Se dice, con razón, que el actual gobierno no tuvo una oposición digna: que los partidos opositores no cumplieron con lo que se esperaba de ellos, que se limitaron a ser actores testimoniales, o peor aún, cómplices del retroceso democrático y la destrucción institucional. En pocas palabras: que no hubo oposición. El reclamo es parcialmente cierto y totalmente válido. Sin embargo, la realidad nunca está exenta de matices.
Hace seis años, Morena obtuvo la mitad de las curules en la Cámara de Diputados, pero su conformación definitiva no se definió en las urnas, sino en los escritorios. La asignación de plurinominales sobrerrepresentó a los partidos de la coalición oficial. Y la negociación de Morena con el PT, el extinto PES y el Partido Verde los acercó tanto a la mayoría calificada que conquistarla fue cuestión de tiempo.
Durante tres años, en la Cámara Baja, el presidente tuvo los votos suficientes para aprobar prácticamente cualquier cosa: presupuestos anuales, nombramientos, la fiscalización de la cuenta pública, así como cualquier iniciativa de ley o reforma, incluso modificaciones constitucionales. La representación disminuida de las oposiciones sólo les permitió pronunciarse y votar en contra de las iniciativas del oficialismo. Ganar la discusión, pero perder la votación.
En el Senado, el escenario era distinto. Morena y sus aliados no alcanzaron los dos tercios: necesitaban 85 escaños y sólo contaban con 78. Con esos votos, podían avalar sin ningún contratiempo leyes generales y federales, pero les faltaban al menos siete para aprobar reformas constitucionales. Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, junto con el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, sumaban entonces cincuenta escaños.
En esas circunstancias, el Senado se convirtió en el único espacio —al menos en el ámbito federal— desde el cual era posible ejercer un contrapeso institucional real frente al gobierno y sus mayorías parlamentarias. Sin embargo, para ponerlo en acción, no iban a ser suficientes los votos ni los argumentos: había que hacer política.
Las reformas constitucionales
En los primeros meses de 2019, el Senado recibió la reforma constitucional que pretendía establecer una Guardia Nacional con mando militar, aprobada por la Cámara de Diputados. Ninguna bancada opositora tenía por sí misma votos suficientes para frenarla. Y una negociación de las oposiciones aisladas abría la posibilidad de que el oficialismo consiguiera los votos necesarios cooptando, coaccionando o comprando voluntades.
Frente a esa realidad, las minorías comprendieron que la única alternativa era unirse pragmáticamente para asumir una posición conjunta. Y decidieron hacerlo. Establecieron mesas de trabajo con la mayoría, con representación del Ejecutivo. En intensas jornadas, intercambiaron propuestas para matizar la iniciativa original. Fue así como surgió el Bloque de Contención.
No fue una alianza política para rechazar sistemáticamente todas las propuestas oficialistas, sino la actuación concertada de las minorías articuladas para contener los excesos del gobierno y sus bancadas: las iniciativas que pusieran en riesgo el orden constitucional, pretendieran concentrar el poder presidencial, o disminuir el régimen de libertades y derechos.
Con esa convicción, el Bloque de Contención logró acuerdos para modificar propuestas gubernamentales en distintas materias: la revocación de mandato, la consulta popular, la inmunidad procesal del presidente o la prohibición de la condonación fiscal, cada una con resultados contrastantes.
El oficialismo planteaba su propuesta, el Bloque respondía con la propia. Y en el intercambio se iban construyendo los consensos, asegurando en todo momento los “irreductibles”: esos puntos fundamentales que las oposiciones no estaban dispuestas a conceder en ningún caso.
En cada asunto a discusión, los coordinadores Mauricio Kuri y Julen Rementería del PAN, Miguel Ángel Osorio del PRI, Dante Delgado de MC y Miguel Ángel Mancera, del PRD, supieron estar a la altura y anteponer el interés general sobre los propios. El diálogo entre las minorías no habría sido posible sin el oficio político de senadores como Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda, Clemente Castañeda, Gustavo Madero y Germán Martínez.
Las coincidencias que unían al Bloque estaban fundadas en la lealtad a la Constitución, pero eran más bien abstracciones: el Estado de derecho, la democracia, las libertades personales, el sistema de frenos y contrapesos. En cambio, sus diferencias eran mucho más concretas, puntuales y visibles.
Los panistas, históricamente opositores, sabían cómo serlo y estaban dispuestos a darlo todo. Desplegaron lonas, se hicieron acompañar por los agraviados del obradorismo, tomaron la Mesa Directiva, se disfrazaron de dinosaurio o pronunciaron emotivos discursos hasta las lágrimas. Los senadores de MC fueron quienes mejor supieron dialogar con la sociedad civil organizada para respaldar sus causas y agendas. El PRI fue más discreto e institucional, pero se valió de su reserva de experiencia para tejer acuerdos que les dieran viabilidad a las propuestas.
En más de una ocasión, algunas voces en el PAN cuestionaron e incluso criticaron el protagonismo de los priistas al interior del Bloque. Movimiento Ciudadano siempre fue la manzana de la discordia: su conocida línea de comunicación directa con la mayoría le habría permitido negociar por su cuenta. Pero no lo hizo, incluso cuando decidió no ser parte de los acuerdos. La bancada del PRD vivió durante años bajo la amenaza permanente de la disolución (sustentada en la legislación interna del Congreso por dejar de tener cinco integrantes). Pero logró mantenerse vigente gracias al respaldo de las fuerzas opositoras.
Con todas las divergencias, con todas sus limitaciones e insuficiencias, el Bloque funcionaba. Y funcionó durante años con la misma dinámica. La reforma al Poder Judicial de 2021 fragmentó por primera vez a las oposiciones por el desacuerdo de MC. Y en 2022, la reforma militarista que extendió el plazo para la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con la fractura del grupo del PRI, sepultó por completo cualquier posibilidad de reconciliación.
Las acciones de inconstitucionalidad
El Bloque de Contención recurrió a la negociación política en la discusión de las reformas constitucionales. En el caso de las reformas legales, donde Morena y sus aliados tenían libertad absoluta de aprobar lo que quisieran, las oposiciones en el Senado encontraron en la acción de inconstitucionalidad otra forma de frenar al oficialismo.
Un oficialismo que estuvo dispuesto a violentar sin ningún pudor cualquier norma procedimental, de convivencia democrática o de mínima decencia para imponer su mayoría aritmética. Dispuestos, por ejemplo, a falsificar la firma de una senadora que se encontraba fuera del país para que su suplente rindiera protesta y así —con el quórum legal mínimo, sin las oposiciones presentes— sesionar aislados en un patio para aprobar veinte decretos en una sola noche.
La acción de inconstitucionalidad está diseñada para que las minorías parlamentarias —33 % de quienes integran el Senado o la Cámara de Diputados— puedan denunciar la posible contradicción entre la Ley Fundamental y una norma general de menor jerarquía, a fin de preservar la supremacía constitucional e invalidar las normas que la contravengan a juicio de la Suprema Corte.
Para que la minoría en el Senado pueda promover una acción, la demanda requiere el respaldo de al menos 43 legisladores. Aun con sus bajas, las oposiciones se mantuvieron por encima de ese umbral durante los últimos seis años. Gracias a ello, pudieron impugnar decenas de decretos inconstitucionales aprobados por Morena y sus aliados.
Hasta el momento, incluso después de su fragmentación irreparable, han promovido 37 demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Muchas de ellas siguen pendientes de resolución, pero el Tribunal Constitucional les ha dado la razón en más de diez ocasiones, algunas tan emblemáticas como el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el gobierno o el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Recientemente, en una diatriba contra la democracia deliberativa, la novel ministra Lenia Batres argumentaba que, en 28 años de vigencia de la acción de inconstitucionalidad, la Corte ha emitido la invalidez de 100 leyes “de las cuales, 74 se han invalidado en los últimos cinco años bajo dos conceptos: el de no cumplimiento de la consulta indígena y la violación de reglas de la democracia deliberativa. ¡Una democracia deliberativa que no está en nuestra Constitución!”.
Buena parte de las sentencias que ofenden a la ministra Batres fueron resultado de esa faceta del Bloque, que puso en práctica los contrapesos establecidos en la Constitución. Gracias a los cuales, en órganos colegiados y plurales como el Congreso, la deliberación parlamentaria se vuelve un requisito fundamental para su funcionamiento. Y, sobre todo, para la validez de las normas aprobadas. Así, las oposiciones en el Senado activaron el dique contramayoritario para resistir la embestida reiterada de una mayoría antidemocrática.
Testimonio del fin de una época
La actuación conjunta de las minorías fue mucho más que negociar reformas o promover demandas. Los grupos parlamentarios opositores se acostumbraron a sumar esfuerzos y defenderse mutuamente en la Junta de Coordinación Política, en la Mesa Directiva, en el trabajo en comisiones. Supieron ponerse de acuerdo para clausurar sesiones por falta de quórum o impedir que se alcanzara para abrirlas; aprovecharon los descuidos y las ausencias del oficialismo para aprobar o rechazar dictámenes en las comisiones, bajo sus propios términos. Se unieron en la defensa de sus integrantes cuando fueron objeto de ataques desde la tribuna presidencial.
Esas experiencias y sus aprendizajes trascendieron la arena parlamentaria. El Bloque de Contención fue la semilla de la primera coalición electoral PRI-PAN-PRD, en 2021, la cual permitió equilibrar la integración de la Cámara de Diputados y eventualmente se convirtió en la coalición Fuerza y Corazón por México. Su desastroso desempeño en la relación con la ciudadanía, la postulación de candidaturas y la elección pasada es otra historia.
El gran fracaso de las oposiciones en el Senado está en el control de la gestión pública. No fueron capaces de hacer efectiva la rendición de cuentas, a pesar de tener herramientas legales suficientes para hacerlo. No pudieron garantizar la calidad de los perfiles para los cargos designados por la Cámara de Senadores, ni siquiera en los de mayoría calificada. En parte porque el diseño constitucional reserva al presidente la última palabra, en parte porque la votación secreta les permitió a algunos senadores respaldar a los perfiles favoritos de la mayoría a cambio de algún beneficio particular. Tampoco hicieron nada contra la pretensión oficial de paralizar al INAI o dejar incompletos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales.
No es que todas las legisladoras y todos los legisladores de oposición se caracterizaran por su enorme convicción democrática o su arraigada vocación republicana; fueron, ante todo, políticos unidos por el pragmatismo que encontraron coincidencias para hacer algo más que elegantes piezas de oratoria o performances estridentes. Y para ser más que la suma de recuadros rojos en un tablero.
La mayor parte del tiempo, su actuación no acaparó los reflectores. En ocasiones, consistió en el intercambio de documentos de trabajo entre equipos técnicos para acordar modificaciones a los dictámenes o redactar la versión definitiva de demandas que serían presentadas en la Corte. En otras, radicó en el enorme esfuerzo de las colaboradoras y los colaboradores para reunir a tiempo las firmas necesarias para presentar las demandas. Cosas que en su momento eran simples tareas cotidianas, que tal vez hoy parecen nimiedades, pero quizá mañana adquieran cierto carácter de heroísmo anónimo.
Probablemente la oposición en el Senado no fue la más ilustre, la mejor preparada o la más comprometida. Pero sí fue la oposición más responsable, que supo entender su lugar en el momento histórico. Sin ella, el legado de regresión autoritaria y destrucción institucional del sexenio que termina se habría consolidado mucho más rápido. Es el oscuro escenario que prometen los resultados del 2 de junio: la posibilidad de dinamitarlo todo en un mes.
El Bloque de Contención fue acaso un esfuerzo de las minorías parlamentarias ante una adversidad sin precedente, que en muchas ocasiones dio resultados satisfactorios. Y demostró que, cuando hay un objetivo común, es posible superar las diferencias políticas. No sólo para darle viabilidad a las reformas más ambiciosas del gobierno en turno, como en el Pacto por México, sino también para contener las ambiciones presidenciales más perniciosas cuando lo único que se tiene son unos cuantos escaños.
En septiembre rendirán protesta los nuevos integrantes del Congreso de la Unión. Es posible que el oficialismo tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados, incluso en el Senado. Si se confirma esa expectativa, el Bloque de Contención quedará como el testimonio histórico del fin de una época en el parlamentarismo mexicano.
Si no, sus claroscuros serán una invaluable lección de realismo político para las nuevas bancadas opositoras. Sobre todo, una hoja de ruta. Perfectible, incompleta, pero sumamente útil frente a la amenaza —reiterada hasta el cansancio— de inaugurar la próxima Legislatura con una reforma fundamental al corazón del régimen de la transición democrática.
Francisco Morales Pineda
Asesor parlamentario