Por la coyuntura de la reforma judicial, el paquete de reformas que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió atención de la opinión pública. Sin embargo, contiene 18 proyectos de iniciativas constitucionales de las que destacan diversas modificaciones a los artículos 4º y 27 en materia ambiental. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó sus dictámenes. Es fundamental retomar esta discusión, pues proponen cambios sustantivos en la Constitución para: usos del agua; otorgar concesiones para minería a cielo abierto y el fracturamiento hidráulico (conocido como fracking); reconocer el concepto de biodiversidad, su conservación y manejo sustentable.
Vale la pena señalar que los proyectos recibieron cambios con cuestionamientos importantes. Como ejemplo, las reformas que prohíben la minería a cielo abierto y el fracking se modificaron por medio de una reserva al dictamen promovida por la diputada federal Irma Juan Carlos y apoyada por diputados de Morena y el PRI. Interpusieron que las concesiones se prohibirán “salvo aquellas excepciones que el presidente señale”.
Y como las palabras importan mucho, no es lo mismo prohibir en su totalidad las operaciones industriales respectivas a que la entrega de concesiones quede sujeta a la voluntad del Ejecutivo. los que actualmente gobiernan quieren que todo pase por la oficina presidencial. Esto puede ser un riesgo para que otorgar concesiones sea unilateral. Si bien, la administración actual presume no haber otorgado concesiones mineras y promete la prohibición del fracking, esto puede abrir la puerta a que a futuro se pueda explotar el territorio conforme la voluntad presidencial.
Asimismo, la reforma al 4º constitucional en materia del derecho humano al agua establece que el uso personal y doméstico será preferente sobre cualquier otro: minero, agrícola o industrial, etcétera. Además, se prohíbe la entrega de concesiones en donde no haya disponibilidad hídrica. No obstante, hay un artículo transitorio que señala que se respetarán los términos en que se han entregado concesiones de agua previas al decreto. ¿Cómo salvaguardar el espíritu de la reforma sin revisar las concesiones otorgadas que puedan intervenir en esa preferencia?
Hoy en día, la información más actualizada de Conagua determina que la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos ha aumentado, bajo la proliferación de eventos hidrometeorológicos extremos derivados del calentamiento global. Esto fragmenta el ciclo hidrológico profundizando las sequías e inundaciones. Estos casos incitan a reflexionar sobre la disponibilidad hídrica. los factores del cambio climático y los volúmenes de agua concesionados a diferentes sectores y sus usos nos permiten entender los riesgos climáticos y de seguridad hídrica. Por ejemplo: el sector agrícola utiliza cerca del 70 % del agua concesionada, pero es uno de los más afectados durante las temporadas de estiaje.
Según el Banco Mundial, la disponibilidad promedio de agua por persona en nuestro país disminuyó de forma significativa, al pasar de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960, a 4 mil m3 en 2000. Hoy en día se encuentra en 3.2 mil m3 y, de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3. Además, la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos aumentó en 8 % en los últimos 20 años, afectando en la actualidad a 114 de los 653 que se registran en el territorio nacional, sobre todo en las cuencas que surten a las grandes zonas metropolitanas de Ciudad de México, Jalisco y Monterrey.
Un avance crucial en favor del territorio
En protección y conservación del medio ambiente, es un avance que durante este sexenio se discutió sobre la industria minera y sus consecuencias sobre el territorio y población. En el 2023 se promovieron una serie de modificaciones a las leyes mineras, que aprobó el Congreso y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Las modificaciones suprimieron la condición preferente de la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra; prohibieron actividades en Áreas Naturales Protegidas, en donde se ponga en riesgo a la población o haya poca disponibilidad hídrica y conforme la prioridad de los usos; la obligación de implementar procesos de consulta a poblaciones que pudieran afectarse; y reducir los años de concesión de 50 a 30.
Al analizar en retrospectiva los cambios propuestos al 4º constitucional, los términos de disponibilidad del agua y preferencia para uso personal y doméstico son un candado para la reforma a la Ley Minera en el 2023, debido a que antes no había una priorización en los usos y una restricción en términos del agua disponible. En la actualidad, las modificaciones respectivas a la reforma a la Ley Minera se encuentran en un proceso en el poder judicial en el cual la SCJN suspendió las resoluciones de 19 amparos que se encontraban en contra de la ley.
Por otro lado, la propuesta de reforma en materia de biodiversidad abre la puerta a que se expida una Ley General de Biodiversidad, que amplié mecanismos, incentivos y facultades su conservación, más allá de lo que establece la Ley General de Vida Silvestre, que orienta a una perspectiva de gestión del aprovechamiento y rentabilidad de los ecosistemas, pero no en el marco de un desarrollo sustentable. En su momento, la Senadora Ninfa Salinas del PVEM promovió un proyecto de Ley que no prosperó por no consultar a los pueblos indígenas como señala el Protocolo de Nagoya de las Naciones Unidas, del cual México es parte.
Ley General de Aguas: discusión, obstáculos y riesgos sobre el derecho humano al agua y saneamiento
Las reformas planteadas para el artículo 4º y 27 pasaron por una votación a favor por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios, representando un consenso. Sin embargo, hay un pendiente parlamentario de reglamentar el Derecho Humano al Agua a partir de la promulgación de una Ley General de Aguas. Esta discusión ha sido aplazada por más de una década –la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia por la omisión legislativa.
Entre 2023 y 2024 en el Congreso de la Unión trabajó cuatro proyectos a nivel de las comisiones respectivas de recursos hidráulicos en el Senado y en la Cámara de Diputados. El debate que despliega la Ley General de Aguas cuestiona el por qué se debe reglamentar. La discusión tiene dos posturas: limitar la legislación a reglamentar el artículo 4º de la Constitución; o, englobar en una propuesta de ley sobre los artículos 4º, 2̗7 y 115 constitucionales en relación con el manejo de las aguas nacionales.
Algunos expertos argumentan que la Ley General del Derecho Humano al Agua y Saneamiento debe convivir con la Ley vigente de aguas nacionales (LAN). La otra postura defiende que el derecho humano al agua se garantiza por medio de una provisión sustentable y transversal. Esto demanda un sólo código de ley que revise las concesiones de agua y amplíe el marco regulatorio a los retos actuales: de instituciones, de presupuestos y ambientales. Por las propuestas que se inscribieron ante la Cámara de Diputados se creó una subcomisión que convocó a foros para revisar los proyectos. Algunos ponentes señalaron la poca viabilidad de integrar un solo marco regulatorio, argumentando que en la reforma de 2012 se establece que:”toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Por ello se argumenta que la posible ley general debe abarcar sólo este punto. También dice: “el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.
La discusión jurídica es un obstáculo para sacar adelante el proyecto de decreto, aunque en los hechos no podrá haber una gestión sustentable de los recursos hídricos si no se revisan las condiciones en las que hoy se encuentra la explotación de los mantos acuíferos del país.
El agua es un bien más allá de los asuntos ambientales, es fundamental darle a su gestión una mejora administrativa. Por ejemplo, la propuesta de MC argumenta la necesidad de una Secretaría del Agua debido a la complejidad del sector. Mientras tanto, la propuesta de Morena en el Senado interpone mecanismos de justicia hídrica y modifica los usos del agua. Ambas son diferentes a la propuesta del PAN que sólo desarrolla qué es el Derecho Humano al Agua sin modificar o revisar los usos del agua establecidos en el artículo 27 de la Constitución mexicana, casi el 85 % del uso del agua es para actividades industriales.
Por último, la legislatura pasada se fue del Congreso sin cumplir con el mandato constitucional y la sentencia de la SCJN. Además, los dictámenes de las reformas constitucionales están a la espera de su votación en los plenos del Congreso. El fortalecimiento de las disposiciones vigentes en materia de uso de los bienes naturales y su preservación no es sólo una condición de cumplir con los acuerdos internacionales o de activismo ambiental, sino una cuestión de seguridad nacional.
Luis Manuel León
Consejero en Pensando en Ciudad de México
Afortunadamente extraer hidrocarburos con fractura hidráulica no es rentable. Dudo que surjan proyectos en ese sentido.