La prisión preventiva oficiosa (PPO) viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la división de poderes. Además, se sabe que es una figura legal que se utiliza, casi siempre, en contra de personas en situación de pobreza y que no hay evidencia empírica alguna sobre su efecto positivo en la seguridad ciudadana o la justicia. Esto lo han dicho hasta el cansancio —con sustento en investigación cualitativa y cuantitativa— la academia, organizaciones de la sociedad civil e instituciones y tribunales nacionales e internacionales.
Días antes de que tuvieran lugar las elecciones presidenciales, se especulaba en la discusión pública sobre el desmantelamiento de la PPO desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En los medios circulan proyectos de sentencia que, entre otras cosas, proponen recibir la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero de 2023 con una nueva interpretación que exija una justificación legal y fáctica al encarcelamiento de personas sin sentencia. Más allá de los méritos legales y constitucionales (los tiene) de lo que eventualmente resuelva la SCJN, me parece necesaria una reflexión que se concentre más en el significado político de este episodio.
Ante los rumores de posibles cambios en la PPO, logrando un improbable consenso nacional en lo que eran tiempos electorales, todos los gobernadores del país —de todos los partidos políticos— enviaron a la Corte una petición para mantener la PPO tal y como está. Para mí, esta acción es una desoladora confesión de todo el sistema político de su incapacidad técnica y de su falta de perspectiva en materia de derechos. Pero también es una fotografía del estado actual del panorama político y, en particular, de la ausencia general de creatividad para atender los problemas públicos.
Ya lo decía Andrés Ruiz: “Los últimos años se tragaron nuestra imaginación política: o todo es cárcel o todo es transferencias; nadie habla de servicios, que es lo que sostiene a una comunidad”. Pareciera que lo de hoy son las salidas fáciles, lugares comunes y el populismo penal.
“Los delitos ambientales serán delitos graves”, decía la propaganda electoral del Partido Verde Ecologista. “Si se elimina la prisión preventiva oficiosa saldrán a las calles 68 000 delincuentes”, alarmó, basado en falsedades, un comunicado reciente de la Secretaría de Gobernación. Pero nadie explica lo que la PPO y el establecimiento de “delitos graves” en verdad implica: encarcelamiento masivo, perfilamiento racial, falta de verdad y justicia, y mantener un estado de cosas que incentiva que las fiscalías (antes procuradurías) lleven años sin saber investigar ni litigar ante un tribunal.
Los que claman por más prisión sin sentencia saben que lo que hacen es muy grave y arruina de manera gratuita miles de vidas. Muchas de estas personas (como la titular de Gobernación, los gobernadores y fiscales) que se han pronunciado desde el poder a favor de la PPO, son profesionales del Derecho. Pero, parafraseando al escritor Upton Sinclair, es difícil lograr que alguien entienda algo cuando su poder político depende de que no lo entienda.
En tiempos que, se supone, eran de definiciones y contrastes, preocupa en particular este consenso interpartidista para continuar con una medida incompatible con nuestro “orden democrático y de derechos”. Nadie en la clase política ha sido capaz de pensar en alternativas a la prisión automática cuando sí las hay. El problema es que éstas cuestan económica y políticamente.
En lo económico, porque la alternativa más sensata en lo inmediato sería lograr que las fiscalías cuenten con la solvencia técnica y las capacidades institucionales mínimas para que puedan demostrar, caso por caso, que una persona, por su situación particular, no debería enfrentar un proceso penal en libertad. En conjunto con todas las cuestiones administrativas y laborales que esto implicaría, una decisión de tal magnitud cuesta dinero.
Y en lo político —o debería decir, en lo electoral y en el ámbito de las relaciones públicas— porque la mano dura, el bukelismo y todas las demás representaciones pasadas, actuales y futuras del derecho penal del enemigo resultan populares en un amplio sector de la opinión pública. El número de detenciones, vinculaciones a proceso y autos de prisión se convirtieron en los indicadores de éxito de las políticas de seguridad.
En el último debate presidencial, quien hoy es la presidenta electa de México se pronunció a favor de la PPO. Y no sorprende: esa es la postura de la mayoría de la clase política, sin importar la posición en el espectro ideológico o programático.
Nadie niega que haya un problema grave de seguridad, violencias y violaciones a los derechos humanos que ameritan soluciones. Lo que sí debe decirse es que no toda solución es funcional o siquiera aceptable. Y es por ello que hay que insistir en la imaginación política y en la exigencia de respuestas estatales que se alejen del lugar común. Con tanta insistencia desde el poder en el sistema carcelario como única respuesta válida, parecería que los improvisados son quienes abogan por opciones alternativas. Pero no: la improvisación (y la irresponsabilidad) está en seguir apostando en favor de la opción fallida que representa la PPO.
En medio de este nuevo tablero político que se configuró el 2 de junio, está pendiente que la SCJN defina una postura y, con ello, el nuevo panorama legal y constitucional de la PPO en México. Por consiguiente, también está por verse si la clase política, en sus nuevos espacios de responsabilidad y representación, y contra todo pronóstico, acepta una eventual sentencia para empezar a construir alternativas de seguridad y justicia admisibles, opciones a la altura de la crisis de inseguridad e impunidad que acontece en México.
Gerardo Álvarez
Litigante e investigador. Se interesa por la intersección entre el derecho administrativo y las dinámicas de militarización.