Respuesta a Viri Ríos: sobre la marcha de la Generación Z

A lo largo de su última columna en El País –publicada dos días antes de la marcha del 15N– Viri Ríos pone en tela de juicio que la marcha de la “Generación Z” sea de los jóvenes que van de los 13 a los 28 años de edad. No obstante, el asunto sólo queda zanjado una vez que queda de manifiesto que la inconformidad de ese espectro demográfico con el régimen actual no es tal cosa, todavía menos al grado de radicalizarse en un movimiento organizado y con demandas genuinas. En todo caso –asegura Ríos– la verdadera oposición al régimen que maquina estas protestas no son los jóvenes, sino el PRI y el PAN.^[1]

Como fuente principal de sus argumentos, la analista extrae datos del Latinobarómetro que expresan la valoración subjetiva que hacen los jóvenes menores de 28 años en cuatro rubros: 1) confianza en el gobierno federal desde 2018; 2) afinidad con el partido en el poder; 3) su confianza en instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el Instituto Electoral y las Fuerzas Armadas; 4) los temas que priorizan en su agenda política, en este caso de índole económica.

El problema de esta selección de datos es que cae en una falacia de evidencia incompleta: se refieren sólo a percepciones y valoraciones subjetivas que atraviesan a este segmento poblacional, no se cruzan con dos aspectos de impacto objetivo: la clase social y los índices reales de violencia que afectan a la juventud mexicana.^[2] Según la tesis de Ríos, basta usar esta encuesta –“una de las encuestas más prestigiadas y amplias de la región”– para suponer que no hay un móvil político para que los jóvenes se manifiesten contra el gobierno, dado que las diferencias con éste son sólo de grado y no estructurales.

El análisis de la economista pasa por alto que el evento que terminó por desencadenar esta marcha, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue perpetrado por un menor de 17 años. Y, según indican los informes preliminares, hay otros dos sujetos implicados en el atentado, uno menor de 16 años.

Lo revelador son las condiciones sociales en que ellos y millones más crecieron: pueblos rurales con alta pobreza, desempleo juvenil, deserción escolar, extorsión a productores y negocios locales. A lo que se suman una serie de problemas que el crimen organizado explota para reclutar a estos adolescentes como “pollitos de colores”: adicción a las drogas desde una edad temprana; frustración por la desigualdad; familias que los obligan a afiliarse al crimen organizado; búsqueda de un modo de vida digno; violencia normalizada; etc. Estos perfiles son idóneos para hacerlos operar como halcones, sicarios o narcomenudistas.

Según una investigación de la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM) extraída del reporte anual de 2024 de Reinserta, “entre 145 000 y 250 000 niñas, niños y adolescentes, podrían estar en riesgo de ser reclutados o explotados por organizaciones criminales”. A esto debemos añadir que, según las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del INEGI, entre 2021 y 2023 el total de las personas adolescentes imputadas en carpetas de investigación subió a 32 852, esto es un aumento de 42.2 % con respecto a años anteriores. Coincide con un incremento continuo, entre 2021 y 2023, de los señalamientos ante la justicia de adolescentes por delitos en los que se suele involucrar la delincuencia organizada, de 4 824 a 8 660 casos.

Otro error de la columnista es segmentar el tema de violencia e inseguridad por razones de edad, cuando en realidad es un problema que atraviesa a toda la población y termina reforzándose por la desigualdad. Esto queda de manifiesto en la misma encuesta que ella emplea. Según datos de la última oleada de 2024, los cuatro sectores en que se divide la encuesta (15-25, 26-40, 41-60 y 60 en adelante) coinciden en que el problema más importante en el país es la delincuencia y la seguridad pública; en segundo lugar la economía y en tercero la pobreza.

Gráficas 1 y 2, extraídas del análisis en línea del sitio web de Latinobarómetro.

Como puede observarse en ambas gráficas, la preocupación por la inseguridad es homogénea en el sector poblacional que va desde los 15 hasta los 60 años, teniendo un despunte significativo del 16.6 % al 26.6 % en personas mayores de 61 años. En cuanto a la inquietud que generan los problemas económicos, hay unanimidad en los cuatro grupos, con un promedio del 13 %.

En cuanto a la confianza institucional, según datos de ese mismo año, la confianza en el presidente –la cual, por cierto, Ríos omite deliberadamente– es más del doble en el segmento de 61 y más con respecto al de 15-25, con un 53.5 % y un 24.4 % respectivamente (Ver gráfica 3).

Gráfica 3, extraída del análisis en línea del sitio de Latinobarómetro.

Ríos también omite dos preguntas cruciales de la encuesta para entender la opinión pública segmentada por edades. La primera se refiere a la confianza en los partidos políticos. Según la analista, desde 2018 “los jóvenes han comenzado a sentirse afines al partido en el poder”. Sin embargo, la información del Latinobarómetro de 2024 sugiere lo contrario. De nuevo encontramos que en todos los grupos poblacionales la desconfianza rebasa el 60 % hasta llegar prácticamente al 70 %. En el caso de la generación Z esto no es la excepción. De hecho la confianza del grupo 60 y más es superior a la de los jóvenes (Ver Gráfica 5).

Gráfica 5, extraída del análisis en línea del sitio web de Latinobarómetro.

Con los mismos datos de Latinobarómetro puede resolverse el tema de la confianza en el gobierno: la confianza disminuye conforme disminuye la edad, o lo que es lo mismo, la generación Z es la que menos confía en el gobierno.

Esto desmiente la falacia de falsa dicotomía sobre la que Ríos asienta sus argumentos. Ríos asume que la falta de radicalismo antisistema significa beneplácito con los resultados de gobierno. En realidad el tema de seguridad sigue siendo prioritario para toda la población. Mientras que la inconformidad con el gobierno sigue siendo generalizada, incluso mayor en los sectores juveniles.

Viridiana Ríos confunde la convocatoria y a sus probables artífices con los motivos para que la gente siga el llamado y se mantenga dentro de sus convicciones. Desprestigiar esta y otras marchas, cuyo motivo es la justicia social, equivale a reproducir la lógica de manipulación ya presente en casos como el asesinato de Carlos Manzo: que los manifestantes son –al igual que los sicarios que perpetraron el crimen– carne de cañón, móviles materiales de intereses que se ocultan tras bambalinas; y que la participación política sólo es válida cuando es favorable al régimen y la encabezan sus partidarios.

Lo que hace que la gente salga a protestar rebasa por mucho la política de masas, la manipulación ideológica y el adoctrinamiento partidista, paradigmas a los que Ríos termina por reducir la lógica de movilización política. Por el contrario, la indignación y el hartazgo se desprenden de problemas objetivos reales –de violencia, inseguridad, corrupción, salud, desigualdad, etc.–, que día con día deciden ser desatendidos con un cinismo nunca antes visto por parte de las autoridades, y que diversas columnas de opinión pretenden ocultar.

Mauricio Aguilar Madrueño

Estudiante del doctorado en Ciencia Política por la UNAM

^[1] Esto queda en el terreno de la especulación, ya que nunca especifica cuáles investigaciones hallaron “que el manifiesto y dominio web de la “Generación Z” que promueve las protestas en México no es orgánico”; tampoco menciona cuáles son las cuentas “asociadas a las oposiciones mexicanas y al PAN” que promueven la marcha.

^[2] Hay un problema con esta encuesta al momento de captar la opinión de todos los niveles sociales de los jóvenes que conforman la generación Z. Este tipo de encuestas no suelen ser bien recibidas en contextos de violencia y precariedad social, porque las mismas organizaciones delictivas se encargan de evitar que los encuestadores lleguen hasta las filas de sus jóvenes reclutas.

Lo mismo sucede con la marcha. La juventud se encuentra subrepresentada, pero no por las razones que Ríos aduce, pues los mismos jóvenes sicarios, empleados como carne de cañón, son los que se encuentran capturados en un ciclo de violencia del que son incapaces de salir para alzar la voz. En este caso es la variable de clase –y no la de edad– la que determina la posibilidad de participación política y garantiza que la opinión política se vea plasmada en este tipo de ejercicios.