Respuesta a la respuesta de Andrés Lajous

He leído con interés la respuesta de Andrés Lajous a mi artículo “Contra el proporcionalismo” publicado recientemente en Reforma. Reconozco buena fe y cierta vivacidad intelectual. Agradezco también la oportunidad que me brinda de ampliar y precisar algunas ideas.

Entiendo que el debate es el siguiente:

• Creo que nadie puede sostener, con una exigencia mínima de rigor, que uno de los dos grandes principios de representación, mayoritaria o proporcional, es más democrático que el otro. Denomino “proporcionalistas” a los que sostienen que la representación proporcional es superior a la representación mayoritaria y afirmo que están confundidos intelectualmente (esto no quiere decir que su creencia no sea respetable, como es respetable la fe del carbonero). Por lo contrario Lajous dice que, si se evalúan ambos principios electorales a partir de los principios básicos de la democracia liberal, la representación proporcional es superior a la mayoritaria. En mis términos, reivindica abiertamente el proporcionalismo. Invoca como respaldo intelectual a John Stuart Mill.
• Creo que, como regla general, el parlamentarismo convive bien con ambos principios de representación pero el presidencialismo funciona mal con la representación proporcional. Lajous sostiene lo contrario e invoca como respaldo intelectual al profesor Cheibub.
• Creo que en, el actual sistema electoral mexicano (mixto con predominancia mayoritaria) se castiga de manera artificial la posibilidad de que un partido pueda obtener la mayoría absoluta de escaños en la Cámara de diputados. Lajous cree que no es cierto y, aun cuando fuera cierto, es deseable que así sea. Además hace un juicio de intención, discerniendo en la frustración de una agenda particular la motivación profunda de las opiniones que combate.

1. El proporcionalismo es una falacia intelectual

Cualquier discusión exigente de un rigor mínimo sobre sistemas electorales debe partir de un análisis del teorema de imposibilidad de Arrow, presentado en 1951 en el libro “Social Choice and Individual Values”. En cierta forma, ese teorema cerró el debate abierto por la filosofía política clásica desde mediados del siglo 18 sobre las formas deseables de la representación electoral; paralelamente, abrió sobre bases más firmes un nuevo campo de estudio, el análisis normativo de los procesos de decisión colectiva, la denominada teoría del “Social Choice”. Entiendo que la “ciencia” política moderna reconoce el cambio de paradigma intelectual producido por Arrow —aun cuando muchos politólogos empiezan saludando a Arrow con el sombrero, en signo de buena educación, y luego aceleran el paso para atender sus tradicionales menesteres.

¿Qué dice el teorema de Arrow? En sustancia, establece que no existe ningún sistema electoral que satisfaga conjuntamente requisitos lógicos mínimos. De manera más formal, demuestra que, si hay por lo menos 2 alternativas y 3 individuos, no existe un mecanismo (que puede interpretarse como un sistema electoral) que transforme el conjunto de los órdenes de preferencia individuales en un orden de preferencia para toda la sociedad, y que satisfaga conjuntamente las siguientes propiedades:

• Universalidad: el mecanismo debe poder procesar todos los conjuntos posibles de preferencias de los individuos;
• Unanimidad: si todos los individuos prefieren A a B, el orden social debe preferir A a B;
• Ausencia de dictadura: el orden de preferencia social no debe limitarse a seguir el orden de preferencia de un único individuo ignorando a los demás;
• Monotonía: si un individuo modifica su orden de preferencia al promover una cierta opción, el orden de preferencia social nunca debe degradarla;
• Transitividad: si el orden social prefiere A a B y B a C, debe preferir A a C.
• Independencia de las alternativas irrelevantes: si restringimos nuestra atención a un subconjunto de alternativas, los cambios en la forma que un individuo ordene las alternativas «irrelevantes» (es decir, las que no pertenecen al subconjunto) no debe tener impacto en el ordenamiento que haga la sociedad del subconjunto “relevante».

Sin duda el teorema de Arrow constituye un resultado incomodo e, incluso, desagradable. Como todo lo desagradable no se sabe bien por donde agarrarlo. Ríos de tinta han corrido, no siempre por cauces atinados. Algunos, los más necios, tratan (…hasta ahora, sin mucho éxito) de encontrar un mecanismo que contradiga el teorema. Otros muchos, que no entienden matemáticas, dicen que se trata de una elucubración incomprensible e irrelevante en la vida real. Otros más, fanáticos del formalismo, dicen que se demostró que la democracia representativa es imposible. Los más sensatos buscan relajar alguna de las condiciones impuestas por Arrow. Casi todos éstos se van por la última condición, porque parece ser la menos intuitiva. El problema es que también esa condición es bastante razonable: Gibbard y Satterthwaite demostraron que, en esencia, la independencia de las alternativas irrelevantes es equivalente a la imposibilidad de manipular el mecanismo —es decir, evita que declarar preferencias individuales distintas a las reales sea una estrategia más conveniente que reportar la verdad. ¿Cómo convivir entonces con el teorema de Arrow? Creo que la interpretación correcta es la siguiente: Arrow demostró que, si bien muchos de los sistemas electorales establecidos pueden funcionar más o menos correctamente la mayor parte del tiempo, todos los sistemas concebibles pueden funcionar de manera desastrosa de vez en cuando. La consecuencia del teorema de Arrow es también que el análisis de la eficiencia y la equidad de los sistemas electorales pertenece esencialmente al ámbito de la teoría de juegos —que, como se sabe, tiene poco que decir de manera contundente en materia de eficiencia y de equidad. La conclusión es clara: a nivel analítico es imposible sostener que, en general, un sistema electoral es superior —menos aún, más democrático— que otro sistema electoral. Quién sostiene lo contrario está intelectualmente confundido, o porque no ha leído a Arrow, o porque lo ha leído y no lo ha entendido.

Lajous invoca a John Stuart Mill. La referencia no podría ser más afortunada. Mill es considerado, junto con Bentham quien fue su mentor, como el padre del utilitarismo. Según Mill, el fin último de la vida en sociedad debe ser maximizar la felicidad del mayor número; para definir el bien social el cálculo utilitario compara las consecuencias para todos los agentes pertinentes de reglas alternativas para una circunstancia particular. A partir de esa premisa Mill propuso varias reformas sociales que aumentarían la utilidad social total concebida como la suma de las utilidades de todos los individuos. En materia electoral se convirtió en el primer filosofo en sostener que la representación proporcional es superior a la representación mayoritaria (lo hizo en forma simultánea con los utopistas sociales franceses que, de manera algo similar, pretendían maximizar la felicidad social organizando la vida comunitaria de acuerdo con el registro de las pasiones individuales). Por eso, Mill sostiene, como cita Lajous: “Hombre por hombre, la minoría debe hallarse tan completamente representada como la mayoría.” A primera vista, la lógica puede parecer impecable. Sin embargo, pronto se demostró que la utilidad social concebida como la suma de las utilidades individuales es un concepto absurdo. A principios del siglo 20, Pareto introdujo la distinción entre utilidad cardinal y utilidad ordinal. Los utilitaristas clásicos, como Mill, pensaban que la utilidad era cardinal —es decir, era una magnitud medible, como la longitud o la temperatura— y, por eso, sumaban las utilidades hombre por hombre. Pareto negó la posibilidad de realizar ese tipo de medición y reconstruyó el utilitarismo sobre la base del concepto ordinal de utilidad: un individuo es capaz de ordenar alternativas pero es incapaz de definir la intensidad de sus preferencias. En consecuencia, la comparación interpersonal de utilidades es imposible: en general no tiene sentido comparar en unidades de utilidad lo que uno gana y lo que otro pierde (excepto en el caso extremo en que las preferencias son unidimensionales y sólo dependen, por ejemplo, del dinero). Hoy en día ya no existen adeptos del utilitarismo clásico (…bueno, tal vez quedan algunos en México).

Arrow estableció su teorema sobre la base del utilitarismo paretiano. Es bien sabido que, si se restringe el dominio de las preferencias a preferencias cardinales à la Mill, existen mecanismos de decisión social que satisfacen todos los requisitos de Arrow. Pero, sin restricciones de dominio, es fácil encontrar situaciones en las cuales tanto el principio de mayoría como el de representación proporcional conducen a resultados extremadamente insatisfactorias. En el caso de la representación mayoritaria, la situación es conocida desde Condorcet (por cierto antecesor de Mill por varias décadas y que dijo, sobre la democracia representativa, aseveraciones que han pasado la prueba del tiempo mucho mejor que las de Mill). La paradoja de Condorcet evidencia una situación en la cual el ordenamiento social no es transitivo: es posible que una mayoría de electores prefieran al candidato A por encima del B, una mayoría puede preferir al candidato B sobre el C, y otra mayoría prefiera al candidato C sobre el A. Un arquetipo reciente de esa situación es la elección presidencial del año 2000 en Estados Unidos en donde Gore perdió el estado de Florida porque Nader le quitó votos de electores que hubieran votado por él en una contienda directa con Bush, con el agravante de que, como resultado de lo anterior y del funcionamiento del colegio electoral, Bush ganó la presidencia aun cuando Gore tenía más votos populares a nivel nacional. Analizar el caso de la representación proporcional es un poco más complejo: hay que definir un partido como un orden de preferencia sobre las alternativas, añadir un orden de preferencia sobre partidos para todos los individuos e introducir un mecanismo de negociación entre partidos. En ese caso el teorema de Arrow se interpreta como la no-existencia de un mecanismo de negociación entre partidos que dé lugar a un satisfactorio ordenamiento social de alternativas. Es fácil entonces producir situaciones absurdas en un sistema de representación proporcional. Como he mencionado, en teoría de juegos se ha desarrollado un concepto para medir el poder parlamentario de un partido: el índice Shapley-Shubick, que relaciona las coaliciones en las que un partido es “bisagra” —es decir, necesario para constituir la mayoría— con todas las coaliciones posibles. Con ese concepto, se demuestra que el porcentaje de escaños es una medición muy primitiva del poder de un partido y que la representación proporcional tiende a otorgar un poder excesivo a las minorías —en el sentido que tienen en la determinación de las políticas públicas una influencia desproporcionada con relación a su peso electoral. Por ejemplo, el Partido Verde con 7% de los votos tiene hoy el mismo poder en la Cámara de diputados que el PAN con 30%. De manera emblemática, la escuela de teoría de juegos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que bajo el formidable liderazgo intelectual de Auman prácticamente refundó la disciplina, ha mostrado cómo la influencia desproporcionada de los pequeños partidos religiosos en la Knesset imposibilita en gran medida cualquier solución política al conflicto judeo-palestino, el único problema diplomático del que, como dice Kissinger, todo el mundo coincide en cuál es la solución… incluyendo los que no quieren que se resuelva: por mantener la coalición con los partidos religiosos, los partidos grandes a veces deben apoyar propuestas radicales que, puestas a referéndum, serían rechazadas por la mayoría de la población. El argumento aquí no es que la fragmentación partidista produce parálisis legislativa: el punto es que los acuerdos a los que llega una coalición mayoritaria pueden ser muy pocos satisfactorios desde un punto de vista normativo.

En conclusión sigo sosteniendo que nadie puede afirmar, con una exigencia mínima de rigor, que uno de los dos grandes principios de representación, mayoritaria o proporcional, es más democrático que el otro. Por esa razón creo que el proporcionalismo es una falacia intelectual (…y, por esa misma razón, tampoco nunca me he declarado por principio “mayoritarista”). Escoger un sistema electoral depende mucho de situaciones concretas, esencialmente de naturaleza histórica, y no es posible decir que se escoge en función de cuál es en sí mismo el más democrático. La calidad de una democracia se define fundamentalmente por la calidad de sus elecciones —equidad de la contienda y confiabilidad de los resultados— y no por la naturaleza de su sistema electoral o de su sistema de gobierno. No tiene sentido poner en la báscula democrática Alemania y Gran Bretaña —dos regímenes parlamentarios con sistemas electorales proporcional o mayoritario— o Gran Bretaña y Estados Unidos —dos sistemas mayoritarios con regímenes políticos presidencial o parlamentario—.

2. El presidencialismo tiende a funcionar mal con la representación proporcional

A diferencia del punto anterior ésta no es una aseveración de índole analítica sino una afirmación derivada de la experiencia. Se ha observado que la representación proporcional produce fragmentación partidista y que es difícil construir coaliciones legislativas entre partidos opuestos si éstos no comparten responsabilidades de gobierno —lo que es el caso en un régimen presidencial a diferencia de un régimen parlamentario. La experiencia mexicana de los últimos 13 años lo confirma. Sin duda, existen regímenes presidenciales que funcionan razonablemente bien con altas dosis de proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de definir políticas públicas poco controvertidas. Existen también casos excepcionales como el de Brasil, en donde el presidente ha sido capaz de impulsar su programa de gobierno frente a un Congreso con más de 20 partidos (he señalado por qué esa situación es producto de circunstancias poco susceptibles de generalización). No soy experto en la materia pero creo entender que, tradicionalmente, los politólogos han coincidido en ese punto.

Sin embargo, recientemente el profesor Cheibub ha venido sosteniendo lo contrario y los adeptos del presidencialismo proporcionalista, como Andrés Lajous, lo invocan como autoridad. No pretendo ser un estudioso de Cheibub, pero una rápida lectura de su artículo de referencia —de hecho basta una simple lectura de la cita que extrae Lajous— pone de manifiesto un non sequitur monumental. Cheibub analiza a nivel empírico todos los casos en los que un régimen presidencial o parlamentario, con representación proporcional o mayoritaria, ha desembocado en una dictadura y concluye, me imagino que correctamente desde el punto de vista estadístico, que no hay ninguna correlación significativa entre el riesgo de colapso democrático y la fragmentación parlamentaria. Es sin duda un hecho interesante. Pero la conclusión es a todas luces excesiva: “Parece que las democracias presidenciales que adoptan sistemas electorales basados en la representación proporcional no pagan realmente un precio en términos de la habilidad del gobierno para gobernar”. Aquí lo que se entiende literalmente por “habilidad del gobierno para gobernar” es no provocar un golpe de estado y caer en la dictadura. Creo que muchos tenemos una concepción menos dramática y más funcional de la gobernabilidad… aunque sin duda nos consuela saber que, aunque nunca salgamos del actual atolladero legislativo, tampoco despertaremos un día bajo la sombra ominosa de una dictadura.

3. ¿Y el actual sistema electoral mexicano?

Lajous imputa motivaciones a los críticos del proporcionalismo: opinan lo que opinan por simple “frustración de una agenda particular”. Lajous convoca de nueva cuenta al profesor Cheibub: “Estas preocupaciones (i.e., anti-proporcionalistas) surgen del miedo de que nuevas democracias enfrentan la complicada tarea de reestructurar sus economías…Se cree que estas dificultades se conjuntan al punto de la parálisis, o peor, cuando los ejecutivos tienen que navegar las complicaciones del control dividido del gobierno…Tal vez el paso del cambio no ha sido satisfactorio para algunos, generando frustración y un sentido de que no se ha hecho suficiente.”

Hagamos a un lado el hecho de que, en un debate, no es de la mejor lid dejar de discutir las opiniones en sí y buscar, para descalificarlas, intenciones subyacentes. Aunque esta crítica sea de índole diferente, aborda lo que es, a fin de cuenta, el aspecto más relevante del debate: ¿Cómo evaluar el actual sistema electoral mexicano?

Para bien o para mal, el actual sistema electoral mexicano —con 300 diputados uninominales y 200 plurinominales— es de representación mixta con predominancia mayoritaria. Esta conformación es producto de una historia conocida. Los gobiernos priistas introdujeron proporcionalidad al sistema electoral para darle representación nacional a los partidos de oposición. (Tal vez, el error histórico del PRI en la larga marcha hacia la alternancia política fue haber usado la inyección creciente de proporcionalidad como válvula de escape para posponer la construcción de una infraestructura electoral confiable y equitativa: la proporcionalidad se introdujo en 1977 pero sólo hasta 1991 se realizaron elecciones con un auténtico padrón.)

El sistema de representación mayoritario es simple. Una vez definido el tamaño de un distrito, el resultado de la elección está determinado (aun cuando los contornos de cada distrito tengan cierto grado de arbitrariedad). El sistema de representación proporcional tiene más elementos arbitrarios: el umbral para acceder a la representación nacional, la definición de las circunscripciones, la fórmula matemática para el reparto. Un sistema mixto es esencialmente artificial, puesto que no hay ningún fundamento lógico para definir la proporción de diputados uninominales y plurinominales e, incluso, la fórmula de reparto de los diputados plurinominales. Obviamente, aun con la fórmula más directa de reparto plurinominal (representación proporcional simple) una misma votación puede corresponder a diferentes mayorías según la proporción que se establezca: con 300 distritos, un mismo partido puede tener o no la mayoría absoluta según que el número de diputados plurinominales sea 100, 200 o 300. La cosa se enreda aún más cuando se imponen, como ocurre actualmente, topes arbitrarios a la “sobrerrepresentación”. No entiendo pues que se critique en México la supuesta construcción de “mayorías artificiales” cuando el sistema electoral que nos hemos dado es, por definición, un sistema que siempre confecciona mayorías artificiales.

El actual tope de 8% a la “sobrrepresentación” del partido más grande es una verdadera salvajada, digna del más churrigueresco barroco conceptual. Se introdujo en 1996, como resultado de una negociación entre el gobierno priista y los partidos de oposición, con el propósito explicito de que ningún partido tuviera la mayoría absoluta en la Cámara de diputados y que, por lo tanto, siempre tuviéramos gobiernos divididos. Si eso no es una manipulación artificial del voto popular, entonces no sé que es la artificialidad. Con un sistema mixto se busca atemperar los excesos del principio de mayoría, que dilata la presencia de los partidos grandes y comprime la de los pequeños. Pero si el sistema mixto es de dominancia mayoritaria creo que se debiera preservar la esencia del principio de mayoría, que consiste en otorgarle el derecho temporal de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría. Con esa lógica el reparto plurinominal debiera asegurar que conserva la mayoría absoluta en la Cámara el partido que, en su caso, alcance la mayoría absoluta de diputados de mayoría —es decir, obtiene por lo menos 251 curules (de 500) el partido que ha ganado por lo menos 151 distritos (de 300). Es además, creo yo, la fórmula menos artificial de construir mayorías en un sistema mixto con dominancia mayoritaria puesto que es independiente de la proporción, siempre arbitraria, que se fije entre diputados uninominales y plurinominales. Ésa es la fórmula que propongo como conclusión de mi análisis. Lamento que Andrés Lajous (…u otros proporcionalistas distinguidos) no hayan expresado de manera directa sus críticas al respecto.

Finalmente viene el juicio de intención: todas las opiniones expresadas no tienen validez porque se originan, en última instancia, en la frustración de una agenda particular. La agenda particular es la del tecnócrata impaciente, que cree saber lo que le conviene al país y se desespera frente a la lentitud de las deliberaciones políticas en el Congreso. Primero, no me considero tecnócrata; si me quieren acusar de algo que sea de cartesiano —que también suena feo, aun cuando sólo se trate de un esfuerzo por pensar derecho. Segundo, no creo que la frustración frente a la parálisis legislativa sea monopolio de los tecnócratas sino que se vive ampliamente a lo largo del país. Tercero, creo entender las virtudes de la democracia deliberativa, pero también valoro los beneficios de la democracia resolutiva. Me agrada el ejemplo reciente de la reforma sanitaria en Estados Unidos: el Legislativo deliberó hasta la saciedad, se mejoró el proyecto inicial del Ejecutivo (la mejora provino, bajo presión de los republicanos, de los diputados demócratas que tienen que enfrentar su reelección en noviembre próximo), pero finalmente lo votó el partido del presidente…sin un solo voto a favor del partido opuesto. Cuarto, porque creo que contribuye a mejorar la democracia deliberativa estoy a favor de la reelección de los legisladores (…bueno, únicamente de los de mayoría, puesto que la reelección de los diputados de representación proporcional equivale a enquistar en el Congreso la nomenclatura de los partidos). Quinto, me resulta incomprensible que reivindiquen el proporcionalismo electoral y enarbolen la democracia deliberativa los mismos que sostienen que, en México, los partidos no representan a nadie excepto a sus burocracias.

N.B.: Quisiera añadir una aclaración para acotar posibles especulaciones y demás juicios de intención. Trabajé durante años en el gobierno pero hoy me dedicó duraderamente a otra cosa: no tengo ni el interés, ni el propósito, ni la posibilidad de regresar al gobierno, con el PRI o sin el PRI. No soy un nostálgico del presidencialismo hegemónico ni un promotor de su restauración. Como casi todos, espero que se consolide pronto en México un régimen democrático que le permita al país resolver aceleradamente sus retos. Creo que la alternancia política fue benéfica. Creo que sería saludable que una izquierda moderna llegara un día al poder. Creo que es de prever que un día el PRI regrese a los Pinos, porque es un partido ineludible en la vida política del país; creo también que sería deseable que lo hiciera después de haber culminado (…o, por lo menos, iniciado) su propio aggiornamento. Opino sobre la reforma política por una sola razón: me aterra la idea de que se inicie una transición hacia el semi-presidencialismo, como lo propone una corriente importante dentro del PRI. Lo único que nos falta para terminar de hundirnos en la ingobernabilidad es añadirle a un sistema electoral mixto y barroco un sistema de gobierno hibrido y bizantino.

José Córdoba.