Paraíso para abogados, un infierno para empresas y trabajadores

La familia Pérez es dueña de una pequeña papelería. Debido a la recesión, se ve obligada a terminar el contrato de uno de sus tres empleados quien llevaba dos años trabajando. La indemnización prevista por la Ley Federal del Trabajo le parece excesiva a la familia, así que ofrece al trabajador un tercio de lo que le corresponde. Asesorado por un abogado ambicioso, el trabajador exagera la demanda y lleva el conflicto a un juico laboral. Después de cuatro años, un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje aparentemente resuelve el conflicto, otorgándole al trabajador una liquidación que incluye, entre otras cosas, cuatro años de salarios vencidos. Mientras el trabajador realiza las gestiones necesarias para ejecutar el laudo, la familia Pérez empieza a desmantelar la empresa, dejando a la familia y a los otros empleados sin sus fuentes de ingresos. Un año después del laudo, y cinco años después del despido, el trabajador logra embargar los pocos bienes tangibles todavía asociados a la empresa. Del poco dinero que recibe el trabajador, su abogado se queda con la mitad.

Esta historia es un ejemplo de las carencias de la Ley Federal de Trabajo actual de México. La historia podría parecer una exageración, pero estudios empíricos (por ejemplo, mi estudio con Joyce Sadka del ITAM), revelan un caos total en los juicios laborales. Tanta es la ineficiencia que es imposible catalogar la ley como “pro-empleado” o “pro-empresa”. La ley actual deja a muchos trabajadores totalmente desprotegidos y quiebra muchas empresas. La ley actual no le conviene a nadie, con la posible excepción de los abogados laborales. Quien comparta mi diagnóstico no pensará en ajustes al sistema, sino en un nuevo sistema que, al ser más eficiente que el actual, permita una mejor protección al trabajador y a la vez menores costos para las pequeñas empresas.

¿Cómo cambiaría la historia planteada arriba si se aprobara la Reforma Laboral que se está discutiendo en el Senado después de su aprobación por la Cámara de Diputados? A mi juicio, la Reforma no cambiaría mucho la situación. El tope a los salarios vencidos propuesto en la Reforma reduciría el costo para la empresa, aunque los 12 meses de salarios vencidos, la indemnización constitucional, y la tasa de interés mensual y capitalizable de 2% seguirían siendo un costo alto en un juicio que durara 5 años. Tampoco aumentaría la probabilidad que el trabajador recibiera una indemnización, o se reduciría la conflictividad del sistema, la cual es la causa de toda la pérdida de recursos económicos en mi historia ficticia, dado que esos son temas que no han sido tratados en esta reforma. Si bien es cierto que el tope a los salarios vencidos podría reducir el incentivo del trabajador para prolongar el juicio, también es cierto que podría reducir el incentivo de la empresa para llegar a un convenio con el trabajador.

En este contexto, pongo sobre la mesa la posibilidad de que las empresas pre-financien las indemnizaciones a través de depósitos mensuales a cuentas individuales de los trabajadores. Los trabajadores tendrían acceso a estas cuentas en caso de cualquier recisión del contrato laboral, aun si fuera por deseo del trabajador. En el caso de que el trabajador nunca perdiera su empleo, o nunca tuviera necesidad de este apoyo económico, el dinero en la cuenta se convertiría en un recurso adicional para la compra de una vivienda o para complementar los ahorros para el retiro. De esta manera, con los derechos de propiedad perfectamente establecidos, se evitarían los costos e ineficiencias de los juicios laborales.

La ventaja de este sistema para la empresa es que evitaría la posibilidad de una indemnización desproporcional que acabara con todo su patrimonio. La ventaja para el trabajador es que recibiría un apoyo económico seguro e inmediato al momento de perder su empleo. La ventaja para ambos es que, sin la necesidad de resolver un conflicto en un juicio laboral, no tendrían que gastar tanto dinero en los honorarios de los abogados laborales. No habría necesidad de determinar si el despido hubiera sido justificado o no, o si la renuncia del trabajador hubiera sido obligada o no. Al terminar la relación laboral, el trabajador simplemente se llevaría su dinero. Sólo de esta manera, eliminando la necesidad de los juicios laborales, se podría dar el salto de un sistema que impone costos excesivos a las empresas sin proteger a los trabajadores, a uno que fomente la productividad, la protección laboral, y la creación de empleo formal.

David S. Kaplan. Especialista Sénior en Mercados Laborales, Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, Banco Interamericano de Desarrollo. Las opiniones son del autor y no de la institución con la que está afiliado.