La UNAM está sometida a constantes agresiones. Las manifestaciones, por causas legítimas o creadas de forma artificial, se acompañan muy a menudo de actos violentos que provocan daños al patrimonio universitario y a las personas. Se trata de eventos frecuentes que afectan no sólo a esta universidad, sino a diversas instituciones de educación superior públicas en el país. Examinemos este fenómeno para avanzar en la comprensión de sus significados, causas probables y explorar posibles soluciones.
Un ejemplo reciente es la manifestación contra la gentrificación realizada el 20 de julio en la que resultaron dañadas instalaciones en el Centro Cultural Universitario; además de provocar indignación entre los universitarios y en distintos sectores de la sociedad, representa una anticipación de lo que vendrá en el futuro inmediato y aporta elementos para reflexionar sobre lo que hay detrás de las agresiones.
Lo primero que hay que observar es que los daños producidos al Museo Universitario Arte Contemporáneo y a la biblioteca Julio Torri constituyen un atentado contra el arte y la cultura del país. Pero los recintos afectados no son propiedad de la UNAM, están bajo su diseño y resguardo para difundir la ciencia y la cultura con el objetivo de que lleguen a todos los mexicanos. Los ataques que han ocurrido con excesiva frecuencia en los planteles del bachillerato o facultades son un atentado contra la investigación científica y humanística que se realiza en ellas, así como a la formación de los profesionales y especialistas que requiere México. Así, el daño no sólo es a la UNAM sino a la nación.
Una de las razones por las que diversos conflictos pasan por la UNAM es que a sus promotores les permite salir de un entorno pequeño para alcanzar presencia y resonancia a nivel nacional. Las protestas por la gentrificación en las colonias Roma y Condesa adquieren una dimensión más amplia y visibilidad a nivel nacional e incluso —como ha ocurrido en este caso por las expresiones xenofóbicas— en el plano internacional.
Esta capacidad de amplificación que tiene la Universidad Nacional obedece a dos factores: en primer lugar, a que todo conflicto presente en esta casa de estudios nos remite a los antecedentes de luchas protagonizadas por los universitarios que han transformado al país, enciende alertas y jala de inmediato la atención de los medios de comunicación y de diversos sectores políticos y sociales.
En segundo lugar, la generosidad de los principios universitarios, por quienes se enfrentan los problemas por medio del diálogo y no a través del uso de la fuerza. Sin embargo, los que cometen los actos violentos lo interpretan como un cobijo que les ofrece impunidad.
Las acciones violentas revelan las ideas que tienen quienes las llevan a cabo acerca de la universidad. Revisando lo que escribieron los manifestantes encapuchados en cristales y muros en el Centro Cultural se pueden obtener algunos datos. “Que le duela al capital”: algo absurdo, se trata de una universidad pública cuyo presupuesto proviene de recursos fiscales que, a su vez, aportamos todos los mexicanos.
No es casual que una minoría tenga esa visión de la Universidad, pues desde el poder político se ha propalado la falsa idea que la UNAM se ha derechizado o “aburguesado”. Andrés Manuel López Obrador y sus principales voceros la calificaban —de manera mentirosa— como promotora del pensamiento neoliberal. El objetivo principal del exmandatario era acabar con la autonomía universitaria, pretensión en la que una y otra vez han fracasado.
De igual manera, medios de comunicación ligados al oficialismo responsabilizan a la UNAM de la exclusión de jóvenes a la educación superior. Cada vez que se realiza el examen de admisión, el periódico La Jornada dedica amplios espacios para responsabilizar a la Universidad Nacional del elevado número de estudiantes rechazados, cuando por la insuficiencia de recursos también el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Tecnológico Nacional de México y decenas de universidades públicas en todo el país tienen que realizar dicho examen.
Debe reconocerse que durante el actual sexenio se ha producido un cambio importante en las actitudes hacia la UNAM. Esto se explica en buena medida porque hay funcionarios de primer nivel que conocen bien esta universidad: el exrector Juan Ramón de la Fuente, actual secretario de Relaciones Exteriores; la ex directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia; y la propia presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue investigadora del Instituto de Ingeniería.
Antes del periodo vacacional de Semana Santa, ya se gestaban algunas movilizaciones con una lista de demandas que incluían comedores subsidiados, la exigencia de un pronunciamiento sobre personas desaparecidas, contra la violencia de género y la reinstalación de alumnos expulsados. En ese contexto, el 31 de marzo el Consejo Universitario aprobó el Reglamento del Tribunal Universitario que fue el detonador de una protesta adicional por el contenido del artículo 15° del documento, interpretado por algunos grupos como un intento de limitar las libertades de expresión y de protesta del estudiantado. Esto dio lugar a que varios planteles fueran tomados.
Así, el rector Leonardo Lomelí convocó a la Comisión del Consejo Universitario para que fuera revisada la redacción del artículo 15 antes de su publicación con el fin de evitar cualquier tipo de ambigüedad. En la sesión del 25 de agosto el Consejo Universitario decidió eliminar el artículo que había sido motivo de las inconformidades.[1]
Las autoridades universitarias realizan una intensa actividad para atender todas las causas de la inconformidad que se van presentando, sean genuinas o creadas para desactivar con ello a quienes provocan la violencia. Sin embargo, el Tribunal Universitario se ocupa sólo de las faltas cometidas por los miembros del personal académico y el estudiantado, lo que excluye a las personas ajenas a la institución que podrían ser responsables de producir daños al patrimonio universitario o lesiones a integrantes de la comunidad.
La investigación y las sanciones para estas personas quedan a cargo de los gobiernos de la CDMX para lo que ocurre en Ciudad Universitaria así como en los planteles localizados en la capital del país; y las del Estado de México para las ubicadas en municipios como Naucalpan o Tlalnepantla. En el desarrollo y resultados de estos procesos la UNAM no tiene ninguna influencia.
¿Quiénes son?
Es difícil saberlo. Los líderes reales ocultan su identidad y los ejecutores tienen, casi siempre, el rostro cubierto. Quizás las autoridades de la Ciudad de México pueden tener alguna información: por ejemplo, durante la tercera marcha contra la gentrificación, cuyo objetivo era llegar a la embajada de Estados Unidos, la policía capitalina confiscó diversos artefactos como “bates, cadenas, martillos, y una bomba molotov”, como lo registraron diversas notas periodísticas. ¿Acaso no pudieron ver a quiénes se los quitaron?, ¿no es muy raro que nadie sepa nada?
Luego de la primera marcha contra la gentrificación el excanciller de México Jorge G. Castañeda escribió:
No descarto las tesis conspirativas sobre un sector de los manifestantes, ante todo quienes vandalizaron 56 inmuebles en la zona y esgrimieron o gritaron consignas repugnantes. Sobran motivos para sospechar que grupos de choque de la Jefa de Gobierno de la CDMX hayan sido enviados al acto en el Foro Lindbergh y a la manifestación para moverle el tapete a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega…
En julio de 2023, Salvador García Soto escribió en su columna:
Detrás de las campañas de golpeteo mediático, de agresiones porriles y de ataques a la UNAM… aparece la mano del vocero presidencial, Jesús Ramírez… Fuentes universitarias aseguran que el Gobierno de la CDMX es la mano negra detrás de los encapuchados del bloque negro universitario, que cada que quieren violentan impunemente lo que pueden dentro de la UNAM…
La afirmación tan directa de Castañeda no se refiere a la UNAM. En mi opinión se trata de especulaciones, pero muestra que existe la idea —que yo sí comparto— de intereses externos ligados a los grupos de encapuchados que ejercen la violencia. Dado que el problema es antiguo, algunos testimonios del pasado pueden aportar elementos que apuntan en direcciones diversas y no sólo hacia los gobiernos de la CDMX.
Cuando Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la Presidencia de la República, colaboraba en el diario La Jornada, escribió varios artículos en los que ponía al descubierto la identidad de integrantes de los grupos porriles de la UNAM (incluso con sus fotografías), mostrando sus vínculos con personajes de todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD y PT) y con las autoridades del entonces Distrito Federal, en particular de la delegación Gustavo A. Madero.
La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aportó un ejemplo interesante. Al referirse a otros temas relacionados con la violencia, señaló en su conferencia de prensa matutina del 28 de agosto:
Ayer recordé yo un episodio de cuando era joven… en aquel entonces la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros, no podías pasar por la Facultad de Derecho porque había porros por todos lados, ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes… (Las cursivas son mías).
Aunque se trata de ejemplos del pasado (2004 el de Ramírez Cuevas y 1980 el de Sheinbaum), lo anterior sugiere que hay una gran diversidad de intereses políticos que a lo largo de los años han estado detrás de los grupos que realizan actos violentos en la UNAM. Hoy, aunque la realidad es otra, la violencia persiste y los orígenes de estos grupos sigue siendo oscura.
¿Qué buscan?
En las acciones que realizan desde hace varios años en los planteles universitarios, ¿cuáles son las demandas de estos grupos? La respuesta es muy simple: puede ser casi cualquier cosa. Generalmente sus dirigentes examinan cuáles son las principales preocupaciones dentro de la comunidad estudiantil, mejor si se detecta alguna protesta incipiente. Participan de forma activa en la organización de asambleas, de las cuales surge un pliego petitorio. La estrategia consiste en añadir a la preocupación genuina una larga lista de demandas sobre asuntos que no están presentes en el origen, y que son más difíciles o imposibles de resolver.
Algunas de estas acciones no encuentran eco suficiente y se desvanecen, pero en otros casos las asambleas se repiten, las exigencias suben de tono hasta llegar a la toma de los planteles por parte de encapuchados, sobre todo en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). Luego siguen la destrucción en instalaciones a nivel local, las marchas hacia diversos sitios de la administración central, la “solidaridad” de sus colegas instalados en algunas escuelas y facultades, luego realizar saqueos, provocar incendios y dar martillazos en las ventanas y murales de la Torre de la Rectoría o lo que encuentren a su paso.
Pero además cumplen otra función, quizás más importante: el control sobre el genuino movimiento estudiantil para impedir que adquiera fuerza independiente y pueda entrar a la escena política nacional. Al infiltrarse dentro de los espacios estudiantiles, pueden conocer sus preocupaciones académicas y políticas, detectar a los líderes naturales, participar e intentar orientar las asambleas, influir y tratar de reducir la fuerza del estudiantado, o desprestigiar sus expresiones legítimas (por ejemplo, provocando destrozos durante sus manifestaciones). Hablo de intentos, pues a un movimiento estudiantil en la UNAM de gran calado no lo pueden detener ni con todos los encapuchados juntos.
¿Por qué ahora?
Con esta pregunta me refiero al contexto en el que se dan estos actos violentos, es decir, cuál es el panorama político del país en el momento en que se producen. Se piensa que estas acciones sólo pretenden crear “cortinas de humo” para desviar la atención sobre problemas relevantes a nivel nacional. Es posible, pero no es la única explicación.
El panorama cambia a menudo, pero pueden identificarse tres elementos principales: las tensiones en la relación entre Estados Unidos y México, el renacimiento de una guerra contra el narcotráfico y las pugnas internas en el grupo gobernante.
Anoto las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, pues es un factor que está vinculado con los dos restantes. El combate al tráfico de drogas por parte de la Casa Blanca ha obligado al gobierno de Sheinbaum a abandonar la política de su antecesor y cambiarla por una estrategia de combate más frontal al crimen organizado, con múltiples detenciones, decomisos de drogas e hidrocarburos, envío de criminales a Estados Unidos, destrucción de laboratorios, etcétera. Hay que tomar en cuenta que las redes criminales se extienden por todo el país y están presentes en todos los rincones de la sociedad, incluidas las instituciones de educación superior.
Por otra parte, las pugnas internas dentro de la coalición gobernante son cada vez más intensas, en parte por la confrontación entre los sectores más ligados con López Obrador y los más cercanos a Sheinbaum, pero también por los requerimientos estadunidenses que exigen elevar el combate al narcotráfico a nivel de funcionarios de alto rango dentro del gobierno de México.
El reto consiste en dilucidar cómo se conectan estos factores externos con la exacerbación de las acciones violentas dentro de la UNAM en un momento determinado.
¿Cómo enfrentar el problema?
El 17 de mayo de 2024, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dirigió un mensaje a la comunidad universitaria en un tono fuerte y directo. En su comunicado expresa su rechazo a los que denomina “grupos de presión” que desde el anonimato o con el disfraz de “animación deportiva”, agreden e intimidan a la población estudiantil, sobre todo en el bachillerato. Las autoridades universitarias, dijo Lomelí, no están dispuestas a tolerar sus acciones ilícitas de violencia y acoso. Y concluye:
Reconociendo la complejidad del problema y la necesidad de sumar esfuerzos, he establecido comunicación con el director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval, y hemos acordado coordinarnos con otras instituciones educativas; con los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, y de las alcaldías y municipios respectivos, a fin de erradicar a los grupos que violentan impunemente.
Un mes después, el 14 de junio, se reunieron representantes de la UNAM, el IPN y del Colegio de Bachilleres para crear un grupo de coordinación interinstitucional que tendría entre sus funciones el intercambio de información para erradicar a los grupos violentos, capacidades de decisión, discreción y confidencialidad para cumplir sus objetivos. A partir de la reunión citada, los trabajos se centrarían en la elaboración de un censo de grupos identificados como generadores de violencia. Coincidieron además en contactar a las autoridades federales incluida la Fiscalía General de la República, así como autoridades de Ciudad de México y del Estado de México, para establecer una coordinación “que permita generar acciones contundentes”, según lo anotado en la Gaceta UNAM.
La iniciativa del rector de la UNAM tiene múltiples rasgos de originalidad. Difiere de las soluciones que aparecen como las dos únicos caminos: el diálogo o la intervención policiaca. Se trata en este caso de una solución política que, sin abandonar el diálogo, ensaya un nuevo camino para erradicar a los grupos violentos. Entre los elementos más importantes de la iniciativa destacan una población bien definida, el bachillerato, donde nacen con mayor frecuencia las expresiones violentas y donde se encuentra la población estudiantil más joven. Tiene además un enfoque interinstitucional pues entiende que es un problema compartido por diferentes instituciones educativas y busca que se involucre el gobierno en la solución.
Como se ha visto el problema tiene múltiples dimensiones, pero hay una que no se puede omitir: la participación genuina de los jóvenes universitarios. Es importante reconocer que también se trata de un fenómeno generacional, pues en la edad en la que se cursan el bachillerato o los estudios profesionales hay una actitud crítica, de búsqueda de cambios sociales y participación en movimientos transformadores. Ese espíritu crítico se expresa en el estudiantado y puede ser aprovechado por los grupos asociados a intereses externos. Esto obliga a actuar con cautela para diferenciar a los auténticos estudiantes de quienes tienen el encargo de provocar la violencia.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico
[1] El artículo 15° establecía que: “En los asuntos que constituyan actos vandálicos, las autoridades de las entidades académicas iniciarán de oficio el procedimiento disciplinario, determinando como medida provisional la suspensión o expulsión inmediata de quienes presuntamente hayan participado en los hechos, con el objeto de salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. Dichas autoridades remitirán el expediente de inmediato al Tribunal Universitario para que éste desarrolle las etapas de investigación, sustanciación y de resolución”.
Los grupos porriles son rompemarchas, tienen la función de desviar la discusión publica del tema de la marcha al vandalismo.
En el caso de la gentrificación, no se habla del aumento de las rentas y los precios de casas cómo la población de menores recursos es desplazada constantemente, pero además culpando a los extranjeros y desviando la atención de las grandes inmobiliarias y bancos de inversión y plataformas de rentas que han creado un mercado global inmobiliario sin regular y guiado por burbujas especulativas.
Este texto se hace harakiri desde su primera línea al hablar de «causas legítimas». El problema de la UNAM como institución y como comunidad ese ése buenísimo y esa trampa de lo políticamente correcto que explotan de manera cínica toda clase de vándalos y parásitos. Practicar algo de TIT for TAT no le vendría mal a la institución. También es momento de que reconsidere desengancharse de los CCHs así como cerrar algunas escuelas y facultades que infectan a toda la institución y hacerlo de manera temporal como advertencia de que a la siguiente agresión a la UNAM desde ahí propiciado será un cierre permanente. Es la única manera de comprometer a maestros y alumnos a un mínimo de civilidad que debe comenzar por sus propios ambientes.