Introducción a Odio público. Uso y abuso del discurso intolerante

It’s like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from goin’ under.

Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message

Sería oportuno resistirse a la tentación de la hipérbole. Es fácil armar un alboroto cuando, ya sea por amor a la exageración, por sana ignorancia o por interés, el odio se toma como uno de los rasgos distintivos de esta época política. “A decir verdad, viejo, pero de buena pierna, a veces se duerme”, escribió Wisława Szymborska, para volver y disparar con la vista aguda de quien sabe siempre dónde y qué mirar. Maquiavelo lo consideraba la pasión propia del pueblo. Para otros, sólo este sentimiento de fuerte y obstinada aversión enciende el más auténtico espíritu revolucionario.^[1]

Si, al menos en política, el odio no es nunca algo insólito, uno podría preguntarse por qué ocupa de manera constante las primeras páginas de los periódicos. Desde mi perspectiva, la discusión radica en las expresiones intolerantes de las que, con una cierta desenvoltura, están llenas las elecciones, los Congresos, los viejos y los nuevos medios. “Esta campaña de odio que se ha extendido de manera desmesurada en los últimos años entre los ciudadanos —asegura Liliana Segre— se ha convertido en un mar sucio: la primera vez que te manchas, intentas nadar más allá. Pero ahora que me he vuelto senadora, he comprendido que ha llegado el momento de dar la batalla contra el odio.”^[2] Ni siquiera esto debería sorprendernos. Quizá nos olvidamos de cuando, sin remontarnos demasiado en el tiempo, las bocinas de una estación de radio, alguna vez abiertas y sin filtro, escandalizaban por la mezcla de racismo y homofobia.^[3] ¿Por qué alterarse tanto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se habla de un odio sin precedentes? ¿Quizás hemos alcanzado una nueva intensidad?

El odio no es una anomalía y puede tener muy poco que ver con la maldad porque toda esta amargura revela una estudiada representación, a menudo interpelada por alguien e iluminada por una luz favorable. Criticamos a quien habla, pero deberíamos voltear hacia el público que, aun salvándose del castigo, ejerce control sobre la expresión pública. A quienes exaltan el papel de las instituciones por su fuerza para sancionar o por su sutil capacidad de persuasión, este libro les responde volviendo a poner a los ciudadanos tolerantes en el centro de la discusión. El discurso de odio no es el final. De hecho, se necesita tiempo para que las palabras y los gritos corrompan las instituciones y lleguen a constituir una práctica política fundada en la discriminación y el uso de la fuerza. El discurso de odio no es el inicio. El discurso público de incitación al odio llega cuando el público está dispuesto a “apreciar” cierto lenguaje. Así, entre el transcurrir cotidiano de la vida democrática y las afirmaciones de una política antiliberal ocurren muchas cosas. Por ejemplo, las palabras intolerantes entran en el léxico, se afirman, se normalizan y se consolidan hasta convertirse en una doctrina de gobierno. No es un proceso rápido y, al parecer, mucho depende de la mentalidad de la población. A eso quiero llegar con este texto. Los oyentes manejan el odio, lo determinan en forma y contenido, pero, más allá de eso, son los primeros que pueden aniquilarlo. Sólo de quien cree realmente en el valor de una sociedad tolerante podemos esperar el esfuerzo necesario para sentar las bases de un mejor discurso.

Limitándonos a las premisas del paradigma democrático liberal, cuando entablamos un diálogo sobre el discurso de odio hay varios elementos a tomar en cuenta. Casi todas las democracias occidentales tienen una interpretación característica de ciertos fundamentos normativos compartidos. De la raza a la fe, pasando por la etnia, la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad, cada país construye su propia versión de vulnerabilidad e incitación al odio. Mientras que en el Viejo Continente las restricciones al discurso de odio se impusieron como un instrumento de defensa para los grupos más expuestos, del otro lado del Pacífico, en Estados Unidos, los estados del sur disciplinaron la libertad de expresión para reprimir toda desobediencia. Por esta razón, como muestra Erik Bleich, la defensa de la libertad de pensamiento iba de la mano de la lucha contra el racismo.

La libertad de pensamiento es uno de los pilares del proyecto democrático liberal. En 1689, la Declaración de Derechos establecía la centralidad de este principio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, reiteraba su importancia para el derecho internacional. Aun si se confirma su preeminencia, la libertad de pensamiento no confiere al sujeto un derecho incondicional. Se sobreentiende que, en los hechos, los derechos humanos no son una prerrogativa absoluta. Los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la libertad de expresión dentro de los términos del respeto a los derechos y la reputación ajenos, la protección del orden público y la seguridad nacional. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establece que los Estados “Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial […] Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella”.

Los obstáculos a los discursos peligrosos entran en conflicto con la libertad de expresión como base para el progreso moral del individuo y de la sociedad en toda su complejidad. Penalizar el discurso de odio significa negar el derecho a expresarse en los términos que cada quien elija, limitar las oportunidades de discusión, violar el principio de neutralidad (las decisiones de interés público no deberían estar motivadas por el particular punto de vista expresado por los ciudadanos objeto de tales medidas) y, sobre todo, menoscabar la legitimidad de las instituciones. Toda democracia necesita un electorado bien informado y, por lo tanto, información no condicionada.^[4] Desde 1948, en su libro seminal Free Speech and Its Relation to Self-Government [La libertad de expresión y su vínculo con el autogobierno], Alexander Meiklejohn estableció una conexión muy estrecha entre legitimidad, discurso democrático y participación. Como señala Ronald Dworkin, la coerción se considera legítima cuando va precedida de un debate abierto. Cada limitación obstaculiza el proceso democrático y debilita la pretensión de legitimidad del Estado. Weinstein afirma que, si pudiéramos aislar el componente de odio del discurso de odio, los límites no comprometerían la legitimidad. Sin embargo, cada restricción dificulta toda la articulación del contenido proposicional. Como apunta Heinze, la libertad de expresión es un elemento constitutivo de la ciudadanía democrática. La protección frente al discurso de odio se justifica por el derecho de cada ciudadano a no ser castigado por las opiniones que manifiesta en la esfera pública. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado leyes locales que prohibían el cross burning [quema de la cruz],^[5] protegió la libertad de expresión de un líder del Ku Klux Klan y le otorgó a un grupo neonazi la posibilidad de marchar por Skokie, un suburbio de Illinois donde viven cientos de sobrevivientes del Holocausto.

Tanto Dworkin como Weinstein parecen mezclar realidad y teoría. En los hechos, leyes y reglas están pensadas para un ambiente donde aún no existen las condiciones necesarias para el desarrollo de un debate libre y entre pares. Como señalan Simpson y Greene, en el argumento de Heinze se asume una concesión de la legitimidad democrática minoritaria e insólitamente plegada a la libertad de expresión. En cambio, según Bhikhu Parekh, después de cierto umbral, la neutralidad moral se transforma en un conflicto. Bajo esta luz, el Estado liberal debería tan sólo admitir la centralidad de algunos valores y justificar los límites a la libertad de expresión. Por otra parte, el odio público es comúnmente desestimado en nombre del principio de equidad política. Por ejemplo, partiendo de la afirmación de una sociedad multicultural, se regula de forma cada vez más estricta la expresión pública de posturas intolerantes. En Europa, donde desde el inicio de los años noventa del siglo xx se reconoce que el racismo es un gran problema político y social, prácticamente todos los países —vienen a la mente Bélgica, Alemania, Países Bajos y España— combaten las ideologías, políticas y prácticas que vulneran el presupuesto igualitario. Robert Post agrega que, en la democracia, no podemos decir siempre todo y lo contrario de todo. Y no hay nada de malo en ello. Pensemos en un testimonio judicial: quien declara algo falso se enfrenta a una pena carcelaria. Consideremos a cualquier personaje público: la difusión de calumnias sobre él constituye un delito. La etiqueta de nuestros chocolates favoritos debe enumerar todos los ingredientes, ni uno más, ni uno menos. Estas limitaciones no nos hacen mal. Al contrario, nos dan los instrumentos necesarios para una sana vida democrática.

Según algunos autores, el enfoque punitivo evitaría el sufrimiento físico y psicológico, reduciría la percepción de inseguridad y exposición a la arbitrariedad de los demás, garantizaría la dignidad individual en público y facilitaría el diálogo entre culturas. En este escenario, hay varios métodos para hacer frente al discurso de odio: medidas penales, retiro del apoyo económico u otras formas de ayuda a organizaciones y partidos políticos, monitoreo y restricción del contenido online por medio de sistemas de notificación accesibles a los usuarios, multas, periodos de detención, servicio comunitario y obras de sensibilización sobre la importancia del pluralismo y los valores democráticos. Alexander Brown analiza cómo estas disposiciones varían conforme lo hacen los sistemas judiciales, pero, una vez descontadas las numerosas diferencias entre países, se derivan mayormente de las reglamentaciones recurrentes en materia de gestión del espacio público, difamación, estigmatización, discurso de odio, incitación al odio, amenazas al orden público, rechazo o negación de genocidios y crímenes contra la humanidad, defensa de la dignidad, violaciones de derechos humanos y crímenes de odio.

La formulación de reglas y códigos requiere una atenta distinción de costos y beneficios. Dichas comparaciones deberían, en primer lugar, prever la eventualidad de que ocurran abusos y aplicaciones erróneas. Post destaca, por otra parte, que usualmente se piensa en la reglamentación del discurso de odio como una manera de reafirmar ciertas normas propias de toda buena sociedad; no obstante, la investigación sociológica ya ha demostrado en qué medida el Estado termina por imponer, con estas acciones, las costumbres del grupo dominante. Asimismo, tal como han advertido varios críticos, los procedimientos judiciales les garantizan una gran notoriedad a las ideas racistas y convierten a los intolerantes en mártires de la libertad de expresión. Ivan Hare y Nadine Strossen, dos defensores de la palabra libre, insisten en que además, en la mayoría de los casos, la regulación del discurso de odio resulta ineficaz.^[6]

Habría mucho que debatir en torno al tema de los límites a la libertad de expresión en el ámbito de la teoría democrática liberal. El juego está lejos de terminar, pero se corre el riesgo de transformar el estudio filosófico-político del discurso de odio en una disputa sobre límites y excepciones a la regla, o en una lucha ideológica entre diversas escuelas de pensamiento. Legitimar, tolerar, rebatir, establecer comisiones, repensar los programas educativos, prohibir el acceso a las redes sociales, escribir leyes, encontrar culpables, censurar, multar, enviar un grupo de policías: ¿qué hacer?, ¿y para qué? Estos interrogantes, si bien tienen una considerable relevancia social y teórica, nublan un punto esencial de la cuestión. Como han advertido muchos autores, en estos tiempos asistimos a la legitimación del discurso racista, sexista y homófobo.^[7]

No parece un problema menor, pero, sobre todo, no es una cuestión principalmente legislativa o jurídica. Si seguimos así, haremos creer que el odio muere al silenciar a los predicadores de odio, o a punta de leyes y acuerdos. De un lado, cualquier político tiene un ciclo vital, pero el odio regresa, con nuevos objetivos y formas, siempre diverso. Del otro, casi todos tenemos el necesario armamento jurídico y, aun así, año con año, el problema continúa. Al fin y al cabo, el discurso intolerante es un instrumento similar a otros para atraer y complacer a un grupo muy específico de oyentes. Por eso, creo que en el análisis no se debería contemplar sólo la expresión de prejuicios y estereotipos. Quien lanza mensajes de odio en el debate público tiene buenas razones para hacerlo y, dentro de la lógica de la oferta y la demanda, busca un equilibrio con su público.

Frente a muchos ejemplos de discurso de odio podríamos dedicarnos a desentrañar el significado o debatir el grado de veracidad. El mensaje es noticia; no obstante, considerando sólo el contenido, la investigación filosófica se detendría pronto y dejaría de lado la función de los mensajes de odio en la construcción y la reiteración de algunos prejuicios y errores. Así pues, a lo largo del libro, parto de los principios fundamentales de la pragmática o la filosofía del lenguaje ordinario. Introducida por primera vez por John Langshaw Austin en un ciclo de conferencias posteriormente reunidas en el célebre libro How to Do Things with Words [Cómo hacer cosas con palabras], la teoría de los actos de habla señala que, dentro de un contexto de uso y un sistema de convenciones, el enunciado no sólo tiene un significado cognitivo (por ejemplo, verdad o falsedad), sino que, mediante un acuerdo entre emisor y receptor, realiza sobre todo actos, provoca consecuencias y produce compromisos y obligaciones. Mejor dicho, de acuerdo con Austin, se pueden hacer tres cosas con las palabras. Tomemos como ejemplo el enunciado “¡Dispárale!”. En este caso, “dispara” significa “dispara con una pistola” y “le” se refiere a “aquella mujer”. “¡Dispárale!” actúa también como una orden e introduce un nuevo acontecimiento dentro del curso normal de los acontecimientos. Analicemos el mismo enunciado visto como un agregado coherente con un cierto sistema de reglas gramaticales (acto locutorio), que produce una acción (acto ilocutorio) y causa otros eventos (acto perlocutorio). Especialmente en los últimos treinta años, esta corriente de pensamiento ha facilitado la crítica de conductas opresivas, comportamientos discriminatorios, formas de dominación y asimetría de poder. A la par, quiero desarrollar este debate sin discutir los asuntos principales de la pragmática. Por lo tanto, para comprender el argumento, enumero algunos supuestos previos: i] existe una conexión entre el sentido de una expresión y la voluntad del emisor; ii] un enunciado puede modificar el estado de las cosas; iii] un mismo enunciado puede tener efectos diferentes; iv] una interpretación completa del enunciado requiere conocimiento sobre las reglas de la interacción y el contexto, y v] todo enunciado responde a un objetivo y trae consecuencias, más o menos intencionales.

El mío es un texto de teoría política sobre el discurso de odio que, partiendo de la filosofía del lenguaje ordinario, llega a conclusiones normativas. Por esta razón, limitándome a presentar los elementos necesarios para el desarrollo del argumento, evitaré las controversias dentro de la pragmática. En ocasiones será necesario examinar algunas nociones “técnicas”. Todo ello, sin pretensiones de originalidad, servirá para conectar los puntos de mi razonamiento, del cual anticipo las tesis fundamentales.^[8] A lo largo del texto acepto un punto de partida común, por cierto, a toda la bibliografía sobre esta materia: me mantengo dentro del perímetro de una sociedad democrática liberal donde a] libertad e igualdad son principios normativos cardinales y b] la gran mayoría de los ciudadanos se consideran a sí mismos tolerantes. En este contexto, mi tesis es que:

▸ Todo discurso público de incitación al odio responde a la lógica de la oferta y la demanda (t).

Esta afirmación tiene tres implicaciones, dos interpretativas (ii) y una normativa (in).

▸ Todo discurso público de incitación al odio reafirma algunas disposiciones intolerantes arraigadas entre los oyentes (ii).

▸ Todo discurso público de incitación al odio ofrece un relato veraz de la sociedad (ii).

▸ Los ciudadanos que consideran problemática la presencia de los discursos públicos de incitación al odio deberían actuar en consecuencia (in).

Los pasajes principales de este libro, si bien intentan ofrecer una exposición coherente de inicio a fin, pretenden aportar algo en todos los frentes de la discusión filosófico-política sobre el discurso de odio: definición, fenomenología, efectos, excepciones, valores de verdad y respuestas. Por eso difumino el reconocimiento del debate en la profundización de cada uno de los nodos temáticos individuales.

Fumagalli, Corrado, “Introducción”, Odio público. Uso y abuso del discurso intolerante, Grano de Sal, 2024, pp. 13-23.

Corrado Fumagalli

Profesor de filosofía política en la Universidad de Génova e investigador asociado en el Centro Africano de Epistemología y Filosofía de la Ciencia, de la Universidad de Johannesburgo.

^[1] Véanse, en ese orden, Szymborska (2009), Maquiavelo (1984) y Benjamin (2014).

^[2] Cito las declaraciones de Liliana Segre en el artículo de Lara Tomasetta (2018).

^[3] Se trata del programa Radio Parolaccia de Radio Radicale. Véase Radio Radicale (1986).

^[4] En la jurisprudencia estadounidense, la gran mayoría de los casos de discurso de odio se clasifican como contribución al debate público. En ese contexto, según la doctrina actual, uno goza del derecho a elegir los medios y las formas de expresar sus ideas. Sobre este punto, véanse Post (1991) y Weinstein (1999).

^[5] La expresión cross-burning hace referencia a la acción emblemática del Ku Klux Klan de quemar cruces para intimidar a los destinatarios de sus mensajes.

^[6] De acuerdo con Brown (2015), llama la atención que Hare y Strossen no establezcan un umbral objetivo para medir la eficacia. En este contexto, siempre es difícil entender la base de un juicio filosófico sobre los efectos. En muchos casos, se toma en cuenta la disminución del discurso de odio en la esfera pública. En otros, se analiza la capacidad de garantizar la estabilidad de las sociedades democráticas.

^[7] Por ejemplo, Nicola Riva (2019) escribe: “El momento histórico actual parece caracterizarse por un preocupante aumento del nivel de violencia verbal en el debate público y la difusión sistemática de información falsa o infundada destinada a desacreditar a personas o grupos sociales enteros”. Se trata de una constatación factual, dada sin pruebas y sujeta a controversia. Ruego al lector aceptarla al menos como hipótesis inicial de mi razonamiento.

^[8] Para un estudio riguroso sobre el tema del discurso de odio mediante herramientas enfocadas en la filosofía del lenguaje, véase Bianchi (2021).