La controversia sobre el glifosato y los OGMs

En las últimas semanas se ha generado una gran controversia acerca del pesticida llamado glifosato y la prohibición de importar maíz genéticamente modificado de Estados Unidos. El primero de dos decretos se publicó el último día de 2020. En él se establece que hasta el 31 de enero de 2024 se debería haber sustituido al glifosato por alternativas “sostenibles y culturalmente adecuadas”. Asimismo, y con la misma fecha límite, las autoridades “revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos”.

Después de la protesta del gobierno norteamericano y la posibilidad de que se llevará el caso a los procedimientos de arbitraje del T-MEC, el gobierno federal dio marcha atrás, parcialmente, y el nuevo decreto del 13 de febrero pasado permite que se continúe importando maíz transgénico para la alimentación de animales y “de uso industrial para alimentación humana”, pero no para consumo humano directo (masa de nixtamal, tortillas, mazorcas, etc.). La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgará los permisos de importación correspondientes. No queda claro qué validez temporal tendrán, pero pudiera ser anual. La eliminación del glifosato se prorroga hasta el 30 de marzo de 2024.

Una cuestión un poco extraña es que en el decreto se le da la autoridad a Conacyt para que coordine la investigación relativa a la sustitución del glifosato. Normalmente una ley sólo establece normas a seguir y no se mete en los detalles de quién y cómo va a sustituir un producto, así que no es difícil imaginar de dónde viene parte del impulso, sobre todo para el primer decreto, moldeado en la época en que Víctor Toledo fue titular de la Semarnat.

El problema, ya tradicional, es que en México nunca se estudian las cosas ni se planea con horizontes temporales apropiados, para que así los consumidores y la industria se puedan adaptar a nuevas leyes. Si antes el horizonte de planeación no superaba un sexenio, ahora no supera unos cuantos meses. En la Unión Europea, por ejemplo, se ha venido discutiendo la cuestión del glifosato desde hace treinta años. Además, desde principios de este siglo aparecieron múltiples estudios sobre el efecto carcinogénico, o no, del pesticida. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) comisionó estudios sobre los efectos del glifosato. En 2015 la agencia publicó su conclusión de que el glifosato no debería recibir “ni la clasificación, ni el etiquetado de ser cancerígeno”. Con base en esa recomendación, en 2017 se renovó el permiso de cinco años para poder utilizar glifosato en Europa.

Pero ya para entonces el pesticida estaba recibiendo muchas críticas como posible agente cancerígeno. En 2015 la Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer (AIIC) decidió clasificar al glifosato como pesticida 2A, o sea, “probablemente carcinogénico en humanos”. La decisión se tomó con base en estudios estadísticos.

Y ahí está el meollo del asunto. Existen ya cientos de trabajos, muchos de ellos publicados en revistas, sobre los efectos del glifosato sobre la salud. Dependiendo de la selección que se haga, se puede respaldar la conclusión de la AIIC, o se la puede refutar. Como siempre sucede con esta clase de investigaciones médicas, el efecto sobre la salud se encuentra cerca de un valor de probabilidad bajo, con una variabilidad de los resultados que puede inclinar la balanza hacia un lado o el otro; es decir, hacia aquellos que quieren prohibir el glifosato, o bien hacia aquellos que consideran contraproducente hacerlo.

Hay que decir que la compañía que desarrolló el glifosato, Monsanto, no se distinguió nunca por su apertura a que estas cosas se investigaran a fondo y trató de intimidar o comprar a sus críticos, como lo documentó el diario Le Monde en 2015. Monsanto, que después fue adquirida por Bayer, ha enfrentado miles de demandas de personas que se consideran afectadas por haber contraído diversos tipos de cáncer, sobre todo linfoma. En 2020 Bayer anunció que pagaría hasta 10 000 millones de dólares como compensación para cerrar ya todos los juicios en los que estaba envuelta la compañía. Pero hasta hoy se sigue litigando.

Lo que todo esto quiere decir es que la discusión sobre el glifosato tiene décadas de haberse iniciado, pero en México, que yo sepa, las autoridades sanitarias nunca encargaron estudios propios o revisiones a fondo de los estudios ya existentes sobre el tema para llegar a conclusiones propias. Se podrá estar de acuerdo o no con las conclusiones de las agencias de salud y alimentos de Estados Unidos o de Europa, pero hay que reconocer que tienen muchos años trabajando sobre esto. En México la disputa se ha dado más bien desde la academia o la sociedad civil, pero con pocos esfuerzos gubernamentales por investigar a fondo el asunto.

La cuestión con los organismos genéticamente modificados está relacionada con los pesticidas. A veces se les modifica un gen o grupo de genes que los hace más resistentes contra ciertos agentes químicos. Al aplicar aquel pesticida en el campo, mueren las yerbas y el cultivo sobrevive. Los críticos del maíz transgénico argumentan que residuos del pesticida (en este caso glifosato) se pueden concentrar en los granos, de manera que, al consumirlos, algunas personas llegarán a desarrollar cáncer. Darle el maíz solamente a los animales no resuelve ese problema, ya que los animales pueden concentrar los componentes carcinogénicos en su carne, la que después será consumida por los humanos. Así que la argumentación de los críticos del maíz transgénico no es, en primera instancia, que los nuevos genes del maíz dañen la salud, sino que lo preocupante serían los residuos químicos acumulados en sus células. Por eso el nuevo decreto de febrero de 2023 es contradictorio: no se entiende cómo se podría “lavar” el glifosato acumulado en el maíz transgénico a través de la cadena alimenticia. Además, va a ser difícil vigilar que una parte del maíz transgénico importado no se utilice para consumo humano directo. Vivir como el bíblico Jonás en la panza de la bestia nacional nos ha llevado a conocerla.

La discusión me recuerda aquella sobre las bajas dosis de radiaciones, tema muy polémico al principio de la era de los reactores y la medicina nuclear. La interrogante era si acaso existe una dosis “umbral” de radiación debajo de la cual no se produzca cáncer en los humanos. Posiblemente no hay tal umbral y cualquier dosis, por baja que sea, implica una cierta probabilidad proporcional de morir de cáncer. Por ejemplo, volar en un avión incrementa esa probabilidad, ya que a la altura en que vuelan los aviones somos bombardeados por más radiación cósmica. No conozco la cifra correcta, pero supongamos que quizás por cada millón de personas que realizan un vuelo anual, una llegara a desarrollar cáncer por esa razón, lo cual seguramente no va disuadir a nadie de no subirse al avión. Estamos dispuestos a tolerar un cierto nivel de riesgo al volar o, simplemente, al salir a la calle.

Es posible que no haya un umbral de corte de la dosis de glifosato que no provoque problemas de salud, pero es posible también que los efectos sean muy difíciles de medir, como en el ejemplo de la radiación. Si adoptamos la posición de que el riesgo debe ser cero, entonces hay que prohibir el glifosato de inmediato. Hay que saber que el Centro de control de Enfermedades de Estados Unidos midió en 2022 que el 80 % de los ciudadanos norteamericanos eliminan restos de glifosato en la orina. En otro estudio, en Francia, el porcentaje fue de 99 % de los muestreados y el porcentaje de glifosato en la orina era mayor que el permitido como límite en agua potable.

Habría que agregar que hay variedades de plantas transgénicas que producen una toxina, llamada Bt, que ataca a las plagas de insectos. La idea sería que en vez de rociar los cultivos con pesticidas conteniendo Bt, las plantas mismas se encargaran de producir la toxina. Supuestamente de esa manera se podría utilizar menos pesticida. Sin embargo, en Alemania las autoridades de salud prohibieron en 2009 el uso de MON810, un maíz transgénico que produce la toxina Bt. Lo hicieron por las dudas que se han generado sobre el efecto de la toxina en otros insectos que no son plaga agrícola y por el efecto que tiene sobre los microorganismos en el suelo. Se teme, además, que el gen productor de la toxina se difunda a otras plantas y las convierta en “superyerbas”.

Sin embargo, si en toda esta difícil discusión la posición es tolerar un cierto nivel de riesgo aceptable, para mejorar la alimentación de la población, que puede adquirir maíz más barato, la cuestión es entonces cuál es ese “riesgo aceptable”. Como se ve, no se trata simplemente de contrastar estudios científicos a favor o en contra, sino de tener una idea más clara del efecto económico sobre la población, que se traduce también en un efecto de salud. Tal vez nadie muera de cáncer, pero quizás muchos otros por desnutrición. De ahí que los políticos del agro choquen contra los políticos o activistas del medio ambiente, ya que el cálculo preciso de todos los efectos es tan difícil de realizar.

Respecto a los OGM habría que agregar que hay una cuestión que preocupa a los activistas, que es la posible difusión de los genes insertados en el maíz transgénico a las variedades nativas. Si esos genes se difunden a través del polen a las variedades nativas y se hacen dominantes, eso podría llevar a la disminución de la variabilidad genética en México, con consecuencias no inmediatas sino hacia el futuro. Como nadie plantea, por ahora, plantar maíz transgénico en México, pudiera ser que este punto es de menor importancia. Sin embargo, desde hace 22 años se han detectado genes transferidos a las variedades nacionales y se sigue monitoreando el asunto.

Debo confesar que la información sobre todo este tema es tan encontrada y difícil de procesar, que seguramente la mayor parte de la población no entiende de qué se trata. Me hubiera gustado que desde el principio del sexenio hubiera habido una amplia convocatoria a discutir el problema, sobre todo por parte de los legisladores, como han hecho el Parlamento y las diversas agencias de la Unión Europea, ya desde hace muchos años. Cada país miembro saca entonces sus conclusiones y opera en consecuencia. En Alemania, por ejemplo, ya no se usará el glifosato a partir de 2024, pero no se ha prohibido la importación de maíz transgénico. En las condiciones del agro alemán, altamente mecanizado, el gobierno federal piensa que la mecanización adicional y el tratamiento del suelo podrían llevar a sustituir la mayor parte de los pesticidas, sin pérdida de productividad. La solución sería técnica y se le deja a la agroindustria que desarrolle las opciones pertinentes. Cabe hacer notar que en Alemania un buen porcentaje de la población es partidaria del ecologismo (por eso el Partido Verde es parte de la coalición gobernante). El gobierno está dispuesto a asumir mayores costos de los alimentos al eliminar pesticidas (de hecho se propone reducir el uso de todos los pesticidas en 50 % hasta 2030). ¿Pero en otros países con menor grado de desarrollo se puede elevar de golpe el precio de los alimentos, sin rampa de transición, afectando a millones de personas?

No es todo esto un problema meramente técnico. Se trata en última instancia de una disyuntiva ética y económica que no se decide sobre las rodillas, sino que siempre implica proceder muy cautelosamente para no tratar de alcanzar el bien para al final producir el mal, al contrario de Mefistófeles, quien decía lograr el bien a través de querer hacer el mal. Con el T-MEC, México está supeditado en muchas áreas a lo que decidan hacer los norteamericanos, como lo muestran los dos decretos mexicanos (aunque el gobierno, que nunca pierde, dice que el segundo “aclaró” al primero). Y si los europeos tienen sus dudas, en Estados Unidos no las hay. 30 % del glifosato usado en todo el mundo se aplica al norte de nuestra frontera. En China el uso de glifosato crece al 5 % anual por el gran número de bocas que tienen que alimentar. Asia es precisamente la región que cada vez absorbe más glifosato para aumentar la producción de arroz y soya. Por eso ¿cuánto riesgo de salud se puede canjear contra cuánto riesgo alimentario? Ese es el pacto con el diablo que se le plantea a los gobiernos.

Para evitar que el fuego le llegue a los aparejos en el año de la elección presidencial, el gobierno federal impuso hace unos días, por decreto, un arancel de exportación de 50 % para el maíz blanco. Al mismo tiempo, desde mayo de 2022 se bajó a cero el arancel para importaciones de maíz (para naciones fuera del T-MEC). La intención es producir una sobreoferta de maíz blanco en el país para que baje el precio de la tortilla, o por lo menos ya no siga aumentando tan rápidamente. Como se ve todos estos decretos y contradecretos forman parte del entramado del último año completo de gobierno de la actual administración. Sobre el glifosato y las importaciones de transgénicos muy posiblemente no hemos escuchado aún la última palabra y eso será tarea del próximo gobierno.

Raúl Rojas González
Matemático y economista destacado en el campo de la inteligencia artificial y de la robótica. Estudió e impartió clases en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM. Recibió su doctorado y habilitación en la Universidad Libre de Berlín. Ha sido profesor e investigador en una docena de universidades europeas, estadunidenses y mexicanas.