) que muestra la relación que existe entre los dos conjuntos de datos. En este caso expresa el resultado de dividir las “salidas de la innovación” respecto a las “entradas”. Como ejemplo, en 2017 para México fue como ya vimos 24.80/42.40, de este modo la relación de eficiencia en ese año fue 0.58, mientras que para Corea fue 0.79 y en el caso de Suiza, primer lugar en el ranking global de innovación, de 0.96. Este índice es un indicador muy volatil, pues si un país mantiene constantes los parámetros de innovación citados, o bien los aumenta puede ser rebasado por aquellos que crecen más en un año determinado y su posición en el índice de eficiencia caerá, a pesar de que internamente tenga una clara mejoría. Quizás es la razón por la que este coeficiente de eficiencia desapareció a partir de los informes de 2109 y 2020 del Índice Global de Innovación.   

La directora del Conacyt no se dirige a un público instruido en estos temas, sino a quienes pueda engañar, como al presidente de México y a legisladores y militantes de Morena (no todos) que le otorgan un respaldo acrítico al creer que deben cerrar filas en torno a lo que identifican como la política de ciencia de la 4T. Y sí, desafortunadamente para ese movimiento y para el país, este es el nivel en que se encuentra esa política.

Elementos para una discusión

Lo primero que hay que dejar en claro es que en la intervención de la directora del Conacyt no hay por ningún lado una demostración de actos de corrupción asociados a los fideicomisos. Es decir, no se ha avanzado nada en la demostración de las irregularidades en el manejo de los recursos  públicos destinados a la ciencia en los que ha venido insistiendo esta directora desde hace casi dos años. Seguimos en las mismas, insistencia en acusaciones no sustentadas en evidencias, insinuaciones, alusiones personales, mezcla indebida de datos, manejo arbitrario de los tiempos, datos falsos…

En la exposición a la que me he referido la preocupación principal al parecer no está en los extintos instrumentos financieros, sino en la relación entre el gobierno y las empresas, pero hasta ahora no existe para este caso alguna demostración de actos de corrupción o de hechos que claramente puedan configurar algún delito de acuerdo con las leyes de nuestro país. Tal vez de aquí a enero puedan documentar algo que les ayude a justificar la desaparición de los fideicomisos. 

Pero mientras las pruebas aparecen, la eliminación de los fideicomisos representa un duro golpe para la ciencia de nuestro país pues significa la reducción de facto de los recursos para la investigación, y hace dependientes a las actividades de ciencia, tecnología e innovación de las decisiones presidenciales que se expresarían ahora —si hemos de creer en lo que han dicho el jefe del Ejecutivo y el secretario de Hacienda— a través de las asignaciones del presupuesto federal anual. Esto resta autonomía a las instituciones de investigación para garantizar la continuidad de proyectos multianuales al margen de las restricciones que impone el presupuesto (como los retrasos en la entrega y condiciones para el ejercicio de recursos); esta libertad es esencial para no frenar el trabajo de investigación que requiere de la adquisición de  equipos, reactivos, animales de laboratorio, pago por servicios profesionales, algunas becas y en general de diversos insumos dependiendo del tipo de investigación.

Si la caída en los recursos se piensa subsanar por medio de la Hacienda pública, se requeriría que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 y los años subsecuentes registrara un aumento muy significativo para la ciencia y en particular para el Conacyt que pudiera compensar la caída de recursos producto de la extinción de los fideicomisos. Esto se ve difícil dadas las condiciones actuales por la crisis sanitaria y económica, por lo que resulta falsa la suposición del presidente de que se van a seguir recibiendo los recursos perdidos vía el presupuesto. 

El beneplácito de la directora del Conacyt por la desaparición de los fideicomisos y por tanto de la reducción de los recursos para la ciencia, es algo nunca visto en la historia de este organismo. Ningún director de ese Consejo se había pronunciado nunca en un sentido similar, y se contrapone al sentir generalizado de la comunidad científica del país expresado a través de numerosas cartas, comunicados e incluso manifestaciones en las calles.

En cuanto a la opinión de la población casi no hay estudios al respecto, aunque de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero realizada entre el 9 y 11 de octubre, ante la pregunta de si creen que el país debería destinar más recursos o menos recursos a la investigación en ciencia y tecnología, el resultado muestra que 70 % está a favor de designar más recursos económicos, mientras que sólo 10 % opina lo contrario.

El análisis que hace de estos datos Alejandro Moreno es muy interesante, pues observa que no hay diferencias importantes por sexo, edad, nivel socioeconómico e incluso escolaridad. Es revelador en cambio que quienes se expresaron en contra de otorgar apoyos son los sectores con mayores niveles de religiosidad y con preferencias partidarias específicas pues los que se identifican con Morena expresaron mayor respaldo al recorte de los recursos a la ciencia y la tecnología.

Javier Flores