El consenso que fue
Nunca me quedó claro que el periodo al que llamamos “transición a la democracia” haya sido eso. Cada vez que escucho decir que México “transitó a la democracia”, me viene a la mente un país que abandonó su autoritarismo de origen para arribar a un destino democrático. Digo que no me queda claro porque la narrativa de la “transición” hace parecer que la democracia era un lugar al que algún día habríamos de llegar. En cambio, al referirnos a ella, es mejor hablar de una construcción que de un tránsito. La democracia no cayó del cielo, ni llegamos a ella como quien llega a la Tierra Prometida. Más bien, nuestra democracia se hizo con una serie de acuerdos, y en medio de marchas y protestas.
Todo sucedió en un contexto específico: el fin de la Guerra Fría, la caída de algunos regímenes autoritarios en regiones como Latinoamérica y la articulación de nuevas formas de activismo a partir de los setenta. Estos hechos fueron clave en el ascenso de los “derechos humanos” como crítica moral a la política misma. A la par, las crisis inflacionarias y de deuda de los setenta y los ochenta, así como las varias rondas de negociación que dieron vida a la Organización Mundial de Comercio, posicionaron al “libre mercado” como una segunda crítica al poder.
El proyecto transnacional de finales del siglo pasado ordenó al mundo. Los derechos humanos y la competencia del libre mercado se pensaron por encima de la política en una especie de moralidad totalitaria. En este nuevo orden, los recuerdos de un Estado autoritario justificaron visiones más plurales y menos poderosas de lo que tendrían que ser los nuevos regímenes. En paralelo, el Estado adquirió dimensiones más pequeñas, con tal de no repetir los estragos causados por la incompetencia económica de años previos. La combinación de estas dos críticas permitieron proyectar un tipo ideal del régimen que habría de surgir: uno incapaz de politizar a la economía y, a la par, uno tan débil como para no vulnerar derechos. Así, los productos del nuevo orden terminaron por ser regímenes despolitizados, tecnocráticos, que tenían por faro a la moralidad de dos críticas al poder.
Fue a la sombra de ese proyecto, de vocación moral y antiestatista que nuestra democracia se construyó y que un nuevo consenso político surgió —uno que incorporaba a políticos de una izquierda militante dispuestos a abandonar posturas intransigentes en favor de un pluralismo que abría la puerta a reformas. Sobre esto es conocido el papel de iniciativas como el Grupo San Ángel, centrales en institucionalizar la pluralidad y diálogo entre élites como mecanismo de cambio.
En fin, el nuevo orden de finales de siglo se institucionalizó en formas muy específicas. Por ejemplo, para integrar economías, el derecho internacional contendría la capacidad de los países para regular industrias. A su vez, nuevas constituciones en el mundo construyeron poderes judiciales fuertes para proteger derechos privados y garantías a la propiedad y, también, para gestionar la misma construcción de la democracia. También, para minimizar distorsiones en mercados, se crearon una serie de reglas y leyes para privatizar industrias y servicios, flexibilizar mercados laborales, limitar el papel económico del Estado y desregular amplios sectores económicos.
Nuestra democracia siguió ese camino, ofreciendo más espacios de gestión despolitizados y mayor énfasis en procedimientos y equilibrios. México no fue un caso único. A finales del siglo pasado, en muchas nuevas democracias, la liberalización política ocurrió de forma acotada, con varios puntos de veto obstaculizando la construcción de mayorías. Así, en estos regímenes, se buscó aislar al sistema político de la intromisión de movimientos populares.
Las críticas más duras a estas democracias las culpan de haber promovido “injusticia” y “exclusión”. Otros argumentan que, entre procesos y equilibrios, la representación de sectores críticos se disminuyó o bloqueó. Algo así tuvimos en México, una democracia quizá muy cómoda consigo misma, subordinada a dos imperativos morales —el libre mercado y los derechos humanos— y articulada en un régimen plural, pero indispuesto a canalizar impulsos mayoritarios y reclamos sociales que veían insuficiente la alternancia partidista.
Grandes burocracias se legitimaron a partir de la competitividad del sistema de partidos y de un proyecto modernizador desplegado de arriba hacia abajo. No es difícil ver cómo una mínima rotación de élites facilitó la osificación de una clase política “desconectada” de una realidad popular, que siempre estuvo al margen de un proyecto económico y político pero, sobre todo, moral.
El fin del consenso
2018 puso fin a aquel consenso en México. López Obrador llegó a la Presidencia movilizando los agravios de una mayoría que se sabía al margen de la democracia construida. El diagnóstico era simple: el “régimen neoliberal” priorizó a unos sobre otros.
Al amparo de organismos autónomos, López Obrador decía que la clase política consolidó sus privilegios, blindándose de controles democráticos: los gobiernos atendían intereses económicos y políticos, mas no populares, porque su estructura institucional lo permitía. También, según la narrativa obradorista, los límites impuestos al gobierno para proteger derechos eran ilegítimos e injustos y terminaron por ser una camisa de fuerza para el gobierno.
La presidencia de López Obrador abandonó los imperativos morales de la democracia construida. Ni los derechos humanos ni el libre mercado estarían por encima del poder político derivado del triunfo electoral. Varias acciones de su administración se interpretaron como razón de Estado, comenzando por la cancelación del nuevo aeropuerto, hasta concluir con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Poco importa que se vulneren las condiciones económicas del país, tampoco que se ponga en riesgo la protección de derechos y mucho menos que montañas de evidencia mostraran los daños que seguirían.
En un principio me pareció refrescante su propuesta para reposicionar la ideología y el poder en el corazón de la vida política del país. Creo que el consenso de la democracia construida era moralino, ambicioso en sus pretensiones y cínico en su distancia con quien debería brindarle legitimidad: el pueblo. También era endogámico, capaz de crear cambios de gobierno, pero no de modificar el rumbo. Quizá la última expresión de esto fue el Pacto por México en 2012 que acabó por difuminar cualquier distinción entre partidos, sellando así la imagen de una clase política monolítica, egoísta y, en el peor de los casos, parasitaria.
Vale la pena enfatizar esto. El obradorismo llegó al poder para terminar con un consenso e inaugurar otro: la acción del Estado ya no sería constreñida por esferas de moralidad como el libre mercado o los derechos humanos, tampoco se usaría a la técnica como recurso para construir autonomías y aislar a la gestión pública de mandatos electorales. En el nuevo consenso, la política volvería a ser política, las mayorías volverían a ser decisivas y las cosas se harían como consecuencia de esos mandatos.
Es una pena que se torciera el diagnóstico legítimo y popular con el que López Obrador llegó al poder. Frente a una oposición abyecta y moralmente derrotada, la carga ideológica de la presidencia de AMLO pudo usarse para alterar de manera profunda el statu quo del país. Con tantos votos a cuestas, no hubiera sido descabellado proponer una reforma fiscal progresiva, una política seria contra la corrupción y la universalización franca de servicios. Tampoco hubiese sido imprudente fiscalizar de forma seria y robusta a un pasado corrupto, incompente y, que sobre todo, permanece impune. Pero no fue así.
La presidencia de López Obrador dedicó muchos esfuerzos a defender ineptos, hostigar a la crítica y despreciar la autocontención que debería tener quien ha ganado bien y claro. Con mayor frecuencia, instintos egoístas por acumular poder se justificaron con una ideología empobrecida. Al final, una disposición para conseguir control se racionalizó por tantas voces que se nos olvidó que el cinismo y el control son, en realidad, cosas sencillas.
Son muchos los nombres de quienes han sido partícipes de esto. Pienso, por ejemplo, en el eterno líder estudiantil Pablo Gómez, que fue parte del Consejo Rector del Pacto por México en 2012 y que hoy ocupa una posición privilegiada como sabueso de caza del morenismo. Pero pienso también en Rocío Abreu, una exdiputada del PRI campechano entusiasta de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y que, después, siendo presidenta morenista de la Comisión de Energía en el Senado, terminó por repudiarla. O pienso también en Miguel Ángel Yunes, (ex)prócer del panismo veracruzano que, como senador, terminó siendo instrumental —literalmente— en la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
Consensos van, consensos vienen, los políticos se quedan
La lección es evidente. Nuestro país comienza un nuevo régimen por segunda vez en menos de cuarenta años y los protagonistas de hoy son los mismos de ayer. Si en teoría el obradorismo llegó para sepultar a una clase política, en la práctica terminó valiéndose de ella para encumbrar sus posiciones. Tiene sentido que haya sido así: el caso Yunes lo ejemplifica bien.
El expriista, expanista y exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue diputado federal en tres ocasiones, diputado local en los ochenta, agente del Ministerio Público en los setenta, subsecretario de Prevención y Readaptación Social en el gobierno de Vicente Fox y Director General del ISSSTE en el gobierno de Felipe Calderón. Uno de sus hijos fue senador y presidente municipal de Veracruz y el otro, su homónimo, fue presidente municipal panista de Boca del Río, diputado local y ahora es miembro del Senado de la República.
Sobre los Yunes pesan acusaciones de delitos electorales, de mentir a la autoridad y de presentar documentación falsa. También hay acusaciones de enriquecimiento ilícito, de peculado, de brindar protección a miembros del narcotráfico y de ser cómplice de una red de pornografía infantil. En 2013 y 2016, Manuel Espino, expresidente del PAN y actual diputado por Morena, denunció a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito y en 2017, Andrés Manuel López Obrador añadió a esas denuncias la de uso indebido de recursos en una carpeta que le hizo llegar al entonces presidente Peña Nieto.
Yunes Linares ocupó cargos por cuatro décadas consecutivas, en el régimen del priismo setentero, en la época moralina de la democracia construida y en las presidencias “neoliberales”. Hoy, su familia perpetúa sus intereses, aunque ya no en aquellos regímenes sino en el nuevo, que supuestamente llegó para acabar con todo lo previo.
¿Cómo es posible? Mi impresión es que, para la clase política, el Estado es un arma de doble filo. Por un lado, es fuente y mecanismo confiable para la extracción de rentas. Por el otro, el Estado encarna la posibilidad —mínima— de rendir y pagar las consecuencias. A la clase política le conviene estar cerca del Estado, pero no lo suficiente como para ser fiscalizada o enjuiciada. Es como un mosquito que quiere estar cerca de la luz de una vela, pero tampoco tanto como para quemarse.
Con frecuencia pensamos que la clase política captura al Estado para servirse de él, pero esto es algo distinto: el Estado le estorba a los políticos. Por eso no es sorpresa que, durante el periodo de la democracia construida, las nuevas áreas de gestión fueron refugio de muchos que encontraron un espacio para hacer y deshacer. A su vez, en las privatizaciones de la época, otros políticos descubrieron una forma distinta de extraer rentas, ya no gestionando a las empresas a cuenta del gobierno sino construyendo puentes entre un sector privado voraz y un Estado cada vez más anémico. Algo similar sucedió con la irrupción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a partir de mediados de los noventa, que acrecentó el poder de la Presidencia a costa de capacidades federales y locales para controlar el territorio y administrar justicia, dejando espacios grises que la clase política rápidamente supo gestionar.
Por eso es algo irónico que las carreras de políticos como Yunes Linares alcanzaran su apogeo en aquella época: la de la moralidad apolítica del libre mercado y los derechos humanos. Al final, frente a un electorado cada vez más crítico y plural, el nuevo amasijo de reglas, procedimientos, autonomías y estructuras partidistas terminaron por servir de escudo para una clase política a la que ya le costaba trabajo hallar donde esconderse.
La aprobación de la reforma al Poder Judicial es el último triunfo de la clase política frente al Estado. Si el consenso de los noventa permitió desnudar al Estado de su poder y autoridad en pos de críticas despolitizadas a la política, a partir de 2018 la asfixia al Estado se argumentó en favor de una democracia más popular y responsiva. Pero detrás de ambos consensos siempre estuvieron las mismas personas.
Por eso es emblemático que el voto faltante para aprobar la reforma haya venido de un Yunes. Con 36 millones de votos en la espalda… pero también con los Yunes, el PVEM, Eruviel Ávila, Manuel Espino, Alejandro Murat y otros tantos, Morena capitalizó el sueño de la clase política por desarmar y sofocar a un Estado que quizá tenía en el Poder Judicial a un último reducto para juzgar y hacer pagar. Al final, ya sin imperativos morales, es trágico que el morenismo sea el vehículo con el cual la clase política volteó la razón de Estado contra el Estado mismo.
Ya no hay marcha atrás. Y lo que sigue puede ser ominoso. Tomar un nuevo camino y construirlo tomará tiempo y voluntad. La nueva presidenta cuenta con los votos y, creo yo, la capacidad para hacerlo. No me engaño, pero esto es importante: no habrá nuevo rumbo ni tránsito que sea posible con esta clase política. Recuperar al Estado pasa, necesariamente, por deshacernos de nuestros políticos.
Andrés Ruiz Ojeda
Gates Cambridge Scholar y estudiante de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge.