El presidente Donald Trump anunció el 21 de junio desde la Casa Blanca que Estados Unidos bombardeó territorio iraní, marcando un punto de quiebre. Washington entró de facto en un estado de guerra por primera vez en décadas. Este episodio representa una escalada de proporciones mayúsculas en un conflicto que, aunque se gestaba desde hace años, se intensificó a partir del 12 de junio cuando Israel lanzó una serie de ataques coordinados contra objetivos clave en territorio iraní.
Como señaló Moisés Garduño, más allá de desarticular la infraestructura nuclear, la operación israelí buscó golpear el corazón del sistema político iraní en una apuesta audaz por detonar un cambio de régimen en Teherán. En un análisis anterior planteé que este conflicto no puede entenderse como una simple reacción táctica. Es resultado de una confluencia estructural de al menos tres vectores explicativos.
Israel intenta consolidar su imagen como una nación sitiada para legitimar su política militar. Por eso busca bloquear cualquier intento de acercamiento diplomático entre Washington y Teherán porque lo considera una amenaza a la seguridad israelí. También enfrenta una profunda crisis política interna, ya que la coalición que sostiene a Netanyahu está debilitada.
La oposición en el Knesset, el parlamento israelí, acumula cada vez más apoyos en contra del gobierno. Incluso ha intentado disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas, lo que podría significar el fin del mandato de Netanyahu. Además, su liderazgo se ve socavado por escándalos, protestas y críticas internacionales relacionadas con su campaña en Gaza.
Si bien la ofensiva israelí contra Irán respondió a motivaciones políticas claras, esta no habría sido posible sin una coyuntura regional excepcionalmente favorable para Tel Aviv. En otras palabras, la audacia del ataque fue tanto resultado de cálculo político como de una ventana de oportunidad geoestratégica. La organización paramilitar Hezbolá sufrió un golpe importante tras los ataques quirúrgicos con dispositivos localizadores explosivos perpetrados en septiembre del año anterior.
Esta campaña debilitó sus redes logísticas, minó su capacidad de respuesta inmediata y fragmentó de manera parcial su cadena de mando, dejándolo en una posición de repliegue táctico. Sin embargo, un segundo factor de mayor calado transformó el tablero regional: la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ocurrida en diciembre pasado. La salida de Al-Assad implicó un retroceso considerable para la proyección de poder iraní en la región.
El nuevo gobierno provisional sirio ha sido más cercano a Occidente. Incluso se ha mostrado dispuesto a recomponer vínculos con Israel, alterando de forma sustantiva la correlación de fuerzas en Medio Oriente. Damasco funcionó como un corredor estratégico para el armamento iraní hacia Hezbolá en el sur del Líbano durante más de una década, y de la noche a la mañana se convirtió en un espacio seguro para Israel.
Esta reconfiguración redujo los costos geopolíticos de una escalada con Irán, al tiempo que ofreció a Tel Aviv una oportunidad inédita para golpear el corazón del sistema iraní sin exponerse a una guerra inmediata en múltiples frentes. En los primeros días del conflicto resultaba difícil anticipar el alcance real de sus implicaciones. La posibilidad de una escalada mayor, como sería una guerra regional abierta, dependía de la forma en que respondieran dos actores clave: Teherán y Washington.
En ese momento, la atención estaba centrada en cuál sería la reacción iraní, que debía equilibrar dos factores. Por un lado, sus capacidades técnicas y operativas reales para responder con contundencia; por otro, los consensos internos dentro del complejo entramado político del régimen en Teherán. Cabe recordar que, en ocasiones anteriores, las represalias iraníes a ataques israelíes han sido mesuradas y medidas al milímetro.
Tampoco estaba del todo claro si esa moderación respondía a una estrategia deliberada de contención o a restricciones estructurales en sus medios de proyección militar. Cabe recordar que, según algunos reportes, unas represalias iraníes han sido discretamente coordinadas con Estados Unidos con el objetivo de no escalar la confrontación. Al mismo tiempo, la posición de la Casa Blanca frente a los ataques israelíes era todavía ambigua, lo que introducía un nivel adicional de incertidumbre en el desarrollo del conflicto.
No obstante, tras los bombardeos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares estratégicas en Fordow, Natanz e Isfahán, quedó claro que lo que ocurría superaba con creces un mero intercambio de misiles entre Irán e Israel. La naturaleza del conflicto cambió cualitativamente: se rompió el patrón de represalias contenidas y se entró en un terreno de guerra abierta entre Estados. Con esta escalada se abre la posibilidad de que Teherán use su “botón nuclear” iraní, no en el sentido atómico literal, sino como medida de presión estratégica. El cierre del Estrecho de Hormuz.
Si bien queda en duda la capacidad iraní de mantener un control efectivo sobre el estrecho, esta posibilidad ha sido planteada múltiples veces por los sectores más radicales dentro del aparato político y militar iraní. Se inscribe dentro de una doctrina de retaliación asimétrica frente a agresiones externas. Sin embargo, dadas las condiciones actuales se abre la posibilidad de que el gobierno iraní considere esta posibilidad. El bloqueo del Estrecho de Hormuz tendría consecuencias inmediatas y de gran alcance para la economía global.
Por este estrecho marítimo transita una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, así como una fracción significativa del gas natural licuado proveniente de los países del Golfo. Los precios del petróleo ya han aumentado debido a la incertidumbre y por los ataques recientes a la infraestructura energética iraní. Una acción de este tipo implica una escalada en los precios de los hidrocarburos, con efectos en cadena para mercados, inflación y políticas energéticas en todo el planeta.
Otra posibilidad que debe tomarse en serio es que el Ayatolá Alí Jamenei decida levantar la fatwa que prohíbe el desarrollo de armas nucleares en Irán. Esta medida abriría la puerta a un viraje significativo en la política nuclear iraní, que hasta ahora ha estado oficialmente orientada hacia fines civiles. Aunque Irán mantuvo un programa con posibles aplicaciones militares durante la década de 1990, la postura del líder supremo ha sido un factor clave para contener la ambición armamentista.
Irán ha centrado el esfuerzo nuclear del país en la producción de energía; sin embargo, esta contención parece cada vez más frágil. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha reportado hace poco que Irán posee más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel que se aproxima al umbral necesario para fabricar un arma nuclear, en potencial incumplimiento del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Si bien Teherán no ha desarrollado de manera formal un programa militar, sí cuenta con el conocimiento técnico y los materiales necesarios para hacerlo en un plazo relativamente corto.
El panorama podría cambiar ante el deterioro de las condiciones regionales y la presión internacional. El entonces ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib, advirtió en 2021 que el país podría reconsiderar su postura si se le empujaba a actuar «como un gato acorralado». En febrero de 2025, altos mandos de la Guardia Revolucionaria solicitaron a Jamenei que revoque la fatwa para avanzar en un programa con fines bélicos.
Y en marzo, Ali Larijani, uno de los asesores más influyentes del líder supremo, afirmó que Irán «no tendría otra opción» más que desarrollar armas nucleares en caso de un ataque por parte de Estados Unidos o sus aliados. Esta posibilidad preocupa si se considera la posibilidad de que Israel considere utilizar la “opción Sansón”. Dentro de la doctrina nuclear israelí, la opción alude a una forma de disuasión extrema que parte de la lógica de que, si Israel se viera existencialmente amenazado, respondería con una fuerza devastadora, incluso a costa de su propia estabilidad.
En este contexto, los recientes bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes no sólo podrían detonar una escalada del conflicto, sino que también corren el riesgo de erosionar el andamiaje normativo del régimen internacional de no proliferación. En otras palabras, esta escalada en el conflicto puede ser el golpe que termine por desarmar el régimen internacional sobre armas nucleares.
Otra posibilidad inquietante es que en Estados Unidos se construya de manera deliberada el consentimiento público y político para una guerra abierta contra Irán. El ambiente discursivo recuerda a los meses previos a la invasión de Irak en 2003. Una acumulación de justificaciones estratégicas, denuncias mediáticas y llamados a la acción que, en conjunto, pueden preparar el terreno para una intervención militar de gran escala, sobre todo si Estados Unidos se ve atrapado en una guerra abierta.
Esta opción parece improbable. Pero si los bombardeos estratégicos y la apuesta por un cambio de régimen en Teherán no producen los resultados esperados por Washington y Tel Aviv, no puede descartarse la opción más extrema: una invasión terrestre. Esta perspectiva sería desastrosa para todos. Aunque las capacidades armamentisticas y de inteligencia estadounidenses pueden ser superiores, a diferencia de 2003, el orden internacional unipolar que favorecía a Estados Unidos ha desaparecido.
La sociedad estadounidense enfrenta una fragmentación política y social sin precedentes, así como una amplia oposición bipartidista a una guerra con Irán. A nivel operativo, una intervención en Irán sería exponencialmente más compleja que en Irak o Afganistán. Su geografía montañosa, su vasta extensión territorial y una población mayor y más dispersa, articulada por una estructura estatal y militar más cohesionada, hacen de Irán un escenario incontrolable para una fuerza invasora.
Intentar ocupar Irán equivaldría a tratar de controlar tres Afganistanes simultáneamente. Seamos claros: en el caso de que haya una invasión no sólo es improbable una victoria militar, sino que derivaría en un desastre humanitario de proporciones aún mayores a los de Irak y Afganistán, en especial por el alto costo de vidas que conllevaría. Este conflicto marca un punto de inflexión no sólo en Medio Oriente, sino en el equilibrio global de poder.
Estamos presenciando a una reconfiguración del orden internacional, impulsada por intereses estratégicos, cálculos de supervivencia política y la peligrosa normalización de la guerra preventiva como herramienta de gestión del poder. Las consecuencias son aún impredecibles, y lo que está en juego no es sólo el futuro del Golfo Pérsico. También podría desestabilizar el mercado energético global, debilitar el régimen internacional de no proliferación nuclear y erosionar el umbral de tolerancia frente al uso desmedido de la fuerza en nombre de la “seguridad”.
Quien podría salir beneficiado de esta crisis es China. Washington se ve arrastrado de nuevo a un conflicto en Medio Oriente, mientras diversos estrategas y militares estadounidenses insistían en la necesidad de replegarse de esa región, así como de Ucrania para poder concentrar todos sus recursos en contener a China. Beijing observa con paciencia desde la distancia cómo su principal rival estratégico se desgasta en lo que puede convertirse en una guerra de larga duración, pierde el enfoque en oriente, disipa sus capacidades de respuesta y posterga el pivote hacia Asia.
Adrián Marcelo Herrera Navarro
Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.