“La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones”, así de concisa y rotunda es la definición
propuesta por Adam Przeworski. En su brevedad, la definición implica al menos dos factores centrales: competencia y equidad. Los partidos, entendidos como agregaciones de actores con posiciones de política pública similares, compiten por la obtención de una mayoría electoral, y lo hacen en un sistema que no ofrece ventajas ‘fijas’ a ninguno de ellos.
En efecto, la equidad es garantía mínima de competencia pero irónicamente, mecanismos pensados originalmente para proveer equidad terminan por reducir la competencia. Ejemplo inmediato: el financiamiento público a partidos políticos.
Es una doble perversión: usa el dinero de los impuestos pagados por ciudadanos y coloca a los partidos como entidades no dependientes ni obligadas hacia los ciudadanos. Si además, los partidos encuentran mecanismos de financiamiento inelásticos a la participación y la distribución de preferencias entonces el vínculo entre desempeño y premio/castigo ciudadano es nulo.
En ese mundo vivimos en México. Los partidos tienen garantizado constitucionalmente su financiamiento independientemente de la participación electoral. El movimiento Ya Bájenle busca justamente corregir este sistema de incentivos: que los partidos reciban menos y con base en la participación electoral (i.e. Votos válidos emitidos).
No es un tema menor, si vemos, como indica el Senador Tomás Torres Mercado (PRD) quien ya hizo suya la iniciativa de Ya Bájenle, el gasto de partidos en la elección del 5 de julio equivale a lo que se piensa gastar en educación básica.
Esta reforma tendría varias bondades, la más relevante sería regresar a los partidos a una relación de dependencia respecto a los ciudadanos. Imaginemos por ejemplo si bajo ese esquema financiero hubiesen ocurrido las elecciones del 5 de julio, la idea del Voto Nulo hubiese puesto a temblar a partidos que hoy están impermeabilizados a preferencias y descontentos ciudadanos. Ese sería, a mi parecer, el gran beneficio de la reforma, no el ahorro presupuestal (aunque no sobra).
México no es, como todos repiten en automático, el sistema electoral más caro del mundo. De acuerdo con datos del Centro para la Gobernanza Transicional y Post-Conflicto de las Naciones Unidas, los países de bajo costo electoral gastan entre 1 y 3 dólares por elector por proceso electoral. Ahí se encuentran Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8), Brasil ($2.3) e India ($1); mientras que las democracias más costosas exceden los 3 dólares por elector, y ahí se encuentran Rusia ($7.5), Liberia ($6.1), El Salvador ($4.1) y México ($5.9).
Quizás una comparación más relevante sea comparar el costo por elector respecto al ingreso per cápita diario, dado que nos da una mejor idea del costo relativo electoral respecto al bienestar económico de la población. Ahí, para sorpresa de varios, México estaría a media tabla: el costo por elector equivaldría a 27% del ingreso diario promedio de un mexicano, por debajo de India (46%) o Rusia (40%), aunque muy por encima de otros países latinoamericanos como Chile (5%), Costa Rica (14%) o incluso Brasil (15%).
La parte que me molesta no se refiere a la cantidad gastada, sino a su fuente casi exclusivamente pública, ¿Por qué no dejar que los partidos compitan por recursos? ¿Por qué no poner a actores privados como los principales financiadores del gasto de partidos?
El terror en México es la preeminencia de intereses privados en la definición de la agenda de los partidos. Como si los mal llamados poderes ‘fácticos’ no fueran también legisladores ‘fácticos’. Como si sólo la derecha pudiera acceder a grandes donadores. Como si la sobrevivencia de los partidos fuese tema de interés público.
Aplaudo la iniciativa, es un centímetro más hacia una relación más cercana y dependientes de los partidos hacia los ciudadanos. Acto seguido me quedo fantaseando un sistema en el que los partidos salgan a conseguir en la calle lo que ahora se adjudican por ley, en el que el IFE tenga la capacidad de monitorear y transparentar donaciones, y en donde los ciudadanos, organizados o no, saben que candidatos y partidos dependen directamente de su apoyo financiero.
José Merino. Profesor del ITAM y editor de laloncheria.com
Creo y estoy convencido que se debe de disminuir el subsidio a los partidos quienes despilfarran nuestro dinero principalmente en televisión manteniendo el círculo vicioso de mantener el duopolio Televisa/Televisión Azteca al cual sirven a cambio de lograr la tan ansiada popularidad, lógicamente las televisoras cobran este “favor” a cambio de políticas a su medida y conveniencia, limitando la competitividad en nuestro país.
Considero que existe la necesidad apremiante que se den modificaciones a la ley, en la que se permitan las reelecciones, el cual sería uno de los mecanismo para que los políticos rindan cuentas a los ciudadanos, que es a quienes deben servir, sin embargo y dado que esto no existe, estos rufianes solo llegan con el propósito de enriquecerse resultando indignante para el ciudadano de a pie que estos pillos vivan a costa de nuestros impuestos y gobiernen de espaldas a nuestros intereses.
Mi línea de argumentación no es «de todos modos esos males ya suceden», es mas bien, dado que suceden, transparentémoslos.
El COFIPE en su artículo 77 ya prohíbe aportaciones por parte de gobiernos locales y federal; extranjeros; organismos internacionales; y ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; entre otros… no veo por qué eso tendría que cambiar.
Repito, el tema es doble: transparentar y anclar el financiamiento de campañas a simpatías ciudadanas. Ese no será necesariamente un mundo de grandes donadores, el mercado es grande y los entusiasmos uniformemente distribuidos: veámos el fenómeno AMLO 2006-….
¡Gracias por los comentarios!
¡Hola!
Creo que la iniciativa que impulsaron varias organizaciones sociales(ANCA,Alianza Cívica y muchas más) y que hizo suya el senador Tomás Torres, es buena, porque reduce de una manera significativa el derroche de recursos públicos y por otro lado los partidos tendrán que trabajar ahora si de a de veras y ganarse a pulso los recursos para financiar su campaña.
El financiamiento privado no se debe aumentar como proponian otras propuestas(%30), por el contraria se debería bajar a un %5 o %7 , se sabe de antemano que las campañas son financiadas con recursos privados de dudosa procedencia y que no hay quien regule y vigile los recursos privados que se le dan a los partidos, excediendo siempre, dicho %10 que marca la ley. Aumentar el Financiamiento privado es contraer automáticamente ciertos compromisos con personas, grupos de personas o empresas y que mas temprano que tarde le pasaran la factura al gobierno electo, esto si es un verdadero peligro para la democracia.
El verdadero compromiso es con los ciudadanos no con unos cuantos grupos de poder .
adiós y un saludo
Propongo verlo así; de llegar a concretarse la reforma para que el financiamiento publico de partidos políticos, subrayo público, se otorgue en base a la participación real de votantes la importancia no radicaría en el más o menos dinero que recibirían esas entidades de «interés público», sino la obligación de ganar votos en base a sus plataformas electorales. ¿No es eso un requisito mínimo para una democracia?
Se dice por ahí; «hay que quitar dinero a la política». Y suena bien, sin embargo, la campaña ¡Ya bájenle! no se confunde y pide lo deseable en cualquier exigencia de competencia por recursos. El ciudadano debe tener todo el poder de decidir a quién le da su voto o no, en otra palabras; a quién le da su dinero o no. El dinero público para partidos políticos, queda claro, es necesario. Que algunos ciudadanos estemos por ligar ideas, propuestas, plataformas de partidos con nuestro voto y en consecuencia con dinero está dentro de la lógica de competencia de cualquier mercado. El mercado político no tiene por qué ser excepción. Ahora resulta que el dinero privado para un partido político es bueno por sí mismo y no se le sataniza como lo que realmente sería: otra forma de subsidio.
Incluso, con la propuesta de ¡Ya bájenle! puede darse el caso de partidos de minoría que incrementen de manera exponencial sus ingresos como consecuencia de lograr conectar al electorado con sus plataformas, sin necesidad de financiamiento privado. Estarían en competencia las ideas para ganar votos y lograr mayorías, ¿quién está en contra de esa democracia?
El terror en México es la preeminencia de intereses privados en la definición de la agenda de los partidos. Como si los mal llamados poderes ‘fácticos’ no fueran también legisladores ‘fácticos’. Como si sólo la derecha pudiera acceder a grandes donadores. Como si la sobrevivencia de los partidos fuese tema de interés público.
Todo eso no me gustó nada. No se ni por donde empezar. Especialmente la última frase es chocante. Las minorías no consiguen grandes financiamientos por ningún lado. En USA por lo menos, los sindicatos son poderosos y pueden competir en donativos con la IP – y en Mexico? Solo el de Pemex y Elba Esther (te gustan?). Pero en el fondo me desagrada prfundamente la idea de donativos de la IP compitiendo contra donativos de la iglesia contra donativos de sindicatos contra donativos de gobiernos extranjeros, en vez de la competencia de ideas. Como tu línea de argumentación es «esos males de todos modos suceden» me dirás que de por sí no hay competencia de ideas. Pero si metes el fin priv en grande, lo conviertes en un problema estructural. Saludos.