El 29 de octubre de 2024, el Palacio de Gobierno de Oaxaca, la casa del pueblo, recibió la visita de Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo de España y fundador de Podemos. Así lo anunció el gobernador Salomón Jara, con fotos en sus redes sociales. En una de ellas se ve a un sonriente Iglesias, con un cabello corto que contrasta con la cola de caballo que usaba cuando era un político comunista y republicano que detestaba los palacios y actos cortesanos. A su lado se encuentra un entusiasta Jara con guayabera blanca, y al fondo resalta un cuadro de Benito Juárez con un pomposo marco dorado.
El ahora conductor de La Base viajó a Oaxaca para participar en el conversatorio «Diálogos de la Primavera: Comunicación, narrativa y batalla cultural en el Siglo XXI». En su intervención, se dedicó a elogiar la Cuarta Transformación –a la que definió como un “núcleo que irradia experiencias de empoderamiento político y social”– y a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo triunfo, en su opinión, es la clara muestra de que se vive un proceso de transformación en beneficio de las mujeres.
A su vez, enunció tres ideas: en primer lugar señaló que, cuando la izquierda triunfa en las urnas, la derecha suele desconocer la democracia y promueve los intereses de la oligarquía mediante mecanismos formales e informales. En segundo lugar sostuvo que, ante tal situación, la izquierda debe reivindicar y profundizar la democracia, incluso librando una batalla cultural en medios de comunicación, tal y como se hace desde la Mañanera. Finalmente, caracterizó la democracia como un terreno político en el que es fundamental posicionarse: por un lado, se encuentra la minoría de poderosos y oligarcas, y por el otro, el pueblo. “La democracia –afirmó– es la posibilidad de defender los intereses del pueblo en un terreno ajeno a la violencia política; por ello, hay que protegerla y defenderla, ante todo, pues es la lucha de los grupos más desfavorecidos”.
Al concluir el evento, el gobernador Salomón Jara no desaprovechó la ocasión para rendir elogios al invitado español, conquistador de la audiencia de México, audaz director del Canal RED y destacado panelista de la televisión pública mexicana. Con una elocuencia fallida, invitó a Iglesias a que regresara pronto a Oaxaca para deleitarse con las maravillas del estado y comentó que, por el momento, le obsequiaría un mezcal para su cantina personal. Pablo, en respuesta, agradeció el gesto con una amistosa palmada en la espalda.
No mucho después, Iglesias compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Un honor tomar la palabra junto al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para hablar de los retos de comunicación política”. En efecto, el gobernador no está equivocado; Pablo debería visitar otra vez Oaxaca para conocer cómo es en verdad, más allá de las comodidades que se les ofrece a los visitantes distinguidos del Palacio de Gobierno.
***
Mes y medio antes de la visita de Iglesias, estudiantes normalistas fueron reprimidos tras bloquear una vía para exigir unos diplomados para alumnos y alumnas de quinto semestre que debían haberse impartido nueve meses antes. A pesar de que el gobierno aseguró que jamás reprimiría a los estudiantes, la policía acudió al lugar de la manifestación, utilizó gases lacrimógenos, detuvo a tres alumnos y dejó a diez personas lesionadas, dos de las cuales sufrieron fracturas. La comunidad estudiantil salió a manifestarse contra la represión sufrida por sus compañeros, mientras que el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, solicitó la expulsión de la normal de varios participantes de dicha manifestación, por supuestamente afectar el patrimonio público y privado.
Esta es la triste realidad cotidiana en Oaxaca. En lugar de cumplir la promesa morenista de inaugurar una primavera oaxaqueña —en apariencia heredera de la tradición de juaristas y magonistas, y destinada a ser depositaria de la confianza, esperanza y el mandato popular— se ha instaurado un régimen autoritario que protege a caciques y a la nueva élite de Morena.
Quizá el caso que mejor lo ejemplifica es el de Sandra Domínguez, abogada y activista oaxaqueña quien expuso lo más bajo del entramado mafioso que hay en Oaxaca. En 2021 denunció de manera pública la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, en el que políticos de Oaxaca compartían imágenes y videos íntimos de mujeres indígenas, en su mayoría provenientes de la región Ayuuk, sin su consentimiento. Entre los implicados se encontraban Humberto Santos y Donato Vargas, precandidatos a una diputación local de Morena, a quienes se les retiró la posibilidad de participar en la contienda.
Para marzo de 2023, la abogada presentó evidencia de un nuevo chat, de nombre “Mega Peda”, en el que de nuevo sexualizaban a las mujeres. Entre los integrantes se encontraba, una vez más, Donato Vargas, quien ya en ese entonces ejercía como titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca del gobierno de Salomón Jara. A pesar de la denuncia, Vargas continuó en su puesto, mientras que Domínguez comenzó a recibir amenazas de muerte y actos de intimidación, tanto de manera directa como por medios electrónicos. El 4 de octubre de 2024, veinticinco días antes de que Pablo Iglesias fuera a hablar de las bondades democráticas de la Cuarta Transformación en Oaxaca, Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, fueron desaparecidos.
Tras su desaparición, la familia de la abogada, amigos, organizaciones de la sociedad civil y otros activistas, se manifestaron para exigir su aparición, y que la investigación se orientara hacia Donato Vargas. Sin embargo, esto no ocurrió y, de hecho, se esgrimió la hipótesis de que su esposo mantenía vínculos con el crimen organizado.
El 16 de octubre de 2024, la familia se congregó frente a la casa del pueblo, pero las puertas que se abrieron para Iglesias permanecieron cerradas para ellos. El 21 de octubre, Jara declaró: “Con mucho gusto hablaré con mi amigo Donato, para que se aparte un ratito de su cargo, unos 15 días, o al menos ocho, únicamente para que se presente ante la Fiscalía. No hay ningún argumento, ninguna base para decir que algún funcionario esté involucrado en la desaparición de Sandra Domínguez”. Hoy en día, Donato Vargas continúa en funciones.
El 11 de febrero de 2025, la diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez, del PT, denunció en el periódico La Jornada haber sufrido una década de violencia, ejercida por su expareja, Donato Vargas Jiménez: “Yo estaba en el piso y me advirtió: ‘si te atreves a denunciarme, te voy a machetear y a quemar con ácido’”. En esa misma entrevista, vinculó la desaparición de la activista Sandra Domínguez con su decisión de apoyarla en sus denuncias contra Vargas y otros funcionarios, como Azael Santiago Chepi, actual enlace de la Secretaría de Educación Pública con el Congreso. La diputada también señaló al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, por acoso sexual y acusó que, junto con Vargas, han utilizado mecanismos de corrupción para desviar recursos en la construcción de caminos y en la producción de mezcal. “¿Que si tengo miedo? Yo nada más quiero que se haga justicia”, concluyó en dicha entrevista.
En respaldo a la denuncia, el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados instó en rueda de prensa a la dirigencia del Morena a revisar la gestión de Salomón Jara, calificándola de aún más repudiable que la de las administraciones del PRI. Durante esa intervención, Cruz Jiménez exhibió una pancarta con el siguiente mensaje: “no a la persecución política ni a la violencia de género en Oaxaca”.
***
Para Pablo Iglesias, la derecha siempre edifica obstáculos para que los menos favorecidos no puedan impulsar sus intereses. Pero, en el caso del feminismo, considera que hay una progresía demasiado incómoda ante la actividad política de las mujeres, así que también la obstaculiza. Resulta extraño que, pese a tener esa idea, haya decidido destacar que con la Cuarta Transformación avanza el empoderamiento de las mujeres.
Durante el gobierno de Salomón Jara, la saxofonista María Elena Ríos ha afrontado una serie de obstáculos al buscar justicia tras el brutal ataque con ácido que sufrió en 2019. Un ataque orquestado por su expareja, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, un poderoso empresario gasolinero de Oaxaca. La Fiscalía del estado identificó a cinco implicados en el crimen, entre ellos Vera Carrizal y su hijo, quien se encuentra prófugo de la justicia. También fueron señalados tres autores materiales, uno de los cuales falleció en prisión bajo circunstancias que han levantado sospechas.
En enero de 2023, al inicio del gobierno de Jara, para sorpresa de muchos, un juez otorgó arresto domiciliario a Vera Carrizal, aunque esta decisión fue revocada gracias al activismo de Ríos, quien logró que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca mantuviera su encarcelamiento en prisión preventiva. No obstante, en diciembre de 2024, María Elena Ríos denunció el traslado de su agresor desde el penal de Tanivet hacia el hospital Santa Anita, en Oaxaca, debido a un supuesto delicado estado de salud. Ríos alegó que los padecimientos reportados (hemorroides y depresión) no son motivo suficiente para justificar su excarcelación.
Al inicio de 2025, durante un evento público encabezado por la presidenta Sheinbaum, Ríos irrumpió para expresar su desesperación por la falta de justicia y denunciar que su agresor seguía en libertad, contradiciendo las versiones oficiales que hablaban de su hospitalización: “Me rindo, gobernador, usted y Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia”, manifestó visiblemente angustiada. Salomón Jara se limitó a observar la escena con los brazos entrelazados.
Tan sólo un mes después de la amistosa visita de Iglesias, colectivos feministas se congregaron en la capital colocando cruces en memoria de cada mujer desaparecida o asesinada. En medio de la manifestación, encendieron una fogata y difundieron un comunicado en el que exigían a las autoridades estatales una respuesta efectiva ante la crisis de desapariciones y feminicidios. La periodista y defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín, denunció que a casi seis años del feminicidio de su hija, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, la impunidad impera: «con el gobierno de Alejandro Murat no hubo justicia y ahora, con Salomón Jara, la situación continúa igual. No hay justicia». Cabe mencionar que Murat, exgobernador de Oaxaca y miembro del PRI, hace poco recibió su acreditación como militante de Morena, de las manos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, durante los dos primeros años de la administración de Salomón Jara, hubo un incremento en los casos de desapariciones y feminicidios. Si bien Jara sostiene que la violencia contra las mujeres ha disminuido en su gestión, lo hace basándose en cifras de la fiscalía general en las que se agrupan homicidios y feminicidios como un único delito.
Según La Jornada, entre diciembre de 2022 y enero de 2023 se contabilizaron de manera oficial 43 feminicidios en el estado. Sin embargo, la plataforma de violencia feminicida del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad documentó 107 casos en 2023 y 102 en 2024; estas cifras contrastan con los 18 feminicidios reconocidos por la administración de Jara para el mismo año. La diputada del PT, Martha Aracely Cruz, acusó al gobierno de Oaxaca de manipular las cifras de feminicidios, pidió a la FGR que atraiga el caso de Sandra Domínguez y otras mujeres desaparecidas, y le exigió al gobierno de Jara que deje de revictimizar a las mujeres que sufren violencia.
Si la democracia se concibe como un escenario en el que se enfrentan dos fuerzas –las minorías rapaces y el pueblo– frente a las que hay que posicionarse, ¿de qué lado está Pablo Iglesias con su actitud cortesana ante un gobierno que no garantiza justicia a las mujeres agredidas con ácido y maquilla las cifras de los feminicidios?
***
La “irradiación de experiencias de empoderamiento político y social”, que describió Iglesias, no ha llegado a Oaxaca. Desde que Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del Tren Transístmico las denuncias por despojo de tierra registraron un incremento considerable. Según un reportaje a cargo de Alejandra Crail, en los 79 municipios en los que impacta la construcción del Tren Transístmico, los casos reportados pasaron de 376 en 2018 a 704 en 2021, lo que equivale a un promedio de dos despojos diarios.
El mismo reportaje destaca que las denuncias por amenazas se triplicaron entre 2019 y 2024, alcanzando un promedio anual superior a 2,519 casos. Además, en municipios como Salina Cruz, el promedio anual de homicidios dolosos se duplicó en los últimos años, pasando de 10 entre 2015 y 2018 a 24 entre 2019 y el primer semestre de 2024. En Santa María Mixtequilla los asesinatos alcanzaron su punto más alto en 2023, con 14 casos, una cifra inusitada para una comunidad de su tamaño.
Además, los defensores del medio ambiente y comunidades indígenas han sido objeto de una creciente represión. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentaron 282 agresiones en 2023 y señalaron que la mayoría de las agresiones de activistas en vías de comunicación se suscitaron alrededor de los megaproyectos, como el Tren Maya y el Tren Transístmico. En Oaxaca, entre mayo de 2021 y mayo de 2024, se registraron 72 ataques contra comunidades defensoras del territorio en el Istmo de Tehuantepec, con más de 220 agresiones y el asesinato de tres activistas zapotecos.
Ante la gravedad de la situación, ejidatarios, comunidades indígenas y organizaciones han intentado resistir contra el desalojo y la apropiación de sus tierras. Un ejemplo ocurrió en el municipio de Matías Romero, donde elementos de la policía municipal intentaron expulsar a los ejidatarios de Palomares, quienes bloqueaban las obras del Tren Transístmico a la altura de su comunidad Las Malvinas. En tanto, en el tramo de Mogoñé Viejo-Vixidu, campesinos de San Juan Guichicovi paralizaron las obras del Transístmico en protesta por las afectaciones a sus tierras, y fueron hostigados por elementos de la Secretaría de Marina. Tan sólo quince días antes de este hecho, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) había denunciado que varios de sus compañeros fueron reprimidos por elementos de la Marina.
Dada la persistente represión, ocho organizaciones indígenas hicieron un llamado al gobierno de López Obrador para que cesara el uso de la fuerza como herramienta de control y se abriera un verdadero diálogo con las comunidades, excluidas de las decisiones que afectan su vida y su territorio. Su petición fue desoída: “Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede justificar la agresión policiaco-militar, le solicitamos que atienda las demandas y reclamos de los pueblos. No es a través de la represión y la división como se construirá un presente y un futuro justos para nuestras comunidades, que son las dueñas históricas de las tierras del Istmo de Tehuantepec. No lo olvide usted”.
Activistas, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones indígenas continúan denunciado día con día y señalan que Salomón Jara falta a la verdad cuando proclama que en el estado reina la paz y que se vive una auténtica transformación, una primavera democrática. Como muestra de su inconformidad, en sus protestas despliegan una lona blanca en la que el rostro del gobernador aparece con cuernos de diablo, acompañado de una frase: EMPERADOR PRI-MAVERAL.
Según Pablo Iglesias, la derecha se encarga de instaurar narrativas en contra de proyectos populares. Pero todo lo anterior, no fue documentado por medios de derecha que “disputan la narrativa en contra de las mayorías”; sino por periodistas de izquierda, como Luis Hernández Navarro de La Jornada, quien ha catalogado el gobierno de Jara como “una primavera marchita”.
***
En 2022 escribí una reseña sobre el libro Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes, en el que Pablo Iglesias se sincera acerca de su actividad política en España. Destaqué, en ese entonces, la dignidad de su renuncia: abandonar la comodidad de la vicepresidencia segunda para competir en las elecciones de la Comunidad de Madrid, aunque sabía que iba a perder, para asumir la responsabilidad de encabezar la lucha de su partido contra la extrema derecha. Dicho acto se tradujo, en sentido figurado, en una elección honorable para morir, pues su derrota significó su adiós a la política electoral: “dejar la lucha por el poder en una sola pieza, sin dejar trozos de dignidad en el camino”, mencioné.
Sin embargo, su labor como comunicador en México carece de la honorabilidad que se esperaría de alguien de su perfil, y es equiparable a la de cualquier youtuber chapucero. Personajes como estos, a los que ahora imita Iglesia en su supuesta lucha cultural, no merecen mayor distinción que la que le otorgó Diógenes a uno de sus contemporáneos. Según relata su tocayo, Diógenes Laercio, cuando alguien intentó elogiar la espléndida vida que llevaba el historiador Calístenes, integrante de la corte de Alejandro Magno, Diógenes replicó: “no es más que un infeliz, que come y cena cuando le parece bien a Alejandro ”. Calístenes, por cierto, fue privado de elegir los medios de su propia muerte, pues fue ejecutado en el momento en que dejó de ser útil al poder, así que de poco le sirvió el vino que, en numerosas ocasiones, le ofreció el emperador en reconocimiento a sus palabras inteligentes.
A lo largo de este sexenio veremos con frecuencia a Pablo Iglesias pronunciándose a favor del gobierno mexicano en los canales del oficialismo, en especial en el Canal Once dirigido por Renata Turrent. Las razones que lo impulsen a hacerlo sólo él las conoce, sólo que nada podrá borrar el hecho de que, mientras en España se presenta como defensor de la izquierda, el feminismo, la igualdad y la dignidad, se paró sonriente a explicar las bondades de la democracia de la Cuarta Transformación, junto al gobernador de un estado en donde políticos de Morena son denunciados por participar en grupos de WhatsApp en los que circulan imágenes de mujeres indígenas desnudas; donde las activistas que exhiben estos actos desaparecen; donde se protege a los autores intelectuales de ataques con ácido contra mujeres; donde los feminicidios aumentan mientras las cifras de los mismos son alteradas; donde a los ejidatarios se les arranca la tierra violentamente para abrir paso al Corredor Transístmico, y donde se ha bautizado como “primavera oaxaqueña” a un gobierno que ha institucionalizado la represión y la impunidad.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente