Desde inicio de año, al menos tres caravanas de migrantes han adelantado su partida desde Chiapas para intentar llegar a Estados Unidos antes de la segunda toma de posesión de Donald Trump. La amenaza de llevar a cabo la mayor deportación en la historia del país quedó clara; un amago que preocupa también al pensar en quiénes están a cargo de implementarlo y por cómo se explica: “En el momento en que el presidente Trump ponga su mano sobre esa Biblia y preste juramento, la ocupación terminará y comenzará el día de la liberación”, dijo Stephen Miller, nuevo asesor para migración en la nueva administración. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance propuso deportar alrededor de un millón de personas al año, mientras que Tom Homan, designado como el ‘nuevo zar de la frontera’, ha sugerido comenzar a deportar a los migrantes con procedimientos criminales y crear una línea de teléfono especial para denunciar a personas indocumentadas.
Es una idea popular. De acuerdo con una encuesta del New York Times realizada en octubre de 2024, 57 % de los votantes sostuvieron que apoyaban la deportación de los migrantes que residen ilegalmente en el país. La primera administración Trump logró deportar 1.5 millones de personas y es probable que el nuevo gobierno recupere algunas de sus antiguas políticas de migración, como presionar a otros países para que acepten a los solicitantes de asilo, reprimir a los migrantes para disuadirlos, y hacer a los migrantes esperar sus trámites migratorios en México, como ya advirtió ante el Congreso la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Stephen Miller ha planteado, otra vez, la separación de familias como forma de amenaza para los migrantes; funciona porque alrededor de 5.1 millones de niños americanos viven con un familiar indocumentado.
Para lograr llevar a cabo una deportación de estas dimensiones, Trump ha propuesto utilizar al ejército debido a que no hay suficientes agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Además, tendrá que buscar cooperación de gobiernos estatales, como Texas, que ya ha ofrecido terrenos para construir nuevos centros de detención. De acuerdo con estimaciones del Consejo Americano de Inmigración, el gobierno de EE. UU. tendría que gastar aproximadamente 88 000 millones de dólares para deportar un millón de migrantes al año, casi el doble del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud, cuatro veces el presupuesto de la NASA y cerca de tres veces lo que el gobierno federal gasta en nutrición infantil.
En su primera administración, el plan de deportaciones de Trump fue parcialmente bloqueado por la burocracia federal y sentencias judiciales. En esta ocasión, Trump ha prometido declarar una emergencia nacional desde el primer día de su gobierno, apoyarse en poderes de emergencia y en el uso de militares para llevar a cabo las deportaciones. Por ejemplo, ha planteado utilizar la Ley de Extranjería y Sedición, una ley de 1798 para deportar a los miembros de pandillas, traficantes de drogas y miembros de cárteles que no sean ciudadanos, citando lo que él describe como una “invasión migratoria”. Esta ley permite al presidente deportar a ciudadanos de una nación enemiga en tiempos de guerra o en casos de una “invasión o incursión” por parte de un gobierno extranjero. Quizá aún surjan barreras en las cortes para aplicar dicha ley. Quienes critican esta vía, destacan la manipulación del propósito original de la medida, su discriminación en función de ascendencia y de carecer de protecciones de debido proceso.
Hay números que explican el éxito de la postura del Partido Republicano. Desde 2021, Estados Unidos ha experimentado un incremento en los flujos inmigratorios sin precedente. Durante la administración Biden, se calcula que la migración total neta (el número de personas que ingresan al país menos las que salen) superó los ocho millones de personas, un promedio de dos millones de personas anuales. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso destacó que la migración neta anual nunca se había acercado a dicha cifra en un período tan prolongado. Actualmente alrededor de 11 millones de personas indocumentadas residen en Estados Unidos, lo que equivale aproximadamente a 3.3 % de la población. De estos, más de cuatro millones son mexicanos, dos millones de América Central, alrededor de 800 000 de América del Sur y 400 000 del Caribe. Además, el porcentaje de la población estadunidense nacida fuera del país ha alcanzado un máximo histórico. En verano de 2023, dicha proporción había aumentado a 15.2 % y siguió creciendo durante los 18 meses siguientes; como referencia, el récord anterior, de 14.8 %, ocurrió en 1890. En el caso particular de los migrantes mexicanos, desde principios del siglo XXI, su proporción dentro de la población inmigrante total en EE. UU. ha disminuido. En 2000, los mexicanos representaban aproximadamente 28.2 % de la población inmigrante, con 9.3 millones de personas. En 2023, aunque el número de inmigrantes mexicanos aumentó a 10.9 millones, su proporción respecto al total de inmigrantes descendió a 22 %. Una caída que también se explica por el incremento de flujos migratorios provenientes de otras regiones.
En el año fiscal (de octubre a septiembre) de 2023, las autoridades estadunidenses reportaron un récord de 3.2 millones de migrantes en la frontera sur, la cifra más alta desde al menos 1980. Desde 2021, más de la mitad de la migración neta a Estados Unidos ha consistido en personas que ingresaron al país de manera ilegal. De los aproximadamente ocho millones de migrantes netos de los últimos cuatro años, se estima que cinco millones, aproximadamente 62 %, no contaban con autorización, según Goldman Sachs. Tras alcanzar un máximo histórico en diciembre de 2023, el presidente Biden tomó la decisión de introducir restricciones en las políticas de asilo. Aunado a las medidas de control tomadas por el gobierno mexicano, esto provocó que la migración entre los puertos de entrada cayera en 50 % tan sólo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. El número de migrantes que llegó a la frontera durante en noviembre de 2024 fue el menor durante la presidencia de Biden: las detenciones por cruces fronterizos ilegales desde México disminuyeron 17 % en comparación con octubre y 76 % menos que en noviembre de 2023. Cabe resaltar que la administración Biden estableció un nuevo récord al deportar a más de 270 000 inmigrantes en un período de doce meses. En 2019, el último año de la primera administración Trump, se deportó a 267 260 personas.
Al manipular y reducir el debate sobre la migración a términos ideológicos, se ha relegado la dimensión económica. Con deportaciones de esta magnitud, varias economías latinoamericanas probablemente sufran un golpe debido a la pérdida de remesas, que representan entre el 20 y 25 % del PIB en países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto podría generar un círculo vicioso, en el que las deportaciones debiliten la situación económica de los países receptores de remesas, lo que, a su vez, incrementaría la migración debido al deterioro de las condiciones económicas.
Lo propuesto por Trump y su equipo tendrá efectos económicos importantes también en Estados Unidos; van desde el costo de llevarlas a cabo hasta los efectos para las industrias como la construcción y la agricultura, o la pérdida de tributaciones. Los migrantes conforman alrededor de 30 % de los trabajadores de construcción, casi 28 % en sectores agrícolas, y 25 % de los servicios domésticos. En la construcción y la agricultura pueden perderse al menos uno de cada ocho trabajadores y en la hostelería aproximadamente uno de cada catorce trabajadores, lo cual puede llevar a una escasez importante de mano de obra: en 2022, casi 90 % de los inmigrantes indocumentados estaban en edad de trabajar, en comparación con 61.3 % de la población nacida en EE. UU.
Alrededor de un millón de empresarios inmigrantes indocumentados dirigen negocios locales que son importantes para los servicios comunitarios y para el empleo, que pagan impuestos y alimentan las economías locales a través del gasto. Según estimaciones del Instituto Peterson de Economía Internacional, en un escenario en donde se deporta a 8.3 millones personas, para 2028, el PIB de EE. UU. se reduciría 7.4 % y el empleo 7.0 %. Por su parte, el Consejo Estadunidense de Inmigración ha estimado que en una deportación a largo plazo en donde se deporte a un millón de personas cada año hasta que no haya población indocumentada, reduciría el PIB estadunidense entre 4.2 % y 6.8 %. Las consecuencias económicas serían especialmente graves en California, Texas y Florida, que en conjunto albergan a 47.2 % de la población indocumentada.
Suele olvidarse que los migrantes no son sólo trabajadores, sino también consumidores. Por ello, las deportaciones reducirán la demanda de productos, vivienda y servicios, “conduciendo a un decrecimiento en la demanda por trabajadores en otros sectores […]. Como resultado, en lugar de impulsar el empleo interno, la expulsión de inmigrantes en última instancia reduce los puestos de trabajo para otros trabajadores estadunidenses”. Una de las justificaciones más reiteradas a favor de las deportaciones aduce al impacto de la inmigración en las oportunidades de empleo y los salarios de los trabajadores estadunidenses, a pesar de que se ha demostrado que los empleadores normalmente no reemplazan a los trabajadores deportados con trabajadores nativos, sino que intentan invertir en tecnologías que requieren menos mano de obra, “el resultado es que hay menos personas empleadas en sectores comerciales clave como los servicios, la agricultura y la industria manufacturera”. Entre intimidaciones de un lado y sumisiones del otro, quedó relegado el estudio de lo que ha sucedido y lo que conviene para América del Norte. Los réditos electorales desplazaron no sólo las consideraciones económicas en favor de la migración, sino la idea política de una región que necesitaba, y se concibió, de ambos lados, bajo principios de tolerancia, intercambios y decisiones a largo plazo.
Emiliano Polo
Abogado especializado en derecho internacional y diplomacia. Maestro en asuntos exteriores y seguridad internacional y colaborador del programa de América Latina en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
¿Hasta que punto «América del Norte» implica alinearse con las políticas imperialistas de EEUU?