El pasado 1 de marzo iniciaron las campañas por la Presidencia de la República. Ese día, antes de dar un discurso en la Plaza de la Constitución en el que presentó un variopinto programa de 100 puntos, la candidata de Morena, Claudia Sheimbaum, sostuvo una reunión privada con cientos de candidatos de su partido a las Cámaras de Diputados y Senadores. De acuerdo a notas periodísticas y algunos testimonios, todos y cada uno de ellos firmaron una carta en la que se comprometieron a votar en el Congreso, en caso de ser electos, todas las propuestas de cambio constitucional y de leyes propuestas por AMLO el pasado 5 de febrero. No conformes con ello, en la carta de marras los futuros legisladores federales se comprometen a aprobar todas las iniciativas legislativas de Sheimbaum como futura presidenta. En suma, renunciaron a la más mínima libertad de criterio y se asumieron como meros portavoces de la voluntad omnímoda del actual mandatario y de su sucesora formal. Representarán en las cámaras no a los ciudadanos que los hayan elegido, sino al líder. Reconstruirán en plenitud la subordinación política del legislativo al presidente que caracterizó al viejo régimen autoritario, pero ahora con un cariz personal y, preocupantemente, transexenal.
Uno de los rasgos centrales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como buen líder populista, ha sido el sometimiento de su partido personal, Morena, a su voluntad férrea. No ha permitido, salvo contadas excepciones, que se le mueva “ni una sola coma” a sus propuestas legislativas. Si bien en los primeros años de su gobierno hubo cierta capacidad negociadora con los partidos de oposición en algunas de las reformas constitucionales y leyes generales propuestas por su gobierno, su derrota relativa en las elecciones intermedias de 2021 radicalizó su sentido de urgencia de cambiar la constitución para garantizar la permanencia de su “legado”. Dadas las veinte propuestas del 5 de febrero, ese legado consiste en la subordinación plena de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo y la desaparición de los organismos autónomos que hipotéticamente debían servir de factor suplementario de control democrático de la discrecionalidad presidencial. Asimismo, el “legado” incluye la reestatización de las industrias energéticas. En suma, la edición 2.0 del régimen priista mediante la radicalización legal de la concentración del poder en el/la presidente y la anulación de las reformas neoliberales.
Los partidos políticos, dice la teoría, son instrumentos de agregación de intereses políticos, de creación de identidades colectivas, de representación política y de lucha por el poder. En crisis desde hace veinte años en los países centrales, nunca han sido modélicos en países como el nuestro dada nuestra fragmentación social y territorial. En el régimen autoritario, el PRI era fundamentalmente una maquinaria de control centralizada. Durante la transición a la democracia, los partidos políticos principales devinieron en maquinarias electorales profesionales gracias al financiamiento público y al acceso al poder. En el parlamento, los partidos han funcionado históricamente con base en mecanismos disciplinarios internos para evitar la fragmentación de sus votos y el transfuguismo político. Pero en el caso del PRI histórico y de Morena lo que vemos es una subordinación política humillante de diputados y senadores que recuerda las prácticas de los regímenes comunistas del pasado.
En los tiempos del PRI, el cambio sexenal —se sabía— implicaba una oportunidad de cambio dentro del régimen autoritario. Había un refrescamiento de rostros y con frecuencia de políticas. En este primer episodio de sucesión presidencial democrática en el marco de un régimen populista, lo que observamos es una acentuación radical de la continuidad mediante la exhibición descarada de la dependencia casi total de la candidata oficial a los deseos y órdenes de AMLO, quien proyecta así su permanencia en el mando, como una especie de presidente en la sombra. De ahí la brutalidad de la exigencia de fidelidad y disciplina absolutas no a la candidata presidencial de Morena, sino al propio AMLO.
El populismo como régimen es una hibridación de características democráticas (elecciones, división de poderes, libertades civiles) y autoritarias (personalización del poder, intolerancia, sometimiento del Legislativo y del Judicial) en grados y formas muy variadas. Hasta ahora, el populismo lopezobradorista se ha visto limitado por la relativa autonomía del Poder Judicial federal, la falta de mayoría absoluta en el Congreso y por la sobrevivencia de libertades de expresión y manifestación. Las veinte reformas propuestas por López Obrador el 5 de febrero y la centralidad que se la ha dado a su “Plan C” (ganar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso) apuntan a revertir esos controles, si bien por vía democrática.
Los ciudadanos tendrán la palabra el 2 de junio sobre el éxito o no de la parte electoral del Plan C. Pero la candidata Claudia Sheinbaum y los futuros legisladores de Morena deben asumir su responsabilidad sobre la decisión de anular los equilibrios democráticos en caso de ganar una mayoría absoluta, y de asumir como destino inexorable su sometimiento a los dictados de un líder extraoficial, creando una nueva versión del Maximato y dándole continuidad a un liderazgo populista que inauguraría una nueva forma de mando. En efecto, López Obrador quiere ser no sólo un líder moral que vigila a sus hijos en el ejercicio del poder, sino el poder tras el trono.
A México le convendría la institucionalización de Morena como partido político nacionalista-desarrollista-“progresista” y por tanto trascendiendo su origen como instrumento personal de un caudillo. Pero López Obrador ha hecho todo lo posible por evitar tal resultado. Y en esta campaña electoral, la penosa subordinación de Sheinbaum y de los candidatos de Morena a puestos de elección popular demuestra que el riesgo de deriva autoritaria del régimen populista sigue siendo muy alto. De ahí la importancia de esta elección. Está en juego la naturaleza de nuestro régimen político.
Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.