El 13 de diciembre de 2022, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, envió a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La propuesta llega tarde respecto a lo establecido en el Artículo 3.º Constitucional, cuya reforma, publicada en 2019, establece que el Congreso tendría que promulgar la ley reglamentaria a más tardar en 2020. Si bien la iniciativa está firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad es hechura de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces. El retraso —pronto se cumplirán tres años— revela que el proyecto tuvo que recorrer un largo y accidentado camino en el que fue rechazado, una y otra vez, por la comunidad científica y en algunas etapas incluso por diversos actores dentro del propio gobierno.
Por alguna razón que no ha sido plenamente dilucidada, el presidente adelantó los tiempos de la sucesión presidencial, de tal manera que los nombres de las personas que desean competir en su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se conocen desde hace más de un año. El conjunto de aspirantes se ha depurado con el tiempo, quedando por ahora sólo cuatro personas, por orden alfabético: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; el ya mencionado secretario Adán Augusto López; el senador Ricardo Monreal Ávila y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Los precandidatos han combinado sus obligaciones como funcionarios con actividades que son propias de las campañas políticas, con lo que han atraído la atención de una parte todavía pequeña de la población, así como las simpatías o rechazo de los integrantes de su propio partido, entre ellos los legisladores.
Lo anterior ha dado lugar a un fenómeno muy interesante, pues tanto los diputados como los senadores de Morena y sus aliados han expresado abiertamente un respaldo diferenciado hacia alguna de las personas que aspiran a la candidatura presidencial, y muchos de ellos trabajan para lograr que el dedo del presidente apunte hacia su candidata o candidato; o lo que es lo mismo, para que logre imponerse en la encuesta que realizará el partido oficial para elegir a su abanderado. Por esta razón es que incluso han surgido confrontaciones entre los legisladores, las cuales, a pesar de los esfuerzos de sus dirigentes, ponen en riesgo la unidad en el partido oficial.
Resulta claro que el trabajo legislativo se encuentra inmerso desde ahora en el proceso sucesorio, por lo que surge de manera natural la pregunta sobre si la formulación de nuevas leyes o la aprobación de iniciativas pueden estar influidas por esta circunstancia. Al examinar la iniciativa de una nueva ley de ciencia, los legisladores harían bien en contrastar la propuesta elaborada por Elena Álvarez-Buylla con las ideas y propuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación formuladas por las personalidades a las que respaldan en la carrera por la sucesión presidencial.
Ebrard, Monreal y Sheinbaum tienen diferencias abismales con la política emprendida por la directora del Conacyt la cual está contenida fielmente en la iniciativa de ley. Han planteado ideas que van desde la intención de desarrollar proyectos de investigación necesarios para el desarrollo del país, algunos basados en la cooperación internacional, a los que la actual directora considera como productos de la ciencia neoliberal; pasando por críticas puntuales desde el gobierno de la Ciudad de México a diversos artículos del proyecto y a la ideologización que lo anima, o los señalamientos desde la Junta de Coordinación Política del Senado sobre que no debe aprobarse una ley sin contar con la verdadera participación de la comunidad científica. Por su parte, Adán Augusto López no ha expresado hasta ahora con suficiente claridad sus ideas sobre el papel que debe desempeñar la ciencia en el futuro de México; sin embargo (aunque puedo estar equivocado), dudo mucho que en su campaña vaya de la mano con Álvarez-Buylla, quien por su talante conflictivo, más que un apoyo para conquistar el voto en algunos sectores, puede ser un verdadero lastre. Las posiciones de quienes aspiran a la presidencia por Morena pueden verse con mayor detalle aquí.
El presidente del partido oficial, Mario Delgado, anunció recientemente que las encuestas se iniciarán en julio de este año y los resultados se tendrán en noviembre o diciembre. Así, no hay razón para aprobar la iniciativa de manera apresurada. No sería razonable por parte de los legisladores de Morena y sus aliados imponerle a quien resulte su candidato o candidata a la presidencia una Ley con contenidos con los que no está de acuerdo.
Es cierto que en este caso se trata de una iniciativa presidencial. La costumbre indica que tales propuestas deben aprobarse como vienen, incluso sin modificar una coma. Pero en este caso no hay realmente una urgencia, como ha ocurrido en otros temas como la reforma energética, o la electoral, por lo que puede examinarse con otro ritmo. No habría aquí una confrontación con el presidente, pues el candidato o candidata de Morena —y López Obrador lo ha dicho— contará con su absoluto respaldo, así que esperar el destape para formular una ley compatible con quien triunfe en la encuesta sería un respaldo, no para una persona a secas, sino para el candidato o candidata del presidente.
Comentario final
Más allá de la carrera por la sucesión presidencial, hay otros argumentos, quizás más importantes, por los que a mi juicio los legisladores deben rechazar la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Además de los múltiples señalamientos críticos sobre los contenidos de la propuesta oficial provenientes de distintos sectores de la comunidad científica, quiero agregar dos razones por las que considero que no debe ser aprobada.
La primera es que todo el contenido de la iniciativa elaborada por la directora del Conacyt, busca en realidad una justificación de lo que ya ha venido haciendo, lo que incluye destazar (para usar un término en boga) la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. En realidad, no hay novedades en la iniciativa.
La segunda es que en los hechos ya hemos visto los resultados de la propuesta con la aplicación de esta política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Dicho en otras palabras, la iniciativa apunta a la destrucción de la ciencia mexicana.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico