Para que no se pueda abusar del poder,
es preciso que el poder detenga al poder.
Montesquieu
Como los demás partidos izquierdistas mexicanos, Morena no ha condenado la violencia revolucionaria ni a los regímenes que se derrumbaron a partir de la caída del muro de Berlín ni a ninguna otra dictadura de izquierda. Pero además, a diferencia de esos partidos, ha manifestado explícitamente hostilidad contra las instituciones democráticas, especialmente contra el poder judicial y los órganos constitucionales autónomos así como contra los avances democratizadores del país que tanto le han servido a la izquierda mexicana para participar en la vida política. Es la postura típica del populismo.
Con López Obrador en la presidencia, se obligó a renunciar a consejeros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismos en los que se cubrieron las vacantes con incondicionales del presidente y a los que se les recortaron recursos.
El gobierno capturó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que impuso a la titular, Rosario Piedra, mediante un burdo fraude sin precedente en el Senado de la República: se le designó en el cargo sin que hubiese alcanzado la mayoría calificada exigida por la Constitución —dos terceras partes de los senadores presentes en el momento de la votación— ni cumpliera con el requisito que señala la misma ley suprema de no militancia partidaria. La señora Piedra fue candidata a diputada federal postulada por Morena y secretaria de derechos humanos del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, cargo al que no había renunciado el día de su elección.
La presidenta de la CNDH chatarrizada, como la bautizó Carlos Marín, guardó ominoso silencio ante graves violaciones de derechos humanos —incluso las ha apoyado— relativas, entre otras, a la justicia —la utilización perversa de las acciones penales—, la salud, la educación, y los derechos de las mujeres y los niños; la militarización de la seguridad pública; las presiones y agresiones al poder judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las calumnias y la persecución a periodistas críticos, científicos, académicos e integrantes de organizaciones civiles; los ataques al INE y al INAI, y las iniciativas presidenciales que terminarían con los contrapesos indispensables en una régimen democrático. Además, de los mil 720 trabajadores de la institución despidió a mil 614, lo que supone un costo de más de 407 millones de pesos. En protesta contra la titular de la CNDH, todos los miembros de su Consejo —sí, todos— renunciaron. Jamás había sucedido algo así.
Ante el desprestigio sin precedente en que ha sumido a la CNDH, la señora Piedra propuso ¡desaparecerla!, y en su lugar crear un organismo como los que existen en regímenes autoritarios, que se denominan defensorías del pueblo, pero no son autónomos ni defienden los derechos humanos de los gobernados, sino apoyan las medidas autoritarias de los gobiernos, presentándolas como benéficas para el pueblo. En realidad, desde que ella ocupa la titularidad de la CNDH la institución desapareció como lo que había sido desde su fundación bajo la presidencia del inolvidable doctor Jorge Carpizo: un organismo autónomo protector de los derechos humanos, un escudo de protección de los gobernados contra los abusos de las autoridades.
En el frenesí por eliminar contrapesos, el presidente ordenó a los diputados y senadores de su partido, mayoría en ambas cámaras, que aprobaran sus iniciativas sin cambiarles una sola coma, instrucción que esos legisladores obedecieron abyectamente, en muchos casos sin siquiera leer dichas iniciativas ni permitir que las leyeran los legisladores de oposición. De esa manera, por ejemplo, cancelaron fideicomisos importantes para apoyar la ciencia, la tecnología, los derechos humanos, las artes, el medio ambiente y la mitigación de los efectos de los desastres naturales. Incluso votaron por desaparecer los fideicomisos del poder judicial federal, que entre otras cosas permitieron cubrir pensiones de jubilación y gastos médicos imprevistos de jueces y magistrados, aunque la extinción de los fideicomisos quedó suspendida por una acción de inconstitucionalidad.
No obstante que los diputados y los senadores gozan de inmunidad en su actuación como legisladores, el líder de Morena, Mario Delgado, denunció ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria a los 223 diputados que votaron contra la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica. La Fiscalía debió resolver desde el primer momento que esa denuncia era absolutamente improcedente. No lo hizo. ¡Traición a la patria por ejercer sus atribuciones sin sujetarse al designio del presidente de la República! Increíble y grotesco. Capturada la CNDH, dominado el poder legislativo, debilitados y amenazados de muerte los órganos autónomos, transgredidas cotidianamente la Constitución y las leyes, los límites al ejercicio de poder eran los que habían trazado con decoro y valentía jueces, magistrados y ministros. No todos por desgracia, pues hay juzgadores de consigna —aquellos que prefieren complacer los deseos de los gobernantes o los fiscales en vez de aplicar la ley— y juzgadores pusilánimes, que ceden ante la presión que llega a ser en ciertos casos intimidación. Pero también los hay —la gran mayoría— comprometidos profesional y éticamente con su deber de resolver conforme a derecho los asuntos de que conocen. Estos últimos irritaban sobremanera a López Obrador: prefería que jueces, magistrados y ministros, en lugar de aplicar la ley, invariablemente dictaran resoluciones para complacerlo.
El presidente nunca ocultó su animadversión al poder judicial, principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde que dejó de presidirla Arturo Zaldívar, y a los organismos autónomos constitucionales, entre éstos principalmente al INE —con el pretexto de que, cuando su denominación era Instituto Federal Electoral (IFE), había convalidado la elección presidencial de 2006 en la que él asegura, sin pruebas que respalden su aseveración, que había sido víctima de un fraude electoral— y al INAI, que sacó a la luz pública casos de corrupción y conflictos de interés que han abundado en el gobierno de la 4T.
López Obrador quiso que no hubiera obstáculo alguno para sus proyectos, sus designios, sus decisiones, incluso la de designar a quien lo sucedería en la presidencia, y que no se exhibiera nada que pueda poner en duda lo inmaculado de su gobierno. Él, que se concibe a sí mismo como un redentor y al que los legisladores de su partido nombraron encarnación de la patria, la nación y el pueblo, no debía verse limitado en sus afanes ni los desvíos de su gobierno debían ser expuestos. Ni la ley ni ningún contrapeso debían interponerse en sus planes o demeritar su imagen.
Ningún contrapeso le parecía tolerable al presidente, pero particularmente le resultaba insufrible el del poder judicial en su misión de defender la Constitución y los derechos humanos. Las agresiones de la 4T contra ese poder han sido graves y numerosas. Señalo sólo algunas de ellas.
a) La embestida verbal y teatral. El presidente, con un lenguaje impropio de su alto cargo, insultaba con frecuencia a jueces, magistrados y ministros: el poder judicial —pregonaba— está podrido, entregado a los intereses de los conservadores, de la mafia en el poder; sus resoluciones son en contra del pueblo. No señalaba casos y pruebas que convalidaran sus descalificaciones: generalizaba sus vituperios.
La teatralidad estuvo a cargo de mercenarios que realizaron un largo plantón a la entrada del edificio de la Suprema Corte. Abundaron los improperios a los ministros. El mismísimo gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, participó en una ridícula escenificación en la cual se pasearon, ante las puertas de la Corte, féretros con las efigies de los ministros, incluida Norma Piña, presidenta del alto tribunal, odiada por el partido en el poder por la autonomía con que se ha conducido, a diferencia de su antecesor Arturo Zaldívar.
b) Las amenazas y las represalias. Varias veces el presidente, como reacción a una resolución que no le había agradado, solicitó que se investigara y se siguiera procedimiento contra el juzgador que la dictó. En ninguno de esos casos se demostró un proceder incorrecto del impartidor de justicia. Legisladores de morena anunciaron que promoverían un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte ejerció el voto de calidad —facultad que le concede el artículo 56 de la Ley de Amparo— que invalidó la inconstitucional Ley de la Industria Eléctrica. López Obrador manifestó su apoyo a ese juicio.
Una denuncia, anónima pero con nombres y apellidos de los agraviados, relata que durante la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte y el Consejo Federal de la Judicatura jueces y magistrados eran presionados por Antonio Alpízar, colaborador cercano de Zaldívar, para que sus resoluciones no fuesen contrarias a proyectos del presidente —como los del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica— o incluso para que favorecieran indebidamente a determinadas personas. Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, es una de esas personas. Se le imputó una malversación de 2 mil 500 millones de pesos. Alpízar le pidió al juez Alberto Roldán, entonces titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, que la amparara, asegurándole que el asunto era de “interés institucional”. La petición fue grabada subrepticiamente por el juez. La grabación forma parte de la denuncia.
¿Por qué el “interés institucional” en el caso? En esa malversación estaban involucrados otros 18 funcionarios, uno de los cuales es Jesús Orta Martínez, también exsecretario general de la Policía Federal, quien en la fecha en que lo investigaban era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al tiempo que Claudia Sheinbaum era la jefa de Gobierno de la ciudad. ¿La cantidad malversada —nada despreciable: 2 mil 500 millones de pesos— se pudo emplear en la campaña de la candidata del presidente? Como es sabido, Zaldívar se unió al equipo de Claudia Sheinbaum en cuanto renunció como ministro de la Suprema Corte, y Claudia Sheinbaum declaró asombrosamente que investigar a Zaldívar “no ayuda a México”. ¿O sea que lo que ayuda a nuestro país es la impunidad?
Zaldívar declaró que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas era algo “inédito” y anunció —acompañado por Mario Delgado, presidente nacional de morena— que promovería juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña por haber admitido la denuncia y porque ésta se filtró a los medios de comunicación. Por lo visto, la memoria del ministro en retiro no es infalible. Él impulsó la modificación de un acuerdo del Consejo Federal de la Judicatura a fin de que se pudieran investigar denuncias anónimas, de las cuales se admitieron 283 bajo su presidencia en ese Consejo. Por otra parte, la denuncia está acompañada de numerosas pruebas, incluyendo la grabación aportada por Alberto Roldán.
El propio presidente de la República había revelado en una de sus conferencias mañaneras que hablaba con Zaldívar para que éste, “¡respetuoso!” (sic), hablara con los jueces para hacerles saber el interés del titular del ejecutivo de que resolvieran los casos a su cargo en el sentido “conveniente”: el presidente de la Suprema Corte al servicio del presidente de la República. Varios de los juzgadores que no se sometieron a las presiones sufrieron represalias tales como la apertura en su contra de procedimiento administrativo de responsabilidad, readscripción o suspensión.
c) La extorsión. Un ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, fue obligado a renunciar mediante la extorsión: se congelaron sus cuentas y las de familiares suyos sin que se diera a conocer acusación alguna en su contra. El presidente dijo vagamente que se le estaba investigando. Medina Mora renunció a su cargo sin exponer los motivos: la extorsión triunfó. El entonces titular de la Corte, Arturo Zaldívar, guardó silencio ante el atropello. Con la vacante que dejó la dimisión, el presidente pudo colocar en su lugar a Margarita Ríos Farjat, a quien consideraba incondicional suya, pero ella mostró desde el primer momento en sus proyectos y sus votos una absoluta independencia de criterio.
d) Usurpación de atribuciones. El Congreso de la Unión —la mayoría oficialista—, a instancia de López Obrador, amplió el período como presidente de la Suprema Corte del ministro Arturo Zaldívar —complaciente en numerosas ocasiones con indefendibles iniciativas presidenciales— invadiendo una competencia del poder judicial y transgrediendo la disposición constitucional que establece un período de cuatro años y la no reelección para el período inmediato posterior. La maniobra se frustró: la Corte declaró inconstitucional la norma que transgredía el mandato constitucional calificándola de fraude a la Constitución y reelección de facto.
e) Desconocimiento de resoluciones. El presidente llegó a ordenar a sus colaboradores que desacataran sentencias judiciales. “El actual titular del poder Ejecutivo desconoce sistemáticamente las resoluciones del Poder Judicial que le son adversas y, en lugar de controvertirlas por la vía legal, señala y acusa a los juzgadores en el plano político y personal”.
f) El presidente contaba en la Suprema Corte con el titular Arturo Zaldívar, obsecuente al punto de que seguía sus instrucciones de solicitar a jueces y magistrados —eso sí, respetuosamente— que dictaran sus resoluciones en el sentido que él apetecía. Pero falló el intento de prolongar su presidencia y también el de colocar en la misma a otra incondicional, Yazmín Esquivel, gracias al escritor Guillermo Sheridan, quien demostró que ella había plagiado su tesis de licenciatura (Sheridan también demostró plagios cometidos por Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, fiscal general de la República y fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente).
Norma Piña, elegida sucesora de Zaldívar por sus compañeros ministros, es una ministra de trayectoria ejemplar que ha honrado el cargo. A partir de su designación arreciaron los ataques de AMLO contra nuestro máximo tribunal. No perdonaba que la presidencia del alto tribunal lo ocupara una ministra que no era su incondicional, como sí lo era su candidata, y que no efectuara las maniobras que dócilmente realizaba su antecesor. La ministra presidenta no se prestaba a darles “respetuosas” instrucciones a los jueces y magistrados. El presidente la atacó asidua- mente. Pero ella demostró su templanza.
También habían fracasado las tentativas de cooptar a la Corte. El presidente colocó a ministros que creyó incondicionales. Lo han sido la mencionada Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Además de su ignorancia jurídica, esta última mostró desde el primer momento, sin pudor alguno, absoluta sumisión al presidente al “promover la abdicación de la Corte, para que Congreso y Presidencia decidan sin obstrucciones”. Batres pudo ocupar ese sitial gracias a la renuncia de Zaldívar y fue designada directamente por López Obrador después de que el Senado rechazó, por inasumibles, las dos ternas que había propuesto.
En cambio, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, propuestos por el presidente, han actuado con plena autonomía, lo que ha irritaba tanto a López Obrador que llegó a injuriarlos llamándoles traidores. Con Norma Piña al frente, la Corte ha cumplido su papel de tribunal constitucional. Entre otras decisiones, el alto tribunal negó el visto bueno a la demolición de los organismos electorales, al menoscabo de la eficacia del juicio de amparo, a la militarización de la seguridad pública, a la sustracción del escrutinio público de los grandes proyectos de infraestructura del presidente, a la parálisis sine die del INAI y a la aprobación por parte de los legisladores oficialistas de iniciativas presidenciales sin que siquiera hubiesen sido leídas. Tan firme ejercicio de la autonomía exasperaba a López Obrador.
Luis de la Barreda Solórzano
Doctor en derecho. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.