El city manager de la Delegación Miguel Hidalgo y su programa #vecinogandalla han detonado acaloradas discusiones en los últimos meses. No es para menos, el tema tiene múltiples aristas: el uso de la vergüenza como estrategia de política pública, el uso de redes sociales por parte de las autoridades, el derecho a la imagen y protección de datos personales, el principio de legalidad y el fomento a la transparencia de las acciones de gobierno. Las consideraciones y los matices son tan diversos que resulta sencillo perderse en la discusión.
Una manera útil para entender muchos de estos temas que involucran el comportamiento de las personas y la eficacia de las políticas públicas es el concepto del análisis costo-beneficio. Todos guiamos nuestras acciones a partir de los costos y beneficios que esperamos obtener. Con esto no estoy implicando que la gente vaya con una calculadora en mano computando cada paso que da, es algo que se hace de manera intuitiva. Basta un ejemplo sencillo para ilustrarlo. Una persona con prisa debe detenerse en una farmacia que no cuenta con estacionamiento y toma la decisión de estacionar su coche en frente, sabiendo que está prohibido. El análisis costo beneficio consiste en identificar los costos esperados y contrastarlos contra los beneficios esperados. En este caso el beneficio esperado es conseguir el medicamento que necesita en el menor tiempo posible. El costo esperado es la multa por estacionarse en un lugar prohibido ponderado por la probabilidad de ser multado. Dado que espera salir rápidamente de la farmacia, considera que la probabilidad de ser multado es prácticamente cero, lo cual hace que el costo de la multa sea irrelevante. El beneficio es mayor al costo. Su decisión sería distinta si, por ejemplo, hubiera un policía de tránsito a la vista.
Bajo esta lógica, es fácil entender que el uso de la vergüenza como política pública resulte atractivo: aumenta los costos esperados. No es lo mismo pagar una multa que ser exhibido públicamente. Los detractores de estos mecanismos argumentan que este tipo de acciones suelen violar los derechos humanos y constituyen un castigo demasiado severo, en particular cuando se utilizan redes sociales, pues la exhibición se potencializa. Estas consideraciones no son menores y ciertamente es un debate que debe tenerse; sin embargo, esa discusión nos hace perder de vista el verdadero problema con el programa #vecinogandalla, el cual exhibe a vecinos que en una de esas son más racionales que gandallas.
Para que nosotros como ciudadanos seamos capaces de realizar un análisis costo-beneficio, resulta indispensable tener los elementos suficientes para poder calcular nuestros costos. Esa es la lógica de fondo de la seguridad jurídica y el principio de legalidad nos brinda esta certeza. Las autoridades no pueden actuar de manera arbitraria y discrecional, de lo contrario, viviríamos en la absoluta incertidumbre de manera permanente.
Aplaudir el programa #vecinogandalla no es sólo festejar –desde el banquillo de la superioridad moral, dicho sea de paso– el que se castigue a quien viola las normas, es también avalar el que una autoridad defina de manera arbitraria y discrecional nuevas sanciones. Si bien Arne aus den Ruthen se escuda en el hartazgo de la población y en la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes, no debemos perder de vista que este tipo de mecanismos serían severamente condenados si el contexto fuera distinto. El fin no debe justificar los medios y sentar este tipo de precedente resulta gravísimo.
Por otro lado, si bien la actuación arbitraria por parte de la autoridad debe ser condenada, tampoco se trata de caer en puritanismos en cuanto a la definición de atribuciones de los servidores públicos. El uso de redes sociales, por ejemplo, o la iniciativa para crear programas públicos innovadores que mejoren el desempeño del gobierno deben ser incentivados a pesar de que excedan las atribuciones específicas de los funcionarios. Esto es, siempre y cuando este tipo de acciones no afecten (eleven los costos esperados) a la ciudadanía si no se cuenta con la atribución para hacerlo. Ciertamente, este no es el caso de #vecinogandalla.
Suponiendo sin conceder que el city manager de la Miguel Hidalgo tiene como único objetivo el transparentar sus acciones, su estrategia resulta deficiente, por decir lo menos. Cuesta trabajo pensar que el problema de la basura se resolverá yendo de casa en casa regañando a los vecinos. En realidad está escogiendo de manera aleatoria (en el mejor de los casos) a personas para utilizarlas como ejemplos vivientes de la falta de civilidad que nos caracteriza, elevando drásticamente sus costos esperados de cometer una falta administrativa al exhibir su cara, el lugar en donde vive, las placas de su coche y el lugar donde trabaja. Resulta preocupante que sobre él recaiga, sin ningún tipo de parámetro preestablecido, el determinar cómo, cuándo y dónde iniciará y terminará sus famosas transmisiones en vivo. De paso, quizá de manera involuntaria, se está haciendo autopromoción y violando –discutiblemente– el artículo 134 constitucional.
El problema de #vecinogandalla no es que esté aumentando los costos esperados de cometer una falta administrativa –lo cual podría resultar incluso deseable– sino que el apoyo ciudadano a este programa reduce el costo para las autoridades de actuar arbitrariamente. La cereza en el pastel: el aumento del beneficio individual esperado del buen Arne aus den Ruthen.
Sirve y creo que muy bien sobre todo con la gente de poder hay están los casos del amigo de Peña y de su secretario de comunicación hasta se disculpó si sirve y más empezando de arriba adelante Miguel Hidalgo xochilt para presidente
Que no es lo que hacen los ciudadanos cuando exhiben a las lady’s y gentleman?
Nunca se expuso claramente de que manera se puede ser arbitrario y discrecional al tener una imagen en tiempo real y diferido, tampoco se dijo que nuevas sanciones se pondrían o inventarían, en algunos países como Estados Unidos las patrullas policíacas llevan cámaras que registran el actuar tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos, en Rusia los ciudadanos han puesto cámaras a sus vehículos como una forma de documentar en caso de un incidente de trafico, si en un momento tomando el ejemplo de la persona que compra medicinas esta persona insulta o agrede al oficial que lo multa no habría evidencia y sería la palabra del oficial (que lleva las de perder) contra la del ciudadano, sin embargo, al documentar en vídeo las partes (ambas) están expuestas, más, aquel que rompe las reglas o agrede
No comparto casi nada,voy espero que por lo menos en la delegación Miguel Hidalgo en donde afortunadamente me toco vivir mis vecinos y yo mismo también agreguemos a ese «costo» la posibilidad de ser evidenciados en Periscope por no tener sentido de convivencia, estoy seguro que si en todas las delegaciones existiera el puesto de City Manager muchos de los problemas de convivencia se reducirían, es increíble como algún servidor público hace algo por mejorar y existe gente que con todo lo que esta mal prefiere quedarse así guardada en una burbuja
Finalmente exhibir la falta de cultura cívica de respeto a las leyes y reglamentos, no sólo demuestra la inobjetable decadencia de la autoridad para cumplirlos ellos y luego entonces la ciudadanía.
La corrupción e impunidad son tan grandes al interior de la estructura gubernamental que el city mánager de la Miguel Hidalgo no es capaz de enfrentar desde adentro que requiere de la complicidad del ciudadano para que éste último este convencido que aplicar la ley debe ser un ejemplo del ciudadano en tanto a quienes se les paga por hacerla valer, desconocen como realizar el trabajo que deben hacer por el salario que reciben de nuestros impuestos.
Los mexicanos e hispanoamericanos no pronunciamos la zeta, tampoco andaluces ni canarios; pero conocemos su sonido y hasta lo imitamos al contar chistes de gallegos.
Lo que no sabemos ya, ni en América ni la mayor parte de España, es que la doble L tenga sonido diverso a la Y. El DRAE ni siquiera admite la existencia de gandalla, sólo asienta que en catalán es «redecilla para el pelo». Gandaya es vago y malviviente. No es idéntico que al uso mexicano, pero similar como abusivo.
La RAE llama «yeísmo» el vicio de pronunciar «caye» en vez de «calle». Vicio que tiene toda Madrid y sur de España, además de América.
Si estamos acuñando un mexicanismo, resulta absurdo emplear una letra doble que ni siquiera sabemos pronunciar, como sí lo sabemos de la zeta. El sonido es difícil describirlo, pero en italiano es gli, en portugués es lh.
No sean gandayas, escriban como se pronuncia.
El beneficio es el bien común, y México al ser una sociedad inmadura pareciera que necesita de reprimendas al estilo periscope.
Lo dicho ya anteriormente….si esa misma lógica expuesta en este articulo….ESTAN EXPONDIENDOCES CASOS DE LA VIA PUBLICA NO PRIVADA…¿por que criticar o limitar o procedimiento que esta resultando?…en todo caso sociedad civil debe hacer su pare..¿por que criticar ahora que las autoridades están siendo eficientes?..a la sociedad civil debe retomar también su legalidad…se utiliza evidenciar faltas publicas…ME RECUERDA COMO CUANDO SECTORES SOBRE TODO DE IZQUIERDA DEFENDIAN LO INDEFENDIBLE COMO EN EL CASO DE LOS VIDEOS DE BEJARANO…Y AUN ASI LO NIEGAN….
Estoy de acuerdo con lo expuesto. Personalmente, agrego dos cuestiones: 1) el tema de posible linchamiento social, a quienes se exhiba en Periscope; y 2) el peligro de la imitación popular de un «justiciero».
1.- Se argumenta que solamente se utiliza para documentar faltas a los reglamentos locales, Pero al llevar esa documentación al plano al ojo público provoca siempre una reacción social. Reacción que no en pocas ocasiones es de linchamiento social.
Insultos, amenazas y etiquetas despectivas son las armas más usadas en la arena del ojo público mayoritario. Dirigidas a aquellos sujetos infractores, estas se convierten en sanciones que en ninguna ley existe. Por lo tanto, esto puede generar un peligro tiránico del ojo público mayoritario contra los individuos; creando así una democracia autoritaria que no es contradicción.
Una democracia que no respeta los derechos de las minorías (como protección al honor y a la imagen individual en este caso), puede devenir en un régimen faccioso; que insista en crear y sacrificar sujetos odiados.
2.- A la ciudadanía que frecuenta sus vídeos le puede ser bastante atrayente el seguir los pasos del funcionario. Pues claro que está facultada para denunciar actos que infringen los reglamentos locales, pero ¿a qué costo? Tal vez al enfrentamiento entre ciudadanos. Ya que una denuncia ciudadana requiere como condición autoridades con alta cultura de apego a la legalidad. De no darse esta condición, el resultado puede ser el conflicto por la verdad legal entre ciudadanos. No es un escenario deseable.
Por más que sea atrayente la idea de un justiciero en la ciencia ficción, poco le sirve a la democracia moderna. A ésta que se le amputo (al menos intelectualmente) desde la segunda mitad XX la idea de que necesitaba de un salvador o justiciero.
Tampoco propongo que se queden las cosas como están. Si advierto que antes hay que culturizar a nuestras autoridades por el respeto a la ley. De no ser así es válido pensar que esto parece más una cacería de brujas aleatoria y arbitraria, o una técnica nueva para atraer el ojo público electoralmente.
Clásico… multan a algun familiar tuyo por tirar basura y haces una nota negativa completa del funcionario a cargo… #Típico
Solo quiero decir que el City Manager hace un excelente trabajo, aunque creo que si se excede en sus atribuciones… en este caso creo que el fin si justifica los medios