Desde el primer minuto del 19 de agosto, trabajadores de los juzgados y tribunales del Poder Judicial federal cerraron los edificios de sus sedes de trabajo y entraron en paro de labores. La razón fue el rechazo al dictamen publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados la tarde del viernes 16 de agosto. Dos días después, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial federal se sumó a la suspensión de labores. Con estos eventos empezó a especularse sobre un paro inminente y total en Poder Judicial federal, incluyendo a su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bajo esa idea, el jueves 22 de agosto, el Colegio de Jóvenes Abogados de la Suprema Corte se posicionó a favor de las acciones emprendidas por todo el personal operativo y titulares del Poder Judicial federal, y convocó a una manifestación pacífica para que los trabajadores de la SCJN pudiéramos mostrar nuestro rechazo a la reforma venidera. Llegadas las tres de la tarde, las puertas de bronce pulido —de tres toneladas y media— fueron abiertas tras dos años de haber permanecido cerradas. Fue hasta ese momento en que, por primera vez, prácticamente todo el personal, con independencia del área o ponencia a la que se encuentran adscritos, salió por la escalinata principal y formó, codo a codo, una cadena humana alrededor del edificio para expresar un total rechazo a la reforma judicial. A la voz de “Se ve, se siente, la Corte está presente” no sólo se logró transmitir ese mensaje, sino también uno de unión y, para cada uno de nosotros, un sentido de pertenencia.
Esa pertenencia nos llevó a presentarnos en el Monumento a la Revolución y llegar hasta la Suprema Corte en la primera marcha contra la reforma judicial el domingo 25 de agosto. La fecha fue muy complicada, ya que la mitad de los accesos de la ciudad se encontraban cerrados para los maratonistas; sin embargo, acudieron trabajadores del Primer Circuito y miembros de la sociedad civil. Entre todos los que marchábamos a la voz de “el juez imparcial es de carrera judicial” y “no somos oposición, servimos a la nación” había ánimo y empatía.
La marcha quedó chica frente a la del lunes 26 de agosto, cuando cerca de 10 000 personas fuimos desde el palacio de justicia de San Lázaro hasta la Cámara de Diputados, con la intención de que los diputados recibieran a una comitiva para dialogar. Ese día, frente al recinto legislativo, nos esperaban granaderos —ello nos motivó a conseguir nuestro objetivo. No dejaban de escucharse consignas como “En dónde están, en dónde están, los diputados que nos iban a escuchar”. Por la noche, además, acudimos a la glorieta del Ángel con velas para solicitar, ante el monumento que representa la independencia, que no se socave la autonomía judicial.
Así, y ante la falta de pronunciamiento por parte de los ministros después de una semana de protesta, decidimos manifestar nuestro descontento. Nos situamos con pancartas alusivas al rechazo de la reforma en las escaleras y los pasillos del segundo piso, por donde tenían que pasar los ministros para llegar al Pleno. Alrededor de las 11:20 de la mañana, el ministro Pérez Dayán fue el primero en acudir, ante un silencio sepulcral del personal. Siguieron los ministros Aguilar Morales (quien agradeció las muestras de solidaridad), Pardo Rebolledo, Piña Hernández (quien incluso se detuvo a comentar la situación con algunos trabajadores), y Laynez Potisek, este último acompañado de González Alcántara Carrancá; todos ellos fueron aplaudidos por el personal de la Corte. Sucedió lo contrario con las ministras Ortiz Ahlf y Esquivel Mossa. Al paso de la ministra Ríos Farjat y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el personal permaneció en silencio.
Todos esperaban la reacción de la ministra Batres. Sabíamos que se encontraba en el estacionamiento y que se oponía a la manifestación; en los pasillos, su coordinador de ponencia se asomaba por todas las escaleras para avisarle por dónde podía subir. Sin embargo, ante la incapacidad de llegar al Pleno sin tener que darle la cara al personal, optó por huir del edificio y sesionar a través de Zoom.
Ante el anuncio de su abandono, el personal dejó las pancartas en la zona de murales y comenzó a entonar el himno nacional; desde dentro del Pleno, se ordenó la apertura de las puertas. Entre coros de “Se ve, se siente, la Corte está presente”, la mayoría de los ministros que conformaban el pleno aplaudió. Ante la solicitud de la ministra presidenta, el Pleno determinó suspender la sesión.
Al día siguiente se llevaron a cabo tres eventos. El primero fue en la UNAM, donde casi 5000 estudiantes marcharon desde la Facultad de Derecho hasta la sede de la Judicatura Federal. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal se unió a la marcha de los estudiantes. Destacó el primer mensaje dado por algún consejero o ministro: la consejera Lilia Mónica López Benites se unió a la manifestación con un cartel que decía “35 años en el PJF. Desde oficial judicial hasta juzgadora, NO soy corrupta”.
Mientras todo ello ocurría en Insurgentes sur, en el centro de la ciudad se manifestaba el personal de la Segunda Sala de la Corte. Durante la sesión privada, cuando llegó la ministra Batres, levantaron mensajes relacionados con el rechazo de la reforma judicial. La ministra ni siquiera levantó la mirada; el ministro Pérez Dayán agradeció las muestras de apoyo brindadas. El agradecimiento fue interrumpido por la “ministra del pueblo” quien le preguntó al presidente de la sala si se trataba de un posicionamiento oficial; también dijo que no le parecía ni el momento ni el lugar indicado para realizar este tipo de expresiones. Pérez Dayán dejó claro que no coartaría el derecho a la libre expresión de los trabajadores, y que quien quisiera expresar sus opiniones estaba en la libertad de hacerlo.
La ministra lo tomó como un reto. Citó a todo su personal para que bajara a la sala y mostraran diversas pancartas improvisadas. No obstante, ante el movimiento repentino de tanta gente en los pasillos de la Corte, el resto de ponencias pertenecientes a la Segunda Sala tomaron cartas en el asunto y bajaron al área de murales para respaldar a sus compañeros. Batres solicitó que su ponencia pudiera ingresar a la sala, por lo que Pérez Dayán ordenó la apertura de las puertas. Sin embargo, para sorpresa de la ministra, quienes ingresaron fueron los integrantes de las ponencias de los ministros Aguilar Morales, Laynez Potisek y Pérez Dayán. Con una voz entrecortada, Batres dijo: “Esos no son los de mi ponencia”.
El jueves, personal de la Suprema Corte tomó el edificio y sólo permitió la entrada de los ministros. De nueva cuenta se suspendió la sesión plenaria.
El domingo siguiente —1 de septiembre— estudiantes de distintas universidades se reunieron en el Ángel de la Independencia. De ahí partieron al Senado a externar su rechazo a la reforma. De este evento, además del número de participantes, destacó la participación del antes rector José Ramón Narro, del ministro en retiro José Ramón Cossío y, sobre todo, del actual ministro González Alcántara Carrancá, quien es el primero de los once en aparecer en este tipo de protestas.
Al día siguiente, los colegios de secretarios del máximo tribunal convocaron a todo el personal de la SCJN a votar para determinar si se unían al paro de actividades. La votación respaldó el cese de actividades de manera abrumadora.
La incapacidad de la Suprema Corte para emitir un pronunciamiento unificado sobre la reforma judicial es un síntoma claro de las profundas divisiones internas. La marcada afinidad de al menos tres ministras con la llamada 4T, sumada a las crecientes presiones políticas, ha comenzado a socavar la independencia judicial. La abierta militancia política de estas ministras ha convertido a la Corte en un reflejo de los conflictos partidistas. Por tal motivo, en los pasillos de esta Corte se dice que ya es tarde para pronunciarse o que no tendría ningún fin hacerlo. Sin embargo, estos pasillos del tercer piso fueron los mismos que el día miércoles vieron a un secretario, a dos días de su jubilación, encabezar a un grupo de trabajadores bajo el estruendoso grito de “sin color, sin partido, la justicia se ha impartido”.
Es por ello que interpretamos el silencio de la presidenta como estratégico. Así, ante lo poco alentadora que aparenta ser la situación, debe sobreponerse la unión del pueblo mexicano con esta institución, que busca la defensa de los derechos humanos. En palabras del ministro Aguilar: “Somos servidores de la Ley Suprema para poder ser libres”. En estos momentos cruciales, la unidad y la determinación de la sociedad civil son más importantes que nunca. No permitiremos, como poder garante de derechos humanos, que la justicia sea sometida a intereses partidistas. Juntos, defenderemos la independencia judicial y los derechos de todos los mexicanos.
Diana Laura Rouzaud Anaya y Mauricio González Alcántara
Abogados y trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación