Un reciente debate en nexos reflexiona sobre el significado histórico, normativo y práctico del concepto de democracia en México. En esta polémica, inacabada por definición, hay dos perspectivas contrapuestas. Por un lado, el argumento de José Antonio Aguilar comprende como signo autoritario la disputa actual del sentido de la palabra democracia. El autor plantea que, como en el pasado, se relativiza la importancia del elemento electoral en el funcionamiento democrático. Es decir, Aguilar considera la ambigüedad intencional del concepto como una de las tantas formas que tiene el autoritarismo de mantenerse en el poder, al mismo tiempo que conserva su fachada de legitimidad. Así, sugiere que quienes nacimos y vivimos bajo el amparo democrático olvidamos la trascendencia de defender una idea específica de democracia: la liberal.
Por otro lado, Andrés Ruiz responde que “la democracia como norma se construye para su contexto, no se impone sobre él”, pues no tiene una esencia ontológica. En consecuencia, la polisemia es irresoluble y constituye una expresión de tolerancia política. El autor sostiene que el diseño de la democracia mexicana responde al juicio de las últimas décadas del siglo XX y, como tal, se pensó para resolver problemas económicos, no para objetivos democratizadores –entendidos como ampliaciones de las formas de ejercicio de la soberanía popular. En otras palabras, Ruiz considera a la polisemia como una virtud que debe darle distinto peso a los elementos democráticos según las necesidades de la época.
El texto de Ruiz confunde la polisemia lingüística con el pluralismo que nos permite discutir distintas definiciones de la democracia, lo que termina por relativizar la idea. Es decir: confunde un hecho social con un valor liberal. Más aún: su argumento ignora sus posibles implicaciones, mismas que pueden ser iliberales, pero también antidemocráticas.
Después de enlistar a varios filósofos y psicólogos que poco aportan al argumento, Ruiz considera que la defensa normativa de la definición democrática liberal contraviene el hecho social de que el significado de las palabras lo otorga su contexto. Esta confusión conceptual lo lleva a decantarse por la definición de democracia que “exigen” nuestros tiempos: aquella que conjuga el “voto libre, las elecciones justas y, ahora, el poder de las mayorías”. Esa definición es engañosamente populista, pues parece privilegiar el ejercicio de la voluntad popular por encima de cualquier otro elemento democrático, como si el resto fuese de segundo orden. Esto simplifica la complejidad de nuestro arreglo político, que demanda equilibrio entre soberanía popular y sus contrapesos. No sólo eso, sino que también admite definiciones de la democracia cuyo contenido puede ser antidemocrático.
Sustituir el consenso normativo por el hecho social que le antecede es relativizar la idea democrática. Pero el miedo al autoritarismo no es tan disuasorio. A mí me parece mejor la idea del poder popular: es nuestra responsabilidad encontrar una postura moral que sobreviva en el tiempo sin desatender el presente, marcado por una profunda desigualdad económica y una violencia desmedida. Este deber requiere del recordatorio permanente de las formas y recursos legitimadores del autoritarismo posrevolucionario, pero también de la mayor victoria de la transición democrática: la reapropiación ciudadana de esos símbolos. Pienso en la transición más como un mérito ciudadano y menos como un simple producto del contexto histórico de los gobernantes, aunque tenga algo de ambas.
Mi argumento sostiene que no deberíamos asumir la derrota tan pronto: todavía tenemos mucho que aprender de la democracia liberal, con sus naturales complejidades para llevarse a cabo. Vale la pena insistir, sin abandonar su reflexión crítica, en el entramado de ideas que fundan las instituciones de la democracia liberal: las elecciones libres, el Estado de derecho imparcial, la deliberación tolerante de temas de interés público, la protección constitucional de las minorías, los candados a la participación militar en la vida pública, la idea plural del pueblo que repudia al nacionalismo. No porque sean verdades absolutas, sino porque tienen un sentido moral definido, además de que son útiles para enfrentar nuestro presente.
No me convence la definición democrática a modo, menos en un contexto en el que la clase política suele apropiarse de los símbolos populares para legitimar su poder. Más que celebrar nuestras diferencias, las elude: admite que no conciliemos mínimamente nuestros desencuentros. Deliberar desacuerdos requiere enfrentar la incomodidad y pararnos en la misma cancha, establecer reglas, utilizar las mismas herramientas: lograr algunos consensos para jugar el juego del pluralismo. Es nuestra responsabilidad histórica rehuir la simpleza, aceptar la complejidad con paciencia y convicción y preguntarnos con escepticismo: ¿por qué una definición democrática que le conviene al poder para legitimarse y sostenerse habría de convenir a la ciudadanía?
Mantener vivos los principios de la democracia liberal reduce la brecha entre moral y política. Si renunciamos a esta brújula, asomarse al futuro es mucho más angustiante. Sobre todo a la luz de la crisis de violencia, los altos índices de impunidad y el creciente empoderamiento del ejército.
Como miembro de la generación de Ruiz, reconozco la decepción respecto a la democracia liberal y comparto la pulsión de pensar en alternativas. A diferencia de Aguilar, no creo que el desplazamiento del significado liberal de la democracia sea mero producto de la ingenuidad o falta de memoria histórica. Pienso que nuestras expectativas de la transición democrática no sólo se limitaban a los comicios libres, sino que también incluían el anhelo de paz entre transiciones partidistas y la formación de nuevas voluntades políticas que atendieran la desigualdad económica. Creo que vale la pena reflexionar sobre ello.
Primero, algunos discursos políticos nos han convencido de que neoliberalismo y democracia liberal son sinónimos, lo cual es analíticamente falso. Estas ideas generan prejuicios sobre los alcances de la democracia liberal y su compatibilidad con las peores prácticas económicas. Ante ello, conviene observar los usos que hace la socialdemocracia del marco normativo y las instituciones del liberalismo. En otras palabras, la inquietud socialdemócrata que tenemos se inscribe dentro de la tradición liberal, porque es su condición de existencia.
Segundo, esperamos del liberalismo político la erradicación expedita de la desigualdad económica. Al evaluar su insuficiencia en el terreno de la economía, permitimos que los políticos capitalicen nuestro desencanto. Mediante una alquimia imprecisa, esto nos hace concluir no sólo que es ineficaz, sino que es innecesaria para resolver este asunto tan importante. La distribución desigual de la riqueza es un tema incrustado en el corazón de la historia de México que necesita de instituciones públicas sólidas para resolverse. Pienso en el ejemplo particular de la hoy extinta Cofece y la relevancia de sus objetivos. El organismo funcionaba de manera imperfecta, pero el principio liberal que lo sostenía nos acercaba más al propósito de reducir de manera sostenida la desigualdad económica.
Tercero, es lógico sentirnos defraudados por el desempeño de las instituciones democráticas durante estos veinticinco años. A algunas el virus de la corrupción las ha entorpecido y debilitado, a otras la insensibilidad de su burocracia las volvió inservibles. Sin embargo, la discusión sobre el diseño y funcionamiento de las instituciones es diferente al debate de los principios que las sostienen. Es un error relativizar estas normas, hacerlas depender por completo de su contexto –que es lo mismo que hacerlas depender de la voluntad de un gobernante–; es un acierto corregir procedimientos institucionales y reparar en las fallas de los procesos. Mezclarlas nos hace más susceptibles al gobierno que pretende definir el sistema político en función de la estabilidad institucional y el mantenimiento del poder, como en el antiguo régimen priista. También nos hace más vulnerables ante el gobierno que engañosamente dice actuar en nombre del pueblo, pero debilita y desaparece instituciones que mejoran la vida de la ciudadanía o amenaza la libertad de expresión de periodistas y defensores del medio ambiente.
Todos estos legítimos cuestionamientos contribuyen al desprestigio de la democracia liberal. Como todo proyecto político, es criticable y perfectible, pero para establecer cuestionamientos serios habría que entenderlo mejor en nuestro contexto. Por eso creo que deberíamos preservar la mucha o poca vida que le queda: para determinar si algo de lo que nos ofrece coincide con los valores del pueblo democrático que queremos ser.
Saraí Elizondo
Politóloga por el CIDE