Todavía es pronto para hacer un balance sobre la nueva justicia en México, esa que fue electa en las urnas con la legitimación del pueblo a instancias del expresidente López Obrador. Un semestre es un periodo breve para formular conclusiones, pero ya no es tan temprano como para anotar algunas cosas.
Aunque las advertencias se hicieron llegar, avanzaron reformas marcadas por la improvisación procesal. Aun así —y esta es la paradoja— dichas reformas no terminan de tener ningún efecto perceptible en la vida cotidiana de millones de personas. Tal vez ahí yace uno de los grandes nudos de la disciplina jurídica en general, y de la judicatura en particular: ningún cambio institucional, por más profundo que sea, se traduce en mejoras o desaciertos inmediatos para quienes requieren del sistema de justicia.
De ahí que sea difícil sostener posiciones extremas dado el balance actual. El modelo democrático-constitucional que México aspiró a consolidar durante su transición mantiene una serie de tensiones estructurales que no desaparecen sólo porque el régimen político en turno decida reconfigurar el tejido institucional previo. Por más esfuerzos del morenismo por transformar las lógicas de la judicatura, resisten virtudes que no son fáciles de desmontar, como también subsisten déficits y patologías históricas que ningún rediseño ha resuelto en el corto plazo.
Por eso he insistido en caracterizar este proceso como una oportunidad perdida. Más que un intento por mejorar la justicia —más allá de filias y fobias políticas—, nos encontramos ante un ejercicio orientado a la captura de un poder del Estado. Allí radica el error histórico de la reforma de 2024. Teniendo la posibilidad inédita de replantear la arquitectura judicial y atender los problemas crónicos de acceso, calidad y profesionalización, el Gobierno optó por esta vía. Lejos de aprovechar la coyuntura para encarar las deudas históricas del Poder Judicial —y quizá, más ampliamente, de la democracia constitucional— la reforma privilegió la lógica electoral como herramienta de legitimación, sin construir las bases para un cambio en el largo plazo.
El caso es que conviene asumir que el nuevo arreglo judicial ya está en marcha y que la tarea ahora es comprenderlo. A continuación, destaco cuatro aspectos críticos y muy vinculados entre sí para encontrar pistas sobre qué tan nueva es la nueva justicia en México, haciendo énfasis en la Suprema Corte.
• Funcional. No olvidemos que la reforma no alteró el modo en que los asuntos se producen, canalizan y filtran, de modo que la presión sobre la Corte permanece intacta. Al concentrar más trabajo en menos manos (recordemos que se eliminaron dos asientos y desaparecieron las Salas, haciendo que ahora el Pleno deba resolver más de cien asuntos a la semana), se profundiza una lógica que empuja a una deliberación cada vez más limitada y a una dinámica que evita el escrutinio social y académico. Ello significa que un órgano pensado para fijar criterios constitucionales y orientar al sistema entero está atrapado en una lógica de gestión de cargas de trabajo.
No es que tengamos una Corte más lenta, es que sigue siendo lenta por cómo está estructurada la justicia en México. Trascenderán a la discusión pública un par de asuntos a la semana, pero detrás de esos casos visibles se seguirá acumulando una montaña de expedientes que rara vez captan la atención mediática y que, sin embargo, consumen la mayor parte del tiempo, energía y capacidad del tribunal. En ese contexto, la nueva Corte será, en lo esencial, una máquina de desechar y procesar conflictos más que un tribunal constitucional, operando como una versión más sobrecargada y menos flexible de la anterior.
• Institucional. Las tensiones entre la Corte, el Órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina, antes que fortalecer los mecanismos de control interno, fragmentan el poder del Poder Judicial Federal. En lugar de construir una estructura clara de responsabilidades y contrapesos, se ha producido un entramado en el que resulta cada vez más difícil identificar quién decide qué, quién responde por los errores y quién debe rendir cuentas cuando las cosas salen mal. A ciencia cierta, los conflictos internos, los desacuerdos operativos y no pocos escándalos se conocen más por filtraciones, trascendidos y cobertura periodística que por canales formales. La opacidad es una consecuencia directa de un diseño que multiplica órganos sin articularlos de manera efectiva.
Y es que no es casualidad que la presidencia de la Corte tenga ahora una duración de apenas dos años. Lo que, sumado a sus nuevas funciones jurisdiccionales de proyectista, reduce de manera drástica su margen de acción, debilita la capacidad para gestionar y convierte cada presidencia en una administración en permanente cambio.
Aquí vale la pena resaltar el papel de Hugo Aguilar, quien ha intentado imprimir una lógica de apertura. Sin embargo, incluso una presidencia bien intencionada se enfrenta a límites estructurales evidentes. La dificultad del ministro presidente para moderar las discusiones entre sus colegas evidencia un liderazgo frágil, lo que, de manera indirecta, ha favorecido el surgimiento de liderazgos informales en ministras con mayor experiencia que ya contaban con trayectorias y redes de influencia dentro del tribunal.
A ello se añade el carácter episódico de sus pronunciamientos, vinculados a causas que interpelan de forma personal a Aguilar —como la marcha de la Generación Z, la reforma a la Ley de Amparo o la invasión a Venezuela—, pero desconectados de una estrategia capaz de dotar a esta nueva Corte de una voz estable y reconocible en este contexto político. Hoy se asume que lo único que importa es la narrativa y que, mientras esta permanezca alineada con la del Ejecutivo, la reproducción del relato permitirá compensar cualquier contradicción (quién se acuerda de cuando Aguilar afirmó que no usaría toga para marcar diferencia y no olvidar sus raíces, portando trajes de gala de los pueblos indígenas, que contrasta con el ahora ministro presidente que sí terminó usando toga. Aunque eso sí, con bordados indígenas).
El problema es que no hay una mirada de largo plazo y que, con una presidencia de apenas dos años, cualquier intento de construir una narrativa institucional no sólo es efímero, sino prácticamente incapaz de trascender frente al peso histórico y la inercia propia de la Corte. Hay que asumir que la judicatura ya no tiene una voz propia y que quien presida la Corte será una figura ornamental que obstaculiza la construcción de una línea institucional sostenida en el tiempo. Porque una presidencia que no emana de una mayoría entre sus pares deja de ser un primero entre iguales y se convierte, en los hechos, en un simple secretario general de acuerdos.
• Presupuestal. El Presupuesto de Egresos para 2026 aprobó recortes significativos al Poder Judicial, con una reducción total de más de 15 millones de pesos respecto a lo solicitado. Estas cifras constituyen el mayor recorte proporcional a la judicatura en años y responden a una política de hacer más con menos y de combatir privilegios. Un discurso que al interior del gremio no se percibe como una invitación a mejorar, sino más bien se asume como una señal de castigo, desconfianza y debilitamiento institucional. Con menos recursos, se reducen las posibilidades de mantener e incrementar áreas clave de apoyo técnico, lo que tiende a dilatar tiempos de resolución y deteriorar la calidad del análisis jurídico. Además, la pérdida de recursos operativos limita la capacidad de atraer y sostener personal especializado (no es un secreto que muchos de los mejores secretarios y secretarias de la antigua Corte se están yendo porque se han eliminado prestaciones clave y la Corte deja de ser un espacio laboral competitivo. Cabe decir que ese talento no se pierde, pero sí migra a los despachos privados, empobreciendo la función pública).
También la eliminación de fideicomisos para indemnizaciones y pagos vinculados a la reforma judicial ha suscitado protestas de exfuncionarios que aún no reciben el total de sus pagos, lo que evidencia tensiones presupuestales adicionales en el nuevo modelo judicial. Pese a quien le pese y contra toda evidencia, recortar de manera indiscriminada no fortalece a las instituciones públicas; el dinero sigue siendo crucial para que la judicatura funcione con mínima seriedad y capacidad técnica.
• Político. La unidad en la nueva Corte duró un día. Del bastón de mando y los baños de copal pasamos a peleas televisadas en vivo y a todo color. Frente a todo pronóstico, y lejos de una cohesión monolítica enarbolada en torno a la unanimidad, la Corte se ha visto marcada por conflictos que ponen en evidencia viejos y nuevos vicios. Ahora tiene sentido el escalonamiento y rotación gradual de los asientos de quienes integran tal instancia, pues con perfiles tan heterogéneos es normal que surjan tensiones. Lo que no es normal es que algunas de las personas que llegaron a la Corte llegan sin experiencia previa compartida en un órgano colegiado de estas dimensiones y sin conocer en verdad cómo funciona el tribunal; presenciamos en tiempo real múltiples curvas de aprendizaje con costo al pueblo. Este experimento genera fricciones que no se disuelven sólo por compartir una misma afiliación política o cercanía con el oficialismo —porque no hay que olvidar no sólo que cualquier cargo judicial de esa envergadura tuvo que ser negociado y aprobado por Morena, sino, quizá sobre todo, que la unidad del oficialismo dista mucho de ser sólida—; en la práctica habrá disensos, diferencias y peleas que muestran distintos estilos, prioridades y objetivos. No vale la pena recapitular los desfiguros que hemos visto durante los últimos meses, pero baste decir que si esto es lo que hacen frente a las cámaras, ni imaginar las peleas cuando acaban la sesión. En todo caso, es triste saber que la politización interna favorecerá alianzas informales y disputas entre ministras y ministros para terminar moldeando tanto las decisiones como la reputación del tribunal en el espacio público.
Vistos en conjunto, estos aspectos permiten entender por qué la nueva justicia no es nada nueva. Es una reconfiguración que agrava en varios sentidos los problemas que decía venir a corregir. Lejos de enmendar los vicios históricos del Poder Judicial, la reforma los reacomodó dentro de un régimen político distinto.
Si se dijo que la antigua Corte era lenta, distante y formalista, quizá había algo de verdad en ello, pero operaba dentro de ciertos equilibrios profesionales e institucionales que hoy son más frágiles. La nueva Corte, en cambio, carga con esas mismas inercias estructurales, ahora atravesadas por incentivos electorales, presiones políticas y restricciones materiales que reducen todavía más sus márgenes.
He omitido en este análisis hablar de las instancias inferiores y de la justicia local, pero baste decir que allí las dinámicas de captura, subordinación y uso político de los tribunales son todavía más crudas, lo que hace prever que los efectos más preocupantes de este nuevo modelo se reproducirán y profundizarán en tales espacios. Ya se han visto renuncias, errores garrafales, improvisaciones, reacomodos apresurados y señales tempranas de inconformidad entre quienes operan cotidianamente los juzgados y tribunales. Esto confirma que el efecto de la reforma no se limita a los altos cargos, sino que se filtra hacia abajo, alterando rutinas, expectativas profesionales y márgenes de independencia en los niveles donde se imparte justicia todos los días.
En cualquier caso, habrá que continuar observando y documentando cómo estas nuevas reglas operan en la práctica. Porque si algo enseña la historia constitucional es que los diseños institucionales no se revelan por lo que prometen, sino por los incentivos que crean y por los comportamientos que por desgracia terminamos normalizando.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de argumentación jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM y de filosofía del Derecho en el ITAM