¿Se puede dividir al conocimiento científico en puro y práctico?, ¿se puede desmembrar a la ciencia en básica y en aplicada? ¿En sociedades como la nuestra, caracterizadas por grandes contrastes socioeconómicos, se deben imponer a la comunidad académica directrices en favor de la solución de los problemas nacionales? Friedrich Schiller, el gran poeta del romanticismo alemán, no solo se dio tiempo para escribir la Oda a la alegría y una magnífica María Estuardo, sino también libros y ensayos sobre historia, en donde afirmó que la ciencia es una diosa, no una vaca a la que hay que ordeñar para producir mantequilla. El célebre médico y biólogo Claude Bernard, quien no se arredró frente a los problemas filosóficos, intentó zanjar la cuestión afirmando en que no hay ciencia pura y ciencia aplicada, sino ciencia de poca calidad y ciencia bien hecha. A medida que la investigación científica se fue institucionalizando a lo largo del siglo XIX, las disputas sobre el carácter y los objetivos de la investigación se intensificaron, y con ellos la discusión sobre la responsabilidad del Estado en guiar los caminos y objetivos de las ciencias.
El debate se acentuó luego de la Revolución Rusa. Contra lo que algunos creen, los bolcheviques no tenían una actitud anticientífica, sino que pretendían destruir el aparato científico que habían heredado del régimen zarista para ponerlo al servicio de la revolución. Lenin había dicho que comunismo es socialismo más electricidad, y poco a poco, con la ayuda de Alexei N. Bakh, un brillante químico que luego de un exilio que se prolongó durante varias décadas regresó a Moscú en 1917, inició la reorganización del aparato científico soviético. En 1927 Bakh se convirtió en fundador y dirigente de la Asociación General de los Trabajadores Científicos y Técnicos para el Avance de la Construcción del Socialismo, que tenía la intención de controlar la Academia de Ciencias de Rusia y desarrollar una ciencia basada en el materialismo dialéctico, con sentido social y orientada hacia la solución de problemas prácticos sin desdeñar áreas como la biología evolutiva, las matemáticas y la astronomía.
No todos los bolcheviques pensaban igual. Trotsky no era un demócrata, pero era inteligente, culto y cosmopolita, y compartía el interés por los avances científicos que caracterizó a Marx pero sobre todo a Engels. En 1925 inauguró en Moscú un congreso internacional de químicos, y afirmó que
…ustedes están aquí en medio de las celebraciones del 200 aniversario de la fundación de la Academia de Ciencias. La relación entre su Congreso y la Academia se fortalece aún más por el hecho de que la química rusa no está en el último lugar de los logros que han dado fama a la Academia. Aquí tal vez sea apropiado plantear la pregunta: ¿Cuál es el significado histórico de las celebraciones académicas? Evidentemente poseen un significado que va mucho más allá de las meras visitas turísticas a museos y teatros o la asistencia a banquetes. ¿Cómo podemos medir esta importancia? No sólo por el hecho de que los científicos extranjeros, que amablemente aceptaron nuestra invitación, hayan tenido la oportunidad de comprobar que la Revolución, lejos de destruir las instituciones científicas, por el contrario las ha desarrollado… Pero el significado de las celebraciones académicas es mucho mayor y más profundo. Yo lo formularía de la siguiente manera: el nuevo Estado, una nueva sociedad basada en las leyes de la Revolución de Octubre, toma posesión triunfalmente, ante los ojos del mundo entero, del patrimonio cultural del pasado.
Luego de desmenuzar minuciosamente la obra de Mendeléyev, Trotsky subrayó, de forma tajante, que un científico que lleva a cabo sus investigaciones sin preocuparse por su significado social, en realidad está llevando a cabo una obra de enorme significado social. No tuvo tiempo de ver si la realidad confirmaba su afirmación en la Unión Soviética, porque pocos años más tarde Trotsky fue exiliado por Stalin, cuyo desprecio por la democracia corría paralelo a una mentalidad pueblerina, sin interés en la cultura y mucho menos en la ciencia. Dueño absoluto del poder político, con la ayuda de seguidores como Lysenko, Prezent y otros más, Stalin fue tomando el control del aparato científico gracias a purgas y asesinatos que dejaron una estela de tragedias que algunos se empeñan en olvidar. Es una
historia trágica, pero las consecuencias siguen reverberando aún para el caso de Latinoamérica y, en particular, para México mismo.
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Poco tiempo después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, Andrei A. Zhdanov, consuegro de Stalin y uno de los ideólogos más importantes de la URSS, afirmó que el mundo se encontraba dividido en dos grandes campos: el soviético y democrático, por un lado, y el estadunidense e imperialista, por el otro. Esa visión binaria, afirmaba Zhdanov, se extendía a los campos de la cultura y la literatura, pero llevaba mucho tiempo discutiéndose entre los especialistas en ciencias naturales y exactas. Luego del triunfo bolchevique, en la urss se generó una discusión sobre el desarrollo de una ciencia socialista ajena a las necesidades y metodologías definidas por el capitalismo.
En abril de 1931 Nikolai Ivanovich Bukharin se dirigió a los asistentes de la Conferencia de la Unión para la Planificación del Trabajo Científico, y sin ambages les dijo que “los trabajadores soviéticos, que están sacrificando su bienestar por el futuro de la Patria… tienen la obligación histórica de enviar a la guillotina, ya sea de manera real o figurada, a los provocadores, a los saboteadores, a los agentes que están al servicio del imperialismo”, y agregó que “todos los técnicos, los ingenieros y los científicos deben comprender que la historia les está obligando una vez más a escoger entre dos opciones, y que todos y cada
uno de ustedes debe elegir con firmeza de qué lado está”. Las amenazas de Bukharin causaron tal inquietud entre los asistentes que el propio Mólotov, se sintió obligado a tranquilizarlos, pero sin dejar de insistir en que tenían la obligación de trabajar en los objetivos del primer Plan Quinquenal de Stalin.
Dos meses más tarde una delegación soviética encabezada por el propio Bukharin llegó a Londres para participar en el Segundo Congreso Internacional de Historia de la Ciencia. Lo que estaba planeado como un evento académico fue visto por John D. Bernal, como “la confrontación de ideas más importante que ha tenido lugar desde la Revolución de Octubre”. Exageraba, pero la profundidad de los trabajos de Abraham F. Joffe, Nikolai I. Vavilov y, sobre todo, de Boris M. Hessen, cuya extraordinaria ponencia sobre las raíces socioeconómicas de los Principia de Newton se sigue considerando un hito en la forma en que entendemos la historia de la ciencia. Esta perspectiva resonó rápidamente en izquierdistas ingleses extraordinariamente talentosos como J. D. Bernal, J. B. S. Haldane, J. T. M. Needham y otros más, y llevaron a crear lo que hoy conocemos como la “ciencia de la ciencia”.
Según Bernal, el diálogo con los investigadores soviéticos no sólo demostró la relación de la ciencia y la tecnología con las fuerzas productivas y la obligación de los científicos para adherirse al socialismo, sino que también subrayaba la necesidad de dejar en manos del Estado la planificación y el control de la investigación científica. Producto de esas reflexiones fue su libro de 1939 The Social Function of Science, en donde volvió a insistir en el compromiso social de la comunidad científica y reiteró la idea de que el aparato científico fuera controlado por el Estado —y si es un Estado comunista, mejor. Bernal pretendió hacer así a un lado la idea de la libertad de investigación científica, como lo había definido desde varias décadas atrás Lord Richard Burdon Haldane, un abogado y filósofo laborista, cuya visión sigue resonando en el mundo académico como un modelo de la relación entre científicos y poder político.
No todos estuvieron de acuerdo con Bernal, y muy rápidamente John R. Baker, un biólogo que había coqueteado abiertamente con la eugenesia, y Michael Polanyi, un físico químico húngaro que había encontrado refugio en Inglaterra, fundaron en 1940 la Society for the Freedom of Science. Para entonces Bukharin ya había sido fusilado por órdenes de Stalin, la policía secreta soviética había asesinado a Hessen de un tiro en la cabeza, y Vavilov languidecía en la cárcel adonde lo envió la furia de Lysenko, y donde habría de morir hacia 1943.
El talento y la cultura de Bernal son legendarios, pero sus ideas sobre la evolución histórica de la ciencia y su regulación por el Estado, que debieron ser el punto de partida para una discusión sobre el papel de la ciencia en países afligidos por enormes desigualdades socioeconómicas, durante la Guerra Fría quedaron transformadas en un vestigio paleontológico por una izquierda que aceptó sin chistar el esquema de Zhdanov. Es difícil exagerar el papel que la obra de Bernal ha tenido en los debates sobre la ciencia en nuestro país. Esta visión simplista fue promovida por muchos investigadores legítimamente preocupados por el imperialismo estadunidense y por el macartismo, pero fueron muy pocos los que intentaron articular opciones democráticas que permitieran eludir el peso del dogmatismo.
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Al igual que muchos políticos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador nunca manifestó interés en el desarrollo de la ciencia mexicana. Siendo todavía candidato, hizo pública su decisión de nombrar a la Dra. Elena Álvarez-Buylla como directora del Conacyt. Como ha relatado Javier Flores, en realidad ella entró como bateadora emergente a la muerte de
René Drucker, que llevaba muchos años reflexionando sobre la política científica mexicana. Se puede coincidir o no con las ideas que Drucker tenía, pero no era un improvisado. Antes de tomar posesión, Álvarez-Buylla sorprendió a todos al exigir que el Conacyt cancelara los convenios que se habían firmado con distintas instancias y suspendiera la entrega de recursos previstos por los acuerdos ya existentes. Ya como Directora General del Conacyt, el tono panfletario de sus declaraciones provocaron primero sorpresa y luego hilaridad cuando comenzó sus diatribas en contra de la ciencia occidental, racionalista, hegemónica
y dominante, o algo así. Las afirmaciones provocaron una mezcla de dudas e incredulidad, pero pronto fueron seguidas de sorpresa y desconcierto ante las acciones que emprendió.
Las dudas comenzaron a disiparse cuando se conocieron algunos de los primeros nombramientos que la Dra. Álvarez-Buylla hizo en el Conacyt. Uno recayó en una Licenciada en Moda (sic), y otro en una seguidora de la “astrología racional” (sic). Invocando la política de austeridad ordenada por el Presidente, el Conacyt muy pronto decidió cortar de tajo el apoyo económico a sociedades y academias científicas, a redes temáticas como la de virología, y certámenes extraordinariamente exitosos, como las Olimpiadas de Matemáticas, Biología y Química, cuya contribución a la promoción de vocaciones científicas en niños y jóvenes está bien probada y que reflejaban, como lo escribió hace muchos Carl Sagan, un proceso de democratización de la cultura científica.
La incontinencia acusatoria y los intentos de linchamiento mediático promovidos por la Dra. Álvarez-Buylla en contra de sus críticos alcanzó niveles escandalosos cuando el análisis de los errores de las administraciones del Conacyt que la precedieron fue substituido por un recuento ideologizado pleno de rencores e inexactitudes, con acusaciones de irregularidades administrativas y fraudes económicos que siguen sin demostrarse. Paralelamente a ello procedió al desmantelamiento del aparato administrativo del Conacyt provocado por los despidos de funcionarios de carrera y su substitución por personas elegidas más por razones de incondicionalidad política que por su eficacia, lo que es un reflejo de la ausencia de un modelo administrativo que refleje un proyecto de desarrollo científico y académico sólido.
Es difícil saber si los empeños de la Dra. Álvarez-Buylla por controlar al aparato científico mexicano provienen de las enseñanzas del viejo modelo estalinista, o si llegó a ellas por convergencia, pero es imposible evitar las comparaciones. A la directora general del Conacyt le gusta salpicar sus arengas con términos huecos como el de “equidad epistémica” y, sin llamarlo por su nombre, apelar al nacionalismo étnico para justificar su aspiración a transformar y controlar a la ciencia mexicana.
Sin embargo, no ha logrado disipar la pestilencia autoritaria que se desprende de los agravios y ofensas que ha cometido contra la comunidad académica. La lista es larga e incluye la supresión de disciplinas como la biotecnología, la definición unilateral de los llamados Programas Nacionales Estratégicos o Pronaces, la remoción injustificada de directores de centros públicos de investigación y la imposición ilegal de autoridades en el cide, la asignación arbitraria de proyectos de investigación, las modificaciones extemporáneas a los reglamentos del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores (sni), la tentativa fallida de expulsar del sni a los investigadores que laboran en las instituciones privadas, la pretensión canallesca de retirar las becas de posgrado a estudiantes embarazadas y, más recientemente, la letanía de mentiras con las que ha intentado desacreditar a los estudios de posgrado de las instituciones de educación superior. En lo que se puede ver como un abuso de poder, sustituyó la crítica de las administraciones anteriores del Conacyt con acusaciones sin sustento en contra de 31 científicos y antiguos funcionarios de la dependencia a los que, en connivencia con el fiscal de la Nación, el Dr. Gertz Manero, intentó encarcelar en un penal de alta seguridad. ¿Favor con favor se paga? Para sorpresa de muchos creó una comisión dictaminadora que nombró al Dr. Alejandro Gertz Manero, el Fiscal de la Nación, como Investigador Nacional Nivel III, y en un acto de impudicia intelectual sin precedentes, el Conacyt de Elena Álvarez Buylla terminó legitimando al plagio como una modalidad académica. Luego de un largo y doloroso proceso legal, se demostró que las acusaciones eran falsas y los 31 inculpados fueron exonerados del todo.
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Los intentos de modificar y controlar al aparato científico mexicano provocaron más de un episodio jocoso. Llevada por sus ímpetus transformadores, Álvarez-Buylla propuso en 2021 lo que llamó “Agenda de Estado” como parte de su Anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. ¿En qué consiste la Agenda de marras? Como ella misma escribió, en primer lugar
en reconocer los riesgos y limitaciones de la Tecnociencia, una dominación corporativa que ha despojado a los pueblos del quehacer científico, y que se puede entender como un sistema en el que la ciencia, ahora entrelazada a la técnica, se convierte en un medio de dominación por parte de una dictadura financiera y de las corporaciones multinacionales.
Y en segundo término rescatar y aplicar para el caso mexicano la llamada “República de la Ciencia”, basada, como la Dra. Álvarez-Buylla afirmó, en la propuesta que hizo Michael Polanyi en 1962. Polanyi es reconocido como uno de los pensadores más importantes sobre la naturaleza del conocimiento científico y la estructura social de la ciencia. Cuando Elena Álvarez-Buylla comenzó a promover sus ideas, era evidente que se había dejado seducir por la idea de una República de la Ciencia, sin haber estudiado las propuestas de Polanyi. Como mostró hace más de diez años Elena Aronova, una historiadora de las
ciencias, Michel Polanyi utilizó el modelo del mercado para explicar la estructura social del aparato científico. Ávido defensor de la noción de «libre empresa» en la ciencia, Polanyi comparó el funcionamiento del mundo científico con el del mercado libre: “la investigación individual e independiente es … coordinada por un medio común que cumple en el ámbito de la ciencia la misma función que el mercado para un sistema de libre empresa’’. Como sostenía Polanyi, el “fin de la ideología” buscaba “asegurar una base postmarxista para el liberalismo en todo el mundo” —una visión que ciertamente va en sentido contrario a las
políticas del Presidente López Obrador y a las preferencias de la misma Dra. Alvarez Buylla.
Como cuenta Elena Aronova, en 1967 Michel Polanyi le envió una carta a Raymond Aron en donde, al comentar el apoyo que el gobierno estadunidense había dado en forma subrepticia a sus esfuerzos, escribió que: “…si hubiera sabido de su existencia, yo gustosamente habría servido a la cia en los años posteriores a la guerra. Nos enfrentábamos a una locura generalizada, apoyada por un imperio y organizada como
una conspiración”, escribió Polanyi, y continuó afirmando que
en los años posteriores a 1950 reivindicábamos la libertad intelectual enfrentando una falange de intelectuales estalinistas o estalinistas a lo largo y ancho de Europa, libertad que fue despreciada y ridiculizada por quienes ahora nos obligan a despedir a Mike Josselson, porque él había aceptado el apoyo de funcionarios estadunidenses de ideas afines, que
apreciaron los ideales por los que estaba luchando….
¿Una funcionaria de la Cuarta Transformación nombrada por el Presidente mismo apelando a las ideas de un defensor de la Cia? Cuando estos documentos se comentaron en la prensa nacional y en algunas charlas, la Dra. Álvarez-Buylla prefirió guardar un discreto silencio y no volvió a mencionar las ideas de Polanyi sobre la República de la Ciencia…
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¿Cuáles son los resultados de la política de ciencia y tecnología en el gobierno de López Obrador? Los saldos, me temo, son extraordinariamente negativos. Habría que comenzar subrayando el desarrollo de una atmósfera anti-intelectual fomentada por el presidente mismo, el debilitamiento del laicismo como un componente esencial del pacto social de la República y, desde luego, las propuestas populistas de acceso a la educación superior y creación masiva de nuevas universidades que no contemplan a la investigación como un componente esencial en la formación de profesionistas.
A las promesas nunca cumplidas del Conahcyt de ventiladores y promoción de vacunas durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, habría que agregar una larguísima lista de agravios en contra del aparato científico mexicano y de muchos investigadores, incluyendo el desmantelamiento del aparato administrativo del Conacyt provocado por los despidos de funcionarios de carrera y su substitución por personas elegidas por razones de incondicionalidad política; la substitución del análisis crítico de las administraciones anteriores por un recuento ideologizado pleno de rencores e inexactitudes; una sucesión de escándalos que reflejan la ausencia de un modelo administrativo que refleje un proyecto de desarrollo científico y académico sólido; los recortes presupuestales, que incluyen la pérdida de derechos laborales de investigadores y limitan la renovación de la planta académica; la centralización del poder político en la Directora General del Conacyt mismo, lo que refuerza la endogamia ideológica y política del aparato actual; el debilitamiento presupuestal de sociedades y asociaciones académicas; la ausencia de un proyecto de divulgación y de difusión científica que promueva vocaciones académicas; y el debilitamiento de la evaluación por pares, que históricamente representa el proceso de independencia del conocimiento científico de los poderes religiosos y políticos.
El resultado ha sido la contracción más dramática que ha sufrido el aparato académico en los últimos años, reflejada en las reducciones presupuestales y la ausencia de un modelo de crecimiento adecuado. Estoy convencido de que las dos herencias más terribles que nos
deja el Conahcyt de Elena Álvarez-Buylla es la Ley en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación cuya aprobación fue resultado de un proceso de simulación, demagogia y engaños que violó los procedimientos formales y terminó falsificando el número de votos. La ley establece un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado que elimina la evaluación de pares, deja al aparato científico en un limbo presupuestal e impone prioridades desde una Junta de Gobierno que excluye a las universidades públicas y privadas, pero que incluye a las secretarías de Marina y Defensa Nacional.
Lo que no debemos olvidar es que, con la imposición de la nueva ley, se perdió la oportunidad de discutir y remediar los defectos y limitaciones del marco legal que había regulado al aparato científico nacional durante veinte años. En lugar de lamer nuestras heridas, mientras aguardamos la declaración de inconstitucionalidad, debemos aprovechar este periodo para proponer alternativas que permitan generar un nuevo marco jurídico adecuado a las necesidades y retos de la ciencia mexicana. La otra lesión no se podrá sanar con medidas legales, y se trata de la mayor fractura que han sufrido en los últimos años las relaciones de los investigadores con los responsables de la política científica de la Nación, que se refleja en un proceso de polarización al interior de la comunidad académica y que es extraordinariamente dañino.
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En la década de 1960-1970, cuando comenzó a gestarse la estructura actual del aparato científico mexicano, a nivel mundial se empezó a visibilizar el fenómeno de la llamada Big Science en áreas como la física, la biología molecular, la astronomía, y las ciencias de la Tierra. Se trata de grandes proyectos multinacionales, con inversiones económicas y sociales mayúsculas, con objetivos a mediano y largo plazo. Este fenómeno marca, en realidad, el comienzo del fin de una forma de hacer investigación científica, pero las consecuencias que tiene para el aparato científico mexicano han sido básicamente ignoradas por los analistas. ¿Qué es la Big Science? Gracias a una intuición extraordinaria, en 1963 Derek J. de Solla Price escribió un pequeño libro titulado Little science, big science, en donde afirmó, con envidiable humor inglés, que de continuar el crecimiento científico al ritmo que veía, en poco tiempo tendríamos “dos científicos por cada hombre, mujer, niño y perro de la población, y deberíamos gastar en ellos el doble de dinero que teníamos. Por lo tanto, el fin del mundo científico está a menos de cien años de distancia”.
El mundo científico no llegó a su fin, pero el crecimiento previsto por De Solla Price ha dado como resultado una serie de fenómenos que definen el contexto internacional en el que se mueve la ciencia mexicana. Incluye la imposición de modas científicas definidas por unos pocos polos de poder académico; la concentración de las grandes publicaciones científicas en unos pocos monopolios; modelos gerenciales de organización del trabajo científico; reducción de la inversión pública en la investigación académica en las grandes potencias científicas; y un desdén creciente hacia la investigación en ciencias sociales y a las humanidades, que en términos generales afortunadamente no afecta a México.
La comunidad académica vive sometida a la tiranía de la Web of Science, pero bien podríamos voltear a ver los documentos que resultaron de la San Francisco Declaration on Research Assessment, que hace una docena de años hizo un análisis crítico de los mecanismos de evaluación del trabajo científico. También deberíamos asomarnos a las nuevas propuestas para evaluar las universidades del Reino Unido que, como describió Science hace unos meses, buscan una redefinición de la excelencia científica que se aparte de la sobrevaloración de artículos publicados por unos pocos en revistas de prestigio, para enfocarse en la generación de ambientes académicos, la formación de nuevos investigadores, y la producción de software y bases de datos de acceso libre.
No podemos repetir los mismos errores ni de sexenios anteriores ni del que ahora concluye. Necesitamos diseñar políticas científicas que recuperen y refuercen la evaluación de pares, reviertan el proceso de militarización y restablezcan el papel de las universidades públicas y privadas en la definición de las líneas de investigación, pero que también hagan frente a la precariedad laboral de los investigadores jóvenes y a los desequilibrios de género. Uno de los problemas más severos que enfrentamos es la falta de empleos para los investigadores jóvenes, que ante la ausencia de perspectivas laborales emigran o quedan limitados a impartir cursos sin sueldos decorosos y sin posibilidades de acceder a plazas de tiempo completo que les permitan desarrollar su potencial académico. Como lo demuestran las protestas de científicos en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, no es un problema exclusivo de México.
Muchos creemos que el progreso democrático en las sociedades contemporáneas requiere de aparatos académicos que incluyan la investigación científica como una opción de desarrollo individual y colectivo. El derecho de la población mexicana a gozar de los beneficios del progreso científico y la innovación tecnológica vuelve indispensable la articulación entre la educación y la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, en nuestro país el desarrollo científico ha estado limitado por la falta de continuidad política, es decir, la ausencia de proyectos y políticas transexenales. La prosperidad de una nación no se puede medir sólo por el producto interno bruto, sino que es indispensable considerar los derechos humanos, el bienestar social, la relación con el medio ambiente y el acceso a la cultura y la ciencia. Es imposible concebir el desarrollo científico de México en ausencia de programas educativos que partan de los niveles más elementales de la enseñanza y que culminen con maestrías y doctorados, que tienen que ser complementados con una política nacional transexenal de creación de empleos académicos y desarrollo de las instituciones de investigación. Lo que la clase política mexicana necesita comprender es que la ciencia no es ni diosa ni vaca, sino un componente esencial de una sociedad moderna y más igualitaria.
Antonio Lazcano Araujo
Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional.
La ciencia perdida. Coord. Rafael Pérez Gay. México: Ediciones Cal y arena, 2024, 232 p.
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