En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quizá hay no sólo sorpresa sino desconcierto: durante las últimas semanas Washington movió el umbral de lo posible. Y cuando ese umbral se mueve, México tiene que actuar en consecuencia. No por alarmismo, sino por sentido de realidad.
El 3 de enero de 2026, en Caracas, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo presentó como si fuera, al mismo tiempo, una operación militar y un acto de procuración de justicia: fuerza para producir un “arresto”, traslado inmediato a Estados Unidos, comparecencia ante un tribunal. Para México, el dato no es sólo la forma sino el fondo: cuando la Casa Blanca decide encuadrar algo como “seguridad nacional”, no se queda en el discurso. Se vuelve una llave maestra que abre puertas muy distintas –y muy rápido–, con pocos frenos a la vista.
Ese precedente pesa más porque no salió de la nada. Desde septiembre de 2025, Washington venía apretando en el Caribe bajo el lenguaje del narcotráfico: ataques a embarcaciones, muertos, disputas por la evidencia en que basaron sus posiciones y su desdén por la legalidad. Más que los detalles de cada episodio, importa la lógica general: la etiqueta “guerra contra las drogas” funciona como un salvoconducto para usar la fuerza letal fuera de su territorio. Caracas fue el aviso de hasta dónde puede llevar esa lógica. El gobierno de Trump también se estaba quedando sin tiempo: incrementó de manera dramática su presencia militar en la región y no podía arriesgarse a retroceder sin alguna forma de victoria que justificara la movilización.
Y luego está Honduras como contrapunto incómodo. El 28 de noviembre de 2025, Trump anunció un indulto total para Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años por narcotráfico; el 1 de diciembre el indulto se firmó y Hernández quedó libre. Después, la Fiscalía hondureña emitió una orden internacional de captura. Lo importante no es la indignación –que se entiende– sino la lección práctica: el vocabulario de la “guerra contra las drogas” puede endurecerse hasta justificar mano dura extraterritorial o ablandarse hasta desembocar en un perdón. No hay una regla fija.
Visto desde México, el problema de fondo es que Washington es una contraparte imprevisible cuyos argumentos no sólo cambian, sino que lo hacen desdeñando cualquier tipo de coherencia. Al comparar Venezuela y Honduras no vemos sólo una contradicción; vemos que la justificación es de “quita y pon”. Un día sirve para escalar. Al otro se archiva porque estorba. Y si el pretexto es así, lo que se vuelve frágil no son sólo las explicaciones de un caso u otro: es el terreno mismo de la relación con Estados Unidos.
La amenaza de intervenir en territorio mexicano ya no puede tratarse como un ejercicio retórico o como un globo que sondea reacciones. A la luz de lo ocurrido en Honduras y Venezuela, México no es un caso más en la agenda hemisférica de Washington. México es el país donde ciertos temas dejan de ser “política exterior” y se vuelven política interna para Estados Unidos: fentanilo, frontera, migración, seguridad. Ya en marzo de 2025, la Casa Blanca usó poderes de emergencia para imponer aranceles a México bajo un marco de seguridad nacional. Ahí quedó una premisa: comercio, drogas y frontera pueden mezclarse en un solo instrumento de presión.
En 2026, esa presión promete aumentar. Desde Washington se repite que el “progreso incremental” no alcanza y se exigen resultados “concretos y verificables” con el fentanilo como eje. Al mismo tiempo ronda —ya no son sólo rumores— la idea de un despliegue estadunidense dentro de territorio mexicano contra laboratorios del narcotráfico. Ese es el umbral: no la caricatura de una invasión, sino presencias tácticas que, aunque pequeñas en escala, tienen un peso enorme por lo que significan.
Un comentario colectivo publicado esta semana por el CSIS describe el giro con claridad: para Washington, los decomisos, detenciones e intercambio de inteligencia ya no cuentan como “prueba” de cooperación, son apenas un punto de partida. Lo que empieza a exigir son “resultados tangibles”: reducciones sostenidas del flujo de fentanilo, golpes verificables a las redes financieras de los cárteles y, sobre todo, procesos contra figuras políticas con vínculos criminales. En estas nuevas condiciones, la seguridad deja de ser un carril separado y se vuelve condición para la certidumbre económica: de cara a la revisión del T-MEC, el mensaje implícito es que sin avances comprobables en seguridad, la estabilidad comercial será, en el mejor de los casos, temporal.
¿Cómo se vuelve operativa esa exigencia? Una nota reciente del New York Times sostiene que Washington intensifica la presión para que México permita operaciones conjuntas dentro del país para desmantelar laboratorios de fentanilo: que fuerzas estadunidenses —Fuerzas Especiales o personal de la C.I.A.— acompañen a tropas mexicanas en incursiones, con México “al mando” pero con presencia operativa de Estados Unidos en el terreno. Según el mismo reporte, el planteamiento se reactivó tras la captura de Maduro. En paralelo, asoma otra discusión todavía más corrosiva: la idea, promovida por algunos funcionarios, de ataques con drones contra presuntos laboratorios, una violación abierta de la soberanía mexicana.
El mismo reporte agrega dos detalles que conviene no perder de vista. Primero, que la cooperación ya ocurre, de facto, en capas menos visibles: asesores estadunidenses ya operan en puestos de mando mexicanos compartiendo inteligencia, y el propio gobierno mexicano ofrece alternativas centradas en intercambio de información y mayor participación de Estados Unidos dentro de centros de comando, no en “botas” cruzando la frontera. Segundo, que los laboratorios de fentanilo son difíciles de detectar y destruir: a menudo son improvisados, urbanos, y dejan menos huellas químicas que otras drogas. Esto importa porque revela algo incómodo: la insistencia en presencia militar estadunidense no se explica sólo por eficacia; también puede responder a necesidades políticas y simbólicas en Washington.
La sensibilidad de ese umbral no es teórica. Una investigación del Wall Street Journal sobre la captura en México de Ryan Wedding —un canadiense buscado por Estados Unidos por narcotráfico— sostiene que en la operación habría participado una unidad élite del FBI, algo que la ley mexicana prohíbe. El propio director del FBI lo celebró de manera pública como acción conjunta; la presidenta Sheinbaum lo negó y afirmó que fue una entrega voluntaria. Incluso sin una versión común de los hechos, el episodio vuelve tangible el problema: basta la sospecha de agentes estadunidenses operando en el terreno para detonar fricciones públicas, contradicciones oficiales y una crisis política inmediata. Ese es el tipo de chispa que vuelve peligroso el umbral.
Digámoslo sin eufemismos: si ese umbral se cruza, el asunto deja de ser de naturaleza técnica y se vuelve de soberanía a secas. México estaría obligado a reaccionar, aunque sea sólo para no sentar precedente o para no quedar atrapado en la endeble lógica de que “fue sólo por una vez y ya”. Los grupos criminales interpretarían cualquier intervención estadunidense como una amenaza directa y reaccionarían como suelen hacerlo. Ahí está el antecedente de Culiacán tras la operación que desembocó en la captura del “Mayo” Zambada. La consecuencia no es un misterio: habría violencia. Civiles en medio, amenazas contra funcionarios, fuerzas mexicanas expuestas, y también el riesgo de potenciales bajas estadunidenses en territorio mexicano. El riesgo es que esa dinámica se salga de control y adquiera vida propia. Además, los cárteles podrían obstaculizar la actividad económica entre los dos países, mediante bloqueos fronterizos o inhibiendo el comercio.
A todo esto se suma algo que en México a veces pasamos por alto: la asimetría con Estados Unidos no es sólo de poder, también es de ritmo. La Casa Blanca de Trump se mueve muy rápido. El Congreso puede llegar tarde o no llegar. Las agencias pueden jalar cada una por su lado. En ese contexto, un acuerdo o entendimiento bilateral no es un puerto seguro: es apenas una foto del momento. Lo que hoy se descarta mañana puede ser indispensable, sólo porque ya quedó instalada la movilidad del marco “seguridad nacional”.
Washington está ensayando una fórmula: presión económica, exigencia diplomática, narrativa de seguridad nacional y acciones selectivas que van corriendo los límites. Venezuela muestra la capacidad; Honduras, la arbitrariedad. México siente el calor porque está en el centro —por geografía e interdependencia— de esa fórmula.
La pregunta no es si Trump ordenará una acción militar “mañana”. La pregunta es otra: qué puede hacer México para que el costo de cruzar ese umbral sea mayor que cualquier ganancia política o simbólica en Washington:
- Dar resultados propios por razones propias. No se trata de complacer a Washington, sino de desactivar la ganancia simbólica de “venir a hacer lo que México no hace”. Si México demuestra —con métricas verificables, decomisos, detenciones, destrucción de infraestructura y trazabilidad de precursores— que está golpeando el fentanilo con eficacia, entonces una incursión estadunidense deja de parecer “solución” y empieza a verse como exceso. Cuanto más claro sea en Estados Unidos que México actúa y acredita resultados, menor es la utilidad política de una acción unilateral y más alto el costo de justificarla.
- Establecer líneas rojas claras y consecuencias automáticas en cooperación. La clave no es el tono, sino la credibilidad: que Washington sepa, antes de intentar nada, qué pierde si cruza. Esto implica fijar una línea nítida —presencia operativa armada extranjera en suelo mexicano— y asociarla a consecuencias preanunciadas (no como patada de ahogado, como mecanismo): congelar ciertos canales operativos, revisar accesos y protocolos, y una reconfiguración inmediata de la cooperación hacia esquemas estrictamente controlados por México. La idea es simple: que el cálculo en Washington incluya un costo tangible (menos inteligencia utilizable, menos coordinación, más fricción) en vez de apostar a que “se maneja” después con declaraciones o mensajes amistosos.
- Hacer multilateral el costo y convertirlo en un problema de legitimidad. Si la Casa Blanca intenta normalizar la excepción, con la “seguridad nacional” como llave, México debe ampliar sus audiencias y, con ello, el costo político y jurídico. No se trata de internacionalizar por acto reflejo, sino para que cualquier paso extraterritorial tenga que pagarse en reputación, alianzas y varios frentes simultáneos. Activar marcos regionales y jurídicos, sumar a socios relevantes y documentar el costo humano potencial no como retórica, sino como expediente: mientras más actores miren, más difícil es vender la incursión como gesto virtuoso y más caro se vuelve sostenerla si se complica.
- Si no hay margen, la concesión como antídoto. Un “plan B” sólo sirve si no se vuelve puerta giratoria. Su función no es ceder por ceder, sino evitar el peor escenario: una acción unilateral que deje a México sin control y a Washington sin responsabilidades. Si se admiten operaciones en territorio mexicano, no basta con ponerles el adjetivo de “conjuntas”. Tienen que estar diseñadas para elevar el costo de cualquier desviación —mandato estrecho, mandos mexicanos trabajando con los estadunidenses, temporalidad rígida, prohibición explícita de acciones unilaterales (incluidos drones), supervisión y trazabilidad, cláusula de término y reversibilidad, y garantías de seguimiento de inteligencia—. En otras palabras: si hay concesión que sea un dique, no una rampa.
Lo que cambió desde diciembre no son sólo los hechos; cambió el rango de cosas que Estados Unidos está dispuesto a hacer. Para México, la mayor amenaza ya no es sólo una intervención puntual, sino un entorno donde las justificaciones se mueven, los umbrales se recorren y los acuerdos duran lo que una historia de Instagram. Cuando la previsibilidad se erosiona, la política exterior no puede limitarse a reaccionar y administrar; tiene que ser, además, capaz de prevenir. Eso —más que discursos, comunicados o llamadas— es lo que la realidad exige.
Carlos Bravo Regidor
Analista político. Su libro más reciente es Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto (México, Gatopardo/Grano de Sal, 2025).
Gladys McCormick
Titular de la Cátedra en Relaciones México-Estados Unidos en la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York