Hace poco Ernesto Zedillo afirmó que México vive bajo una tiranía. Su diagnóstico en extenso está lleno de intuiciones valiosas, pero yerra en la precisión del concepto. No se equivoca al advertir los signos inquietantes de un régimen autoritario en gestación, sino al emplear el término “tiranía” para describir la forma concreta que adopta esta deriva en nuestro país. Al hacerlo, invoca una figura del poder que, tanto en su origen como en su historia política y filosófica, designa algo muy distinto a lo que observamos en el presente mexicano.
La palabra “tiranía” tiene raíces en el griego antiguo: týrannos aludía de manera inicial a un gobernante que asumía el poder sin legitimidad hereditaria o constitucional, es decir, al margen de las reglas tradicionales del gobierno. Con el tiempo —y sobre todo en la tradición filosófica griega encarnada en Platón y Aristóteles— el término adquirió una connotación más precisa: la tiranía es el régimen de uno solo, sostenido en la arbitrariedad, la represión y la supresión de la ley en beneficio exclusivo del tirano. El týrannos, en esta lectura, no sólo concentra el poder, sino que lo ejerce como voluntad caprichosa, desvinculada de cualquier principio de justicia común. Por eso, Platón lo distingue del rey justo, y Aristóteles lo considera la degeneración más extrema de la monarquía.
Cómo argumenté en este mismo espacio, entre 2021 y 2024, México sí vivió un momento excepcionalmente tiránico, como resultado de una degradación moral paulatina de lo que fue el régimen de la transición a la democracia. En los últimos tres años de su mandato, Andrés Manuel López Obrador encarnó con inquietante precisión los rasgos que Platón atribuye al tirano en La República. La pluralidad política —condición indispensable de la democracia— se redujo hasta la inanición por una voluntad que se quiso unívoca, vertical y sin mediaciones. Los principios de igualdad, libertad y participación —que en la tradición clásica no son adornos retóricos sino estructuras vivas del régimen democrático— fueron marginados bajo el peso de una lógica personalista en la que la voluntad del presidente pretendía ocupar el lugar de la ley, del diálogo y del disenso legítimo.
En esos años, se desmanteló el sistema de contrapesos no por vía de la fuerza explícita, sino por medio de un discurso moralizante que justificaba cada imposición en nombre del pueblo. Se sustituyó la deliberación por la consigna, la crítica por la sospecha, y la institucionalidad por una cercanía afectiva entre el líder y su audiencia, construida de manera cuidadosa y explotada. La impunidad fue legitimada como táctica, y el pragmatismo más elemental —si sirve para conservar el poder, es válido— se impuso como doctrina de gobierno.
Hoy en México, sin embargo, nadie puede decir con precisión que hay un tirano, es decir, un régimen en donde una sola persona concentre y ejerza el poder de manera absoluta, arbitraria y sin oposición significativa. Andrés Manuel López Obrador, fuera de la presidencia, puede imponer agenda, nombres y símbolos —como ocurrió con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, pero, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha reconocido que el padrón de desaparecidos que se realizó durante su gobierno está mal, que el Tren Maya causó daños ambientales y que su administración dejó una deuda económica. En un régimen de verdad tiránico, ese tipo de correcciones públicas, provenientes del círculo de poder sucesor, serían inconcebibles.
Tampoco es posible afirmar que Claudia Sheinbaum encarna el poder absoluto. Si bien ha sido electa para ejercer la Presidencia de la República —un cargo indudablemente central—, su margen de acción no es ilimitado. Su coalición le ha impuesto límites visibles, incluso con desdenes involuntarios, como el que ocurrió en su mitin en defensa de la soberanía. En más de una ocasión le han detenido o modificado su agenda legislativa, y los órganos de su partido no están bajo su control directo. No tiene operadores propios en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Más que una figura tiránica, Sheinbaum representa una jefatura negociada, sujeta a las tensiones internas de una coalición que concentra el poder de manera fragmentada.
Y si se intenta identificar a otros posibles detentadores del poder absoluto —Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Luisa María Alcalde o incluso Andrés López Beltrán— el diagnóstico no varía: todos tienen cuotas de poder, áreas de influencia, redes propias, pero ninguno domina al conjunto bajo su única voluntad. Cada uno opera en un campo de fuerzas donde debe negociar, ceder, disputar. Lo preocupante, sin embargo, no es la ausencia de un tirano clásico, sino el consenso autoritario que los une. La idea de que el poder se ejerce sin transparencia, por designio vertical, al margen del debate público y con recursos estatales como extensión de voluntades personales, es una convicción compartida entre quienes integran el bloque gobernante.
No obstante, en nuestro país sí se está consolidando de manera cada vez más clara un régimen autoritario. Como varios analistas han advertido[1], nos enfrentamos a una autocracia, entendida no como dominio absoluto de un solo individuo, sino como un régimen donde el poder está concentrado en un grupo que lo ejerce de manera arbitraria. Este grupo ha extendido su control sobre los tres poderes del Estado —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial—, y amenaza con hacerse con el cuarto poder —los medios de comunicación y las benditas redes sociales. Además tiene el control de los organismos autónomos que quedan, ya sea mediante la captura directa de estas instituciones o por medio de la colocación estratégica de personas afines que operan en nombre de los intereses de la coalición gobernante.
Ahora bien, que el poder autoritario esté bajo el dominio de un mismo grupo no significa que responda a una sola voluntad o que todos sus integrantes compartan idénticos intereses. La concentración del poder, en este caso, no elimina las tensiones internas ni las disputas por espacios de influencia; sólo las traslada al interior de la propia coalición. Por eso, en lugar de encontrar oposiciones partidistas vigorosas capaces de actuar como contrapeso, observamos que los principales vetos, las resistencias más relevantes ocurren dentro del mismo bloque que gobierna. Así, la apariencia de unidad esconde un paisaje más complejo: uno donde la pugna política sigue existiendo, pero se despliega no entre fuerzas distintas, sino entre facciones de un mismo proyecto de corte autoritario.
La precisión importa. Llamar tiranía a esta forma de dominación puede sonar provocador y útil para la denuncia, pero no ayuda a entender la estructura real del poder contemporáneo en México. Y si no analizamos dicha estructura de forma correcta, no es posible enfrentarla correctamente. Más que una figura titánica enloquecida por el poder, lo que hay es una autocracia: una coalición pragmática de poderosos que, sin ser un solo tirano, comparten la voluntad de gobernar sin rendición de cuentas. Una autocracia legitimada por las urnas, pero enemistada con las formas republicanas de la política.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente
[1] Véase en particular lo siguiente: Ernesto Hernández. Sinaloa en llamas: autocracia, crimen organizado y universidad (Presentación de G. Ramírez Reyes). Sinaloa: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2025
Llamarle autocracia o lo quita lo tirano. Zedillo lo describe para despertar conciencias
Usted lo desea descafeinar…y para qué? No entiendo tanta disertación para caer en lo mismo.
Ahh bueno, autocracia es, no tiranía. Que bien, ya mas tranquilos todos. Osea de la dictadura perfecta a la autocracia perfecta.
Podríamos decir que retrocedimos a los años 20 del siglo pasado, o quizá no cambiamos nada en cien años, los grupos de poder regionales han permanecido siempre pero cambian de siglas.