Punto de quiebre

En apenas un mes de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto al país al borde de una crisis constitucional, mientras la violencia criminal se extiende por todo el territorio y la polarización que prometió atender se agudiza. Lejos de que el gobierno de Sheinbaum represente, como muchos asumían, una moderación del proyecto restaurador presidencialista de AMLO, nos enfrentamos a su radicalización e imposición súbita. Morena ha usurpado la soberanía nacional bajo el argumento de ser una mayoría electoral. La presidenta y su partido confunden una mayoría temporal y relativa con una representación absoluta de toda la ciudadanía, siguiendo el guión populista heredado de AMLO, y con ello asumen el derecho a imponer a todos los mexicanos decisiones que cambian el régimen político. En democracia eso sólo es posible mediante un verdadero proceso constituyente, que implica escuchar todas las voces y construir consensos. Lo que vivimos es un abuso de poder con claros tintes autoritarios.

México vive un momento decisivo en su corta vida democrática. El nuevo gobierno ha decidido profundizar el proyecto de concentración del poder en el Ejecutivo que, por vías populistas, impulsó Andrés Manuel López Obrador, y cuyo objetivo final parece ser la anulación de la división de poderes y del federalismo, y la consolidación de un régimen electoral autoritario, similar en muchos sentidos al que padecimos por décadas el siglo pasado. Se trata, más allá del discurso, y sin la parafernalia corporativa, de una restauración del presidencialismo absoluto que el PRI impuso desde los años treinta del siglo pasado, y del rescate, apenas actualizado, de una especie de proyecto desarrollista-estatista.

La novedad del caso mexicano respecto del resto de los populismos contemporáneos radica en su aparente intento de despersonalización del poder, hasta hace un mes encarnado en la figura de López Obrador. La institucionalización del populismo por vías democráticas es, hasta el momento, más bien ilusoria. En efecto, lo que estamos atestiguando es la implantación radical del proyecto de veinte puntos definido por AMLO el 5 de febrero de este año, la continuidad en el gobierno federal (rotación de por medio) de buena parte de los mandos del gobierno anterior y una clara hegemonía dentro del partido Morena y en las Cámaras de los cuadros fieles a López Obrador. El líder ejerce un poder en la sombra, no muy disimulado, mientras la presidenta aparece como una ejecutora fiel de una misión que no es suya, sino de su antecesor. El “liderazgo en ausencia” es un arte cuyo ejercicio no representa hoy demasiada dificultad gracias a que López Obrador dejó completamente copado con sus fieles al nuevo gobierno y a la convicción sincera de la presidenta de la necesidad y urgencia de las reformas prometidas en su programa, que es el del expresidente.

El problema es que en su ansia por dejar consolidado su proyecto, AMLO obligó al partido y a Sheinbaum a llevar a cabo un proceso constituyente súbito, no consensuado ni siquiera con los partidos aliados al oficial y cuyo primer paso, la reforma judicial, ha llevado rápidamente a una crisis constitucional. La absurda idea de desplazar casi de inmediato a todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal, sustituyéndolos mediante elecciones populares, es tan brutal, impracticable, abusiva e ilegal que los propios políticos profesionales de Morena en el parlamento han tenido dificultades para llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias, desarrollar la legislación secundaria (a base de improvisaciones) y lanzar la convocatoria a elecciones judiciales en tan sólo dos meses. Por supuesto, el proceso ha estado plagado de irregularidades, contradicciones y fallas patentes, todas las cuales han sido resueltas mediante nuevas reformas ilegales y abusivas; la más reciente es la que implanta una “supremacía constitucional”, que blinda las reformas previas contra cualquier desafío legal, trátese de amparos o acciones de inconstitucionalidad. La disposición es muy peligrosa, pues como ya se ha dicho, este gobierno, pero también cualquier otro en el futuro, podría hacer cambios constitucionales que violen derechos humanos sin que haya manera de que la ciudadanía se defienda. Por cierto, es paradójica la actitud del gobierno en este caso. La presidenta Sheinbaum desobedeció una orden de una jueza federal que le ordenaba no publicar en el DOF la dichosa reforma judicial, argumentando que la jueza no tenía la capacidad legal para imponerle tal prohibición. De manera similar, los líderes parlamentarios morenistas dijeron también muchas veces que la constitución no permite acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales avaladas por las reglas existentes. Contradiciéndose, en cosa de ¡tres días¡ el partido oficial impuso una nueva reforma constitucional que explícitamente prohíbe cualquier recurso legal contra reformas constitucionales, y le añadieron un artículo transitorio que la hace retroactiva, violando el principio jurídico elemental de que las leyes no pueden ser retroactivas. Reconocieron así, de facto, que sí existía la posibilidad de una declaratoria de inconstitucionalidad y de acciones judiciales contra leyes aprobadas antes de esta reforma. Por tanto, implícitamente se acepta que la presidenta cayó en desacato y que la SCJN puede declarar la reforma judicial inconstitucional, pues su procesamiento inició antes de la entrada en vigor de la nueva reforma de “supremacía” , la cual a su vez contiene en sí misma un elemento inconstitucional.

Más allá de este galimatías jurídico, otras varias reformas constitucionales han sido aprobadas con la misma premura y desaseo, incluso aquellas que realmente tenían un consenso nacional, como la de derechos indígenas y la “constitucionalización” de las políticas sociales, que han pasado desapercibidas en medio de la polarización y las prisas de López Obrador, restándole a la presidenta la posibilidad de ganar alguna popularidad personal con estas innovaciones positivas.

La reforma judicial, que destituye a toda la Suprema Corte y a la mitad de los jueces federales el 31 de mayo próximo, y a la otra mitad y al Tribunal Electoral en 2027, es especialmente grave porque anula de facto y de iure la autonomía del Poder Judicial. Para todo fin práctico, al someter a elecciones populares todos los puestos judiciales, se politiza al Poder Judicial, es decir, se le deja a merced de los partidos, y dado que tenemos hoy un régimen de partido mayoritario prácticamente hegemónico, en las manos de Morena. Ahora bien, la elección en dos fases de 7539 funcionarios judiciales en sólo tres años (1686 funcionarios judiciales federales, cerca de 5757 funcionarios judiciales locales y 96 magistrados electorales locales) es una locura. Es imposible organizar elecciones mínimamente creíbles de esa complejidad en ese tiempo. Es esperable que haya miles de impugnaciones, escándalos y abusos.

La pregunta es: ¿por qué tanto empeño en una reforma inviable e innecesaria en su magnitud en el arranque del nuevo gobierno?Hay dos explicaciones principales:

A) La convicción de López Obrador de que sin esta destrucción judicial todas sus reformas podrían ser declaradas inconstitucionales o detenidas. Esto no es cierto en general, pero en verdad algunas de ellas sí podrían correr este riesgo; pero bastaba con esperar un poco para anular esa posibilidad. De hecho, a partir de diciembre, cuando la presidenta podrá nombrar a un nuevo ministro de la corte, la correlación de fuerzas interna en la SCJN impedirá a los jueces independientes tener mayoría calificada, necesaria para declarar inconstitucionales las reformas a la Carta Magna. Ahora bien, la vía del amparo podría detener ciertos proyectos; sin embargo, llevamos ya años de abierto desacato por parte del Ejecutivo a ese tipo de decisiones judiciales. No se ve causa alguna por la cual el gobierno actual no podría seguir la misma vía.

B) El miedo de AMLO a ser juzgado, él mismo o alguien de su entorno inmediato, por alguna razón en el futuro; el ejemplo de Lula, Correa y Evo Morales pesa mucho en su mente. Destruir al Poder Judicial le permitirá controlar, desde la puerta de entrada, cualquier posibilidad de ser sometido a proceso penal. Esta protección política la debe juzgar urgente por el reciente secuestro del “Mayo” Zambada, el más antiguo líder narco, quien por su conocimiento del submundo político-criminal, podría hablar de muchas cosas o ser compelido a decir lo que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos consideren conveniente para castigar la falta de colaboración de AMLO con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles. También pueden emerger casos de lavado de dinero, contrabando de combustible y de facilitación de exportación de drogas que involucran a cuadros políticos relevantes de Morena y sus familiares. Al parecer, el temor justifica lo extremo y urgente de las medidas tomadas.

La prisa y el desaseo le restan legitimidad a la reforma judicial, hasta ahora rechazada por los funcionarios judiciales, los mercados y un amplio sector de la opinión pública. Al mismo tiempo, las patentes dificultades de su implementación conducirán inevitablemente a resistencias diversas y a la distracción de las energías de la clase política en una especie de guerra legal y política por la sobrevivencia del Poder Judicial como poder autónomo. Peor aún, los términos de la reforma han creado, en lo inmediato, la posibilidad de una crisis constitucional, y en lo mediato, un impasse en que el Poder Judicial dejará de operar para todo fin práctico por lo menos hasta el 1 de junio de 2025, y lo más probable es que por el resto del año próximo no haya condiciones para su funcionamiento.

La crisis constitucional, en la que ya estamos de facto, explotará abiertamente el fatídico martes 5 de noviembre si el pleno de la SCJN declara inconstitucional buena parte de la reforma judicial, tal como el proyecto del ministro González Alcántara anticipa. El proyecto de sentencia retoma una de las posiciones doctrinales que la SCJN ha asumido en el pasado, y que es compartida por otras cortes latinoamericanas (hay también precedentes en la India y otros países), que indica que las reformas a la constitución no pueden modificar los fundamentos básicos del orden jurídico democrático, entre otros, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos. Se argumenta que la reforma judicial anula la independencia del Poder Judicial y viola los derechos de los jueces. Ciertamente, en otros momentos la SCJN ha adoptado la posición opuesta. Pero nada impide a la actual corte asumir el único criterio compatible con la difícilmente ganada (e imperfecta) democracia realmente existente. Hay que añadir que al criterio doctrinal el ministro González Alcántara añadió consideraciones explícitamente políticas, validando la elección de los ministros de la SCJN y del Tribunal Electoral, no así de jueces y magistrados, ni miembros de los poderes judiciales locales. Se entiende el pragmatismo, pero tal decisión es contradictoria con los principios defendidos. Se trata de ofrecer una salida política al Ejecutivo.

 Si la presidenta y el Congreso desacatan la decisión, la SCJN habrá sido desconocida por los otros poderes, faltando todavía casi siete meses para la elección de la mitad de los jueces. Ante ello, la corte tendría que destituir a la presidenta y al congreso, lo cual es obviamente inviable desde el punto de vista político. Por tanto, sólo queda el recurso del juicio político a los ministros de la SCJN por parte del Congreso, con el fin de destituirlos, por lo menos a quienes avalen la decisión. En tal caso, no habría Suprema Corte, y la presidenta tendría que nombrar ministros provisionales, lo cual no está previsto en la constitución. Un desastre político y legal.

Si la SCJN no declara inconstitucional la reforma, la crisis se evita, pero se sienta el precedente de que la presidenta y el Congreso pueden hacer lo que quieran con la constitución, y los ministros en funciones perderán toda legitimidad y autoridad, en un momento en que son de anticiparse otros recursos de inconstitucionalidad. La huelga que han sostenido por casi dos meses los trabajadores del Poder Judicial federal probablemente continuaría (y tal vez se radicalizaría), paralizando de facto a uno de los poderes de la unión.

Peor aún, restan por aprobar en el congreso nuevas reformas constitucionales que desaparecerán los organismos autónomos, cercenando el acceso al derecho a la información y clausurando instituciones regulatorias indispensables para normar legalmente el funcionamiento de los mercados. Ya antes se ha constitucionalizado la militarización de la seguridad pública, retroceso democrático que ha quedado en el olvido dada la magnitud del peligro que representa la reforma judicial.

Para completar el cuadro, la violencia criminal se ha agudizado a niveles de guerra civil entre carteles en Sinaloa, Chiapas, Colima, Guanajuato, partes de Michoacán, Guerrero y Morelos, por mencionar los casos más graves. Esas partes del país viven bajo estado de sitio de facto impuesto por los criminales. La reforma penal ha servido, eso sí, para opacar la crisis de violencia que vive México.

No puede minimizarse la gravedad de la situación que experimentamos. Es increíble que una presidenta que llegó al poder con la mayor legitimidad en la historia, y con mayoría absoluta en las Cámaras (haiga sido como haiga sido), enfrente de entrada una crisis constitucional que era perfectamente evitable. Mientras tanto, el expresidente observa, calladito, las consecuencias de la imposición de su voluntad a su partido, a su heredera y al país.

Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.