“Les prometo porque tengo palabra que vamos a estar con un sistema de Salud como el de Dinamarca; qué digo como el de Dinamarca: vamos a estar mejor que el de Dinamarca”: el presidente intenta una vez más corregir la realidad con un dicho, con una frase, con una coquetería. El gasto promedio en salud por mexicana o mexicano es de alrededor de 4700 pesos anuales; atender la salud de un danés o una danesa cuesta hoy alrededor de 105 000 pesos al año. Ya sólo en términos presupuestales estamos lejísimos de Dinamarca.
Estamos, además, lejos de lo que invertíamos en años recientes. Gracias en buena medida al Seguro Popular, entre 2003 y 2015 el gasto público en Salud conoció un incremento del 68 %. Entre 2018 y 2023, en cambio, hemos asistido a un decremento real de 22 % en los recursos destinados a este rubro.
En los cuatro años y medio que lleva el gobierno del presidente López Obrador, México ha sufrido la destrucción de lo construido a lo largo de cuatro décadas por mujeres y hombres valiosos al servicio de los sistemas de Salud de los estados y a escala federal, con la concomitante, inevitable y muy real pérdida de vidas humanas.
La destrucción del Sistema de Protección Social en Salud —mejor conocido como Seguro Popular— es la de la política social mexicana más sujeta a evaluación y con mayor número de publicaciones en revistas especializadas sometidas a revisión de pares en nuestra historia. A partir de ello, sabíamos qué funcionaba del sistema y debía continuar, qué era mejorable y había que cambiar, qué era necesario eliminar. Toda la evidencia se vio sustituida por otra frase coqueta —“El Seguro Popular no es seguro ni es popular”— que López Obrador viene utilizando cuando menos desde 2003, cuando se discutía su creación como vía a una cobertura universal de salud y él tenía por norma oponerse a cualquier iniciativa del gobierno federal.
Hoy en lugar del Seguro Popular existe una entelequia: el tristemente célebre Insabi, que obligó a muchos estados de la República a dejar de operar servicios que habían venido acumulando experiencia y conocimiento. Al desaparecer ese financiamiento e ir centralizándose una vez más los servicios, sobreviene la imposibilidad de otorgar cobertura de salud a los más de 60 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con un empleo cuyo patrón les ofrezca seguridad social. Las 3000 niñas y niños que murieron por no recibir tratamiento contra el cáncer, los más de 15 millones de personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud, el aumento del 40 % del gasto de bolsillo en ese rubro son mucho más que cifras para documentar el desastre.
La reconversión del IMSS Bienestar en un organismo público descentralizado que atienda a esa población constituye otro fracaso anunciado. Lo que hoy es denominado IMSS Bienestar viene de una historia muy noble de brindar atención de primer y segundo nivel en comunidades rurales y semiurbanas de diecinueve estados; carece, sin embargo, de la experiencia para hacerse cargo de la operación de un sistema nacional de salud o para brindar atención de tercer nivel: el de alta especialidad. Más aún: esta falsa solución obliga al IMSS a distraer recursos humanos y financieros cuya función es servir a los derechohabientes de ese Instituto, por lo que pondrá también en entredicho una operación cuyos indicadores de por sí habían venido cayendo en los últimos años.
Este gobierno también destruyó el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos e insumos médicos. En los últimos años, más de 500 funcionarios y funcionarias adscritos al IMSS se habían concentrado en hacer las compras consolidadas, logrando generar ahorros, así como eficientar y transparentar los procesos de adquisición del gobierno federal, de gobiernos estatales, de los Institutos Nacionales de Salud y de otras instituciones.
Para hacer buenas compras, estos funcionarios debían ser especialistas en su compleja materia: estudiar a profundidad no sólo la oferta sino una demanda que supone entender y programar las necesidades de más de 4000 puntos en todo el país que deben distribuir por lo menos 1600 productos a lo largo de cada año. Lo que desmanteló el gobierno fue un sistema que sabía en qué momento atender cada inventario a partir de la epidemiología de cada subregión, de las necesidades históricas de cada zona y de las temporalidades de cada región. A partir de ello, es necesario planear la distribución de un catálogo que va del analgésico más simple a la más compleja mezcla oncológica; el objetivo es que lleguen con tiempo y que los inventarios estén cubiertos. No sólo eso: el 30 % de todo lo que se distribuye requiere de una red de frío desde la salida del laboratorio. Esto no es algo que pueda proveer cualquier transporte: no son refrescos ni papas.
Los estudios de oferta son también sumamente complejos: no es posible licitar los medicamentos con patente —son objeto de un monopolio natural— pero sí negociar el precio y las cantidades; para poder hacerlo bien, es necesario conocer la producción: saber cuánto de ese producto se vende en otros lugares del mundo y a qué precios, tener buenos estudios de mercado. En el caso de los medicamentos genéricos, debe haber procesos de licitación que requieren tiempo: ningún laboratorio iniciará la producción si no tiene asegurado el contrato gubernamental. Ello supone conocer las capacidades de producción de los laboratorios que fabrican medicamentos genéricos: saber qué y cuánto pueden ofrecer, cuántos están en México y cuántos en el extranjero, cuáles de estos últimos gozan de la protección de tratados comerciales internacionales y cuándo es necesario ir más allá de éstos.
El actual gobierno sustituyó todo este rico y complejo andamiaje institucional por una oficina pequeñita en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que nunca había comprado medicamentos y que ignoraba la procuración que esto requiere. El fracaso estaba anunciado. Hubo, pues, que apelar a la UNOPS, organismo de Naciones Unidas que tampoco había comprado antes la cantidad de medicamentos que requiere un país como México: nuevo fracaso. De ahí que sigamos sin alcanzar un abasto suficiente, lo que ha perjudicado no sólo a las instituciones públicas sino a las instituciones privadas y, más importante, a quienes padecen una enfermedad y precisan fármacos para su tratamiento.
Éramos muchos y parió la abuela: vino la pandemia, y con ella la pésima gestión de los gobiernos de Morena: 750 000 mexicanas y mexicanos, muchos de ellos que habrían podido sobrevivir, fallecieron tan sólo en los dos primeros años de la pandemia. El dato que hará historia es la pérdida de casi cinco años de esperanza de vida al nacer en nuestro país. Por si fuera poco, la pandemia redundó en un muy importante rezago en la atención de otras enfermedades: nuestro sistema de Salud dejó de ofrecer 40 millones de consultas externas y 7.5 millones de consultas de especialidad; 1.3 millones de mastografías no fueron realizadas; 1.6 millones de citologías cervicales no fueron aplicadas; más de 600 000 cirugías tuvieron que verse reprogramadas a consecuencia de la reconversión hospitalaria.
No hay manera de pensar hoy la salud de las mexicanas y los mexicanos en términos de Dinamarca, a no ser desde una constatación shakesperiana: algo huele muy mal en este gobierno. Es tiempo, en cambio, de idear un nuevo sistema de salud universal, plural, democrático, de calidad homogénea. No será posible sin un análisis serio, al margen de frases coquetas.
En 2024 comienza la recuperación de nuestro sistema de salud.
Salomón Chertorivski
Economista y exsecretario de Salud. Diputado federal por Movimiento Ciudadano.