Hemos entrado a la temporada de campañas electorales, y la clase política en su conjunto, monopolizadora de la voz pública en nuestro país, se encuentra abocada a la distribución de candidaturas, consecución de recursos y organización de ejércitos de operadores electorales. Los grandes problemas nacionales pueden esperar a que pase esta avalancha: tal es el mensaje que recibimos los ciudadanos. Este es el mejor escenario posible para el presidente López Obrador, cuyo trabajo principal consiste en ocultar los problemas y proyectar la imagen de un mundo feliz, mientras los mexicanos de a pie vivimos toda clase de dificultades y sufrimos la ausencia radical del Estado.
En efecto, las tragedias cotidianas se acumulan, sin resolverse ni atenderse. Acapulco va quedando en mera pesadilla pasajera, como si no hubiera sido y siguiera siendo una dramática tragedia nacional que obligaría a realizar campañas permanentes de solidaridad. El metro de la CDMX está colapsado en varias líneas y el transporte público es una catástrofe en casi todas las ciudades del país. La violencia criminal sigue azotando a los pobres de casi todos los estados, y la impunidad de todo tipo de delitos es mayor a la experimentada en los gobiernos de la transición. Hay una crisis humanitaria por la imparable y desatendida inmigración de tránsito. Nada de eso merece la atención presidencial. Eso sí, hay una política especial para ocultar y maquillar las cifras de desapariciones forzadas a nivel nacional, como la ha habido desde hace tiempo para disminuir las cifras de delitos en la Ciudad de México. Hay una deliberada minimización de la brutal escasez de medicamentos en el sector salud, el cual acumula la más patética cadena de desaciertos en materia de política pública en el actual gobierno. Hay una práctica sistemática de desinformación sobre los múltiples problemas en los estados y municipios del país, de los cuales tenemos alguna noticia cuando las víctimas y afectados de la ausencia de Estado toman carreteras, edificios y calles en las ciudades. La fragmentación del poder y la ineficacia del Estado se expresan también en el hecho de que, como si estuviéramos en el siglo XIX, ya no se puede circular con seguridad por muchas de las carreteras del país, tomadas en forma creciente por distintos grupúsculos del crimen organizado. La ingobernabilidad es patente en vastas regiones del país, desde Chiapas hasta Sonora. Sin embargo, ningún problema se atiende, sólo se le patea hacia adelante. Incluso el caso Ayotzinapa ha quedado en el limbo, una vez que el presidente entendió que no se podía resolver sin abrir por completo la caja de Pandora de la complicidad entre Ejército, policías, autoridades locales y crimen organizado.
En el mundo ideal del presidente de la República, nada de esto existe, o son problemas pasajeros y menores. Hay un conjunto de estrategias narrativas que le permiten a AMLO navegar las enrarecidas aguas de la realidad cotidiana, ocultándola del escrutinio público. La primera y más obvia y estudiada es la del monopolio de la agenda, de la palabra y del tiempo mediático mediante su disciplinada y controlada aparición diaria en las “mañaneras”. Como es sabido, el contenido de esas “presentaciones” es luego reproducido, magnificado y amplificado por todos los medios posibles, digitales, físicos y discursivos, incluso de boca en boca. López Obrador ha creado una forma del lenguaje que simplifica los problemas, sus causas y las soluciones, proporciona un diagnóstico elemental de los mismos (todos atribuidos al neoliberalismo de los pasados treinta años y a la corrupción de la clase política), y crea una imagen del Estado que subraya su carácter paternal y personalista. El Estado es, en síntesis, el presidente, cuyos ojos todo lo ven, sus oídos todo lo escuchan, y su voluntad todo lo puede. El Estado se simplifica al máximo, pues en realidad consiste tan sólo en un aparato de ejecución de las órdenes que brotan de la voluntad presidencial, por lo demás infalible y siempre justa.
López Obrador ha perfeccionado un estilo populista de producción de legitimidad. Se trata no sólo de controlar la agenda, sino de crear una explicación de la realidad reducida a un conflicto entre el bien y el mal, representado el uno por el “pueblo bueno” y el otro por una élite difusa pero perversa. Junto a ello viene un sentido de misión, una tarea épica: producir una transformación histórica, cuyo sujeto es el líder. Todo lo que se oponga a su voluntad es por tanto un imperdonable obstáculo a la felicidad del pueblo. De ahí su desprecio por las leyes e instituciones, cuyo poco valor simbólico para la población precede a su gobierno, por cierto. Todo esto es poco original, pues es un guión común a toda forma de populismo.
Para mantener viva tanta ilusión, el líder debe crear continuamente imágenes de la felicidad prometida, basada en la recuperación del estatismo desarrollista. En esto López Obrador es un tradicionalista. Las obras públicas son, según él, la herencia de los grandes gobernantes. Los trenes se han convertido en la marca distintiva de su gestión, y el destino principal de los escasos recursos públicos. Los trenes se ven, y mucho. La salud no se ve, por lo que no le ha dado ninguna importancia. Sí en cambio a la apertura de cuarteles de la Guardia Nacional, su gran solución (fallida) al tema de la seguridad. Y ante todo, se ha rodeado de un pueblo agradecido por los subsidios a los adultos mayores y a un sector de los jóvenes. La otra gran apuesta, la refinería de Tabasco, no ha podido cumplir una función legitimatoria. Más importante ha sido su infatigable capacidad para hacer giras cada fin de semana al interior del país, y su inventiva para rendir cada tanto “informes” de su gestión, todo lo cual produce la ilusión de la cercanía con el pueblo, aunque todos sus actos sean meramente aclamatorios.
Sin embargo, toda estrategia se desgasta con el tiempo. Los problemas no desaparecen por decreto. Por tanto, hay que inventar continuamente nuevos enemigos del pueblo, como ha sido el caso del INE en su momento y más recientemente de la Suprema Corte de Justicia. Hacia el final de su mandato, los escasos límites a su discrecionalidad pesan más que antes, y AMLO ha decidido que su herencia debe ser la completa anulación de la autonomía política del Poder Judicial y el control total del Poder Legislativo. Para ello debe obtener un triunfo absoluto en las elecciones de 2024, como si en ellas compitiera por la reelección.
En la coyuntura electoral, López Obrador trata de resolver dos problemas a la vez. De un lado, el proceso electoral mismo proporciona el método más eficaz de distracción de la opinión pública. Por otro, la sucesión debe ofrecer una solución al tema clave de la continuidad de su régimen populista, basado hasta ahora enteramente en su persona. Como el carisma no se hereda, López Obrador ha debido diseñar un método de sucesión que garantice orden interno en su coalición y legitime la continuidad de su mando, así sea a distancia. Su gran objetivo es convertirse al finalizar su gobierno en un líder moral capaz de mediar cualquier conflicto y de garantizar que la siguiente presidenta continúe su proyecto.
López Obrador es un extraordinario estratega político, conocedor profundo tanto de las miserias de la clase política como de las pulsiones populares. Gracias a ello ha logrado cooptar a cientos de políticos de todos los partidos hasta convertir a Morena en un partido abrumadoramente mayoritario, que ahora aspira a tornar en hegemónico. A este fin ayuda la división y profunda incapacidad de renovación de los partidos de oposición. Con notable maestría ha jugado con los tiempos electorales y convertido su sucesión en la más exitosa estrategia de invisibilización de los grandes problemas nacionales, a la vez que obliga a Morena y a sus candidatos a ser sus clones y a demostrar, cual acto de fe, que son los más fieles seguidores del gran líder.
López Obrador adelantó el proceso sucesorio casi un año con el fin de evitar guerras intestinas en su partido, posicionar en el mercado político a su sucesora y obligar a la oposición a ceñirse a sus tiempos. Violando abiertamente una ley electoral que él mismo impuso en 2014, AMLO inventó una especie de elecciones primarias en su partido (que no lo fueron), para que todos los contendientes creyeran que tenían posibilidades de hacerse con las candidaturas, obligándoles a dejar sus puestos en el gobierno y por tanto debilitándolos en el proceso. Esta perversa estratagema parecía darles reconocimiento a los políticos más visibles del régimen, al tiempo que los obligaba a gastar su capital político y económico en una competencia incierta, de tal forma que al final de la misma los perdedores terminaron borrados del mapa político, sin capacidad de plantear rebeliones creíbles contra la voluntad del líder. El caso más patético fue el de Marcelo Ebrard, quien sobreestimó sus fuerzas y no supo romper a tiempo.
El show de las seudoprimarias de Morena distrajo a la opinión pública, obligó a los distintos grupos y corrientes internas a salir a la superficie, a transparentar las alianzas y pactos que los sustentaban y a mostrar las ambiciones personales de los políticos profesionales, tanto de escala nacional como local. La radiografía política de Morena no podría haber sido más perfecta. Este procedimiento además dio la apariencia de ser participativo y democrático, al dar oportunidad de competencia a todos. Pero como no hubo elecciones reales, sino que se aplicó el método de encuestas, la decisión final de la designación recayó en la sola persona del líder, quien estableció las ponderaciones que quiso y al final utilizó inteligentemente los criterios de paridad de género acordados por el INE y avalados por el TEPJF para no conceder las candidaturas a gobernadores a algunos personajes que no le gustaban, especialmente Omar García Hartfuch en el caso de la CDMX. Esta genial estrategia le permitió afirmar su absoluto comando sobre el partido, hipotéticamente entregado a la candidata presidencial Claudia Sheimbaum, y evitar divisiones internas.
Mientras tanto, la oposición debió también ajustarse a los tiempos electorales definidos por AMLO, y por tanto sumarse a la violación de la ley electoral, de tal forma que sus denuncias de anticipación de campañas contra Morena perdieron validez moral y quedaron en letra muerta. El IFE y el TEPJF se hicieron de la vista gorda y confirmaron que las leyes y autoridades electorales son pragmáticas y carecen del poder y autoridad para imponer la ley y sancionar su violación. AMLO logró así su propósito de someter a su control a las instituciones electorales por la vía de los hechos consumados, de tal forma que las mismas no impedirán que Morena abuse del poder del Estado en las campañas que empiezan al usar abiertamente recursos y funcionarios públicos, y espacio en los medios para apoyar a los candidatos oficiales. Tendremos una elección de Estado como en los tiempos del viejo PRI.
Para colmo, el proceso anticipado forzó a los de por sí precarios partidos de oposición a distraerse de sus funciones parlamentarias para entregarse al frenesí de la disputa interna por las candidaturas. La clase política entera se dedicó de tiempo completo a la grilla, desplazando en el proceso a los escasos actores de la sociedad civil que habían participado en los meses anteriores en la defensa de la autonomía de las instituciones electorales, la cual, vistos los hechos ulteriores, resultó fallida. Si bien algunas personalidades civiles se sumaron a un precario proceso interno de elección primaria de la oposición, la falta de confianza mutua entre los partidos y la popularidad incuestionable que adquirió momentáneamente la senadora Xóchitl Gálvez hizo que la coalición PRI-PAN-PRD la designara su candidata presidencial, cortando un interesante proceso de debates y competencia con la también senadora Beatriz Paredes. De ahí en adelante la coalición opositora ha regresado al viejo método de la negociación de cúpulas para decidir las demás designaciones, demostrando su falta de imaginación y su miedo a perder el control del proceso, y haciendo ver al método de encuestas de Morena como más “democrático”.
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano decidió esperar a que se produjeran divisiones internas en Morena y en el frente opositor para recoger a los inconformes y lanzar una campaña en solitario cuyo único fin es obtener una presencia parlamentaria que, aunque pequeña, puede ser decisiva si el bloque opositor logra impedir que Morena alcance, como pretende, la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. El oportunismo de MC es ampliamente conocido, y su selección como candidato presidencial del joven gobernador de Nuevo León, Samuel García, que es un político sin experiencia y sin ideología, demuestra que, en esta elección, lo que busca MC simplemente es tornarse en un partido bisagra.
México sobrevive gracias al relativo éxito del proyecto neoliberal, es decir, del buen resultado a largo plazo de la integración dependiente de la industria automotriz y de otras ramas industriales a la economía de Estados Unidos, de la exportación de mano de obra barata al país vecino, que nos permite disponer de enormes cantidades de remesas, y del boyante negocio de la exportación de drogas ilegales, que ingresa al país otro tremendo monto de dólares que alimentan una gran industria de lavado de dinero. Si careciéramos de esas anclas, como carece Argentina, sufriríamos peores tiempos que los actuales, pues las inversiones del gobierno de AMLO han sido casi todas improductivas: rescate de Pemex sin transformar la empresa; el absurdo Tren Maya; el aeropuerto de Santa Lucía, construido sin planeación ni estrategia. Miles de millones robados en Segalmex sin sanción a los responsables. El mal uso de los fondos del Estado mexicano también está oculto de la mirada pública. Lo peor es que el Ejército se ha vuelto el actor principal de las políticas públicas del Estado mexicano, tanto en materia de seguridad pública, como en el desarrollo de proyectos.
Este legado de López Obrador, la militarización del Estado, es el más peligroso e irresponsable. El presidente quiere garantizar la perdurabilidad del nuevo estatismo a través de la concesión a las Fuerzas Armadas del manejo de los trenes, aeropuertos, puertos y aduanas, más otras muchas funciones que se le han asignado en este gobierno. Caso peculiar, el mexicano. Aquí el populismo ha significado militarismo, como en el caso de Bolsonaro en Brasil. Los militares obedecen órdenes, lo cual agrada al mandatario absoluto. Pero al hacerlo, generan nuevas redes de intereses que convierten al Ejército en un actor más del escenario político.
Mientras los ciudadanos y los medios se distraen con el espectáculo electoral, y los partidos empiezan el gran reparto de dinero y administran las ansias de poder de miles de políticos, la vida cotidiana de los mexicanos más desfavorecidos continúa siendo muy difícil y precaria. Los invisibles sólo serán buscados por los partidos como potencial clientela electoral. La magia de la política populista invisibiliza los problemas, convierte en normal la militarización y continúa alimentando un riesgoso ciclo de potencial continuidad al mando de AMLO, quien un día sí y otro también demuestra que no está dispuesto a conceder el timón del Estado. En la orilla opuesta, la oposición hace gala de debilidad, falta de imaginación e incapacidad para conectarse con la sociedad civil. Veremos muy pronto cuánto puede cambiar la correlación de fuerzas. Ojalá a alguien se le ocurra proponer la creación de un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Militarizado.
Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.