El sistema político mexicano se encuentra hoy en un momento único. Los partidos políticos, que tradicionalmente se caracterizaron por hacer de la elección de su candidatura presidencial una decisión vertical y con poca o nula participación ciudadana, buscan abrir los procesos internos a la opinión pública, los medios, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, sea ésta militante o no de ellos.
¿Qué cambió? ¿Qué despertó en las cúpulas partidistas el interés de acercarse a la ciudadanía en la que podría ser la decisión más importante del sexenio? Considero que la respuesta a estas preguntas está en diversos argumentos: hablemos de la confianza en los partidos políticos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la presión política por parte del oficialismo.
En relación con el primer argumento, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), publicada por el Inegi en 2021, al 76.4 % de la población mexicana los partidos políticos les causa algún grado de desconfianza. Este fenómeno se reproduce no sólo en México, sino en otros países de América Latina y el mundo (Con datos de Latinobarómetro 2021: Argentina 88.5 %; Bolivia 83.8 %; Brasil 86.9 %; Chile 92.4 %).
Esta desconfianza en el sistema de representatividad democrática ha impulsado el desarrollo de una amplia variedad de ejercicios de democracia participativa y deliberativa. En estos ejercicios los ciudadanos se convierten en los actores principales, pues no sólo toman decisiones, sino que desempeñan el papel de “arquitectos” con propuestas y políticas que beneficien a su comunidad y a sus intereses en conjunto. Esto ha orillado a los partidos políticos a fomentar la educación cívica, capacitar sobre temas de interés público e involucrar a la ciudadanía en la construcción de agendas legislativas y parlamentarias.
En relación con el segundo argumento, el fortalecimiento de la sociedad civil es un fenómeno que ha prosperado de la mano con la institucionalización de la democracia en México y en el mundo, y que permite a la ciudadanía canalizar demandas políticas al partido en el gobierno sin la necesidad de formar parte de las instituciones políticas tradicionales. Si bien hay casos en los que su crecimiento no se explica sino por la coordinación estructurada de intereses políticos y económicos, también es cierto que en años recientes han funcionado para evidenciar deficiencias administrativas tanto en el ámbito federal como estatal, mismas que en ocasiones han sido capturadas en las agendas político-legislativas de los partidos opositores.
El necesario acercamiento de partidos políticos a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil ha permitido capitalizar causas como el cese al desabasto de medicamentos contra enfermedades degenerativas, la defensa al medio ambiente y la selva en el sureste de la República, y la demanda de mejores políticas para la gestión hídrica en los estados del norte del país.
Finalmente, para el caso mexicano, en el aspecto político-electoral la administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por la movilización ciudadana y su involucramiento en la toma de decisiones políticas. Tal es el caso de la consulta ciudadana para el juicio a expresidentes, o bien, la primera consulta de revocación de mandato para el presidente de la República.
Por medio de su conferencia matutina, López Obrador hace una invitación permanente para que los actores políticos adapten y tomen en cuenta los pensamientos y visiones de la ciudadanía en su actuar cotidiano, en sus planes y proyectos de gobierno. Es una práctica que estableció desde su Jefatura de Gobierno en el 2000 y que dejó plasmada en los estatutos de Morena. Ejemplo de ello es la propia elección de candidaturas en sus diferentes niveles mediante encuestas ciudadanas.
Si bien la narrativa presidencial busca la identificación de la llamada “Cuarta Transformación” con un movimiento de apertura democrática, en los hechos el involucramiento de la ciudadanía se resume a la ratificación de decisiones y preguntas previamente planteadas.
Ahora bien, ¿qué tanto se ha logrado la apertura ciudadana en el proceso de decisión de las candidaturas presidenciales? Para responder considero que vale la pena evaluar la naturaleza de los procesos internos de la oposición y del partido oficialista bajo la consideración de que se tratan de los primeros ejercicios abiertos y que no están inscritos en la normativa político-electoral actual, por lo que no hay parámetros legales para evaluar su cumplimiento.
Por un lado, el ejercicio interno de Morena y aliados tiene como finalidad conocer cuál es la evaluación ciudadana sobre conocimiento y percepción reputacional de la y los precandidatos postulados. Para ello, la dirigencia nacional del partido levantó encuestas que, bajo ponderación, posicionarán a uno de los aspirantes como el mejor evaluado, y será quien coordine el proceso electoral de 2024 desde la candidatura presidencial. Paralelamente, Morena ha puesto en marcha diálogos con la ciudadanía para conocer de manera general sus necesidades y demandas, mismas que buscarán plasmarse en el Proyecto de Nación 2024-2030. Sin embargo, el proyecto final será redactado por una Comisión Especial —conformada por funcionarios, políticos y figuras públicas afines a la ideología del partido— y no se prevé que sea puesto a consulta de la militancia en algún momento futuro.
Si bien el ejercicio organizado por Morena y aliados busca colocar a la ciudadanía como un pilar tanto para la designación de candidaturas como para la construcción del proyecto de un posible próximo gobierno, en la práctica el ejercicio ha sido criticado por los propios aspirantes a la candidatura por la marcada participación de la dirigencia del partido y —en ocasiones— del propio presidente López Obrador.
Por otro lado, el bloque opositor —integrado por el PRI-PAN-PRD en el Frente Amplio por México (FAM)— diseñó un ejercicio con múltiples etapas. Pese a ello, el papel de la ciudadanía quedó resumido durante la primera etapa del proceso en la recolección de firmas (150 000 en al menos diecisiete estados del país) en favor de su candidata o candidato de preferencia; en etapas posteriores, en el sondeo de opinión pública tras la participación de las y los candidatos en foros regionales y temáticos, y en la votación en una consulta popular final que tendría que haberse llevado a cabo el 3 de septiembre, previo a las declinaciones del resto de aspirantes en favor de la candidatura de Xóchitl Gálvez.
El proceso en términos generales fue criticado por algunos de los precandidatos ciudadanos y de todos los partidos políticos integrantes del FAM por el involucramiento de los liderazgos en la selección de los participantes que avanzaron a las siguientes etapas. Diversos actores políticos argumentaron que la decisión habría sido pactada desde un inicio, y que por lo tanto la participación ciudadana no fue respetada.
El 30 de agosto, la dirigencia nacional del PRI encabezada por “Alito” Moreno dio a conocer públicamente su apoyo a la precandidata del PAN —la senadora Xóchitl Gálvez— frente a la senadora Beatriz Paredes, una de las figuras con mayor experiencia política surgidas del priismo.
La anticipada declinación de todos los precandidatos en favor de Gálvez dejó inconcluso el primer proceso interno de elección de una coalición en México. Según exfuncionarios electorales del Comité Organizador del FAM, más de 2 millones de boletas se quedaron sin usar y 7320 funcionarios no pudieron participar en la operación de 1160 centros de consulta.
En resumen, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones a nivel federal y local en México y en el mundo tiende a ampliarse, entre otras razones, por el descontento con los partidos políticos y por el desarrollo de instituciones democráticas. En el caso mexicano, la constante presión narrativa desde el Ejecutivo federal ha orillado a las fuerzas políticas opositoras a dialogar con actores anteriormente poco institucionales, a fin de ganar legitimidad y capital político.
En relación con los ejercicios llevados a cabo al interior de los partidos de cara a las elecciones presidenciales de 2024, considero que el camino aún está por construirse. Es necesario desarrollar mejores canales de comunicación e involucramiento con la ciudadanía no sólo en la toma de decisiones, sino en la construcción de alternativas de política pública y en la agenda legislativa. La democracia participativa y deliberativa requieren del compromiso político tanto de votantes y ciudadanía como de actores políticos institucionales.
Carlos E. Pérez Márquez
Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México. Asociado de Investigación del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe (CERLAC) de York University, donde estudia la maestría en Ciencia Política.