La reciente reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en México cobró mucha notoriedad mediática. El informe reporta la severa crisis en materia de derechos humanos por la que atraviesa el país. Nada que no se sepa, ni que no se haya ya reportado y documentado por muchas instancias más. La aseveración de que la crisis ha continuado y de cierta manera se ha profundizado durante su gobierno irritó al presidente, quien reaccionó acusando al Departamento de Estado de mentir.1 Esta no ha sido la única reacción de este tipo por parte del presidente y su gobierno. Desde, al menos, principios de 2022 se han puesto a la defensiva y han buscado negar la narrativa de la crisis que ofrecen los informes de numerosos actores internacionales y nacionales.
Cuando un gobierno enfrenta un problema público sobre el cual es abiertamente criticado y no tiene la voluntad o las capacidades para solucionarlo suele recurrir a la negación. Stanley Cohen desarrolló este concepto para entender las reacciones de los gobiernos que son señalados por violar derechos humanos y no quieren realmente cambiar su comportamiento, e identificó tres tipos de negación: literal (“no pasó nada”), interpretativa (“lo que pasó aquí es otra cosa”) e implicatoria (“lo que pasó está justificado”).2
La negación literal es la más básica y consiste en simplemente asegurar que las acusaciones de los críticos del gobierno son falsas: no hubo una masacre, nadie fue torturado, nadie fue detenido de manera arbitraria, no se han dado desapariciones forzadas, etcétera. Los gobiernos criticados también suelen cuestionar la objetividad y por lo tanto la confiabilidad de sus críticos, sugiriendo que siguen ciertos intereses perversos o que tienen una agenda política oculta.
Los gobiernos recurren a la negación interpretativa cuando los hechos en sí no se pueden ocultar o negar. En este sentido, intentan redefinir el marco de significados dentro del cual se entienden o interpretan los hechos: sí sucedió lo que dicen los críticos, pero no es una violación a los derechos humanos, sino “otra cosa”.
Finalmente, la negación implicatoria consiste en justificaciones hechas por las autoridades en casos de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, los gobiernos suelen apelar a “valores superiores” que, bajo ciertas circunstancias, supuestamente tienen precedencia sobre el respeto a los derechos humanos: una “ideología trascendental”, una “causa justa” o una “misión sagrada”. También se suelen justificar apelando a la necesidad: “teníamos que hacerlo”, o transfiriendo la responsabilidad a las víctimas, argumentando que éstas provocaron los hechos o, de plano, que “se la buscaron”. Finalmente, un gobierno que recurre a la negación implicatoria puede recurrir a hacer comparaciones favorables: compararse con sus opositores o sus críticos, con el fin de desacreditarlos o desviar la discusión, señalando que no tienen “calidad moral” para criticar.
Tras la tregua que involuntariamente dio la pandemia al gobierno de México y conforme ha avanzado el sexenio y las críticas y cuestionamientos se han acumulado, la irritabilidad del gobierno de AMLO ante el escrutinio internacional ha aumentado, así como sus reacciones e intentos de desarrollar contra narrativas sobre la situación de derechos humanos en México y el papel de los actores internacionales.
A finales de noviembre de 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU realizó una misión de monitoreo a México. En ese marco, Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la crisis de desapariciones y agradeció la visita y la ayuda del Comité en la definición de las políticas de México en la materia.3 Sin embargo, hacia principios de 2022 el buen tono comenzó a cambiar. Por ejemplo, en febrero del mismo año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó públicamente su preocupación sobre el asesinato de periodistas en México y pidió “mayor responsabilidad” de parte del gobierno de México. La declaración de Blinken fue muy mal recibida por el presidente López Obrador, quien reaccionó en su conferencia matutina y aseveró que Blinken “no sabe, está mal informado […] lo que él está sosteniendo no es cierto [… en México] no hay impunidad [los asesinatos de periodistas] no son crímenes de Estado.” En ese mismo marco, el presidente señaló que “los gobiernos [de Estados Unidos] tienen esa mala costumbre, de que son candil de la calle y oscuridad de la casa” y reprochó que “existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos”. Ese mismo día, el canciller Marcelo Ebrard envió una carta al secretario Blinken en la que le recordaba que el gobierno de México solamente le rinde cuentas a la ciudadanía y las instituciones del país y reviró sugiriendo que los homicidios de los periodistas habían sido “presumiblemente” perpetrados utilizando armas de fuego ilegales, provenientes de Estados Unidos.
En marzo de 2022, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre las violaciones a los derechos humanos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Mediante comunicado de prensa, el gobierno de López Obrador calificó a la resolución de “panfleto” y lamentó que las y los integrantes del Parlamento Europeo “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. El comunicado también señaló que el “el Estado [mexicano] no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”. Concluyó invitando a las parlamentarias y los parlamentarios a “evolucionar”: “Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”.
En abril de 2022, el gobierno de AMLO reaccionó a la publicación del más reciente informe sobre México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (resultado de la visita in loco de noviembre de 2021) y buscó desarrollar su contra narrativa: “[y]a no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir […] ya no hay impunidad”. La respuesta del presidente incluyó de nuevo una valoración sobre el Comité, acusándolo de no actuar con profesionalismo, de ser tendencioso y conservador y de “inventar” la realidad.
En septiembre del mismo año, el presidente arremetió de nuevo contra los órganos internacionales: “Andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos, de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada”; de nuevo los tachó de conservadores y de sentirse “el gobierno del mundo”.
En la misma tónica, en el marco del 185 período de sesiones de la CIDH, en octubre de 2022, se celebró la audiencia temática titulada “Militarización de la Seguridad Pública en México”, en la que la embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA, señaló: “En el México de ahora a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como ariete del conservadurismo y de otros países”.
Al iniciar el sexenio, algunos nos preguntamos cuál sería el acercamiento del gobierno de López Obrador a la política exterior en materia de derechos humanos. ¿Cómo reaccionaría el presidente cuando las críticas de parte de los actores internacionales comenzaran a llegar? Este artículo da la respuesta: conforme pasó el tiempo y las críticas se fueron acumulando, el gobierno se ha mostrado irritable e intolerante ante la crítica internacional. Particularmente a partir de principios de 2022 ha reaccionado dentro del marco de lo que Cohen identificaría como un discurso “clásico” de negación. El gobierno de AMLO ha buscado desarrollar una contranarrativa que contrarreste la que plantea la continuación de una crisis severa transexenal de violaciones a los derechos humanos en el país; narrativa documentada en los informes de los órganos y procedimientos especiales de los regímenes de derechos humanos de la ONU y la OEA y de otros actores como el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y distintas ONGs internacionales y nacionales.
El gobierno y particularmente el propio presidente se han esmerado en aseverar una y otra vez que en México no se violan los derechos humanos; que las violaciones son cosa del pasado, de los gobiernos neoliberales y conservadores. También han cuestionado de manera repetida la confiabilidad de sus críticos internacionales, a los cuales acusan de mentir, e inventar; sugieren que lo hacen porque son cómplices o hasta alcahuetes de sus opositores, de “los conservadores”.
En este sentido, el tipo de negación que más ha utilizado el presidente López Obrador y su gobierno es el más básico de todos: la negación literal. Aunque también ha recurrido a tipos de negación interpretativa, al señalar, por ejemplo, que los crímenes contra periodistas no son “crímenes de estado”. Igualmente, ha recurrido de manera repetida a la negación implicatoria, comparándose constantemente con sus opositores (“no somos iguales”) y al calificar a sus críticos como hipócritas, conservadores e injerencistas, que creen que son el gobierno del mundo, buscando así colocarse en una categoría moral más alta de cara a sus opositores y sus críticos, y desviar la atención de lo que es el verdadero problema: la crisis de violaciones a los derechos humanos y la falta de voluntad y capacidad de su gobierno para atenderla.
Lo cierto es que los críticos internacionales no mienten. Sus informes presentan una imagen real de lo que pasa día a día en el país. La verdad es, también, que lo han venido haciendo desde hace al menos tres décadas. Negar la realidad no la cambia como por arte de magia. La negación no hace que desaparezca la crisis de violaciones a los derechos humanos ni el dolor que genera. La política exterior de México en materia de derechos humanos ha dado un paso atrás en este gobierno. En la práctica, está de cierta manera regresando a la política priista, que se escudaba en los principios de soberanía y no intervención para intentar ocultar su autoritarismo.
Alejandro Anaya Muñoz
Vicerrector Académico, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.
1 Camhaji, E. “López Obrador, sobre el informe del Departamento de Estado: “Es un bodrio, no tienen pruebas”, El País, 22 de marzo de 2021; Redacción, “El pleito de AMLO y el Departamento de Estado de EU por informe de derechos humanos”, El Financiero, 22 de marzo de 2023; Benítez, D. “AMLO tensa la liga: ‘EU miente, se cree gobierno del mundo’”, El Financiero, 22 de marzo de 2023,
2 Cohen, S. “Government Responses to Human Rights Reports: Claims, Denials, and Counterclaims”, Human Rights Quarterly, Vol. 18, No. 3, 1996, pp. 517-543.
3 Forbes Staff. “México reconoce ante ONU crisis humanitaria por desaparición de persones”, Forbes, 15 de novembre de 2021; “Concluye visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”, Comunicado de prensa del 26 de noviembre de 2021, Secretaría de Gobernación.