La detención de Nicolás Maduro obligó a las izquierdas latinoamericanas a enfrentar un problema que habían eludido durante años. La erosión de la legitimidad interna y externa del dirigente venezolano contaminaba a gobiernos y organizaciones de este espectro político. Sin embargo, muchos de ellos, por convicción o cálculo, evitaron o matizaron durante largo tiempo una definición clara frente al autoritarismo y a los graves problemas que atraviesa ese país.
Salvo el gobierno de Gabriel Boric, que marcó una distancia explícita, otros —como los de Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum— mantuvieron una postura ambigua, mientras que algunos, como los gobiernos de Cuba y Nicaragua, sostuvieron un respaldo abierto. Tras la detención, el arco de las izquierdas se vio forzado a converger en la defensa de la soberanía estatal y, al mismo tiempo, a mirar de frente los estragos de la crisis venezolana, ahora conjugados con el asedio internacional de Donald Trump.
Las izquierdas suelen definirse por un énfasis normativo en la igualdad y por la aspiración de reducir las brechas que organizan la vida social. Los proyectos que se adscriben a este espectro político colocan en el centro la posibilidad de que las personas enfrenten menos desventajas estructurales y accedan a condiciones de vida más dignas. La igualdad no remite a la homogeneización de las trayectorias individuales ni a la negación de aquello que potencia las capacidades singulares, sino a remover obstáculos sociales, económicos y políticos que restringen el desarrollo de amplios sectores.
La experiencia histórica muestra, sin embargo, que esto último no necesariamente se cumple. La aspiración a la igualdad ha entrado siempre en tensión tanto con la libertad como con la dominación. La primera de estas tensiones surge porque toda forma de igualdad exige la imposición de ciertos límites, un componente que suele ser rechazado por quienes exaltan la libertad como principio superior. La segunda proviene de que una igualdad plena supone la disolución de jerarquías y la aspiración a una sociedad en la que nadie ejerza dominio sobre otro. No obstante, en el curso de la historia, las izquierdas han debido recurrir al ejercicio de la dominación para enfrentar a otros poderes, organizaciones o actores que obstaculizan —o que se presentan como supuestos obstáculos— para sus objetivos.
A lo largo del siglo XX, la aspiración de construir sociedades con menores niveles de desigualdad se organizó en torno al horizonte del socialismo, pese a la diversidad de corrientes que lo integraron. Más allá de esas diferencias, hubo un acuerdo amplio sobre el objetivo general: transformar estructuras económicas y sociales que reproducían privilegios y concentraban el poder en minorías. Las divergencias se situaron menos en la finalidad que en los medios para alcanzarla, por lo que la historia de las izquierdas durante este siglo puede leerse como una discusión prolongada sobre estrategias, mediaciones políticas y ritmos del cambio. En ese marco, el debate entreRevolución y Reforma se convirtió en uno de sus ejes centrales: mientras algunos sectores defendieron la ruptura abrupta del orden existente por la vía armada, otros apostaron por transformaciones graduales capaces de reconfigurar las instituciones desde dentro, ampliar derechos y modificar las correlaciones de fuerza sin recurrir a la violencia, lo que implicó concepciones distintas del Estado, la democracia y la acción colectiva.
Es frecuente afirmar que las izquierdas tienden al autoritarismo y las derechas a la democracia, una distinción poco útil para comprender la complejidad real de ambos espectros políticos. En América Latina, el fin de la Segunda Guerra Mundial abrió un breve momento democrático que, pese a la posterior injerencia estadounidense y al surgimiento de autoritarismos, estuvo marcado por la ampliación del sufragio, el fortalecimiento de los partidos y el surgimiento de movimientos sociales organizados. En ese contexto, amplios sectores de las izquierdas reconsideraron la viabilidad de estrategias insurreccionales inmediatas. Sin desaparecer, la opción revolucionaria perdió centralidad frente a proyectos orientados a la disputa institucional y a la ampliación progresiva de derechos sociales, muchas veces de la mano de gobiernos nacionalistas-populares.
La década de los sesenta introdujo inflexiones decisivas en esta trayectoria. El triunfo de la Revolución Cubana y el endurecimiento de la Guerra Fría alteraron de manera profunda el horizonte estratégico de viejas y nuevas organizaciones de izquierda. La experiencia cubana adquirió un peso simbólico y político extraordinario, al demostrar que la toma del poder por la vía armada era posible en el continente y podía sostenerse frente a la presión de Estados Unidos. Leída como confirmación histórica más que como excepción, esa experiencia impulsó a amplios sectores a replantear su relación con la democracia liberal y a optar por la lucha armada, lo que derivó en la proliferación de movimientos guerrilleros que marcaron de forma duradera el paisaje político regional.
El golpe de Estado de 1973 introdujo una paradoja que atravesaría a las izquierdas durante las décadas posteriores. Para muchos, ese quiebre confirmó la fragilidad de los proyectos de transformación por la vía democrática —y mostró con claridad que las derechas también podían adoptar formas autoritarias—, al tiempo que reforzó la idea de que el socialismo requería confrontaciones más radicales. De manera simultánea, se iniciaron procesos de transición democrática en distintos países de la región, lo que abrió una tensión persistente, comparable en densidad al antiguo debate entre Revolución y Reforma: la posibilidad de confiar en democracias atravesadas por el neoliberalismo en expansión y por memorias recientes de violencia estatal.
Tras la caída de la Unión Soviética y la entrada al siglo XXI, la defensa de la democracia desplazó a la lucha por el socialismo como eje central de la agenda de las izquierdas. Esta reorientación impulsó un énfasis creciente en mecanismos de acción participativa más allá de lo electoral tradicional, en el desarrollo de la noción de democracia entendida como justicia social —en esto se centraron todas las opciones populistas “de izquierda”— y en la defensa de proyectos de corte popular o comunitario como alternativas a la concepción neoliberal de la democracia. Fue en este entramado donde se produjo el llamado Giro a la Izquierda y donde Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, se consolidó como uno de sus principales referentes.
Aunque las izquierdas comparten la aspiración a la igualdad, mantienen diferencias profundas respecto de lo común. En distintos momentos, la noción de pueblo fue objeto de crítica por parte de varias corrientes, al considerar que diluía las barreras de clase o de identidad en una definición excesivamente abarcadora. Durante la década de los sesenta surgieron movimientos pluriclasistas que colocaron en el centro otras formas de dominación —de género, raciales o sexuales—, por encima de categorías más generales. Estos movimientos son el antecedente directo de aquello que hoy las derechas denominan, de manera despectiva, como expresiones o sensibilidades woke: discursos y prácticas orientados a visibilizar y denunciar discriminaciones históricas y estructurales, con especial atención al lenguaje, los símbolos y representaciones como espacios donde operan relaciones de poder.
Lo woke plantea para las izquierdas, al menos, un problema doble. En primer lugar, introduce una dificultad estructural para la construcción de lo común. Si bien estos movimientos reclaman reconocimiento en condiciones de igualdad, tienden a situar la diferencia como el eje principal de articulación política: es la identidad la que define aquello que se comparte. Cuando se intenta formular una noción más amplia de lo común, ese núcleo identitario parece diluirse y, en consecuencia, ser invisibilizado. De ahí la pregunta que atraviesa buena parte de estas discusiones: ¿cómo construir consensos colectivos sin anular las diferencias que les dan origen?
En segundo lugar, como ha señalado Marta Lamas, aunque reivindicaciones de este tipo surgieron en distintas partes del mundo, las provenientes de Estados Unidos adquirieron una proyección global desproporcionada debido a la posición imperial de ese país, fenómeno que Bolívar Echeverría denominó la “americanización” de las causas. El problema radica en que muchos de esos movimientos, al mismo tiempo que elaboraron discursos emancipadores, adoptaron actitudes de corte puritano, caracterizadas por la certeza moral y una baja tolerancia a la disidencia. Ello ha derivado en que algunas de estas expresiones en todo el mundo —no todas, desde luego— desarrollaran prácticas discursivas violentas y lógicas de cancelación que han generado tensiones persistentes tanto al interior de las izquierdas como en el espacio público en general.
A su vez, muchos de los movimientos surgidos en la década de los sesenta derivaron en una defensa y exaltación de lo comunitario. Aunque siempre hubo corrientes que reivindicaron la lucha indígena y el papel de las organizaciones campesinas, fue después de ese periodo cuando estas agendas adquirieron mayor fuerza, hasta alcanzar su expresión más visible en la década de los noventa. El fenómeno que catalizó este proceso fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpió en un contexto marcado por la sensación de que ya no existían alternativas. El zapatismo permitió renovar el imaginario de las izquierdas al plantear —a partir de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona— que era posible cambiar el mundo sin tomar el poder estatal, apostar por formas de organización comunitaria y cuestionar el desarrollo del Estado incluso cuando se presentaba en nombre del bienestar. Paradójicamente, como ha señalado Fernando Escalante, esta idea, gestada desde los años sesenta, terminaría por convertirse en una de las bases de legitimación del discurso antiestatal que aprovecharía el neoliberalismo.
Finalmente, las izquierdas han mantenido una relación tensa y problemática con el orden internacional. Esa dificultad se gestó, en buena medida, durante la Guerra Fría, cuando el sistema internacional fue percibido como una estructura jerárquica en la que Estados Unidos ejercía un poder efectivo por encima de las normas formales del derecho internacional. La proclamada igualdad soberana de los Estados convivía con prácticas sistemáticas de intervención política, económica y militar que erosionaban la credibilidad de ese orden. Desde esta lectura, el multilateralismo aparecía menos como un espacio de cooperación que como un dispositivo funcional a la reproducción de asimetrías globales.
En ese contexto, el único contrapeso real al poder estadounidense fue la Unión Soviética. Incluso tras su colapso, las izquierdas proyectaron, con distintos matices, el contrapeso en Rusia y China: potencias con capacidad para disputar el liderazgo global y limitar la unilateralidad de Washington. A esta constelación se sumaron, en ciertos momentos, países de Medio Oriente como Irán, cuya confrontación con Estados Unidos los convirtió en aliados tácticos dentro de una lógica de oposición al poder imperial.
Esta visión se articuló con un rechazo persistente al panamericanismo promovido por Estados Unidos, concebido como una política exterior de carácter injerencista que desplazó al ideal interamericano de cooperación entre Estados formalmente iguales. En ese marco surgió la Organización de los Estados Americanos, institución que, ya en el siglo XXI, fue cuestionada por diversos gobiernos de izquierda en América Latina. Las críticas se centraron en su papel efectivo en crisis políticas regionales y en su alineamiento con los intereses de Washington, lo que alimentó la percepción de una amenaza constante a la soberanía estatal.
Eric Hobsbawm caracterizó al siglo XX como un siglo corto. A mi juicio, ocurrió lo contrario: fue un siglo largo, cuyas lógicas políticas, imaginarios y conflictos se extendieron mucho más allá de su cierre cronológico. Apenas ahora comenzamos a presenciar su agotamiento definitivo, y la detención de Nicolás Maduro puede leerse como uno de los momentos centrales de ese desenlace, en la medida en que revela el colapso de un conjunto de creencias que durante décadas estructuraron a amplios sectores políticos, entre ellos, a las izquierdas.
Hugo Chávez llegó al poder cuando el socialismo parecía una promesa clausurada. Su proyecto se presentó como una reactivación histórica bajo el nombre de “socialismo del siglo XXI”, una fórmula que buscó reconciliar la igualdad con la soberanía popular y que, con el paso del tiempo, incorporó de manera explícita el lenguaje democrático. La crisis venezolana bajo el gobierno de Maduro expone el agotamiento de ese experimento. Ya no puede leerse como una forma de socialismo ni como una experiencia democrática reconocible. Durante años, muchas izquierdas evitaron asumir este diagnóstico, movidas por cálculos políticos o por una nostalgia persistente hacia lo que el proyecto decía encarnar. Ese margen de negación se ha reducido de manera drástica.
Al mismo tiempo, aquellos países que se habían imaginado como alternativa a la hegemonía estadounidense no aparecieron. Rusia no intervino para impedir la captura de Maduro, e incluso hay indicios de que Venezuela no está ya dentro de sus prioridades. China tampoco actuó, más allá de discursos, e Irán atraviesa su propia crisis de régimen. En este escenario, las instituciones del orden internacional que durante décadas fueron denunciadas como injerencistas o diseñadas a favor de Estados Unidos se han convertido en el único recurso disponible para denunciar la arbitrariedad del poder estadounidenselo. La paradoja es evidente: aquello que se rechazaba como instrumento de dominación aparece ahora como espacio mínimo de apelación jurídica y política.
La organización comunitaria tampoco ha ofrecido una salida estructural, pese a que sus intenciones sigan siendo valiosas. En Venezuela, muchas experiencias fueron absorbidas por el régimen y otras quedaron sometidas a dinámicas de control. En México, el Ejército Zapatista enfrenta el momento más adverso de su historia, en un contexto marcado por la debilidad estatal heredada del neoliberalismo y profundizada en años recientes. Esa fragilidad, como ya mencioné que advirtió Escalante, encontró legitimación parcial en críticas de izquierda que vieron en el Estado un problema antes que una condición de posibilidad.
En medio de este panorama, lo que conserva mayor visibilidad dentro de amplios sectores de la izquierda es la llamada agenda woke, caracterizada por su fragmentación, su léxico moralizante y una eficacia política que rara vez trasciende el plano simbólico. Su énfasis en el reconocimiento discursivo, en la corrección del lenguaje y en la vigilancia ética de identidades individuales ha desplazado la reflexión estratégica sobre poder, Estado y orden social. Con frecuencia, esta agenda ofrece diagnósticos precisos sobre agravios específicos, pero carece de una articulación capaz de traducirse en proyectos colectivos con capacidad de gobierno.
Las izquierdas latinoamericanas enfrentan, por ello, una exigencia ineludible: repensarse sin nostalgias, sin consignas heredadas y sin refugiarse en debates que producen satisfacción moral pero escasa transformación material. Mientras tanto, las derechas parecen haber entendido mejor el cambio de época. Han aprendido a leer el desgaste institucional, a capitalizar el malestar social, a ejercer el poder sin complejos y hasta aprovechar el discurso woke a su favor. La escena del tirano del norte, desplegando su autoridad al ritmo de YMCA, condensa con crudeza esa asimetría.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente