México vive un proceso de descomposición política y social. El gobierno de López Obrador ha destruido muchos elementos del viejo orden sin construir uno nuevo. No se trata propiamente de un interregno, pues no se sabe qué clase de orden se quiere crear, ni la dirección del movimiento de cambio. Vivimos una especie de decadencia final de un orden autoritario que nunca se fue. Lo que emerge es la dura realidad del debilitamiento del Estado, su sustitución por órdenes informales locales y regionales, controlados crecientemente por grupos criminales, que van a jugar un papel central en las próximas elecciones. Si el país no vive aún una crisis económica es gracias a la integración a Estados Unidos, que ha generado una dinámica independiente a los ciclos políticos.
El proyecto del presidente López Obrador, la llamada 4T, ha consistido principalmente en un proceso sistemático de concentración del poder en la presidencia, minando poco a poco el poder que tuvieron en la transición los gobernadores, los poderes Legislativo y Judicial federales y los órganos autónomos. Asimismo, la concentración de poder ha afectado a ciertos poderes fácticos, como los grandes empresarios nacionales, los sindicatos corporativos y los liderazgos clientelares regionales. Este poder renovado de la presidencia ha impulsado un proyecto desarticulado, tardío e inviable de reconstrucción del poder económico del Estado, y un nuevo modelo de relación entre sociedad y Estado, basado en la generalización de subsidios a la población, que colocan a un tercio de la misma en una posición de dependencia política con el presidente, pero contribuyen a su sobrevivencia. Es innegable que a casi cinco años de gobierno las relaciones de poder político a nivel nacional y a nivel territorial han cambiado. Pero este proceso, que intentaba contrarrestar la fragmentación del poder político que resultó de la transición, se ha llevado a cabo de tal forma que ha generado varios efectos indeseables.
En primer lugar, ha profundizado la crisis de legitimidad del Poder Legislativo y atacado la del Poder Judicial. El Legislativo siempre ha sido visto como un poder ajeno a la ciudadanía, cooptado por las burocracias partidarias y escenario de pactos ocultos entre las fuerzas políticas. Dado que Morena, el partido oficial, tiene mayoría, el Legislativo ha devenido una oficialía de partes de la presidencia, como en los tiempos del autoritarismo priista. Sin embargo, como se trata de un poder electo, se le presenta cuando conviene como el depositario de la soberanía del pueblo, cuyas decisiones no pueden ni deben ser controladas por el Poder Judicial. Este último poder, más o menos sometido durante la primera mitad del sexenio, ha adquirido autonomía bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, y los jueces federales han tratado de poner límites al autoritarismo del gobierno federal y de los gobernadores, verdaderos jefes de los fiscales y procuradores de justicia locales. El ataque al Poder Judicial federal ha adquirido desde hace un año un tono autoritario y beligerante, en un intento de someterlo en el fin de sexenio a la voluntad presidencial para completar el proyecto de sometimiento de las instituciones.
En segundo lugar, la destrucción del viejo modelo de poder territorial ha conducido a una nueva forma de fragmentación, ya presente desde el principio de la transición. Como López Obrador quiere concentrar todo el poder, sus propios gobernadores carecen de poder real en los estados que gobiernan. De hecho, para ganar las elecciones tuvieron que recurrir, con contadas excepciones, a la ayuda de los viejos y nuevos poderes fácticos locales, léase los sindicatos corporativos, las élites económicas y los grupos del crimen organizado, es decir, recrearon el marco de alianzas de la fase anterior. Y no han contado con más presupuesto, ni con más poder ni autonomía, de tal forma que su debilidad está facilitando el empoderamiento de los grupos criminales. Este proceso ha fragmentado el poder territorial en una forma aun peor a la del pasado. Ante todo, la ausencia general de un proyecto de construcción de instituciones de seguridad y justicia profesionales a nivel estatal, ha dejado abierta la puerta a grupos criminales que viven su propia fragmentación, pero cuyo anclaje local los fortalece, mientras el gobierno federal apuesta a una Guardia Nacional que no puede combatirlos al carecer de inteligencia descentralizada y confiable y de instituciones policiacas y de justicia dignas de ese nombre.
En tercer lugar, la centralización del poder se ha llevado a cabo mediante la destrucción de las instituciones existentes, sustituyéndolas por un orden informal, opaco y militarizado. Si bien el viejo Estado estaba colonizado por diversos intereses privados, el “nuevo” Estado es un caos operativo y ha empoderado y politizado a los militares, en vez de construir nuevas instituciones libres de interferencia política directa. La apuesta a la solución de conflictos de manera casuística y arbitraria, o simplemente a dejarlos a su suerte, en una especie de anarquía desde arriba —que no sabemos si es deliberada o accidental— ha resultado en la agudización de todo tipo de conflictos locales y regionales, políticos y económicos para los cuales no hay instancias de atención. El nuevo orden es en realidad un desorden en el que han prosperado nuevos intermediarios informales, algunos tan siniestros como Julio Scherer (en las altas esferas), y otros reciclados del viejo régimen, como varios secretarios de gobierno estatales, igualmente siniestros, como el de Veracruz.
Es en este contexto que AMLO decidió adelantar la sucesión presidencial. Al parecer la intención era generar legitimidad al sucesor(a) y comprometerlo(a) a seguir su proyecto, haciendo de su peculiar elección primaria un concurso de elogios al líder. En la práctica, el proceso desató los monstruos que anidaban al interior de la “cuarta transformación”.
Para empezar, las campañas de las llamadas “corcholatas” han tenido que recurrir a los apoyos de toda clase de grupos de interés y de poderes fácticos en ausencia de reglas claras y de instituciones sólidas al interior de su propio partido. Los gobernadores han organizado acarreos para Claudia Sheimbaum, y Adán Augusto López ha financiado de manera misteriosa y sospechosa una gran campaña, mientras los otros candidatos han tenido claramente menos apoyo oficial y privado, aunque no han carecido por completo de él. Pero además, sin que se sepa la fuente de financiamiento, se ha gastado mucho dinero en un ejército de operadores de terreno, espectaculares y propaganda electoral digna de una verdadera elección. Muchos pactos y alianzas con factores de poder locales, legales e ilegales, se van tejiendo sin ningún control centralizado. Los actores políticos se posicionan frente a la sucesión y frente a las abundantes oportunidades de espacios políticos y de negocios que implicarán las múltiples elecciones, a todos los niveles, del año próximo.
Mientras tanto, en las filas del Ejército, empoderado como nunca antes en la historia por el propio presidente, anida otro tipo de límite al poder del líder. Se trata de la negativa del Ejército como institución a reconocer su responsabilidad política y penal en los abusos de derechos humanos que han tenido lugar en México durante las últimas décadas. Dos promesas de López Obrador que pretendían subsanar simbólicamente la falta de atención a la violencia criminal y la crisis de las desapariciones forzadas, a saber: resolver el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa —herida abierta en la sociedad mexicana—, y darle satisfacción post factum a los familiares de las víctimas de la guerra sucia, quedarán sin atenderse porque el Ejército ha decidido hacer valer su espíritu de cuerpo por encima de la ley, y el presidente López Obrador no ha podido superar ese veto porque necesita los servicios de las Fuerzas Armadas.
Si AMLO pensaba que la creación de una tardía comisión de investigación sobre la guerra sucia salvaría la cara del gobierno frente al fracaso del caso Ayotzinapa, también se equivocó. El Ejército no está dispuesto a conceder su responsabilidad en los excesos del pasado, alegando que obedecían órdenes superiores, esto es, de los presidentes de la época correspondiente. Hoy día, la orden superior que no obedecen las fuerzas castrenses es la de dar la información que requiere el país para entender el involucramiento militar en los excesos, tanto de la guerra sucia de los setenta, como en la guerra contra los cárteles en los últimos quince años.
Este es sólo un ejemplo de la sorprendente pérdida de poder del presidente en este último tramo de su gestión. No sólo ha perdido autoridad frente al Ejército, al que ha empoderado como nunca, sino incluso frente a los mismos grupos que componen a la élite en el poder.
Un caso ejemplar de desobediencia interna es el del secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, a quien el propio presidente ha solicitado dos veces renunciar si tiene interés en el cargo de gobernador, así como desmontar su vasta red de espectaculares en toda la entidad. No obstante, Cisneros no ha accedido a retirar sus anuncios ni ha renunciado, adoptando una actitud de rebeldía frente a la indicación presidencial. Era casi inimaginable pensar que esto fuera posible hace apenas dos meses. Claramente hay una pérdida de autoridad del presidente ante los grupos políticos que componen su régimen. Esto es una mala noticia para México, porque hablamos de una descomposición política que apenas empieza.
La inesperada emergencia de una potencial candidatura competitiva en la oposición, la de Xóchitl Gálvez, quien contra todo pronóstico ha empezado a constituirse en una verdadera amenaza para la 4T, ha roto los cálculos iniciales del presidente, que pensaba que la precampaña de Morena equivaldría a una especie de preelección, en donde el candidato(a) ungido(a) con mucha anticipación sería simplemente una especie de vicepresidente en la sombra en el último año de gobierno. Ante la inminencia de una real competencia electoral, el presidente empieza a perder la compostura.
Mientras tanto, en varios estados del país el poder del crimen es tal que ya se han creado varios Estados de facto en regiones muy amplias. Partes de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo son gobernadas en los hechospor distintos grupos criminales. Controlan el territorio, cobran impuestos a los productores agrícolas y ganaderos, a los comerciantes grandes y pequeños, a las empresas mineras, a los distribuidores de grandes empresas de alimentos y bebidas, a los locatarios de mercados, vendedores ambulantes, transportistas, taxistas, líneas de autobuses. Secuestran a personas con recursos, asaltan en las carreteras y en el transporte público. Para ello usan la violencia, compran o amenazan a las autoridades locales, y se alían con o controlan a las policías estatales y municipales, y destacamentos del Ejército y de la Guardia Nacional. Los grupos criminales secuestran jóvenes para alimentar sus ejércitos informales, y mantienen el orden interno por medios ultraviolentos y salvajes.
Todo esto pasa frente a nuestros ojos, a ciencia y paciencia del Estado, como si no hablar de ello en las mañaneras borrara del mapa esta trágica realidad.
Mientras el gobierno de la 4T pone sus escasos recursos en la urgente terminación de los megaproyectos del presidente, áreas completas del Estado colapsan. El sistema de salud es el caso más evidente, pero la ausencia del Estado se evidencia en la crisis hídrica y en la ambiental; en la ausencia de justicia y la generalización de la impunidad; en la corrupción cotidiana, tan parecida a la de siempre; en la frivolidad presidencial frente al crimen y la violencia; en la educación pública, abandonada a las ocurrencias de un grupo de improvisados.
Es sorprendente que los gobernantes piensen que no habrá costo electoral ante esta suma de desastres cotidianos. Se equivocan. Es cierto que no hay aún oposición, ni política ni social, que ponga en riesgo la hegemonía de Morena y de AMLO. Pero el hastío es evidente en las protestas diarias que tienen lugar en casi todo el país. Peor: la ceguera es tal que no se atiende la descomposición social y política causada por el empoderamiento del crimen y por la ausencia de Estado en casi todas las áreas. Las elecciones de 2024 tensionarán todas las fuerzas, pondrán a prueba a las debilitadas instituciones y acarrearán a todos los actores a una dinámica de polarización y confrontación que implicará grandes riesgos para nuestra precaria democracia.
Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.