Todo régimen autoritario se edifica sobre una afinidad profunda con la arbitrariedad: allí donde debería haber consenso, se impone obediencia; donde habría disenso legítimo, se decreta disciplina; y donde la representación política debiera mediar entre gobernantes y gobernados, se instala la imposición. En lugar de una arquitectura institucional orientada a distribuir, encauzar y equilibrar la autoridad –desde los márgenes de la vida social hasta la cúspide del poder estatal–, se impone una forma de organización vertical, jerárquica, impermeable a la crítica y al diálogo.
Bajo este orden, el poder se concentra en una figura única o en un grupo que reclama para sí, sin intermediaciones, la legitimidad de gobernar. No se reconoce a la oposición como interlocutora legítima, sino que se le margina, descalifica o incluso persigue. Los contrapesos, cuyo propósito es contener el abuso de poder, se debilitan hasta su mínima expresión y se les quitan facultades reales o son capturados por el mismo bloque dominante. Se impone así una verticalidad que clausura el espacio de participación ciudadana, que reduce la esfera pública y anula la posibilidad de que la ciudadanía intervenga de manera significativa en los asuntos públicos.
Lo anterior encuentra su correlato subjetivo en una personalidad autoritaria. No es casual que, en estos contextos, florezca un ethos caracterizado por una actitud despectiva o incluso agresiva hacia quienes se perciben como inferiores o externos al grupo de pertenencia, al tiempo que se exhibe una devoción incuestionable hacia figuras investidas de poder. La relación con el otro se basa en la identidad, en la lealtad afectiva antes que en el acuerdo argumentado. La ambigüedad —típica de la vida democrática, donde lo político es plural, cambiante e imperfecto— se convierte en una amenaza insoportable para quien necesita certezas inamovibles. De ahí también el recurso a estereotipos, simplificaciones y fórmulas que ahorran la complejidad del pensamiento crítico.
Así, el fondo del autoritarismo en México —como en tantas otras experiencias donde el poder se ejerce sin contrapeso— descansa en tres pilares. En primer lugar, se impone la idea de que la voluntad de un grupo —investido de una supuesta superioridad moral o histórica— debe prevalecer sobre la del conjunto social, anulando o subordinando cualquier proyecto, persona o colectividad que se le oponga. En segundo término, esa voluntad se ejerce de manera arbitraria: por encima de normas, procedimientos o instituciones que pudieran acotarla. Finalmente, este fondo autoritario se encarna en una forma particular de subjetividad que convierte las dos premisas anteriores en un ethos compartido por el grupo en el poder, el cual se manifiesta con una actitud despectiva hacia quienes perciben como inferiores o ajenos al círculo de pertenencia, y en una obediencia acrítica hacia quienes ostentan jerarquía dentro del mismo.
No obstante, conviene advertir que la forma que asume el autoritarismo en México no refleja con fidelidad su fondo. Si bien el régimen exhibe rasgos inequívocamente autoritarios —centralización del poder en una coalición fragmentada, desmantelamiento de contrapesos, hostilidad hacia la crítica y un larguísimo etcétera—, su capacidad para extender esta lógica más allá del ámbito político-institucional es limitada. Un ejemplo es el de Gerardo Fernández Noroña, quien encarna como pocos la figura del político con personalidad autoritaria: investido por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, asume que ese cargo lo habilita para decir y hacer cuanto le plazca, y reacciona con furia ante la crítica, provenga de estudiantes,periodistas o incluso militantes del Partido del Trabajo. De ahí que haya considerado legítimo convocar a un ciudadano a presentarse en el Senado para exigirle una disculpa pública por haberlo increpado en un aeropuerto. “Él sabía perfectamente que yo era el presidente del Senado, y aun así me agredió físicamente. Ya tomamos medidas para que eso no vuelva a suceder, no va a quedar impune. La Fiscalía General de la República está actuando con diligencia”, explicó hace unos meses, sin pudor, en un acto que sintetiza la confusión entre investidura y superioridad moral, entre autoridad legal y poder personal.
Otro ejemplo: un enviado del Instituto Electoral de Tamaulipas acudió al domicilio del periodista Héctor de Mauleón para notificarle que tanto él como el periódico El Universal habían sido denunciados por una persona anónima, a raíz de una columna en la que se señalaban presuntos vínculos entre políticos morenistas y redes dedicadas al robo de combustible. El documento exigía eliminar el texto del sitio web del diario y también la prohibición expresa de volver a tratar el tema. Cuando se le preguntó a la persona cómo obtuvo el domicilio del columnista, respondió sin ambages que la información le fue proporcionada por el INE por medio de un convenio institucional.
En ambos episodios se dibuja con claridad la voluntad de un grupo que se impone de manera arbitraria sobre la esfera de derechos de ciudadanos y periodistas, utilizando los recursos del Estado. La investidura pública se confunde con una potestad absoluta, y las instituciones, lejos de garantizar el disenso y la pluralidad, se convierten en herramientas para sofocar la crítica y castigar la disidencia.
Pero esa eficacia se diluye tan pronto el autoritarismo intenta proyectarse fuera del terreno estrictamente político. El Estado mexicano carece del poder necesario —institucional, logístico y coercitivo— para imponer su voluntad de forma sostenida en todo el territorio nacional. No consigue organizar a la sociedad en su conjunto, ni garantizar su reproducción bajo un orden mínimamente estable. La evidencia es elocuente: es incapaz de evitar el asesinato de candidatos afines al régimen, y ni siquiera logra proteger a su círculo más próximo en pleno corazón de la Ciudad de México.
Tales hechos exhiben la impotencia del grupo en el poder para movilizar los recursos del Estado, ya sea para afirmar su autoridad o para ofrecer condiciones básicas de seguridad, no sólo a la ciudadanía en general, sino incluso a sus propios aliados. A pesar de la retórica confrontativa que enarbola el poder ejecutivo, el capital se ha fortalecido, muchas veces en connivencia con entramados criminales como el del huachicol, y lejos de imponerse, el grupo a cargo del Estado actúa como cómplice silencioso.
Por otra parte, la permisividad con la que el gobierno ha respondido a acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como la toma del aeropuerto, no refleja un supuesto respeto por el derecho a la protesta, sino una incapacidad para imponer la voluntad del grupo en el poder. Mientras en diversas regiones del país la represión contra activistas y organizaciones indígenas ocurre con frecuencia —y de forma impune—, frente a la Coordinadora —por fortuna, porque la violencia estatal no es, ni debe ser, el camino para resolver los conflictos sociales y políticos que se expresan en las calles— el gobierno se ha visto superado.
Así, la diferencia entre el fondo y la forma del autoritarismo es clara: allí donde el poder tropieza con una fuerza organizada y resistente, opta por replegarse; donde encuentra voces dispersas o vulnerables, se muestra implacable. El autoritarismo en México es cobarde y servil: golpea a los débiles, pero se encoge con mansedumbre ante los poderosos.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente