Con su desprovista gracia para el chiste —una patología que, según Freud, desnuda las neurosis reprimidas de una persona— López Obrador ha aludido de vez en cuando al proceso de privatización de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes mientras fui gobernador de ese estado (1992-1998), tratando de hacer un paralelismo con la venta de las plazas para maestros que por tantos años se practicó (hasta antes de la reforma educativa peñista y volvió ahora por sus fueros) en el sistema educativo mexicano.
Los hechos y los datos cuentan, sin embargo, una historia muy distinta.
Para encubrir que durante su gobierno regresó, en abierta complicidad con el SNTE y la CNTE, la práctica ilegal e inmoral de traficar con dichas plazas así como entregarlas mediante el opaco procedimiento de “basificar” —es decir, dar nombramientos definitivos— a 886 000 personas, hasta 2023, que no cumplían con el perfil para ser maestros y no pasaron por un concurso de oposición abierto, competitivo, transparente y por méritos para ingresar a la docencia, López Obrador se sale por la tangente y en un lance para confundir al respetable más que para honrar al arte de Cúchares repite que para venta de plazas, la del coso de mi ciudad natal. Por supuesto, en esta como en tantas otras cosas, el tabasqueño pinchó.
El problema con ese símil, diría Antoñete, el matador madrileño, es que “el toro delata a los malos toreros y a los impostores”, y hay un abismo entre una cosa y la otra: permitir que se vendan plazas docentes es un crimen para la educación de los niños; en cambio, vender activos públicos no prioritarios para destinar en su lugar los recursos a verdaderas necesidades sociales es una política pública equilibrada, correcta y, sí, decente. Por ello, conviene explicar por qué, para qué y cómo se hace el paseíllo, con solera y elegancia, de las decisiones públicas responsables. Veamos.
En distintas épocas han existido plazas de toros en Aguascalientes. La de la anécdota en cuestión opera desde los años setenta u ochenta y en algún momento mi inmediato antecesor decidió, con buen juicio, ampliarla para darle más aforo, a un costo de 28.5 millones de pesos, los cuales se debían a una institución bancaria, comisiones e intereses incluidos.
El análisis sobre qué hacer con esa plaza tuvo distintas consideraciones. La primera es que, en un contexto de recursos limitados y necesidades crecientes, el gobierno tiene la responsabilidad de priorizar sus acciones hacia los sectores estratégicos, y ser propietario de un coso taurino no entra en ellos. La segunda es que los Estados modernos y eficientes deben atender fundamentalmente los servicios públicos —educación y salud de calidad, políticas sociales compensatorias, seguridad, desarrollo urbano— que generan valor para toda la comunidad, y no para grupos muy minoritarios, algunos de barrera y otros de callejón, que satisfacen sus gustos con la plata del contribuyente.
Hubo una época, por ejemplo, en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, en que le dieron vuelo a la intervención estatal excesiva —como pasa ahora— en todo aquello que se les ocurría, y a mediados de los años ochenta el gobierno federal llegó a ser propietario de 1155 “empresas” en distintos sectores que no son propiamente responsabilidad pública y que, sin embargo, se adquirieron con recursos fiscales a particulares, supuestamente para salvar fuentes de empleo. En realidad, se convirtieron en nido de ineficiencia y corrupción, de colusión con intereses privados, de burocracia y extracción de fondos que podrían haber sido encaminados a actividades productivas. Todas fueron un fracaso.
La expresión históricamente más acabada de esa política —mejor dicho, de sus peores ejemplos— y de sus daños, son y siguen siendo Pemex y la CFE. ¿Por qué? Porque la tarea del Estado no es mantener ni manejar industrias, sino crear las condiciones necesarias para que florezcan la iniciativa individual y la libre empresa. Las variables de mercado, financiamiento, riesgo, rentabilidad y otras más no están en el código genético del sector público. Bajo ese criterio, la conclusión lógica y sensata, en el caso de una plaza de toros, que siempre fue juguete de unos cuantos, era exactamente ésa: el gobierno no tenía por qué seguir en una actividad que no le es propia y solo consumía dinero público.
En el mundo de habla hispana hay cientos de plazas de toros. Algunas son propiedad municipal pero operadas por particulares, y otras, la gran mayoría, son propiedad privada. La familia Baillères, por ejemplo, gestiona, a través de Espectáculos Taurinos de México (ETMSA), las plazas de León, Acapulco, Tijuana, Irapuato, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes, entre otras. Como ganaderos, tienen los hierros de San Miguel de Mimiahuapam, Begoña, Santa Teresa, San Martín y la española Zalduendo. En España controlan, en alianza con los españoles Simón Casas (un personaje que en realidad se llama Bernard Domb, francés de origen, que fue ganadero y hasta toreó algún tiempo) y José Cutiño a través de la empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia, los cosos de Valencia, Málaga, Zaragoza, Córdoba, Olivenza, Badajoz, Alicante, Almendralejo, Zafra y Don Benito. Y en Francia, la de Nimes. En suma, son profesionales muy experimentados y, de lejos, mucho mejores que las rapaces burocracias gubernamentales.
La tercera razón es que la ampliación de la plaza de Aguascalientes se hizo en parte con financiamiento de Banobras pero con una fuente de repago —su ocupación y uso— que no daba ni para cubrir el recibo de la luz. Además, su mantenimiento conducía al mismo círculo vicioso: como estos activos públicos siempre presentan déficit, entonces para solventarlo el dinero tiene que salir de algún lugar, normalmente del subsidio público, y éste, a su vez, proviene de los impuestos. En pocas palabras: hay una relación perversa entre el déficit y los recursos para cubrirlo que termina siendo socialmente lesiva para todos, en particular para los más necesitados a quienes no les importaba un comino ni la plaza ni los toros ni los toreros.
En cuarto lugar, si bien es cierto que la plaza era propiedad del gobierno, sexenio tras sexenio las sucesivas administraciones entregaban la gestión a quien el gobernador en turno o sus familiares se les antojaba, decidían carteles, ganaderías y hasta las piezas que tocaba la banda municipal; otorgaban orejas, rabos e indultos, refaccionaban económicamente la operación pues se manejaba con criterios de estanquillo y, al final del día, se volvió una frivolidad privada pagada por el contribuyente. Según el recuento puntual de su ocupación, tomando como ejemplo el año de 1992, la plaza no se utilizaba más de treinta o cuarenta días al año —y sólo la mitad de ellos para dar corridas o novilladas— y se le “concesionó” a un particular de la localidad por unos 500 000 pesos anuales, de los cuales en 1993 todavía adeudaba dos terceras partes.
Analizado el problema con abundante información y estricto rigor y escuchando las opiniones de distintas personas, la conclusión más eficiente, juiciosa y práctica era vender el inmueble, pagar el adeudo y que verdaderos profesionales del negocio taurino se encargaran de manejar la plaza, decidir los carteles, contratar los encierros, seleccionar a los toreros, ofrecer un buen espectáculo y asumir los riesgos inherentes. Además, según la Constitución local, no estaba ni está dentro de las facultades ni obligaciones del gobernador hacerse cargo de que las corridas fueran buenas, numerosas, nocturnas o concurridas. Por algo habrá sido que a ninguno de los siguientes cinco gobernadores se le ocurrió volver al viejo modelo. Así de simple. Parafraseando a Pepe Alameda: el toreo no es la graciosa huida de entregar plazas a maestros que no lo son, sino la apasionada entrega de tomar decisiones buenas para toda la comunidad. En 1993 se le dio provisionalmente la concesión justo a ETMSA, la principal empresa mexicana en este campo.
Para la privatización se dieron diversos pasos en 1995. El primero, el 6 de marzo, fue integrar una Comisión Responsable de conducir y vigilar el Proceso de Venta constituida por el presidente del Patronato ferial, un hombre respetado y honorable; el contralor general del Estado; el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local y el titular de ésta. El segundo fue anunciar en todos los medios, el 8 de marzo, la convocatoria para que cualquier grupo de inversionistas presentaran propuestas de interés y adquisición de la plaza. Y el tercero, el 22 de marzo, fue formalizar la autorización del Legislativo local prevista en la Constitución para la venta del inmueble, que había sido aprobada por 24 de los 27 diputados integrantes, pertenecientes al PRI, PAN, PFCRN, PPS, PRD (donde López Obrador ya era un dirigente distinguido) y un independiente, la cual se promulgó en el Periódico Oficial del Estado seis días después. Durante ese trayecto, como punto primordial de referencia para el análisis de las propuestas y la fundamentación del fallo del concurso, se hicieron dos avalúos: uno por el perito valuador número 1815 de Aguascalientes, que arrojó un valor físico por 37.6 millones de pesos, y el otro por el perito 178 de Ciudad de México, ambos registrados ante la Comisión Nacional Bancaria, que dio un valor de 31.3 millones de pesos.
Al amparo del Código de Procedimientos Civiles y demás legislación estatal aplicable, se eligió una modalidad intermedia que permitiera filtrar la recepción de las propuestas de los interesados, que era hacer una invitación restringida, en este caso, a tres postores. ¿Por qué se eligió esta opción legal? Porque era el término medio entre asignarla por dedazo (como las plazas docentes en la actualidad) o bien formular una licitación abierta a cualquiera. Ni una ni otra parecieron convenientes. La primera porque era inconveniente desde el punto de vista legal y estético y la segunda porque planteaba el riesgo de que, dado el manto de opacidad que suele percibirse en los negocios asociados con ferias, palenques y casinos, como a veces con los seriales taurinos, hubieran aparecido candidatos procedentes del mundo de la delincuencia organizada, el lavado de dinero o cualquier otra actividad de este tipo, con ofertas económicas insuperables, lo cual nos habría metido en un lío gravísimo. Entre la codicia y la seguridad, lo razonable era esto último.
Acotada esa puerta, se presentaron tres propuestas en abril. Una de Servicios Corporativos IUSA, de Carlos Peralta Quintero, un empresario muy conocido y exitoso, actual contratista de la CFE, con experiencia en el negocio taurino y ganadero, y que ya manejaba la empresa Diversiones y Espectáculos de México, así como algunas plazas en el norte del país y en Puebla; su oferta la formalizó en 20 millones de nuevos pesos, pero no entregó a tiempo cheque de garantía, lo que afectó su puntaje. La segunda fue la ya citada ETMSA, propiedad de don Alberto Baillères, quizá el empresario más prestigiado en México, quien ya entonces, como mencioné antes, manejaba varias plazas y ganaderías en México, España y Francia, y gestionaba la Plaza México; su oferta fue de 42.5 millones y exhibió un cheque de garantía por 8.5 millones. Y, finalmente, un grupo local de empresarios muy conocidos, que en determinado momento se excusaron de seguir adelante aduciendo restricción de recursos por la crisis de 1994 derivada del “error de diciembre”.
La Comisión Responsable del proceso decidió por unanimidad, el 10 de abril de 1995, adjudicarle la plaza a Baillères “tomando en consideración —dice textualmente su dictamen— que cuenta con más de 20 años de experiencia en eventos y seriales taurinos, opera nueve plazas, y organiza un promedio de noventa corridas de toros anualmente”, y que propuso la oferta más alta. Baillères pagó en dos exhibiciones: una en julio, por 25 millones, al firmar las escrituras, y otra en octubre por los 17.5 millones restantes. El 12 de abril el gobierno estatal publicó en todos los diarios locales el destino que tendrían esos 42.5 millones, que fueron para saldar deudas con Bancomext, Banco Internacional, Banobras y Bancomer, así como para cubrir la aportación estatal del Convenio de Desarrollo Social con la Federación, adquirir reservas territoriales para el Instituto de Vivienda del Estado y equipar los servicios de seguridad pública y procuración de justicia. Por su parte, el Patronato de la Feria, administrador de la plaza, quedó totalmente libre de pasivos bancarios desde 1996, lo que, junto a otras acciones de saneamiento, dejó a la siguiente administración estatal una situación muy robusta y saludable, un nivel de deuda de prácticamente cero y finanzas superavitarias.
Más allá de lo sustantivo, el tema de la Plaza provocó un divertido revuelo provinciano. Cuando anunciamos la decisión de vender, las ochenta o noventa personas involucradas en el círculo taurino local —no más—, entre ellas aficionados serios y respetables, villamelones, gandules, novilleros fracasados, ganaderos del tres al cuarto y vagos sin oficio ni beneficio pusieron el grito en el cielo como si de pronto hubieran sufrido la amputación de un órgano del cuerpo. Dijeron que se “llevarían” la Plaza, que ya no habría corridas de “calidad”, que no contratarían matadores locales, que sería la puntilla de la feria y otras sandeces de ese jaez, y que no tardaríamos en vender el Palacio de Gobierno. Se equivocaron de tomo a lomo, nada de eso sucedió. La verdad es que buena parte de ese conventículo había lucrado y encontrado en la Plaza de Toros un modus vivendi ya fuera para diversión propia, para manejar la venta de alimentos y bebidas en la Plaza, los llamados “esquilmos”, obtener entradas gratis, recomendar matadores frustrados, hacer relaciones públicas y cosas así. De hecho, la vieja Plaza San Marcos, que desde antes era propiedad privada, terminó también vendida años más tarde al mismo grupo Baillères, que es el que se supone que iba a acabar con la fiesta. Vaya paradoja.
Por fuera, los únicos que tímidamente intentaron agitar el cotarro en la prensa taurina de la Ciudad de México, muy dada al apasionamiento por sus relaciones con la gente del medio o por el lubricante del parné, que funciona bien con algunos medios, fueron unos competidores de Baillères, a un nivel muy menor, de la Promotora ALFAGA, propiedad de la familia Alemán Magnani, que se quejaron de que no pudieron participar en la licitación. A la distancia, qué bueno porque, como es bien sabido ahora, esos empresarios terminaron a salto de mata. Entre ellos y Baillères, que en 2015 recibió la presea Belisario Domínguez, éste fue de lejos la mejor opción. Cuando don Alberto murió, por cierto, López Obrador expresó públicamente su “más profundo pésame”.
La reacción de los cabreados, por supuesto, no tuvo repercusión alguna. El gobierno destinó los recursos al desarrollo estatal; la Plaza sigue enhiesta, concurrida, vibrante y divertida; las faenas dependen de toros y toreros, no de la administración en turno; la gestión privada ha sido, del primero al último tercio, mejor que la pública, y la gente sigue llegando por cientos de miles a la feria de San Marcos, la más importante de México, que pronto cumplirá 200 años. Por fortuna, este episodio no sucedió en tiempos de Morena porque la plaza hubiera corrido la suerte de ser expropiada y entregada a los militares. Como relata y documenta esta historia, las decisiones públicas se toman sobre la base de hechos, evidencias, cálculos, argumentos y pensando en el interés público, no en el de unos cuantos. No se gobierna con el padrenuestro en la mano ni en el reino de las buenas intenciones, escribió Norberto Bobbio, sino en el mundo terrenal de la política, de la buena política.
En suma, las plazas de todos los países donde hay corridas, en manos públicas o privadas, continúan ofreciendo fiesta según la casta, el trapío, la suerte, el arrojo y el arte de figurantes y astados, y, faltaba más, la suerte que Dios reparta. Y eso sucede, año tras año, en Aguascalientes.
Otto Granados Roldán
Gobernador de Aguascalientes (1992-1998)
Cómo diría mi madre: ¨Qué bien dicho, lo bien dicho¨!!!