Hace algunos años trabajé en la campaña #3de3, un esfuerzo ciudadano que buscaba promover la transparencia —fiscal, de intereses y de patrimonio— por parte de los políticos. Para lograr nuestro objetivo de proponer al Congreso una nueva ley sobre este tema, necesitábamos recaudar más de 120 000 firmas. El éxito de nuestra iniciativa dependía de nuestra capacidad de inspirar confianza entre los votantes, así que escogimos seguir una estrategia análoga: hablar cara a cara con el mayor número de personas posible. Mi trabajo era ir a universidades, centros comunitarios, parques y muchos otros lugares, hacer una presentación y recolectar firmas. Un día me mandaron a la Secretaría de Marina para hablar con cadetes y marinos.
Ilustración: Victor Solís
Si bien me sentía ajeno al ambiente castrense, no pensaba que estuviera en un ambiente hostil a mi mensaje. Así que, sin pensarlo mucho, di mi presentación y abrí el foro a las preguntas de los militares. Un cadete —o marino, no estoy seguro— levantó la mano y dijo: “¿Y yo porque voy a firmar algo para eso de sus derechos humanos?”. Me quedé atónito. Estaba seguro de que en ningún momento había hablado de derechos humanos y no sabía cómo responder. Así que hice lo que pude por diferenciar la ley #3de3 de la noción de derechos humanos que tenían los militares pero, por más que trataba de deslindar del tema, otro miembro de la audiencia más me contestaba que él tampoco apoyaba los derechos humanos y, por lo tanto, no iba a apoyar la ley. Así pasamos más o menos una hora; al final, de un auditorio de doscientas personas, salimos con apenas tres firmas.
Con el paso del tiempo me fui olvidando de esa tarde en la Secretaría de Marina. Sin embargo, conforme nuestro país ha ido asimilando la militarización de la vida pública y, en menor grado, ciertos aspectos punitivistas del proyecto político de López Obrador, la historia de esa tarde me ha venido a la mente una y otra vez. Creo que regreso a esa experiencia porque me parece que lo que me dijeron aquellos marinos y cadetes revela algo sobre una cierta concepción colectiva negativa de los derechos humanos, y porque creo que esa concepción puede ayudarnos a entender por qué el militarismo ha sido acogido por un gobierno de izquierda y por una gran parte de la población.
Antes de seguir con mi argumento, sin embargo, quisiera hacer una advertencia: este ensayo no es un análisis de la Guardia Nacional o la expansión del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva de oficio. Me parece que esas son las medidas que mejor representan (aunque no son las únicas) el giro conservador en materia de seguridad López Obrador, pero ese no es el tema que me interesa tratar en este momento. Más bien, lo que esbozo aquí es un intento de entender el abrazo del populismo punitivo y la militarización por parte de la población en general, particularmente durante la administración de López Obrador. Al fin y al cabo, resulta incongruente —si no es que hipócrita— que la campaña que usó el lema de “abrazos no balazos” haya terminado adoptando medidas que claramente le apuestan más a los balazos.
Continuemos, cuando salí de la Secretaría de Marina aquella tarde de 2016 me pregunté: ¿qué parte de mi presentación tenía que ver con derechos humanos? Revisando las diapositivas y haciendo memoria no encontré nada. No obstante, ahora estoy convencido de que el tema no era lo que dije, sino quién era y soy yo: un cuate con pinta de “derechohumanero”, con barba, lentes de pasta, corbatita delgada, etc. Sospecho que los militares en ese auditorio no oyeron mi presentación, sino que me vieron, sacaron conclusiones sobre mis posiciones políticas con base en mi apariencia y aprovecharon una oportunidad para exigirle a los “derechohumaneros” como yo que los dejáramos hacer su trabajo.
La verdad es que los entiendo. Los militares consideran que su misión es proteger a la ciudadanía y ven a los derechos humanos como trabas procedimentales que impiden esta misión. Dados los niveles de aprobación de las Fuerzas Armadas, es probable que no sean los únicos que comparten esta visión. Esto es el resultado de la campaña de años que iniciaron figuras como Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí1 y Felipe Calderón. Para ellos, los derechos humanos —la presunción de inocencia, la necesidad de seguir un debido proceso que impida la tortura, salvaguarda la propiedad privada y garantiza un proceso judicial con varias etapas— son una monserga. Esta campaña de desprestigio se ha encargado de pintar a los derechos humanos como obstáculos para el aparato de seguridad y justicia del Estado. Una visita al Twitter de Miranda de Wallace, por ejemplo, revela una obsesión con la idea de que los derechos humanos sólo sirven para proteger a los delincuentes. Esta visión asume un Estado bueno y unos criminales malos, como la misma Miranda de Wallace dijo en 2011: “El gobierno podrá tener negligencias, ineptitudes, pero no es el asesino”. Esto, por supuesto, da por sentado que los que son protegidos por los derechos humanos —al menos entendidos como ella los critica— sí son asesinos.
Las quejas acerca de Miranda de Wallace y compañía son ya bastante conocidas dentro del mundo de los defensores de derechos humanos. El punto importante, sin embargo, no es quejarse de ellos, sino reconocer que su movimiento ha sido más capaz que el nuestro de capturar al imaginario público con su falsa dicotomía entre libertad y seguridad. No es sólo que la visión conservadora tenga una discurso convincente, especialmente en el contexto de un país de víctimas que exigen justicia, sino también que los defensores de los derechos humanos hemos abdicado la responsabilidad de defender el debido proceso en el foro público. Esto se debe, al menos en parte, a que cambios recientes, como la reforma constitucional de 2011 y la adopción del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 2008, parecían darnos la razón. Si el consenso jurídico y legislativo estaba de nuestro lado, ¿para qué pelearse con Alejandro Martí?
Todo esto puede explicar porque el conservadurismo en materia de seguridad y justicia es popular, pero no explica por qué AMLO lo ha abrazado de manera casi absoluta. El giro conservador en materia de seguridad del presidente podría deberse simplemente al hecho de que es lo que la gente quiere. El presidente ha dejado muy claro que quiere que “el pueblo” gobierne. Sin embargo, como demostró la cancelación del NAIM, AMLO no siempre se deja guiar por la voluntad popular.2 Más bien, el presidente decide qué es lo que quiere y luego lo explica como la voluntad popular. Por lo mismo, creo que la política de seguridad de AMLO es suya y de nadie más.
Mi intuición es que el presidente siempre ha visto con sospecha un entendimiento de los derechos humanos como salvaguardas individuales. AMLO entendió que esta postura lo pondría en conflicto con una parte importante de su base electoral: grupos de izquierda que se han organizado precisamente para promover los derechos humanos. Por eso en campaña su lema era “abrazos, no balazos”. Sabía que la derecha recalcitrante no iba a votar por él incluso si promovía algo como la Guardia Nacional, así que anunciar sus intenciones de militarizar la seguridad pública durante la campaña no tenía ningún sentido.
Si bien hoy por hoy los derechos humanos se asumen como pieza fundamental de un proyecto de izquierda, la realidad es que por muchos años las izquierdas del mundo vieron con sospecha este concepto jurídico. Anton Menger, un profesor de derecho austriaco que a finales del siglo XIX escribió una historia intelectual del pensamiento socialista desde la Revolución Francesa, explicó que aunque los socialistas estaban comprometidos con la importancia de satisfacer las necesidades de los más pobres, muchos dudaban de la pertinencia de los derechos sociales —hoy llamados derechos humanos— en esta lucha.3 Esta línea de pensamiento encontró eco en el siglo XX, cuando muchos pensadores de izquierda consideraron que un cuerpo de derechos naturales e inalienables que protegen al individuo obstaculizaría sus proyectos de transformación colectiva.4 No fue sino hasta el compromiso entre izquierda y derecha que representó el Estado de bienestar que las izquierdas del mundo aceptaron la noción de derechos humanos. Y, nótese, siempre priorizando los derechos sociales, como educación, salud y vivienda, sobre los individuales, como a la libertad de expresión, y el debido proceso.
Esta noción de derechos humanos es muy diferente a la que convoca a las izquierdas contemporáneas. En los años setenta, principalmente como reacción a las dictaduras de derecha e izquierda en Latinoamérica y Europa del Este, se popularizó una versión de los derechos mucho más circunscrita. El concepto de derechos humanos dejó de ser una búsqueda del bienestar nacional a través de derechos económicos y sociales y pasó a ser un intento de salvar al individuo de las depredaciones del Estado. No es casualidad que la primera organización internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional, se enfocase originalmente en los presos políticos.
AMLO tuvo su primer puesto político en 1976, tan sólo un año antes de que Amnistía Internacional recibiera el premio Nobel de la Paz. Es muy posible que AMLO creciera con un entendimiento de los derechos humanos como derechos sociales, como educación y trabajo; es decir, los derechos reconocidos por las izquierdas a mediados del siglo XX, no los derechos individualistas que acabaron siendo el consenso de los últimos treinta años. Esto explicaría por qué el presidente no respalda una política de seguridad centrada en esa concepción más reciente de los derechos humanos.
Esto nos lleva a una segunda hipótesis. La preocupación del presidente siempre ha sido la pobreza y la desigualdad. Si bien en su última campaña se lanzó en contra de la corrupción, lo hizo porque sabía que era el camino más acertado para la victoria. No obstante, siempre ha impulsado una lucha por los que menos tienen. Esa es su gran virtud. Muchos están en desacuerdo con la receta que prescribe para su diagnóstico, pero pocos dudan de la genuinidad de su convicción igualitaria.
La relación de los derechos humanos con la igualdad es complicada. Aunque en su concepción los derechos humanos tenían una afán igualitario —el primer derecho social promovido después de la Revolución Francesa fue el derecho al trabajo— en los últimos treinta años el movimiento de los derechos humanos se ha emancipado de la lucha igualitaria. Esto es importante porque muestra un divorcio entre la lucha en contra de la desigualdad y la lucha por los derechos humanos. De hecho, durante las últimas tres décadas a nivel global ha aumentado tanto la desigualdad como el discurso en favor de los derechos humanos. Si la preocupación de AMLO es la igualdad, entonces es posible que no le vea mucha utilidad a desgastar capital político en algo que no va a incidir directamente en ese problema. Con todo, la incongruencia de esta lógica es evidente: la política penal punitiva tiene un impacto desproporcionado en los que menos tienen.
Por último, buena parte del debate ha girado en torno a qué tipo de izquierda representa AMLO. ¿Es una izquierda moderna que aprendió de los errores de las izquierdas recalcitrantes del siglo XX, o una que se asemeja al modelo de la URSS durante la Perestroika? ¿O es, aún más radical, una que busca que el Estado acapare los poderes productivos del país? La realidad es que la interpretación del discurso de AMLO usualmente tiene que ver más con el intérprete que con el discurso. De cualquier forma, es imposible negar que AMLO ha mostrado una predilección por un centralismo que solidifique su control de la política pública (aun cuando esto ha llevado a que su gobierno haya abdicado su responsabilidad en áreas como salud, política social o cultura).
La Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa son congruentes con esta visión centralista de Estado. El presidente ha dejado claro que a él no le preocupa la corrupción o el desfalco en su administración porque él está a cargo. De igual modo, no debe estar preocupado de que el Ministerio Público acuse a alguien de robo a casa habitación equivocadamente porque al fin y al cabo él está a cargo. No le preocupa tampoco que su policía militarizada torture a alguien porque con él al mando esas cosas sencillamente ya no pasan. Y, confiado de que los excesos del Estado serán controlados gracias a él y su equipo, puede avanzar con políticas que en teoría exponen a que la gente sufra abusos por parte del aparato estatal.
Ahora bien, creer que el ejemplo del liderazgo permea las instituciones de un país no es exactamente un disparate. Existe un consenso académico alrededor de la idea de que la corrupción, por ejemplo, es una práctica que se normaliza de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba.5 Lo que es ridículo es creer que, en un país de más de 130 millones de personas y millones de servidores públicos, la regeneración nacional será inmediata o de corto plazo. Un lector tan ávido de la historia como AMLO debería ser más humilde ante la fuerza de los usos y costumbres institucionalizados. Ningún movimiento revolucionario ha sido capaz de transformar una cultura de la noche a la mañana (y sí: las instituciones en México, y no sólo las reglas, están plagadas por culturas de abuso). Es más, uno podría argumentar que el fracaso de muchas revoluciones —por ejemplo, la primavera árabe— se debe a la falta de medidas para revertir las inercias anteriores. Por otro lado, pedirle humildad al presidente es ingenuo. No lo digo porque se trate específicamente de AMLO, sino porque se trata de un presidente, y, según yo, un prerrequisito para tener el descaro de creer que uno debe ser presidente es tener una reserva de humildad relativamente pequeña.
El giro conservador del presidente, y por ende del país, pinta mal para los que queremos un México donde se respeten los derechos humanos. Para lograr que ese México se vuelva realidad, tendremos que lidiar una batalla discursiva contra las fuerzas reaccionarias del país. Hasta ahora lo hemos hecho muy mal: buena parte de la población entiende a los derechos humanos como protectores de los criminales y enemigos de las víctimas. Esto es absurdo, claro está. Pero es el resultado de permitir que políticos cínicos como Felipe Calderón y Miguel Ángel Mancera justificaran los fracasos de sus fiscalías culpando a los derechos humanos y de no articular públicamente un contraataque a los que se dicen representantes de las víctimas. No hemos logrado dejar claro que los derechos humanos no son para proteger a delincuentes, sino para asegurarnos de que el Estado no genere más víctimas. Dado el gran número de víctimas que han sufrido a manos del ejército y las miles personas acusadas injustamente por policías y ministerios públicos, no debería ser difícil articular una justificación elocuente de una política de seguridad más liberal.
Al mismo tiempo, la reivindicación de los derechos humanos también requiere que los articulemos como herramientas igualitarias y no sólo como mecanismos de protección en contra del Estado. Los defensores de los derechos humanos tenemos que empezar a usarlos para refrendar derechos colectivos que logren una distribución del ingreso más equitativa. Esto implicaría regresar al planteamiento inicial de los derechos humanos del siglo XIX, pero también preservaría lo mucho que hemos ganado en las últimas tres décadas en términos de garantías individuales frente al Estado. Estamos obligados a esto en un país tan injusto como el nuestro, con gobiernos y corporaciones que abusan de la gente, donde la violencia y la desigualdad reinan.
1 Isabel Miranda de Wallace es la fundadora de la A. C. Alto al Secuestro, que surgió a raíz del secuestro y asesinato de su hijo. Alejandro Martí, dueño de la cadena de equipo deportivo Martí, también sufrió el secuestro y asesinato de su hijo. Ambos han sido líderes del lado conservador de la sociedad civil.
2 Recordemos que dos semanas antes de la consulta pública que determinó el futuro del NAIM no sabíamos ni qué se iba a preguntar, ni qué municipios iban a poder votar, y al final no votó ni el 1 % del padrón electoral. En la consulta hubo una preferencia de más del 65 % por detener el proyecto del NAIM cuando distintas encuestadoras habían concluido que había una preferencia muy marcada en favor de continuar con el proyecto de Texcoco. Tal discrepancia, aunado a los problemas de construcción, planeación, e implementación de la consulta, nos permite concluir que la consulta popular careció de validez.
3 Anton Menger, The Right to the WHole Produce of Labour: The Origin and Development of the Theory of Labour’s Claim to the Whole Product of Industry, traducción de M. E. Tanner, Londres, 1899
4 Samuel Moyn, Human Rights in an Unequal World, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press at Harvard University Press, 32
5 Bo Rothstein. "Corruption and Social Trust: Why the Fish Rots from the Head Down", Social Research: An International Quarterly 80, no. 4 (2013), 2019, pp. 1009-1032
Estimado Pedro Gerson, estás viendo y no ves… El problema de la visión que tienes a los DDHH se sintetiza fácilmente:
Una persona -victimario- comete un delito, la víctima pierde la libertad y después la vida (secuestro con homicidio), la familia de la víctima pierde -al menos- un familiar y parte o todo su patrimonio (pagó el rescate). El Estado investido -por regla general- del monopolio de la investigación y ejercicio de la acción penal, incurre en irregularidades en el proceso de detención, interrogación y obtención de pruebas. El resultado de tu visión del respeto de los DDHH es: conceder la libertad del imputado por violación al debido proceso. Con ello, se sanciona la actuación irregular del Estado, pero a la par, hay denegación de justicia a las víctimas u ofendidos y a la sociedad en su conjunto. Se necesita crear un equilibrio en esta ecuación: Sancionar la indebida actuación del Estado: sí, pero de forma distinta, tal como inhabilitar y suspender a sus «agentes arbitrarios» e inclusive procesarlos penalmente, así como obligar al Estado a la reparación del daño psicológico infligido y una indemnización económica al agredido. Hasta ahí. Reponer el proceso penal y continuar con el objetivo de esclarecer los hechos y que el delito no quede impune. ¿Es tan difícil esto? Mientras la violación de DDHH de la autoridad en la investigación y persecución del delito se sancione con la libertad de los imputados y quede impune el delito, la visión de los DDHH que Tú tanto promueves y defiendes seguirá sin atender las necesidades de justicia y combate a la impunidad que el pueblo mexicano tiene. Saludos.