La mujer en primer plano se ajusta a la media filiación que dieron testigos de los hechos: lleva el pelo corto, viste un suéter rojo y parece corpulenta por el ancho de los hombros. Levanta el rostro y mira hacia abajo. No parece intimidada a pesar de estar en pleno interrogatorio. Una voz fuera de cuadro la presiona. El tono “cantadito” revela su origen chilango: “Aquí ya tus huellas siempre las dejaste en cada uno de tus ilícitos. Ya no se trata de que te estamos inventando ni de que te queremos inventar”. Probablemente es un agente del ministerio público o un policía judicial de la procuraduría capitalina. Otra voz chilanga interrumpe: “Ni necesidad de plantarla más. O sea, oficialmente ya tiene la bronca encima”.
Interrogan a Juana Barraza, la llamada Mataviejitas, la asesina serial que tuvo en vilo al público capitalino entre 1998 y 2005. A principios de ese periodo, la idea de tener una asesina serial oriunda empezó a asentarse como prueba de la anhelada modernidad capitalina. La Ciudad de México era por fin una metrópoli moderna porque los asesinos seriales eran cuestión de países desarrollados.
A pesar de que el caso de Juana Barraza es extraordinario, el interrogatorio de la procuraduría capitalina exhibe las técnicas ordinarias de investigación criminal. A Barraza la detuvieron en flagrancia, es tan culpable que no hay necesidad de “inventarle” ni “plantarle” nada. La ausencia de evidencia falsa se vuelve indicio de la culpabilidad verdadera. El vocabulario de la fabricación de delitos irrumpe en el interrogatorio para comprobar que la creación de culpables es un procedimiento informal pero frecuente.
El interrogatorio de Barraza es una escena central de La dama del silencio, un documental dirigido por María José Cuevas estrenado en Netflix a mediados de 2023. Esta película es parte de una ola cinematográfica que se concentra en casos penales verídicos en México. Desde Presunto culpable de Roberto Hernández en 2008, se han sucedido lanzamientos de películas y series sobre delitos reales. Los estrenos de true crime en México han crecido de forma exponencial en los últimos dos años con producciones como El Caso Cassez-Vallarta: una novela criminal de Gerardo Naranjo, Duda razonable de Roberto Hernández, A plena luz: el Caso Narvarte de Alberto Arnaut, El Show: crónica de un asesinato de Diego Enrique Osorno, La Narcosatánica de Pat Martínez o Ella soy yo, Gloria Trevi de Carla Estrada. La nueva ola del true crime mexicano demuestra que el público nacional sigue con hambre y sed de justicia. Las investigaciones penales alternativas que presentan estos documentales son una manifestación cultural del fracaso de las fiscalías para esclarecer casos criminales y ofrecer una versión convincente de los hechos.
El true crime mexicano es heredero de la nota roja. La lleva a la pantalla diluyendo a medias su carácter sanguinario, haciéndola más digerible para el consumo en plataformas de internet. En su libro sobre la nota roja, Carlos Monsiváis sugería que atestiguar la violencia ajena en la prensa reafirmaba la seguridad del público lector al comprobar que la amenaza estaba en otra parte, que las víctimas eran siempre otras. Según él, la distancia frente a la violencia retratada en la nota roja anestesiaba al público. El true crime mexicano convierte la anestesia en empatía al romper la distancia entre el espectador y el delito. Invita a la audiencia a ponerse en el lugar de las víctimas. Como asegura Ricardo Salinas en El Show: crónica de un asesinato: “Hoy le tocó a Paco [Stanley], mañana le puede tocar a usted o a mí, o a cualquiera. La impunidad nos aplasta y dónde está la autoridad”.
Si bien el nuevo true crime difiere de la nota roja en la intención de generar empatía, se asemeja en un aspecto fundamental. Como asegura el historiador Pablo Piccato, la nota roja ha sido tan popular en México porque la verdad del gobierno siempre es sospechosa. La nota roja, al igual que el nuevo true crime, es más convincente porque presenta múltiples voces que contradicen la versión del gobierno. Ambos géneros ejercen tal atracción sobre el público porque ofrecen conocimientos básicos sobre delito y derecho penal que permiten navegar la crisis permanente de inseguridad.
Si el true crime se fundamenta en la premisa de que la verdad del gobierno es siempre sospechosa, no resulta sorprendente que la fabricación de culpables sea su tema central. Desde Presunto Culpable, los inculpados han sido los protagonistas del género. Estos documentales toman la forma de investigaciones alternativas donde la versión ministerial de los hechos es el primer obstáculo para esclarecer la verdad; presentan sus propias entrevistas, peritajes y reconstrucciones para revelar la fabricación de culpables con evidencia plantada, testigos falsos y narrativas contradictorias.
La sospecha del público en contra de la verdad del gobierno se fundamenta en un círculo vicioso donde las fiscalías producen resultados cuestionables por lo que el público genera una predisposición a desconfiar de las versiones ministeriales, lo que intensifica la presión para resolver delitos (incrementando así los incentivos de los investigadores para fabricar culpables). Este círculo vicioso de desconfianza, fabricación y sospecha crea el espacio ideal donde el público apetece investigaciones alternativas que por fin esclarezcan los hechos. En ese espacio surge el true crime mexicano, un síntoma de la profunda desconfianza institucional en México.
La Fiscalía de la Ciudad de México tiene consistentemente el peor nivel de desconfianza según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi. Según la Envipe de 2022, 86.3 % de personas que habitan la capital piensa que el ministerio público es corrupto (la media nacional es 64.7 %) y solamente 34.7 % confía en el ministerio público (la media nacional es 56 %).
Esta desconfianza puede deberse no solamente al trabajo de la Fiscalía sino a que su desempeño es el más vigilado por los medios nacionales. Esta vigilancia asegura una enorme cantidad de metraje a disposición de los documentalistas de true crime. Quizás por ello, buena parte de las nuevas producciones de los documentales de crímenes reales en México se centran en la capital. Con mapas, tomas aéreas de helicópteros y drones, repaso de lugares icónicos y colonias ordinarias, la Ciudad de México se vuelve un personaje central de un subgénero de los documentales que podríamos llamar el true crime chilango.
Vistos en conjunto, los documentales sobre los casos de Paco Stanley, la Mataviejitas y el multihomicidio en la Narvarte presentan una historia de la procuración de justicia y la fabricación de delitos en la Ciudad de México que cubre las cuatro administraciones del PRD entre 1997 y 2018. Los tres documentales presentan investigaciones alternativas que cuestionan la culpabilidad de chivos expiatorios que la autoridad seleccionó a partir de evidencia poco concluyente para apaciguar a un público deseoso de explicaciones.
Estos inculpados son chivos expiatorios en el sentido que el antropólogo y crítico literario René Girard dio a la palabra. Son personas sobre quienes la sociedad desata su furia no por su culpa sino por el parecido que tienen con un culpable imaginario. La expiación sustituye la culpabilidad por la semejanza. La procuraduría encarceló año y medio a Mario Bezares, el patiño de Paco Stanley, por su asesinato; a Araceli Vázquez, por un homicidio sobre el que confesaría la Mataviejitas; y a César Martínez, Daniel Pacheco y Abraham Torres por el multihomicidido en la Narvarte con evidencia contradictoria.
Estos casos de fabricación tienen patrones similares. Los tres documentales muestran cómo la intensa cobertura mediática azuzó la presión popular para esclarecer los hechos, lo que motivó a las autoridades para fabricar culpables. En el caso de Paco Stanley, la cobertura mediática comenzó inmediatamente después del asesinato y continuó a lo largo de año y medio combinando el morbo de la nota roja y el escándalo de la farándula. En el caso de la Mataviejitas, los medios capitalinos construyeron la figura de una asesina serial y dieron amplia cobertura a cada uno de sus crímenes durante siete años en los que la Procuraduría procesó a varios chivos expiatorios. En el caso Narvarte, el activismo de periodistas, colectivos feministas y familiares de las víctimas mantuvieron el caso en periódicos y noticieros nacionales durante meses. En estos casos, los medios generan la presión popular para esclarecer los hechos y luego transmiten las ruedas de prensa donde se exhiben a los culpables fabricados y reproducen los comunicados oficiales palabra por palabra. El rating aumenta.
Los medios alebrestan al electorado que presiona a los funcionarios para esclarecer los casos rápidamente. Cada día que pasa sin que se resuelva un caso comprueba la ineptitud de la autoridad, las políticas del rating marcan el ritmo de las investigaciones penales y lo urgente no deja tiempo para lo importante: el desarrollo de capacidades de investigación, reforma de las policías judiciales y mejora administrativa de las fiscalías, que requieren periodos prolongados que no se ajustan al calendario electoral ni al apremio democrático por el esclarecimiento urgente de los casos. La solución para aliviar la presión ha consistido con frecuencia en fabricar culpables, en presentar chivos expiatorios para calmar el deseo de esclarecimiento y la sed de venganza.
Los trabajadores ministeriales exhiben a los detenidos en ruedas de prensa y publican comunicados confirmando su culpabilidad antes de que los jueces puedan pronunciarse sobre ella. Basta con esas imágenes y un indicio aparatoso sobre el que pueda insistir la prensa durante algunos días para comprobar la culpabilidad de un acusado frente a la opinión pública. No hay prueba más contundente de la violación sistemática a la presunción de inocencia que divulgar imágenes de sospechosos como si fueran ya culpables.
Antes de acusar formalmente a Mario Bezares, la procuraduría capitalina difundió los resultados de su muestra de orina como prueba de culpabilidad: positiva a cocaína. El fiscal de homicidios obligó a Araceli Vázquez, la supuesta Mataviejitas, a posar en la rueda de prensa con una peluca que supuestamente usaba para entrar a las casas de sus víctimas antes de asesinarlas. En el caso de la Narvarte, la Procuraduría difundió que dos de las víctimas se dedicaban al trabajo sexual, que consumían drogas en el departamento y cerró la versión estereotípica del exceso aclarando que una de las víctimas era colombiana. La cocaína, la peluca, la nacionalidad colombiana son indicios informales que confirman la culpabilidad en encabezados. Los documentales de crímenes reales ponen en tela de juicio estas versiones al presentar pruebas que las contradicen.
La nueva ola de true crime en México comprueba que la fabricación de delitos es una práctica sistemática. Al mismo tiempo revela el virtuosismo con que el personal ministerial capitalino despliega un variado repertorio de técnicas legales para fabricar delitos y encontrar quien los pague. La acusación contra Mario Bezares por el asesinato de Stanley se sostenía en la declaración de un testigo sentenciado por declaraciones falsas que aseguró haberlo escuchado planear el asesinato junto con dos traficantes de metanfetaminas. El caso fracasó cuando el testigo se retractó después de que la Procuraduría no le dio lo que le había prometido a cambio de su declaración falsa. La acusación contra Araceli Vázquez por asesinato dependía únicamente de un peritaje en dactiloscopía estableciendo que se encontró su huella en un vaso en la escena del crimen. Sin embargo, los testigos e incluso los fiscales reconocen que la acusada no “cuadraba” con la media filiación de la sospechosa y Barraza reconoció la culpabilidad de ese asesinato. La acusación contra tres personas por el multihomicidio de la Narvarte se sostenía en un video borroso del sistema de videovigilancia de la ciudad, la existencia de una maleta con drogas que nunca se presentó y la intervención de llamadas telefónicas que contradecía explícitamente el video de videovigilancia. Testigos falsos, peritajes amañados y videos de vigilancia se “cuadran” con la versión oficial de los hechos para fijar la culpabilidad de inocentes.
Al concentrarse en la fabricación de delitos, el true crime mexicano cumple una labor pedagógica: muestra los peligros del castigo desmedido. Las representaciones de los inocentes encarcelados ofrecen un contrapeso a las narrativas punitivas que circulan en las versiones contemporáneas de la nota roja: los videos de delitos reales en las redes sociales, la exposición de detenidos en ruedas de prensa oficiales, los blogs de denuncias de delitos que acusan sin comprobar. Estos documentales promueven la empatía con víctimas y acusados demostrando que la justicia puede ser algo más que una suma cero que apacigüe la sed de venganza.
Sin embargo, el true crime chilango termina, al igual que las investigaciones ministeriales, con preguntas que abren lugar a la sospecha: apuntan a evidencia contradictoria que hace pensar en los orígenes místicos de la impunidad, en los intereses trascendentales detrás de la falta de justicia, en las cábalas que manipulan los hilos invisibles del poder ministerial. Detrás del caso Stanley acecha la figura espectral del narco noventero. En el caso Narvarte los tentáculos del nuevo PRI profundo parecen maquilar el caso protegiendo a los verdaderos culpables. Incluso en el caso de la Mataviejitas permanece recluida Araceli Vázquez, como si alguien innombrable tuviera algo en su contra.
El true crime mexicano imita a las fiscalías también en su incapacidad de estabilizar la verdad. Es una voz más entre las especulaciones sobre los casos criminales más sonados. Los documentalistas no pueden sustituir a los agentes del ministerio público porque sus investigaciones no tienen un efecto jurídico; no pueden sellar la verdad con un castigo. Sin embargo, tienen un papel fundamental en imaginar un mejor sistema de justicia. El true crime mexicano triunfa donde el sistema penal falla: restituye la dignidad de las personas acusadas pues al darle peso a su palabra reconoce su igualdad frente a la ley.
Esteban Salmón
Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México. Estudiante del doctorado en Antropología en la Universidad de Stanford.