Hablar de Pemex es enfrentarse a una marea continua de malas noticias. Escuchar que está en números rojos, que Dos Bocas no refina, o que la empresa representa un riesgo para la calificación crediticia del país es una nota más en el paisaje informativo diario. Como la violencia, la crisis de la empresa petrolera se ha normalizado.
Sin embargo, Pemex conserva un aura casi mística. En parte del imaginario colectivo, sigue siendo símbolo de soberanía y orgullo nacional. El petróleo, nos dijeron, es de todos. Y salvar a Pemex, cueste lo que cueste, es una causa patriótica, al menos dentro del oficialismo.
Referirse a Pemex como una “bomba de tiempo” es casi una muletilla. Más de un analista me ha repetido que ha escuchado esa frase por años. Lo cierto es que hoy la empresa estatal carga con problemas urgentes y acumulados por años: desde su abultada deuda —tanto financiera como con proveedores—, su ineficiencia operativa y administrativa, hasta la baja productiva por falta de inversión y ausencia de descubrimientos relevantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum heredó el caos. Y aunque parece dispuesta a poner orden, sus soluciones no generan entusiasmo en el sector. Los llamados “contratos mixtos”, que buscan abrir espacio a la inversión privada bajo la estricta dirección del Estado, no despiertan el apetito de inversionistas. Al escribir estas líneas han transcurrido diez meses de su gobierno. Quizás es todavía temprano en el sexenio. Pero para empresarios, analistas y agencias calificadoras, los gestos, discursos y paliativos financieros no bastan.
Como buena tragedia, la historia reciente de Pemex puede contarse en tres actos.
Primer acto: la apertura (y sus límites)
En 2012 el PRI regresaba al poder de la mano de un presidente joven, bien peinado y casado con una actriz de telenovela. Enrique Peña Nieto prometía modernidad, reformas estructurales y el llamado “momento mexicano” que convertiría al país en un imán para el capital extranjero. Una narrativa que apostó por la apertura como fórmula de salvación. La reforma energética representaba un cambio de paradigma radical.
Para el consenso liberal de la época, que el sector energético siguiera en manos del Estado era una anomalía. Pero la decisión de abrirlo no fue sólo ideológica, sino también pragmática. Para entonces, Pemex ya no podía seguir siendo la caja chica del gobierno. Entre 2000 y 2013, el 40 % de los ingresos del Estado provenían de la petrolera. Mientras eso funcionara, abrir el mercado habría sido suicida.
Pero con el tiempo, la caja se vació. Entre 2005 y 2014, Pemex pagó al erario más del 114 % de sus utilidades antes de impuestos. El resultado fue predecible: caída sostenida en la producción, abandono de las refinerías (que operaban al 30 % de su capacidad), y un endeudamiento desbordado que la colocó entre las empresas petroleras más endeudadas del mundo. El Estado llevó a Pemex al límite.
La reforma energética intentó corregir algunos desequilibrios. Por ejemplo, se ajustó la relación fiscal entre el Estado y Pemex, aunque sin reducir de forma significativa su carga tributaria en el corto plazo. La apuesta fue una salida externa: abrir el sector a la inversión privada. La promesa era que el capital, la tecnología y la eficiencia de otras compañías dinamizarían la industria petrolera.
Pemex, por sí sola, ya no podía explorar nuevas reservas, en especial en aguas profundas, ni competir tecnológicamente con sus pares, como Petrobras, que durante las décadas de 1990 y 2000 fortaleció sus capacidades tecnológicas para explorar y explotar yacimientos en aguas ultra profundas, y consolidar su liderazgo técnico en ese segmento, a pesar de sus propios escándalos de corrupción y desafíos financieros
Al mismo tiempo, la reforma energética promovió reglas de transparencia y mecanismos institucionales para garantizar un piso parejo entre actores públicos y privados. La reforma también redefinió el papel de Pemex al dejar de ser una entidad paraestatal para convertirse, junto con CFE, en una “empresa productiva del Estado”, supuestamente concentrada en generar valor económico.
La administración pensó que las asociaciones estratégicas —los farmouts, como se conocen en la jerga del sector— volverían más viable a Pemex. Que los nuevos contratos con empresas privadas generarían suficientes ingresos fiscales. Y que las inversiones energéticas tendrían un efecto multiplicador sobre la economía. Pero la realidad no estuvo a la altura del relato.
El precio del petróleo se desplomó. Entre junio de 2014 y enero de 2016, la mezcla mexicana de exportación pasó de más de 100 dólares a menos de 40. Esta caída histórica fue resultado de una sobreoferta global impulsada por el auge del shale oil en Estados Unidos, la negativa de la OPEP a reducir producción y una desaceleración en la demanda global. Las finanzas de Pemex, ya frágiles, colapsaron aún más, y la inversión privada no pudo revertir la tendencia.
Segundo acto: el espejismo soberanista
“Nunca llegó la dolariza”, repetía con mofa el expresidente Andrés Manuel López Obrador para ilustrar el fracaso de la reforma energética impulsada por su antecesor. Hombre profundamente anclado al pasado, encontró en el sector energético uno de sus campos predilectos de acción, tanto por su peso estratégico como por su carga simbólica. Desde el inicio, el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación propuso un giro radical en la política energética del país.
En su visión, el sector debía concentrarse en alcanzar la autosuficiencia y recuperar la soberanía energética. Con la intención de devolver el control de la industria a Pemex, el gobierno suspendió las rondas petroleras y sumió al sector en un impasse marcado por la incertidumbre jurídica y regulatoria —algo que ningún inversionista tolera con facilidad.
Reorientó programas y políticas públicas para priorizar la reducción de importaciones de hidrocarburos y reactivar la refinación nacional. Pero las refinerías del país, construidas en los años setenta y diseñadas para procesar crudo ligero, operaban con crudo pesado (tipo Maya), lo que llevó, de manera paradójica, a importar crudo ligero desde Estados Unidos.
En materia de exploración y producción (upstream), Pemex redefinió su estrategia para concentrarse en zonas donde podía operar sin socios: aguas someras y campos conocidos. Publicó una lista de 20 campos prioritarios —tanto en tierra (onshore) como costa afuera (offshore)— a desarrollar durante el sexenio. Pronto, la lista se redujo a 12. Para maquillar las cifras de producción, Pemex recurrió a técnicas de recuperación secundaria que elevan temporalmente el volumen de extracción, pero aceleran el agotamiento de los yacimientos.
Las metas de producción también se ajustaron, siempre a la baja: primero 3.2 millones de barriles, luego 2.8, 2.6… hasta llegar a 1.8 millones. Ninguna se cumplió. La exploración, clave para sostener reservas futuras, quedó marginada frente a la urgencia política de mostrar resultados inmediatos.
El apoyo financiero a Pemex no tuvo límites. Entre 2019 y 2024, recibió transferencias por casi 1.1 billones de pesos, destinadas al pago de deuda, la compra de Deer Park, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y la construcción de Dos Bocas: el proyecto insignia del expresidente, el más ambicioso, el más costoso… y el que, todavía hoy, no entrega resultados tangibles.
A eso se sumó una reducción gradual de los impuestos que paga Pemex. El Derecho sobre la Utilidad Compartida (DUC) pasó del 65 al 35 % lo que representó un alivio fiscal cercano a 1 billón de pesos. Pero nada fue suficiente: las agencias calificadoras continuaron degradando la nota crediticia de la empresa, reflejo de su fragilidad estructural.
El espejismo soberanista también tuvo consecuencias en el frente externo. En 2022, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) activó mecanismos de controversia bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque la disputa se centró en el sector eléctrico, una de las demandas apuntaba a Pemex y a su incumplimiento de los límites de azufre en el diésel.
López Obrador también citaba a Rockefeller: “El mejor negocio del mundo es el petróleo. Y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado”. Pero durante su sexenio, México adoptó una política energética ideologizada y antiliberal que apostó por el símbolo y el relato y no por la eficiencia. Se exploró menos, se refinó sin rentabilidad, se invirtió sin retorno. Peor aún: se mal administró la nostalgia.
Tercer acto: el Estado claudista
Julio de 2025. La Secretaría de Hacienda anuncia un nuevo esquema para darle oxígeno financiero a Pemex: emitirá notas pre-capitalizadas para adquirir bonos del Tesoro estadounidense. Esos bonos, a su vez, servirán como garantía para que Pemex obtenga liquidez y pague parte de sus adeudos. Un mecanismo creativo, aplaudido incluso por algunos analistas, pero, en el fondo, un paliativo.
La escena la ocupa una científica. La primera presidenta de México hereda una empresa quebrada, una matriz energética dominada por combustibles fósiles (87 % del consumo), una producción petrolera estancada, reservas menguantes y una dependencia creciente de importaciones de gas natural, refinados y petroquímicos.
Con todo, Sheinbaum insiste en construir el “segundo piso de la transformación”. Con el control de Morena en el Congreso, aprueba una reforma energética que plasma en ley el proyecto ideológico de López Obrador y restituye al Estado el dominio absoluto sobre el sector. Pemex deja atrás la figura de “empresa productiva del Estado” —creada en el primer acto—, y vuelve a ser, formalmente, una empresa pública del Estado mexicano. El símbolo se impone, otra vez, sobre la función. No importa si produce o no, sino lo que representa.
La Secretaría de Energía (SENER) se convierte en el nuevo centro de mando: juez y parte. Los reguladores autónomos, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), desaparecen o se diluyen. A la CNH, la reemplaza un Comité de Asignaciones y Permisos presidido por Luz Elena González, oriunda de Tabasco, aliada leal y figura clave del engranaje presidencial.
Pese a esta recentralización, la administración lanza señales tímidas de apertura. No celebra al sector privado, pero tampoco lo expulsa. Después de todo, una científica sabe que garantizar el acceso a la energía es condición básica para el desarrollo. Y Pemex, en su estado actual, no puede solo: no tiene el dinero ni la tecnología.
A mediados de 2025, el gobierno anuncia con entusiasmo contratos mixtos con empresas privadas —entre ellas Grupo Carso de Carlos Slim— que prometen inversiones por 8 mil millones de dólares y una producción adicional de menos de 100 000 barriles diarios. Un bálsamo insuficiente: representa apenas una fracción de lo necesario para alcanzar la meta oficial de 1.8 millones de barriles diarios y no compensa lo que se pierde anualmente por declinación natural.
Esa cifra, la del 1.8, se convierte en mantra oficial. Repetida en discursos, comunicados y planes. Pero en los pasillos del sector, pocos creen que sea alcanzable. Ni siquiera con los nuevos contratos. Un dato de la Agencia Internacional de Energía (IEA): hacia 2030 México será el país con mayor pérdida neta de producción petrolera en el mundo. Una caída de 630 000 barriles diarios que colocaría al país, irónicamente, en la posición más temida por López Obrador: como importador neto de petróleo.
A cuentagotas, el sector comienza a recibir detalles sobre cómo operará el nuevo modelo energético, guiado, eso sí, por la narrativa de la soberanía, la autosuficiencia y, ahora, la justicia energética. Los pilares discursivos del nuevo gobierno.
Se instala la resignación. El panorama es el de siempre: reglas inciertas, procesos lentos, cambios normativos constantes y una falta de claridad que vuelve a México menos atractivo frente a otras geografías: Guyana, Argentina, Brasil. “Tenemos más ventajas que muchos, pero nos quedamos de brazos cruzados mientras otros avanzan”, me dijo un operador. Tiene razón. Mientras tanto, las deudas con proveedores se acumulan. Las promesas de pago se repiten. La producción no despega. Y la presión mediática cuenta los días, los barriles, los retrasos.
La paradoja es brutal: el súper Estado claudista exige más justo cuando su propia capacidad operativa está en su punto más débil. Decisiones radicales del pasado inmediato, como la expropiación de una planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en la refinería de Tula, sumadas a la controvertida elección judicial, han generado desconfianza extrema. La posibilidad de nuevas salidas de inversión está sobre la mesa (ahí está el caso de Iberdrola) tanto en hidrocarburos como en electricidad. Y ni Pemex ni la CFE, en su frágil situación financiera, pueden sostener por sí solas todas las actividades del sector.
Epílogo: el peso del mito
Pemex es muchas cosas a la vez: empresa, símbolo, lastre y anhelo. Es la promesa incumplida de una modernización posible, y el eco de aquel sueño de ingreso al primer mundo tras el descubrimiento de Cantarell en los años setenta. Lo que alguna vez fue un instrumento de desarrollo, hoy es un artefacto desgastado que aún carga con las expectativas de un futuro que no llegó.
Como en The Comedians de Graham Greene, la historia reciente de Pemex asemeja una tragicomedia en la que cada uno interpreta su papel: el político que promete soberanía, el tecnócrata obsesionado con la eficiencia, el empresario que predica confianza, o el burócrata que aplaude desde la banca. Todos actúan con convicción, mientras la empresa se desmorona.
Pero en esta historia no hay héroes ni villanos absolutos. Hay decisiones difíciles, errores acumulados y oportunidades desperdiciadas. Y, aun así, hay margen para corregir el rumbo si se tiene la voluntad de hacerlo sin dogmas. Porque al final, lo que está en juego no es el prestigio de un gobierno, ni la nostalgia por una época dorada que quizás nunca existió. Lo que está en juego es construir un modelo energético que funcione. Es la energía que nos calienta, nos transporta, nos conecta. Nada más. Nada menos.
Pemex no puede solo, tal vez nunca pudo. Fingir lo contrario ha sido uno de los grandes mitos de nuestra vida pública. Desmontarlo no es traición: es el primer paso hacia una política energética más sensata, más transparente y, sobre todo, más útil para el país.
Alexia Bautista
Analista para México en la consultora de riesgo político Horizon Engage e internacionalista por El Colegio de México.