Las dos últimas semanas hemos sido testigos de una serie de asesinatos que han hecho estallar manifestaciones como señal del deterioro en Michoacán. El asesinato del presidente municipal fue precedido por el del líder limonero Bernardo Bravo, pero también se difundió la noticia de la desaparición de un expresidente municipal de municipio de Zinapécuaro, adonde se ha desplazado la violencia pública durante los últimos meses. A estos hechos se suman el asesinato de familiares del difunto Hipólito Mora. Tiempo atras conocimos los hechos en el municipio de Cotija, en el que asesinaron a la presidente municipal, secuestraron a la siguiente y se ausentó del cargo el candidato que ganó la elección en 2024. Podemos seguir con el recuento y pronto encontraremos un sinfín de hechos lamentables.
Es justo preguntarse dónde va a parar la rueda de la violencia. Es evidente que el asesinato del presidente de los limoneros y el presidente municipal de Uruapan son la gota que derramó el vaso ante la creciente ola de violencia que cimbra el estado. Para atajar los descontentos sociales que se generalizaron con las manifestaciones en el palacio de gobierno de Morelia, y los disturbios en la presidencia de Apatzingán, se ha propuesto un plan de gobierno: Plan Michoacán por la Paz y la Seguridad. Hay que tener prudencia y no caer en el juego de las descalificaciones ni dejarse seducir por la polarización. La realidad asfixiante de la violencia apremia y exige prudencia.
Michoacán entró hace varios años en un ciclo de violencia que he identificado como nuevas guerras criminales, en las que varios grupos armados se disputan desde tiempo atrás el estado y sus economías agroindustriales, mineras y comerciales. Estas nuevas guerras lo son en tanto que utilizan nuevos instrumentos letales no vistos hasta hace poco. Frente a esta situación, que llegó al límite con los asesinatos mencionados, se ha propuesto el Plan Michoacán. Hasta donde ha circulado la información, el plan se dividirá en tres ejes: 1) seguridad y justicia; 2) desarrollo económico con justicia; 3) educación y cultura para la paz.
A primera vista, los ejes son fundamentales dentro de una estrategia de seguridad y justicia. Se tiene razón en que la violencia no puede enfrentarse con más violencia, pero tampoco se puede ocultar la realidad: los actores armados luchan de manera más letal de lo que pensamos. Las extorsiones, desapariciones, robos u homicidios no son realidades subliminales. Por tanto, frente a la inacción que parecen sufrir varios estados con situaciones similares, iniciativas como las del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia deben ser bienvenidas.
Una cosa es clara: esta iniciativa será un parteaguas frente a los esquemas de seguridad que se aplican en otros estados, donde se resalta la reducción de homicidios, pero se dejan intactas economías ilícitas y múltiples violencias no reconocidas públicamente. El gobierno de Claudia Sheinbaum está hipotecando parte de su legitimidad con la iniciativa en Michoacán, porque habrá un antes y un después de ella. Lo más significativo será si el Plan no reproduce vicios y silencios ante la realidad como sucedió en el municipio de Aguililla, donde se dejó a su suerte a la población después de que el gobierno llegó e hizo creer que el problema se había solucionado.
El Plan Michoacán retoma términos claves para la pacificación y construcción de paz (que no son la misma cosa). El principal reto es reducir la capacidad de fuerza y operación de los grupos y sus redes. Las nuevas guerras criminales que comenzaron hace cuatro años a convertirse en verdaderas batallas territoriales se escenifican frente a un complejo de destacamentos militares y de guardia nacional, además de otros cuerpos policiales. Tierra Caliente, por ejemplo, está prácticamente militarizada. ¿Se requieren más soldados y guardias? No lo sé.
Hay otro tipo de problemas que impiden disminuir los enfrentamientos armados y las extorsiones. La seguridad necesita descentrarse más allá del Estado, a pesar de que el gobierno tema perder su control. Es un ideal, pero nos aleja de la violencia como primer recurso. La justicia también es una pieza clave: ¿cuánta justicia necesita el pueblo michoacano desde antes de la guerra contra el narcotráfico? Diríamos que tanta como el aire que respiramos. Pero de ella, ¿dónde se trazará el punto medio? Hay que pensar la justicia fuera de la caja de lo legal para llevarse a lo experiencia cotidiana: los miles de familiares de personas desaparecidas que no encuentran justicia; las extorsiones generalizadas; las prisiones donde habitan miles de inocentes y mujeres presas sin juicios o sentencias. Se necesita algo más que “aplicar la ley” para romper los círculos viciosos que son caldo de cultivo para el reclutamiento, las desapariciones, los asesinatos por pago, las drogas para enganchar jóvenes, etc.
Siguiendo el esquema trazado de manera incipiente por el Plan, el desarrollo económico con justicia es, en efecto, muy importante. Los problemas alrededor de las economías agroindustriales son apremiantes, con pagos míseros a jornaleros y jornaleras que no cuentan con protección laboral, expuestos a químicos, etc., frente a una economía rica que está dejando problemas de agua, deforestación, cambios de uso de suelo ilegales, entre otros asuntos. Todos estos son los asuntos medulares que multiplican las violencias. El desarrollo económico genera desigualdades y éstas pueden generar violencias si una parte del proceso económico expulsa a actores centrales como el sector laboral. Podemos verlo de otra forma: ¿Cuál es costo económico del crimen y por qué los sectores económicos y el gobierno no invierten en mejoras de seguridad que beneficiarían a la sociedad en su conjunto? Es un asunto para reflexionar porque, en Tierra Caliente, las dinámicas de enfrentamiento armado entre los grupos han desincentivado la inversión pública y privada. Ya nadie quiere invertir en los negocios frente a la extorsión y la violencia, a pesar de los esquemas de seguridad prometidos. ¿Cómo remontar esto? A su vez, una parte del financiamiento de la guerra la está pagando la sociedad con las llamadas cuotas. ¿Cómo el Plan va a enfrentar esto para generar confianza a mediano o largo plazo?
Por último, cuando el Plan Michoacán traza como tercer eje la educación hay que reconocer que apunta a un problema agudo, pero sin comprender el desafío que hay en regiones sumidas en enfrentamientos armados que acrecentaron la deserción escolar, el abandono y la expulsión. Es un problema serio. Muchas escuelas han cerrado o toman clases mediante el uso de celulares, cuando el internet funciona o las familias en pobreza extrema pueden pagar acceso a internet. Cuando los enfrentamientos arrecian hay desplazamientos forzados o expulsión de familias para ocupar las comunidades. La sierra, costa y el valle de Michoacán están sufriendo estos problemas por la nula contención de los enfrentamientos y control territorial. Los maestros han renunciado a sus plazas por el temor a la violencia o amenazas, lo mismo que sacerdotes que suelen ayudar en situaciones de emergencia.
Podemos enumerar una lista de los problemas a los que invita a pensar el Plan Michoacán, pero es claro que si el Plan consiste en realizar un conjunto de obras, talleres, pláticas, programas o subsidios sin consultar o encuestar a la población, el futuro de la estrategia tendrá un fin limitado. La violencia y los grupos armados asociados al crimen tienen una larga historia que no se puede interrumpir de buenas a primeras. Se cruza con múltiples intereses, proyectos y pasiones que vinculan a gobiernos e instituciones de los sectores público, privado y social. Encontrar el punto meridiano es el gran reto, pero sabemos que una cosa es gobernar y otra saber lo que sucede a nuestro alrededor.
Salvador Maldonado
Investigador de El Colegio de Michoacán