A Marta Lamas
El crecimiento de la industria sexual en el mundo ha transformado sus modos tradicionales al incluir una amplia variedad de espacios y modalidades de prestación de servicios y actividades, como la oferta de pornografía o contenido erótico en plataformas digitales. Estas actividades son parte de un conjunto de interacciones hechas por mayores de edad que, de manera consensuada, intercambian sexo, o servicios vinculados con la sexualidad, por dinero. Se ha debatido ampliamente sobre este intercambio, en particular cuando lo realizan mujeres. Las discusiones políticas y teóricas sobre el comercio de servicios sexuales, con énfasis en la prostitución y pornografía, elaboradas por el movimiento y teorías feministas han impulsado un análisis crítico y complejo de la existencia de estos mercados. Sin embargo, el tema es un objeto de disputa al interior de los feminismos, porque hay una diversidad de posturas respecto a la operación de estos mercados sexuales y la participación de las mujeres en ellos.
El encuentro en el metro de Ciudad de México que hace unas semanas tuvo la actriz porno mexicana Luna Bella con dos hombres que también producen contenido sexual, reavivó los debates sobre el intercambio de sexo por dinero. Un asunto que, en el caso de la industria pornográfica, se traduce en la producción de imágenes en las que se representan relaciones sexuales entre distintas personas —o a veces en solitario—, muchas veces en escenarios prefabricados, como sets especiales, o en contextos públicos que juegan con la noción de que la sexualidad debe ejercerse a puerta cerrada.
Más allá del debate en torno al hecho, el cual puede derivar en un conjunto de discusiones en torno al consentimiento de quienes presenciaron las relaciones sexuales o el uso de un espacio público como el metro para llevar a cabo la escena, me interesa elaborar una reflexión sobre los discursos que surgieron alrededor de este evento. En especial sobre la manera en que esos discursos se refieren a la protagonista de la escena pornográfica, es decir, a Luna Bella.
La noción de discurso del filósofo francés Michel Foucault es una herramienta útil para analizar los procesos mediante los cuales circulan ciertas opiniones sobre un fenómeno concreto en la sociedad. En este proceso, hay que poner atención en cuáles son los fenómenos sobre los que se producen los discursos; cuáles son los conceptos por medio de los cuales se expresa determinado discurso en un contexto específico; y quiénes son responsables de emitir, o no, dichos discursos.
Para la antropóloga feminista Marta Lamas, la sexualidad pone en acto una serie de jerarquías sociales y concepciones morales de las sociedades contemporáneas, que se expresan por medio de la valoración o estigmatización de ciertas prácticas y conductas sexuales y, en consecuencia, de las personas que las realizan. Esto sucede con el intercambio de sexo por dinero y las mujeres que lo hacen, a quienes históricamente se les rechaza, estigmatiza y, en algunos contextos, criminaliza.
Para establecer un control sobre el comercio de servicios sexuales, se han creado distintos regímenes legales que tienen como fundamento visiones ideológicas sobre la sexualidad. Se les puede identificar en los discursos sociales que se emiten sobre el intercambio de sexo por dinero, como sucedió en torno a la escena porno protagonizada por Luna Bella. Estos regímenes son: el prohibicionismo, el reglamentarismo o sistema de tolerancia, el abolicionismo, y su versión contemporánea el neoabolicionismo, y el más reciente, la legalización.
El régimen prohibicionista sanciona todas las conductas relacionadas con el comercio sexual, invocando la moral pública o las buenas costumbres. Apela a la justicia penal como medio para lograrlo, es decir, promueve el castigo para quienes ofertan y demandan servicios sexuales, lo que refuerza el estigma contra quienes ejercen el comercio sexual. Por su parte, el reglamentarismo busca controlar el comercio sexual estableciendo reglas, como la definición de ciertas zonas para realizarlo —y la prohibición de otras—, la revisión médica periódica para las personas que lo realicen y su registro ante el Estado. El argumento es que el comercio sexual es un “mal necesario” que debe ser tolerado y controlado.
En cambio, el abolicionismo considera a la prostitución contraria a la dignidad y el valor de las mujeres, por lo que no debe regularse, pero tampoco prohibirse porque eso implicaría una sanción a las mujeres que la realizan. El abolicionismo busca sancionar el uso de las mujeres como objetos sexuales, por lo que criminaliza la intervención de terceras personas involucradas en el intercambio de sexo por dinero. En este mismo sentido, el neoabolicionismo, que es una actualización elaborada por el feminismo radical de Estados Unidos a mediados del siglo XX, se superpone con un marco de justicia penal o punitivista más amplio, que parte de una perspectiva que privilegia el control del delito, endurecer la legislación penal como solución al proxenetismo y el “rescate” de las mujeres que realizan el comercio sexual, a quienes se considera “víctimas” del sistema proxeneta.
Finalmente, la legalización o reglamentarismo liberal consiste en reconocer el comercio sexual como una prestación de servicios, para la cual debe haber igualdad de derechos de todas las partes involucradas. En este sentido, el modelo puede interpretarse como una visión “protrabajo” que se nutre de la organización de las trabajadoras sexuales, a quienes se considera como mujeres con capacidad de decisión para elegir esta actividad laboral y para quienes no es degradante de antemano, sino que puede ser incluso liberadora en potencia al cuestionar el orden simbólico de género que obstaculiza la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad.
Después de que el video de Luna Bella se viralizó en redes sociales, comenzaron a circular una serie de comentarios sobre el acontecimiento y, de manera particular, sobre ella. Algunos de ellos fueron “puta”, “vieja enferma”, “depravada”, “corriente”, “naca”, “piruja sin dignidad”, “enferma mental”. Hubo otro tipo de enunciados que apelaban a la comprensión de su “historia de abuso” y “violencia”; a los efectos del “sistema prostituyente”; a su “estrés posttraumático”; a la “normalización de la cultura pornográfica”; y al “daño de la prostitución en las mujeres”.
Estos enunciados, categorías y afirmaciones mantienen una relación de reciprocidad con los regímenes legales del comercio sexual. Esto es evidente en la manera en que la sociedad da sentido al intercambio de sexo por dinero y en la producción de sujetos acordes con cada modelo. Por un lado, se mantiene vigente la idea de que las mujeres que se dedican a intercambiar servicios sexuales por dinero son mujeres inmorales, sucias y dañadas —en su salud física y mental—, a quienes hay que vigilar porque representan una amenaza sanitaria y un peligro para las buenas costumbres. Todo ello las hace dignas de castigo, ya sea con el estigma social o mediante la ley penal.
Por otro lado, son subjetivadas como víctimas pasivas de su historia de vida; sin capacidad de agencia para decidir el ingreso al comercio sexual, las condiciones en que realizan esta actividad o el momento para dejar de hacerla. También como personas a quienes hay que rescatar del “sistema prostituyente” criminalizando a todas las personas que posibilitan el funcionamiento del mercado sexual, incluso aquellas que no participan de la coerción y la violencia que ahí pueda existir.
Si bien los comentarios en redes sociales pueden leerse como opiniones individuales de un acontecimiento social —mucho más en este caso que sucedió en un espacio público como el metro de Ciudad de México—, los discursos que subyacen tras estas opiniones pueden enmarcarse en los regímenes legales e ideológicos sobre el comercio sexual, con efectos en los comportamientos y relaciones sociales en el contexto en donde se despliegan.
En este sentido, los discursos emitidos sobre la escena pornográfica en el metro y sobre Luna Bella representan ciertos debates sobre la libertad sexual de las mujeres y su control. Pero también sobre las relaciones de género en nuestro contexto, sobre la producción y regulación de lo masculino y femenino a partir de la cual se determina cuáles son los espacios, conductas, relaciones y posiciones de las mujeres en la vida cotidiana e institucional. A estos mecanismos, la teórica feminista Teresa de Lauretis los denominó tecnologías de género
Analizar el discurso contemporáneo sobre la pornografía y las mujeres que se dedican a la producción de contenido sexual y erótico permite historizar lo que se da por sentado y mostrar que persisten las disputas respecto a la manera de enunciar, pensar y analizar estas actividades. En este sentido, es evidente que el discurso elaborado desde el modelo de la legalización, es decir, el que es producto de los movimientos por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, está prácticamente ausente del debate. Y que los argumentos en torno a la agencia y derechos laborales de las mujeres adultas que de manera voluntaria se dedican a intercambiar sexo por dinero no son visibles en las discusiones públicas, lo que mantiene intactas las normas morales y la invisibilización política de las mujeres por el estigma de puta.
Luz Jiménez Portilla
Investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana