Una serie de protestas han sacudido al Sur Global en los últimos meses, con grandes manifestaciones en países como Indonesia, Nepal, Timor Oriental, Filipinas, Kenia, Madagascar, Marruecos, Perú, Ecuador y Paraguay. No deben entenderse como episodios aislados, sino como una crisis sistémica a nivel mundial. Aunque las causas inmediatas de cada movilización corresponden a sus contextos nacionales, todas comparten la exasperación y hartazgo de la población ante la corrupción de gobiernos que invierten en privilegios ostentosos, mientras descuidan las necesidades básicas de sus poblaciones.
Motivadas por la crisis global de legitimidad del modelo de desarrollo económico actual —que promete prosperidad pero produce desigualdad—, las juventudes urbanas y las clases medias empobrecidas defienden su dignidad popular y exigen que el Estado sirva de nuevo al pueblo y no a las élites que lo administran. La captura del Estado produjo –mediante redes clientelares y lógicas de acumulación que privilegian el derroche del erario, antes que la provisión de servicios públicos– desempleo crónico, cortes de agua y electricidad, y la precarización de los servicios de salud y educación. Desde Yakarta y Katmandú, hasta Antananarivo, Manila, Lima, Asunción o Rabat, el reclamo es el mismo.
La generación Z urbana ha sido el principal motor de las movilizaciones con el uso de redes sociales. Conscientes de su precariedad, han impulsado en plataformas digitales nuevas oleadas de protestas y resistencia acompañadas del uso de nuevos símbolos provenientes de la cultura digital; por ejemplo, la bandera pirata del anime One Piece que ha estado presente en diversas protestas. Por su parte, la respuesta de los gobiernos del Sur Global ha sido la represión violenta y sistemática mediante tácticas de intimidación, criminalización y control que intentan sofocar el descontento y restaurar el orden de esta manera.
Pero no es la primera vez sucede: la precariedad económica que afecta a las juventudes del Sur Global ya provocó la caída de otros gobiernos. En marzo de 2022 se realizaron protestas masivas contra el gobierno de Sri Lanka, encabezado por Gotabaya Rajapaksa. Lo responsabilizaban de una gestión económica deficiente e ineficaz que llevó a una severa crisis caracterizada por inflación elevada, apagones diarios de entre diez y trece horas, escasez de combustible y falta de bienes esenciales.
La respuesta autoritaria del gobierno incluyó la declaración del estado de emergencia, la autorización del ejército para detener civiles, la imposición de toques de queda y la restricción del acceso a redes sociales. En respuesta a estas medidas escalaron las protestas y culminaron en la ocupación de la Casa Presidencial en Colombo por los manifestantes. Las acciones de la llamada Aragalaya derivaron en la huida de Rajapaksa y la dimisión del primer ministro Ranil Wickremesinghe.
De igual forma, miles de jóvenes salieron a las calles de Bangladesh hace un año en lo que se conoce como la “Revolución de Julio”, en contra del gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina. La Suprema Corte del país decidió mantener el sistema de cuotas para acceder a empleos públicos, considerado no sólo injusto por muchos, sino perpetuador de la desigualdad y que cerraba aún más las puertas a una generación atrapada en un mercado laboral sin oportunidades. Hasina huyó ante las primeras grandes protestas de la generación Z. Ambos ejemplos muestran una tensión entre las demandas populares y la desatención de los problemas sociales, sobre todo en torno a la pobreza, desigualdad, corrupción y las prioridades fiscales consideradas como ajenas a los intereses populares, al interior de los gobiernos del Sur Global.
Asia
En Indonesia, la decisión del Parlamento de incrementar los subsidios de vivienda, transporte y manutención para sus miembros detonó las protestas el 25 de agosto. Inició una ola de movilizaciones masivas de una población que percibía estos beneficios como ajenos a la realidad económica precaria que viven. Las medidas y comentarios controvertidos de varios legisladores intensificaron las tensiones sociales y se sumaron a las demandas contra la corrupción y la crisis económicas que llevaron a protestas masivas violentamente reprimidas.
Tras la respuesta represiva del gobierno las demandas de los manifestantes incorporaron también exigencias de reforma policial. Las protestas alcanzaron una gran visibilidad mediática a nivel internacional, sobre todo tras los incendios en dos sedes parlamentarias locales en Makassar y Bandung, así como instalaciones policiales en Surabaya. La fuerte represión y las miles de detenciones redujeron la intensidad de las movilizaciones, mientras que las problemáticas estructurales que las originaron persisten.
Por su parte, las protestas estallaron en Nepal a principios de septiembre tras una iniciativa del gobierno de limitar el acceso a redes sociales. No obstante, esto funcionó sólo como el catalizador inicial. Pues, aunque el gobierno levantó la restricción, las movilizaciones continuaron. La represión gubernamental y el aumento de la percepción pública sobre el derroche de los funcionarios dieron lugar al incendio de la sede del Parlamento, el ataque a las oficinas del primer ministro y la agresión a varios miembros del gabinete y sus familias.
La situación condujo a la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli el 9 de septiembre para dar paso a una elección llevada a cabo mediante la plataforma Discord. Si bien el detonante fue el intento de restringir el acceso a redes sociales, la causa subyacente fue el aumento de la desigualdad entre una élite política privilegiada y una ciudadanía empobrecida, junto con la limitada disponibilidad de oportunidades económicas para la juventud.
Las protestas en Timor Oriental fueron menos espectaculares, pero no menos significativas. Iniciaron tras la decisión del Parlamento de adquirir una flotilla de vehículos de lujo por más de cuatro millones de dólares, una suma exorbitante para uno de los países más pobres de Asia, sumado al rechazo popular a privilegios como las pensiones vitalicias a los parlamentarios al concluir su cargo. Aunque las movilizaciones fueron mayormente pacíficas, enfrentaron represión tras una serie de altercados; y luego de tres días las movilizaciones culminaron con un acuerdo entre los líderes estudiantiles y el Parlamento.
En el caso de Filipinas podemos observar múltiples protestas anticorrupción surgidas a raíz de investigaciones sobre irregularidades y corrupción en el gasto público en los programas de control de inundaciones. Los informes sobre trabajos incompletos o de mala calidad, así como acusaciones de desvíos de recursos, provocaron críticas generalizadas hacia el gobierno. El descontento ciudadano se intensificó en medio de demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas en el gasto en infraestructura, y aunque inicialmente el gobierno anunció que permitiría las manifestaciones, éstas han sido reprimidas con violencia.
África
Las diversas oleadas de protestas también llegaron al continente africano, como muestran las protestas en Kenia contra el presidente William Ruto tras los intentos de su gobierno de aumentar los impuestos en 2024. Aunque las protestas iniciaron el año pasado, alcanzaron su punto más álgido en julio y julio de 2025 tras la muerte de Albert Omondi Ojwang en custodia policial, un joven maestro y blogger que compartía contenido de las protestas. El descontento ciudadano persiste, impulsado también por las políticas impopulares y los desafíos que enfrenta la población, sobre todo las juventudes, y la percepción de irresponsabilidad ante la violencia policial contra los manifestantes, con más de 65 personas fallecidas por la agresividad de la represión.
Lo que inició como una protesta pacífica en Madagascar, motivada por los cortes de agua y electricidad recurrentes que han afectado a la población por décadas, derivó en un estallido social tras la represión violenta de las manifestaciones. Esto se suma a la indignación general ante la escasez de bienes básicos y se convirtió en uno de los principales desafíos para el presidente Andry Rajoelina, en su segundo mandato desde 2018. La destitución de su gobierno el 29 de septiembre no apaciguó las protestas que continuaron hasta que Rajoelina se vio obligado a huir del país el 14 de octubre después de que una facción del ejército se uniera a los manifestantes. La represión violenta ha dejado al menos 22 muertos y más de cien heridos, y motivó la formación de un movimiento social llamado “Gen Z Mada”, organizado mediante plataformas como Facebook y TikTok.
Las protestas de Marruecos exigen mejoras significativas en la educación y la salud públicas, mientras critican el gasto gubernamental para eventos deportivos internacionales como el Mundial de la FIFA 2030 y la Copa Africana de Naciones 2025. Los manifestantes expresaron su descontento por el estado de la economía, el deterioro de los servicios públicos y la priorización de la infraestructura deportiva sobre necesidades sociales básicas de la población. A estas demandas se suma el fin de la corrupción y la renuncia del primer ministro Aziz Akhannouch.
La respuesta del gobierno fue violenta: al menos 409 personas fueron arrestadas (la mayoría menores de edad), 28 manifestantes resultaron heridos y 326 miembros de las fuerzas de seguridad también sufrieron lesiones. Además, se reportaron daños materiales significativos, incluyendo 271 vehículos policiales, 175 automóviles privados y el vandalismo de más de 80 establecimientos públicos y negocios privados. Las movilizaciones fueron organizadas por miembros del colectivo juvenil marroquí en línea “GenZ 212”, que cuenta con más de 180 000 miembros en Discord.
América del Sur
Las protestas estallaron en Perú el 20 de septiembre, en respuesta a una reforma provisional que obligará a los jóvenes a aportar a un fondo de pensiones privado, aprobada a principios del mes. Diversos colectivos juveniles y grupos de transportistas se movilizaron contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, denunciando también la corrupción de las fuerzas de seguridad y la falta de respuesta ante la escalada de violencia y extorsiones que afectan a la población. Se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Lima, principalmente jóvenes menores de 30 años, y se reportaron al menos 18 personas heridas durante las protestas del sábado 27 y domingo 28 de septiembre, organizadas bajo el nombre de “Marcha Gen Z”. La crisis política en Perú escaló hasta el punto en que Boluarte fue destituida por el Congreso el 10 de octubre.
En Ecuador, el descontento social se desató tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. La organización social más grande del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, convocó a un paro nacional indefinido como rechazo a esta medida e incentivar a la población a protestar contra el gobierno. En respuesta, las autoridades decretaron el estado de excepción en diez provincias y desplegaron a las fuerzas de seguridad, recurriendo a una represión intensa que incluyó violencia policial y la criminalización generalizada de los manifestantes, catalogándolos como “terroristas”.
Bajo el lema “Somos el 99,9 %”, cientos de jóvenes se movilizaron a finales de septiembre en Asunción, Paraguay, para manifestar su rechazo a la corrupción del gobierno, convocados por medio de internet por la “Generación Z”. Los participantes marcharon hacia el Congreso denunciando nepotismo, deficiencias en los servicios públicos y escasez de oportunidades laborales para la juventud. El Estado respondió con operaciones policiales represivas, redadas donde los manifestantes fueron detenidos sin órdenes legales, ni actas, ni debido proceso o la supervisión de un fiscal, evidenciando claros casos de abuso de fuerza.
Es evidente que hay un profundo descontento de la población a nivel global ante la corrupción, la gestión deficiente de los recursos públicos y la creciente desigualdad a nivel mundial. Pero las movilizaciones aquí listadas no son incidentes aislados, son expresiones concretas de una crisis que atraviesa múltiples países y regiones donde el malestar ciudadano se enfrenta, a menudo de forma violenta, con gobiernos desvinculados de las demandas sociales. Al hartazgo creciente también se suman la denuncia de los excesos de quienes detentan el poder.
Este descontento refleja no sólo la precariedad material que enfrenta gran parte de la ciudadanía, sino también la percepción de un Estado que prioriza los privilegios de las élites por encima de las necesidades básicas de la mayoría. En este marco, resulta plausible anticipar nuevas oleadas de protesta en contextos volátiles como Argelia, Túnez, o Cote d’Ivoire. Este patrón de las protestas revela un cuestionamiento profundo de la legitimidad estatal y del sistema económico a nivel mundial.
Las estructuras de poder parecen cada vez más interesadas en mantener sus propios privilegios y lujos, a costa de garantizar los derechos básicos de una población cada vez más empobrecida. La respuesta recurrente de muchos gobiernos ha sido la represión, una estrategia que exacerba el descontento y la escalada, antes que suprimir las movilizaciones. Frente a este escenario, la movilización social es uno de los pocos mecanismos disponibles para exigir dignidad, transparencia y justicia.
En un contexto donde el futuro se vislumbra cada vez más desolador y los medios que facilitan la organización colectiva se multiplican, es previsible que las protestas masivas se vuelvan cada vez más frecuentes en todo el mundo, evidenciando tanto la fragilidad de la legitimidad estatal frente a la presión ciudadana, así como la urgencia global de replantear las prioridades políticas hacia el bienestar de la población.
Adrián Marcelo Herrera Navarro
Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.