A José Antonio y a Eduardo, por su amistad
El Acuerdo de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, adoptado el pasado 9 de marzo, nos coloca en una situación inédita en lo que concierne a un tema toral para la academia, para la investigación y para la docencia en este país: el plagio. Se trata de un Acuerdo que aparece en el Oficio no. C0000/1091/2022 del Conacyt, el cual está firmado por Andrés Eduardo Triana Moreno, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y, además, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Investigadores. Triana Moreno cumple con las responsabilidades que tiene asignadas dentro de la estructura del Conacyt y no tuvo que ver con la decisión que es el principal motivo de estas líneas. Las personas que adoptaron el Acuerdo mencionado fueron, en principio (estas cursivas quedarán claras en la parte final de este texto), las cuatro integrantes de la actual Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, a saber: Elvia Arcelia Quintana Adriano, María Emilia Caballero Acosta, Alma Delfina Lucía Orozco Segovia y Elsa Ernestina Muñiz García (otros nombres que circularon en días pasados como supuestos integrantes de dicha Junta aclararon públicamente que ya no pertenecen a ella). Retengan los lectores solamente uno de los cuatro nombres referidos, el de María Emilia Caballero Acosta, pues con ella cerraré esta nota.
Según la Junta de Honor del SNI, no procede la “queja” que fue interpuesta hace más de cuatro meses por una serie de plagios aparentemente cometidos por Alejandro Gertz Manero. En realidad, no se trata de una “queja”, sino una denuncia documentada, que tiene como origen lo que se considera una falta de ética (plagio concretamente) cometida por Alejandro Gertz Manero. Dicha denuncia fue presentada a fines de octubre del año pasado por Guillermo Sheridan, profesor-investigador de la UNAM, apoyado por una investigadora de otra institución universitaria, y suscrita por casi 230 académicos de instituciones diversas. Cabe apuntar que el Oficio en cuestión, antes de desechar la denuncia referida, reconoce en su párrafo cuarto que se aportaron pruebas de los plagios que motivaron la denuncia. Sin embargo, dichas pruebas aparentemente no servirán para nada. El motivo de la improcedencia de la denuncia interpuesta aparece en la primera de las dos páginas de dicho Oficio; cito textualmente:
Con fundamento en el artículo 16 de los Lineamientos para el Funcionamiento de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores, la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores acuerda por unanimidad desechar la queja presentada en contra del Dr. Alejandro Gertz Manero (CVU 255022).
En virtud que, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas.
Una vez tomada esta decisión, la Junta de Honor la turnó al Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores, el cual, después de haber discutido el caso (según reza el Oficio referido), adoptó un punto de Acuerdo que repite textualmente la decisión adoptada por la Junta y, enseguida, concluye:
En tal sentido, se tiene por finalizado el caso en la esfera de competencia de la Junta de Honor, así como del Consejo General, ambos del Sistema Nacional de Investigadores, con fundamento en el artículo 25 fracción XVI del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.
Para quienes no hayan entendido (yo no entendí, o no quise entender, en una primera lectura), la denuncia de plagio presentada contra Gertz Manero no vale nada, ni pesa nada, ni tiene significado alguno por dos razones: porque ninguno de los cientos de “quejosos” es autor de alguno de los textos supuestamente plagiados y porque no demuestran contar con los derechos de autor de alguna de las obras presuntamente plagiadas, “por lo que —concluye el Oficio en cuestión— no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas”. Esta última frase me resulta enigmática. Si alguien no tuvo interés en “verificar” (mucho menos en “rectificar”), no fue Sheridan y quienes le ayudaron a documentar los plagios cometidos por Gertz Manero. Lo que no puede dejar de llamar la atención, por lo menos a quien esto escribe, es que una Junta de Honor de la instancia académico-científica más importante de este país ni siquiera se haya tomado la molestia de revisar dicho trabajo de verificación, de cotejar lo que siempre hay que cotejar (a veces línea por línea) en una acusación de plagio y de ver, si, efectivamente, Gertz Manero cometió o no los plagios de los que se le acusa. Suponiendo que la Junta de Honor no puede ocuparse directamente de un asunto de esta magnitud, lo que resulta “contraintuitivo” tratándose de una falta de ética como es el plagio, ¿no tendría que haberlo turnado a una “autoridad competente” del propio Conacyt en lugar de desecharlo? A este respecto, cabe suponer que en el Conacyt existen instancias que se preocupan por el plagio y que, en caso de presentarse y verificarse, estas instancias pueden ocuparse de él, así como del responsable del mismo.
Por increíble que parezca, y a menos que algo se me escape, en el mundo académico mexicano de la tercera década del siglo XXI si alguien plagia a un autor que ya murió o no se demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, resulta que no hay nada de qué preocuparse, ni nada de qué ocuparse; simple y sencillamente no hay plagio y, en buena lógica, no hay plagiario. Que en este caso concreto el acusado de la falta de ética que estamos discutiendo sea un investigador nivel III del SNI (nombrado, por si fuera poco, por una comisión ad hoc), debiera encender todas las alarmas. Sin embargo, que no se encienda casi nada y que se pretenda seguir como si nada grave hubiera sucedido es parte de la anómala y degradante situación que estamos viviendo desde hace algún tiempo en el medio académico mexicano.
Resumo: en el México de hoy, en un aspecto crucial en muchos sentidos para la academia como es el plagio, el mundo de la investigación académico-científica se rige mediante algo que me recuerda a la ley de la jungla. No se necesita ni medio dedo de frente para intuir lo que el plagio significa para la vida académica y científica de un país. Plagiar, es decir, copiar las ideas, el esfuerzo y las palabras de otras personas sin reconocerlo de forma explícita, asesta un golpe directo y contundente a la línea de flotación de cualquier noción que valore la vida académica, la investigación, la labor científica y el mundo universitario en su conjunto. Se podría decir que los plagiarios son al ámbito académico lo que los ladrones o rateros son a la vida social. El daño que hacen es distinto, evidentemente, pero en ambos casos el daño es enorme, insidioso; yo diría que incalculable, imposible de cuantificar.
No faltará (siempre surge algún sabiondo a este respecto) quien diga que ninguna idea es realmente original, que todo ya fue pensado o dicho o escrito (los griegos clásicos son aquí muy socorridos) y que quienes se preocupan por el plagio lo hacen porque son excesivamente individualistas, porque se creen muy originales y porque, en última instancia, no tienen nada mejor que hacer que convertirse en fiscales de la decencia académica. Nada más falso, como lo sabe cualquier académico que cuida sus fuentes, sus citas, sus bibliografías y su manera de referir el origen de tal o cual idea. Y no hablo en términos ideales, aunque siempre habrá en el medio académico quienes sean menos cuidadosos de lo que acabo de expresar o sugerir. De lo que estoy hablando es de más del 90 % de los profesores-investigadores que conozco y que he tratado a lo largo de mi trayectoria académica, tanto en México como en el extranjero. En otras palabras, estoy hablando de esa abrumadora mayoría que simple y sencillamente no plagia porque plagiar no entra dentro de su universo axiológico, profesional y vital; dentro de su esquema de valores, pues.
Desde que comenzó la actual administración, el mundo académico-científico mexicano carece de algo que podríamos denominar una “brújula ética”. De un tiempo a esta parte, estamos completamente perdidos en medio de la simulación, la imposición, la ideologización y la abyección. La cantidad de veces que en el Oficio mencionado se hace referencia a artículos, incisos, párrafos, fracciones, lineamientos y reglamentos es muy llamativa. Como si la apabullante realidad, que muestra a quien quiera verla una enorme laguna del tipo de valores que deberían regir la vida académica, quisiera ser difuminada, al grado de hacerla desaparecer, detrás de un manto burocrático-legaloide que no engaña a nadie, excepto a las personas puestas y dispuestas a ser engañadas.
En esta maraña de simulaciones, imposiciones, supuestas legalidades y, en algunos casos, de abyección pura y dura, es que nos hemos movido en el mundo académico mexicano durante más de tres años. Así está la academia mexicana: como un barco de vela perdido en medio del mar; sin referentes de ninguna índole, sin compases que nos ubiquen, sin viento que nos empuje, sin faros que nos guíen o, por lo menos, nos eviten los peligros mayores y, por último, sin un capitán (o capitana) que goce de ascendiente alguno sobre buena parte de sus marineros.
Lo que sucedió la semana pasada con la Junta de Honor del SNI del Conacyt en primer término y su secuela, en la que sirvió de comparsa el Consejo General de la misma institución, no hace más que reforzar esta sensación de extravío, en un sentido eminentemente moral, en el que deambulamos desde hace algún tiempo. No creo ser el único en tener esta sensación; es más, sé de cierto que no es así (y hablo de colegas de muchas instituciones académicas), pero sólo puedo hablar por mí (ni siquiera por los colegas de la institución a la que pertenezco). El caso es que estamos a la deriva. En el campo académico-científico (como en cualquier otro por lo demás), siempre es importante tener en mano, tener disponible al menos, una brújula ética (de mínimos si se quiere, pero brújula al fin y al cabo), pero en estos momentos dicho instrumento no aparece por ningún lado (o casi, como veremos al final de estas líneas). De no cambiar las cosas, seguiremos perdidos en este mar de simulación que está ahogando al mundo académico mexicano, contribuyendo así a la deriva en la que deambula el país en otros campos (algunos, podría argumentarse sin mayores dificultades, mucho más preocupantes para la inmensa mayoría de la sociedad mexicana).
No puedo terminar esta nota sin hacer referencia a María Emilia Caballero Acosta, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM que forma parte de la Junta de Honor del SNI. Hace un par de días, ella difundió una carta en la que expresa que la supuesta decisión “unánime” de la Junta de Honor, tal como estipula el segundo párrafo del Acuerdo arriba citado, no pudo haber sido unánime por la sencilla razón de que ella no estuvo presente en la reunión en la que supuestamente estuvo presente. En otras palabras, al maelstrom de falta de ética en el que se encuentra actualmente sumergido el mundo académico de México hay que añadir uno de los vicios humanos más comunes, demasiado humano sin duda, pero no por ello menos dañino: la mentira (pura y simple).
Cierro estas líneas con algunas de las expresiones vertidas por Caballero Acosta en la misiva aludida. No la doy a conocer integralmente, pues no era esa su intención, sino impedir que dentro del medio académico nacional su nombre siguiera ligado a una decisión que ha resultado ser no sólo un engaño, sino una acción ilegal. En primer lugar, Acosta Caballero afirma que el Acuerdo que nos ocupa es una “supuesta exoneración del Sr. Gertz” (las cursivas son mías). En segundo lugar, como describe puntualmente, el procedimiento seguido en este caso para convocar a una sesión de la Junta de Honor no cumplió con los requisitos legales estipulados por el Conacyt (esos mismos requisitos que, como quedó dicho, parecen preocupar tanto a las personas responsables del SNI). De hecho, Caballero Acosta se enteró que la Junta de Honor se había reunido el 28 de febrero pasado (tal como se afirma en el tercer párrafo del Oficio en cuestión), diez días después, es decir, hasta el 10 de marzo. Como lo escribe en su carta, que la Junta se haya reunido sin ella constituye “una clara violación al reglamento de funcionamiento de la JH [Junta de Honor]”, pues para que cualquiera de sus reuniones tenga validez, debe contar con la asistencia de la totalidad de sus miembros. En consecuencia, la sesión del 28 de febrero, a la que ella no asistió, no es válida en ningún sentido. “Por lo anterior —escribe— estoy solicitando a la Dra. Liza Aceves, directora del SNI, que anule esta sesión y que las decisiones ahí tomadas queden invalidadas”.
Caballero Acosta concluye su carta apelando a que se revierta y detenga la campaña mediática en contra de la Junta de Honor del SNI, pues ella ha participado en esa Junta durante dos años y le consta que a lo largo de ese tiempo “se ha trabajado muy bien, con toda honestidad y con apego al reglamento de esta junta”. No obstante, el daño está hecho, pues la Junta —acepta con evidente tristeza— ha perdido su credibilidad y se ha debilitado tanto que cuesta trabajo pensar que puede seguir ejerciendo sus funciones de manera cabal. Las palabras finales de la misiva no requieren añadido alguno: “La denuncia de plagio en contra del Sr. Gertz Manero se deberá tratar en las instancias correspondientes y tomar las medidas conducentes”.
Roberto Breña
Académico de El Colegio de México