Escribo este ensayo con la firme convicción de que es necesario volver a discutir la transición democrática de México, pero no desde visiones apolilladas y dogmáticas, ni desde esquemas anacrónicos y ahistóricos, sino con la intención de comprender mejor nuestro presente político y proponer alternativas de futuro para nuestro país.
En la esfera pública mexicana se habló hasta el cansancio de la transición a la democracia. En un primer momento, durante las últimas dos décadas del siglo pasado, la discusión se centró en cómo caminar desde un régimen semiautoritario de partido hegemónico hacia uno democrático y plural, con elecciones limpias, parejas y libres. A partir del año 2000, el debate se enfocó en cómo consolidar, cuidar y fortalecer la democracia, y en cómo preservar el pluralismo que se había alcanzado.
Se escribieron toneladas de libros y ensayos, y se celebraron incontables seminarios, conversatorios y demás eventos sobre la transición. No obstante, el frenesí de discusiones al respecto se fue apaciguando, poco a poco, conforme avanzó el nuevo milenio por tres motivos principales.
Primero, porque los arquitectos intelectuales, políticos e institucionales de la transición dieron por descontados los logros alcanzados: un sistema electoral sólido y razonablemente justo; mayor libertad de expresión; apertura al escrutinio público y la transparencia; un entramado institucional y un andamiaje jurídico para salvaguardar las libertades individuales, el libre mercado y los derechos humanos, y un pluralismo político no demasiado heterogéneo y con ciertos límites, aunque pluralismo a fin de cuentas.
Segundo, porque los estudiosos de la transición alcanzaron ciertos consensos. Se forjaron tres corrientes principales para analizar la democratización, con determinados matices en cada una de ellas. La corriente dominante es la representada por autores como José Woldenberg, Soledad Loaeza y Mauricio Merino, que suscriben la tesis reformista-gradualista: la transición democrática mexicana se gestó entre 1977 y 1997, período en el que se lanzaron distintas reformas políticas y constitucionales que fueron desmontando, poco a poco, el sistema de partido hegemónico y abrieron espacios para el pluralismo y la organización de elecciones legítimas, lo que permitió la victoria de partidos de oposición —en especial, aunque no exclusivamente, el PAN— en algunos municipios y, más tarde, entidades del país. De acuerdo con este relato, la pérdida de la mayoría legislativa del PRI en la Cámara de Diputados en 1997 y el triunfo de Vicente Fox en 2000 son, al mismo tiempo, una consecuencia y una prueba contundente del proceso de transición democrática.
Una segunda corriente se fraguó desde la izquierda y representa una visión crítica del proceso de transición. Autores como Octavio Rodríguez Araujo, Alberto Aziz Nassif o Lorenzo Meyer sostienen que la transición no se consolidó por completo con la alternancia consumada con la llegada de Vicente Fox al poder. Esta corriente argumenta que, pese a que el PRI dejó de ocupar la Presidencia, el modelo económico neoliberal, el culto a la tecnocracia, diversas prácticas políticas autoritarias u oligárquicas, y buena parte del andamiaje jurídico-institucional quedaron intactos, por lo que se puede hablar de un cambio de gobierno, pero no de un cambio de régimen.
Finalmente, hay una corriente intermedia entre esas dos visiones que se puede caracterizar como revisionista-liberal, representada por figuras como Denise Dresser y Jesús Silva-Herzog. De acuerdo con este enfoque, en México no se gestó una transición democrática como tal. Lo que ocurrió en este país se puede caracterizar como “transitocracia”, una especie de transición perpetua que jamás llegó a su fin y nunca se consolidó por completo. Los productos de este fenómeno son una cultura política que conserva abundantes rasgos y prácticas del antiguo régimen, y un Estado que no termina por cumplir con todos los rasgos de una democracia, pero tampoco se puede caracterizar como un régimen autoritario.
Algunas posiciones analíticas de las corrientes crítica y revisionista-liberal se parecen, pero la gran diferencia estriba en que la primera de ellas le reconoce menos méritos a la transición que la segunda. Para una, el programa de la transición tenía vicios y errores importantes de origen; para la otra, las equivocaciones llegaron cuando se puso en práctica, pero en el fondo el proyecto de transitar hacia una democracia liberal era correcto.
Salvo contadas excepciones, como la de Fernando Escalante —cuyas ideas nutren este ensayo—, los estudios sobre la transición se atascaron en estas tres corrientes. Cada una de ellas produjo análisis interesantes y enriquecedores, así como propuestas para llenar los huecos del proceso democratizador, o bien para lograr una verdadera democracia. Sin embargo, dieron de sí: produjeron lo que podían producir y dijeron lo que tenían que decir.
El tercer y último motivo por el que se detuvo el frenesí de la transición es, más bien, coyuntural. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018 produjo un impacto profundo en los arquitectos y los críticos de la transición por igual.
Los primeros asumieron posiciones defensivas y poco reflexivas: la urgencia de proteger los logros alcanzados y evitar retrocesos los condujo hacia un discurso monótono, repetitivo y apologista de la transición. Mientras tanto, los críticos dieron por muerto al régimen de la transición, al que identificaron con la corrupción, el pluralismo simulado, el elitismo y la estrecha vinculación con el neoliberalismo. En tono celebratorio y arrogante, declararon que, ahora sí, México se convertiría en una verdadera democracia.
A unos, la melancolía y la frustración de observar al pasado reciente —de democracia “incipiente” o “germinal”— escaparse de sus manos les nublaba la vista. A otros, la embriaguez de la victoria y el éxtasis de estar “haciendo historia” les opacaba el juicio.
Entre todo este mar de polarización y pasiones encendidas, dejamos de discutir la transición con rigor y honestidad intelectual, y pasamos a debatir sobre la “cuarta transformación” más con el hígado y el estómago que con la cabeza, más desde el prejuicio y el anhelo que desde el pensamiento crítico y el afán de deliberación.
Ante este escenario, propongo revisitar la transición para entender la transformación, repensar nuestro pasado reciente para comprender nuestro presente y construir país hacia el futuro más allá de las dos alternativas actuales: el regreso a ese régimen de la transición o la profundización de una transformación sin asideros claros, que es lo que, en el fondo, proponen las dos principales opciones políticas de cara a la elección presidencial de 2024.
No pretendo ofrecer todas las soluciones para repensar nuestra transición, analizar con rigor nuestro presente político y ofrecer alternativas de futuro para México. Sí busco, en cambio, trazar algunas coordenadas desde las cuales podría partir este ejercicio, al tiempo que plasmo mi propia perspectiva respecto a esos ejes analíticos.
Cada una de las coordenadas que propongo son, de alguna u otra manera, huecos, deudas o áreas abandonadas por la transición. Las tres corrientes de análisis de la democratización (la reformista, la crítica y la revisionista-liberal) podrían coincidir en ello sin demasiadas complicaciones. Procedo de este modo porque creo firmemente que partir del análisis de problemas evidentes para cualquiera que quiera verlos facilita la discusión de diagnósticos y soluciones, primer paso para escapar de la espiral de polarización que caracteriza a nuestra vida pública y, así, recuperar la capacidad de escucha mutua y deliberación, que es el único camino para proponer alternativas de futuro para este país.
La transición centralista
La transición democrática de México estuvo plagada de contradicciones: de hecho, reconocer estas contradicciones y tensiones en el interior del proyecto democratizador contribuiría ampliamente a un mejor entendimiento de ese proceso y de nuestra actualidad política. Una de ellas fue la aspiración de los arquitectos de la transición de construir un Estado de derecho desde una lógica centralista, pese a que vivimos en una república federalista y en un país con un territorio tan vasto como heterogéneo y colmado de diferencias regionales.
Con “centralista” no me refiero a que el proyecto estuviese exclusivamente enfocado en la Ciudad de México, pero sí destinado a las grandes ciudades del país. Las ciudades chicas y medianas, las zonas rurales e incluso las áreas metropolitanas de las grandes urbes —en suma, las regiones periféricas o marginales— quedaron fuera de este proyecto liberal-modernizador.
Hubo, inclusive, esfuerzos políticos deliberados por empujar problemas públicos hacia los márgenes y mantenerlos allí.
Tal es el caso de la violencia, la desaparición de personas, el crimen organizado, los liderazgos caciquiles y las prácticas electorales clientelares o fraudulentas, como la compra del voto, la retención de credenciales de elector, la movilización por medio de coacción y la participación de grupos criminales o de choque como agentes de movilización o inhibición del voto. Todas estas prácticas ocurren en cada elección y las promueven todos los partidos por igual; sin embargo, mientras se mantengan en los márgenes, podemos continuar con el cómodo relato de la fortaleza a prueba de todo de nuestro sistema electoral.
Desde finales del siglo pasado, la discusión sobre estos problemas públicos y las soluciones planteadas por las élites políticas e intelectuales parten de una lógica de la contención: mientras permanezca en los márgenes, el problema es local, no nacional, por más que afecte a pequeñas urbes, barrios, pueblos y ejidos en todo el país. Una vez que el problema empieza a afectar las capitales políticas y económicas de México, entonces adquiere un carácter nacional y se observa con sentido de urgencia: se discute en diarios y revistas de circulación nacional, se proponen iniciativas legislativas federales para atenderlo, las organizaciones no gubernamentales comienzan a monitorear la situación y el presidente de la República en funciones pone cartas en el asunto (o, al menos, asegura que su gobierno hará algo al respecto).
Por lo demás, el proyecto de la transición impulsó la construcción de una burocracia tecnocrática para la atención de los grandes problemas “nacionales” vinculados a sus áreas de especialidad: competencia económica, mejoras regulatorias en los mercados, vinculación entre las autoridades federales y ciertas organizaciones no gubernamentales, entre muchas otras. Sin embargo, el foco del proyecto se alejó de lo local: de la solución de problemas en el territorio. Por tanto, los gobiernos estatales y municipales, salvo algunas excepciones, permanecieron al margen de este proceso de profesionalización burocrática y mantuvieron las estructuras del viejo corporativismo.
Considero que ese carácter centralista y urbano del proyecto de la transición fue uno de los muchos motivos por los que López Obrador llegó al poder en 2018, toda vez que provocó hartazgo en las regiones marginales del país y el actual presidente lo capitalizó al dirigirse a la población de estas zonas, al colocar sus problemas cotidianos en el centro de la agenda pública y al hacer recorridos por territorios que la élite política nacional no pisaba ni por error.
El proyecto político transformador reconoció implícitamente este carácter centralista de la transición y lo denunció públicamente. No obstante, en la práctica, la transformación ha hecho poco para solucionar este problema, más allá de la entrega de programas sociales a los habitantes de estas zonas, los continuos recorridos del presidente López Obrador por el país, la construcción de polémicos megaproyectos de infraestructura y la inclusión de las regiones en el discurso y en acciones simbólicas (como, por ejemplo, “vacunar primero contra Covid-19 a las regiones más alejadas” o trasladar las oficinas de las secretarías de Estado a otras entidades del país).
En resumen, el proyecto de la transformación visibilizó el centralismo de la transición y algunos problemas derivados de él, pero no los comprendió cabalmente ni mucho menos planteó soluciones de fondo para atenderlos. En consecuencia, millones de mexicanos siguen viviendo en la marginalidad y la marginación. La precariedad, la violencia, el fraude electoral y las desapariciones son monedas corrientes en buena parte del país.
Uno de los motivos principales de esta continuidad entre la transición y la transformación es que las élites políticas e intelectuales rara vez reconocen que poderes no-estatales, informales y, muchas veces, criminales dominan buena parte del territorio nacional. Tampoco reconocen que las fronteras entre el Estado, la sociedad, la economía formal, el empresariado y el crimen organizado son artificiales, difusas y porosas. Dicho de otra manera: la ceguera compartida por ambos proyectos ha mermado el entendimiento de fenómenos compartidos por distintas regiones del país, pero que también responden a lógicas enteramente locales y territoriales. Esto, a su vez, dificulta el planteamiento de soluciones focalizadas para los problemas públicos de estas características.
En suma: ni los gobiernos emanados de la transición ni el de la transformación han sabido —o querido— reconstruir —o sustituir— las redes de arreglos políticos locales ni los mecanismos de mediación entre el gobierno federal y las regiones, así como entre el Estado y los ciudadanos, que brindaban un nivel razonable de estabilidad y gobernabilidad al régimen posrevolucionario.
Un primer paso para discutir alternativas hacia el futuro sería reconocer que el proyecto centralista de la transición dejó fuera a una porción importante del territorio y los ciudadanos del país, mientras que el proyecto transformador reconoció esta marginación, pero se limitó a usarla para fortalecer su narrativa de reivindicación social y tan sólo puso en marcha algunos remedios paliativos para aminorar sus efectos. Seremos incapaces de encontrar soluciones de fondo para problemas como la violencia, la ingobernabilidad y la pobreza si no reconocemos que buena parte del país sigue en los márgenes de los proyectos políticos vigentes.
México: ¿un país de leyes?
En parte como consecuencia de su carácter centralista, el proyecto democratizador pretendió edificar un Estado de derecho en México, lo que significaba transitar de un régimen en donde los arreglos políticos —muchas veces, locales— regulaban la vida económica y social hacia uno donde imperaran la Constitución y las leyes federales y locales.
Se puede discutir si el horizonte de México como un país de leyes es deseable y viable o no; lo que difícilmente se podría hacer es caracterizar a nuestra República actual como un Estado de derecho cabal, por más que el andamiaje jurídico es cada vez más robusto y sofisticado, sobre todo en áreas como la protección de los derechos humanos y las libertades económicas. Las carencias en esta materia se pueden atribuir a diversos motivos que escapan los alcances de este ensayo: desde la pervivencia de la corrupción en las instituciones públicas que convirtió en flexible la Ley para quien tuviera los recursos suficientes para doblarla, hasta la politización y la ineficiencia de los sistemas de procuración e impartición de justicia.
Una vez más, el proyecto político de la transformación notó esta omisión de la transición: tanto así que el presidente López Obrador ha señalado una y otra vez a la corrupción como el principal problema de México y ha denunciado que ésta sigue imperando en el Poder Judicial y las instituciones públicas. También ha reconocido la ambivalencia de nuestro Estado de derecho maltrecho: no hay que olvidar aquella consigna de “No me vengan con eso de que la Ley es la Ley”.
Sin embargo, la transformación no ha avanzado en la construcción de un Estado de derecho funcional para México ni tampoco en la recuperación de los mecanismos de mediación política para regular la vida económica y social. Por el contrario, en muchos sentidos, ha deslegitimado al Derecho —por la vía del discurso— y a los arreglos políticos —porque convirtió a toda la política en política electoral— como vehículos para garantizar la convivencia social más o menos pacífica y la viabilidad económica.
Hacia el futuro, habría que preguntarnos si queremos el Estado de derecho que soñaron los impulsores del proyecto democratizador y, si es así, cómo llegamos a él y cómo corregimos los vicios de hoy: en especial, la ausente cultura de legalidad y la excesiva generosidad de las leyes y los tribunales para quienes cuentan con recursos suficientes, que contrasta con la severidad y el desinterés hacia quienes carecen de fondos y contactos en las esferas de poder. En caso de que no lo deseemos, tendríamos que empezar a pensar en opciones para rediseñar una red de acuerdos locales y mecanismos de mediación efectivos para pacificar el país, antes que cualquier otra cosa, y una vez hecho esto, caminar hacia un horizonte de desarrollo. En resumen: ¿queremos un país donde reinen las leyes o donde gobierne la política?
La justicia transicional fallida
Distintos defensores de derechos humanos y personas vinculadas a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguran que la transición democrática de México quedó trunca, en parte, porque jamás hubo un proceso de justicia transicional que contribuyera a cerrar un periodo histórico y comenzar otro. Por supuesto, como historiador, reconozco que somos las personas quienes periodizamos la historia y la dividimos en capítulos para estudiarla y comprenderla mejor, pero es precisamente por eso que comparto la tesis de los defensores de derechos humanos.
Me explico. Un proceso de justicia transicional hubiese servido para investigar y juzgar a los perpetradores de la represión y los crímenes del régimen posrevolucionario y, con ello, procesar las heridas del pasado e incentivar un clima propicio para construir democracia hacia el futuro. No sólo eso, sino que también hubiese sido útil para renovar la élite política del régimen posrevolucionario, que fue otra tarea pendiente de la transición. En última instancia, este ejercicio hubiera proyectado la imagen a la sociedad de que estaba concluyendo una etapa de la historia de México (el régimen priista) y se abría una nueva era (la democracia).
En medio de la ola de optimismo por la democratización que produjo la alternancia del año 2000, se debatió brevemente la posibilidad de lanzar un esfuerzo de justicia transicional, pero ésta jamás fue una de las principales banderas del proyecto democratizador. A principios del gobierno de Vicente Fox, su círculo de confianza discutió qué instrumento de justicia transicional sería el indicado para procesar la represión política del régimen posrevolucionario. Por un lado, figuras como el entonces canciller Jorge Castañeda y el entonces comisionado de Orden y Respeto, Adolfo Aguilar Zínser, proponían que se estableciera una comisión de la verdad con un mandato claro y plena autonomía. Por el otro, personajes como el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el entonces senador Diego Fernández de Cevallos preferían que los crímenes del pasado fueran investigados por una fiscalía especializada que funcionara dentro del marco institucional existente, para que el proceso no escalara hasta donde el gobierno federal fuera incapaz de incidir en él.
Al final, en 2001, el gobierno anunció la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que estaría encabezada por Ignacio Carrillo Prieto y supeditada a la Procuraduría General de la República, en ese entonces dirigida por el general Rafael Macedo de la Concha. Es decir, una fiscalía especial supeditada a una procuraduría bajo el mando de un militar investigaría la participación del Ejército en actos de represión política. ¿Qué podía salir mal?
La Femospp concluyó sus trabajos en 2006, al no encontrar condiciones políticas para continuar su labor. Produjo enormes expectativas y entregó resultados decepcionantes: 19 averiguaciones previas, 20 órdenes de aprehensión, ocho autos de formal prisión, ni una sola sentencia condenatoria y ningún tipo de reparación integral a las víctimas, según las cuentas de Sergio Aguayo y Javier Treviño, dos de los académicos que han examinado con mayor rigor el tema.
Su cierre prematuro, la deslucida publicación del informe sobre sus hallazgos, los señalamientos de omisiones y opacidad por parte de las víctimas, y sus magros resultados son muestras del escaso apoyo que la Femospp recibió de los impulsores del proyecto democratizador. Concentradas en promover el pluralismo, asegurar la integridad de las elecciones y la expansión de los derechos políticos, las élites de la transición olvidaron que era imposible construir futuro sin cerrar las heridas del pasado.
El proyecto transformador, por su parte, ha lanzado tres intentos que, siendo muy laxos, se podrían calificar como mecanismos de justicia transicional: la consulta popular para juzgar a expresidentes, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (mejor conocida como la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia) y la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa.
No obstante, estos tres esfuerzos han sido víctimas del afán de este gobierno de convertir todos los rubros de la vida pública en un campo de batalla política-electoral. El oficialismo utilizó la consulta para juzgar a expresidentes como parte de su campaña para desprestigiar a la oposición. La mediatizó, junto con los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, para señalar la corrupción y la violencia del pasado reciente, y así mantenerlas frescas en la memoria de los mexicanos. Detrás de ese humo y esos fuegos artificiales, se esconde la ausencia de voluntad política para emprender investigaciones rigurosas contra los perpetradores y para atacar las causas estructurales de la corrupción.
Además, las dos comisiones de la verdad se han enfrentado al obstruccionismo militar y el espionaje por parte de las Fuerzas Armadas. También ha habido enorme presión política para proteger a los cuerpos castrenses y a los miembros de la coalición política en el poder, al tiempo de acelerar las investigaciones para conseguir victorias mediáticas para el oficialismo. Eso no es justicia transicional.
Reconocer la ausencia de voluntad de justicia transicional en ambos proyectos políticos y explorar sus motivos es un primer paso para entender las deudas de la transición y las omisiones de la transformación, así como sus puntos en común. Tristemente, hemos desperdiciado dos oportunidades históricas para lanzar un mecanismo de justicia transicional a fin de procesar la violencia política del régimen posrevolucionario.
Quizá, más bien, ante la ola de dolor y muerte que asola al país en la actualidad, habría que empezar a hablar de amnistía y pacificación, para así diseñar un instrumento de justicia transicional (o de justicia extraordinaria) que ayude a superar la enorme violencia que ha caracterizado a México durante los últimos quince años. Estos ejercicios deberían partir de perspectivas locales diferenciadas, reconociendo las particularidades regionales y las lógicas territoriales de la violencia.
El Estado débil y la apología de lo ciudadano
En México, la transición presentó dos particularidades que terminaron por debilitar al Estado: por un lado, la democratización coincidió con la implantación del modelo económico neoliberal en nuestro país, por lo que los procesos de apertura política y económica se entrelazaron ideológica, material y programáticamente; por el otro, la transición se caracterizó por la desconfianza hacia el Estado —al que se le veía como intrínsecamente ligado al régimen posrevolucionario— y por el enaltecimiento de la sociedad civil, compartido por las izquierdas y las derechas (como botón de muestra, hay que ver los escritos de Carlos Monsiváis y Gabriel Zaid).
En consecuencia, los impulsores de la transición colocaron a todo lo ciudadano en un altar y a todo lo gubernamental en la picota. La conclusión fue funesta: los problemas públicos podían solucionarse creando organismos autónomos para atenderlos y, cuando una institución no funcionaba, podía repararse “ciudadanizándola”. Era más importante este proceso de “ciudadanización” de instituciones que politizar a los ciudadanos y fomentar una cultura democrática en la sociedad.
Es cierto que la creación de organismos autónomos (supuestamente “ciudadanos”) extendió los mecanismos de rendición de cuentas y de protección de ciertos derechos, sobre todo aquéllos vinculados con las libertades económicas y los derechos políticos, pero no así con los derechos sociales o laborales. Paradójicamente, también disminuyó el escrutinio público hacia estos nuevos organismos autónomos, toda vez que el proyecto democratizador consideró que bastaba con volverlos autónomos para que funcionaran y cumplieran sus propósitos. El resultado de este proceso fue un Estado manco, que perdió facultades y capacidades, y una burocracia excesiva, ineficaz y tendiente a la duplicidad de esfuerzos en algunos rubros, aunque profesional, especializada y con altas habilidades técnicas en otras áreas más prioritarias para el proyecto democratizador.
En contraste, el proyecto transformador ha criticado constantemente a estos organismos, por inservibles y onerosos, al tiempo de debilitarlos por medio de recortes presupuestarios y de personal. Asimismo, el gobierno de la transformación mancilló su autonomía mediante la designación de perfiles afines al oficialismo en cargos directivos y por medio de la omisión en el nombramiento de los miembros de sus cuerpos colegiados, dejándolos sin quórum para operar.
Sin embargo, el gobierno federal no retomó el control de las facultades que perdieron los órganos autónomos: lejos de ello, la política de “austeridad republicana” y el desprecio por los conocimientos técnicos y la preparación académica terminaron por debilitar aún más al Estado. Si los gobiernos de la transición optaron por ciudadanizar los problemas públicos, el de la transformación decidió militarizarlos.
La política de “austeridad republicana” ahondó las debilidades del Estado producidas por tres décadas de políticas neoliberales, que crearon una burocracia especializada en ciertas áreas prioritarias, pero redujeron el campo de acción del Estado en los rubros no prioriotarios. Así pues, el gobierno transformador recurrió a las Fuerzas Armadas para subsanar las falencias creadas por su propia política de austeridad, sobre todo aquellas asociadas a la provisión de servicios públicos y la disminución de la capacidad operativa de las instituciones de gobierno.
Esta decisión ha tenido consecuencias muy graves, que aún no terminamos de dimensionar: de un lado, tenemos un Estado cada vez más débil, impotente y dependiente de los cuerpos castrenses para cumplir con sus responsabilidades más elementales; del otro, vemos a un Ejército cada vez más fuerte que incide en un creciente número de áreas de la vida pública En una nuez: tenemos a un Estado civil cada vez más débil con un Ejército cada día más empoderado.
Por lo demás, el proyecto transformador ha mostrado, al menos en el discurso, mayor interés en politizar a la sociedad y promover una mayor participación ciudadana en la atención de los problemas públicos y las decisiones de gobierno. Aún es pronto para juzgar los efectos de esta retórica, aunque se puede adelantar que sus efectos son mixtos. Por una parte, en algunos rubros se observa una sociedad más movilizada e interesada en los asuntos públicos, como se vio en las recientes marchas a favor y en contra de la reforma electoral, y en apoyo y en reclamo a la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, pareciera que la promoción del mayor involucramiento social sólo interesa cuando éste funge como vehículo de legitimidad para el propio proyecto transformador.
Algunas preguntas de las cuales podría partir una reflexión para solucionar la debilidad del Estado —promovida por el proyecto de la transición y acentuada por el de la transformación— en el futuro son: ¿es posible construir un gobierno civil robusto y capaz, que provea servicios públicos de calidad y garantice derechos y libertades por sí mismo? ¿Cómo lograr un gobierno sometido al escrutinio público, comprometido con la rendición de cuentas y dispuesto a la participación social, pero al mismo tiempo ágil, eficiente y abierto al pluralismo y la crítica? En suma, ¿cómo alcanzar un Estado fuerte pero no autoritario?
Corolario: repensar la transición para entender la “transformación”
Habrá quien lea este ensayo y me responda que el gobierno emanado del proyecto de la transformación lleva menos de un sexenio en el poder, mientras que el régimen de la transición fue transexenal, por lo que es injusto compararlos. Sin embargo, aquí me centré deliberadamente en las visiones de futuro y las agendas programáticas de los proyectos de la transición y la transformación, no tanto en los méritos y los tropiezos de cada gobierno. Con ello, pretendo incentivar un debate sobre la comprensión de los problemas del país y el horizonte de futuro para México que se pueden entrever en el proyecto político de la transición —que fue el programa del gobierno desde los años noventa hasta 2018 y sigue siendo la alternativa mayoritaria de la oposición hoy en día— y el proyecto de la transformación, que lleva cinco años en el gobierno, pero que está vigente en la vida pública desde hace al menos dos décadas.
Procedí de este modo por la simple razón de que hemos pasado casi un lustro inmersos en un debate público tan polarizado que el diálogo y la deliberación son casi imposibles. Se aproxima la elección presidencial de 2024 y parece que las principales fuerzas políticas y las élites intelectuales no ofrecen otras opciones que retomar el proyecto de la transición o continuar y profundizar el proyecto de la transformación.
Ante este aciago panorama, urge revitalizar nuestro debate público con discusiones de mayor estatura y honestidad intelectuales. Un punto de partida sería colocar en la báscula ambos proyectos políticos, comparándolos, contrastándolos e identificando problemas públicos irresueltos y constantes, para después proponer soluciones originales y adecuadas para ellos.
Veo con preocupación que, tanto en el oficialismo como en la oposición, la autocrítica y la reflexión sobre las causas de los problemas del país están ausentes en las discusiones sobre el futuro que deseamos para México y en el lanzamiento de propuestas rumbo a la elección de 2024. Creo que es imposible proponer soluciones de fondo, dibujar un horizonte de futuro y trazar una ruta para llegar a él sin antes haber pasado por un ejercicio deliberativo y crítico para comprender mejor nuestro pasado reciente y nuestro presente político.
Jacques Coste
Internacionalista, historiador y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).
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Agradezco profundamente a Alexa Lara, Armando Vargas, Esteban Olhovich, Carlos Bravo Regidor y Luis Carlos Ugalde por sus valiosos comentarios, los cuales enriquecieron ampliamente este ensayo.
También agradezco enormemente a Nicolás Medina Mora, Gibrán Ramírez y Hugo Garcíamarín. Nuestras conversaciones motivaron reflexiones invaluables para este texto.