Semántica populista

La imagen de pueblo que proyecta Morena es cautivadora. Sin divisiones inconvenientes ni contradicciones internas, el pueblo mexicano es, según el discurso oficial, uno –definido y homogéneo, puro y bueno, claro e inteligible. Tal proyección no sólo reivindica retóricamente a una mayoría política que parecía no figurar en la democracia pre-morenista, sino que también permite justificar cualquier cantidad de decisiones de la élite política.

Y es que el poder político consolidado en las urnas (en 2018 y 2024) dio forma a un mandato con la supuesta capacidad de acceder, sin necesidad de intermediarios ni muchos matices, a lavoluntad popular. Con toda certeza, el liderazgo populista afirma que el pueblo avala sus decisiones. Detrás de esta seguridad —de este pretendido poder cuasi-metafísico de interpretación—, está un inusitado poder semántico. Desde la agenda pública hasta las políticas implementadas, se define lo que debe considerarse relevante a partir del consentimiento tácito del pueblo trazado desde arriba. Lo que debe preocuparnos ahora, insiste el discurso oficial, no es la violencia extendida ni los rezagos educativos, no son las fallas estructurales de los servicios de salud ni los retornos migratorios. Más bien debemos ver hacia la consumación de su poder, el eterno fin del PRIAN, el aumento de transferencias directas, la “democratización” de las cortes, las aperturas y reaperturas de megaproyectos, la prolongada conquista de la tierra prometida. Debemos ser perpetuos testigos de su interminable llegada al poder.

Definir lo público no es un acto trivial. Implica mayor control sobre, en términos de Hannah Arendt, el espacio de apariencia de la vida común. Y lo que se nos aparece en la esfera pública es lo que solemos considerar políticamente relevante. Así, aunque la direccionalidad de este poder en democracias consolidadas, en principio, tendría que ser de abajo hacia arriba, el flujo está invertido. Como sugiere Lisa Disch en Making Constituencies, en lugar de que los representantes reaccionen a las divisiones políticas dentro del electorado, son más bien los propios “actos de representación” los que moldean los términos del conflicto y delinean los asuntos públicos. Si bien, desde luego, siempre pueden asomarse algunas manifestaciones de la opinión, siguiendo a Bernard Manin en su obra seminal sobre el gobierno representativo, la mayor parte de los gobiernos democráticos contemporáneos seleccionan clivajes explotables, relegando así al electorado a una “audiencia” pasiva frente al escenario político, que reacciona mas no propone los ejes del conflicto. Si bien este juego de definiciones puede desplegarse en cualquier sistema democrático, en gobiernos populistas, por su pretendidos dotes interpretativos frente a la voluntad popular, es especialmente pronunciado.

En este sentido, ¿quién define a quién bajo el “mandato” populista? A primera vista, parece que, mediante un consentimiento electoral desbordante, la validación del electorado mexicano a la llegada del populismo fue contundente. Pero, después de depositar los votos, luego de que los pulgares se tiñeran de pintura indeleble, el electorado se transformó en una masa cristalizada, una audiencia pasiva suspendida en el tiempo, a constante disposición de la retórica y el poder semántico populistas. La mayoría refrendadora se convirtió así en un hecho ubicuo e inamovible, en la justificación por excelencia de los estratagemas políticos del morenismo.

Incluso la definición de la democracia entra en la maquinaria de resignificaciones del populismo. De ser operada, según el relato, por técnicos y juristas indiferentes, pasó con Morena a manos de un grupo político en constante contacto con el pueblo —cambio que exploré en un texto anterior y que César Morales Oyarvide ha descrito con excepcional claridad. Quizá es por este extendido poder semántico que la desaprobación de varias áreas específicas de gobierno, como el manejo de la corrupción y el crimen organizado no se refleja en la aprobación presidencial ni en la satisfacción con la democracia.

La representación bajo el liderazgo populista, entonces, deja de acercarse a un intento, aunque sea superficial, de capturar preferencias y opiniones cambiantes de la ciudadanía para traducirlas a políticas públicas —una de las premisas básicas de la representación política. Como se asume conocimiento completo sobre el carácter y la naturaleza del pueblo, pueden dispensar de esas maniobras, prescindir de la retroalimentación constante y la canalización de conflictos sociales. Representar bajo el mandato populista parece más un ejercicio retórico de declamación que un acto formal de delegación política. En efecto, su discurso no se basa en la composición dinámica de preferencias y opiniones dispersas en el electorado. Más bien le da forma a una sujeto político suficientemente abstracto y romantizado, sencillo y halagador, para que nos identifiquemos (y ajustemos) a él. En una frase, más que otro tipo de gobiernos democráticos, el populismo no reacciona sino decreta los términos del conflicto en la sociedad; puede, con suficiente voluntad y retórica, definir al pueblo al que, en principio, tendría que obedecer.

Parte del éxito de este poder semántico es dar la apariencia de apertura, de insistir en una imagen deliberativa e incluyente de la democracia. Esto opera mediante el discurso público de la certidumbre y se difunde en formatos de comunicación que parecen abiertos al público —la mañanera, los mecanismos de democracia directa y los foros públicos de discusión. Y proyectando una imagen monolítica de una entidad naturalmente dinámica, el populismo se presenta como la opción más cercana al electorado, la más incluyente y preocupada por mantener cierta responsividad con sus votantes. Es decir, frente a las alternativas políticas disponibles, el tipo de gobierno democrático que ofrece (o performa) Morena resulta la más atractiva. Enseguida repaso estos tres elementos.

Llenar de contenido el discurso populista implica titubear lo menos posible, tratar la agenda pública —siempre, en principio, refrendada por el pueblo— como una verdad indiscutible y presentarla como un hecho tan cierto como la victoria en las urnas. La combinación del mandato populista y la ausencia de mecanismos serios de retroalimentación de la opinión pública se asume como un permiso tácito —y siempre disponible— de discrecionalidad política. El oficialismo se permite a sí mismo acomodar la opinión pública a las decisiones gubernamentales; se da el lujo de invertir la dirección del poder proyectado.

Durante el proceso de aprobación de la reforma judicial, por ejemplo, la captura de la opinión pública a modo fue evidente. Si bien la campaña electoral de Sheinbaum incluía esta propuesta, las herramientas utilizadas para constatar el apoyo ciudadano son cuestionables. Alejandro Moreno llama la atención al planteamiento de preguntas y presentación de resultados: en efecto, las encuestas del gobierno arrojaban una amplia percepción de corrupción dentro del Poder Judicial, de la necesidad de reformarlo y de apoyo a la elección popular de jueces/as, magistrados/as y ministros/as, pero, por otra parte, otras encuestas mostraban que la mayoría desconocía la propuesta concreta de la reforma, advertía corrupción en los otros poderes —Legislativo y Ejecutivo— y no creía que la elección de jueces y magistrados disminuiría la corrupción. Más aún, no sólo se capturó una ligera disminución en el apoyo a la reforma de enero a junio de 2024 sino también que muchos encuestados/as preferían otros métodos de selección —como aquellos que priorizan conocimientos, trayectoria profesional y la imparcialidad. Además de estos ejercicios demoscópicos y el relato oficial construido a su alrededor, López Obrador improvisaba sus propias encuestas in situ, como en su sexto informe de gobierno, cuando el entonces presidente le pidió a su audiencia que señalara a mano alzada el respaldo a la reforma. Entre el vitoreo y el aplauso, casi todas las manos terminaron arriba.

La demoscopia y las improvisaciones obradoristas se complementaron con algunos ejercicios de deliberación pública, los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial. Aunque se incluyeron voces opositoras —como ministros de la Corte, trabajadores del Poder Judicial y legisladores de otros partidos— estos foros no parecieron incidir mucho. La reforma pasó prácticamente sin cambios (de cientos de propuestas de modificación hechas por la oposición, sólo se aprobaron tres reservas hechas por los partidos de la alianza oficialista). Así, en un gimnasio como sede alterna que esquivaba las protestas que llenaban la Cámara Alta, en medio de un banquete morenista de tacos, mole y moños guindas, los senadores aprobaron el dictamen de la reforma que terminaría por redistribuir fundamentalmente —para muchos analistas, concentrar— el poder político en el país.

Para difundir la agenda pública con los aires de certidumbre propios del populismo, los formatos de comunicación son clave. La conferencia matutina emblemática del morenismo, la “mañanera del pueblo”, se presenta como un espacio abierto e inclusivo de diálogo cotidiano, donde cabe cualquier tipo de cuestionamiento. Además de servir como una oportunidad para que a veces la prensa seleccionada dispute la narrativa oficial, el mensaje diario emitido en el Salón de Tesorería es la fuente primaria de articulación del poder semántico del populismo morenista. Ahí en el estrado presidencial se fijan las definiciones del pueblo y los problemas que enfrenta. Es efectivo porque, de manera casi monopólica, se determinan los temas de discusión mientras se sugiere que esos temas son producto de un diálogo abierto. De este modo, la mañanera enmarca el discurso y puntualiza la agenda: desde un solo micrófono, con toda seguridad y sin titubeos, crea consensos deliberativos especificando por cuenta propia lo que debemos entender por conflicto, por política y por democracia.

En paralelo, el clima mediático de las plataformas digitales también puede impulsar el poder semántico de la presidencia. Ya que, por diseño, redes sociales como X (Twitter) y Facebook promueven la polarización y la desconfianza extendidas, la discusión en la esfera pública digital, con sus noticias falsas, trolls y otros monstruos, parece agobiante, contraproducente, hasta frívola. Frente a tal suspicacia, se vuelve refrescante —deseable incluso—, escuchar las verdades últimas de la retórica populista. En lugar de percibirnos como una masa amorfa y fragmentada, sucumbimos a la tentación de entendernos como el pueblo de Morena —un cuerpo homogéneo, coherente, moral, casi divino. Parece que la construcción plural de un mundo común como el que buscaba Arendt es cada vez menos viable en la esfera pública actual. Mejor adoptamos el que se proyecta en las mañaneras; mejor nos reconfortamos en el reflejo de un pueblo bueno y accesible, y nos complacemos en el seno de la certidumbre populista.

Entonces, también es por contraste que Morena gana ventaja semántica. Y además de lucir frente a tanta desinformación digital, el discurso populista se fortalece al compararlo con las propuestas de la oposición. Sin proyectos claros sobre cómo replicar el estilo populista o reivindicar el discurso ya empolvado del sistema constitucional de pesos y contrapesos, partidos como el PAN y el PRI dejan de presentarse como una alternativa política viable. Una ilustración elocuente de este contraste fue la discusión sobre la reforma judicial: mientras la oposición reparó en los tecnicismos y legalismos para contener el poder, el oficialismo morenista insistió en la necesidad de “democratizar”, bajo sus propios términos, la justicia —aunque sea a expensas de minorías.

Más aún, el regreso del bully estadunidense, quien despliega su propio populismo a expensas de la sociedad mexicana, podría también enaltecer la imagen de Morena. En una frase, el populismo morenista consolida su poder semántico no sólo por pronunciar las narrativas dogmáticas que lo distinguen, sino también porque no aparecen contraargumentos ni discursos alternativos viables en la esfera pública. Invicta, la semántica populista se enaltece como la única opción disponible.

Pero, a pesar de la tentación a la certidumbre y los halagos implícitos que ofrece, este tipo de discurso y operación políticas deja mucho fuera. Al difuminar las diferencias internas y desplazar el disenso, el populismo desdeña uno de los valores esenciales de la democracia: el pluralismo. Regresando a Arendt, borrar las diferencias internas de lo que llamamos “pueblo” hace que simplifiquemos y perdamos de vista nuestro mundo compartido. Si dependemos de la mediación retórica e interpretativa del discurso populista, no sólo dejamos de percibir distintas opiniones sobre los temas públicos que se ponen sobre la mesa —y, por tanto, de matizar verdades categóricas pronunciadas desde el micrófono de Palacio Nacional—, sino que también se vuelve cada vez más enfermiza nuestra relación con el conflicto político en sí.

Por un lado, el pluralismo es valioso porque da paso a tensiones internas productivas. Además de evidenciar puntos de vista y cosmovisiones que de otro modo serían invisibles, espacios propiamente deliberativos pueden presentar un asunto público de maneras que antes no habían sido consideradas. Tal deliberación logra, a su vez, ampliar nuestros horizontes cognitivos, complementar opiniones propias y complejizar el mundo que compartimos. Así, diversificando las fuentes de información —no sólo depender de las mañaneras ni de la prensa que replica el marco discursivo presidencial, ni de las plataformas digitales que sí invitan al conflicto, pero uno acérrimo y poco productivo—, nos podríamos acercar a un tipo de interacción pública más activa y participativa, que ponga de manifiesto lo que consideramos, entre la ciudadanía (no la élite política), los asuntos relevantes del momento.

Por otro lado, la deliberación pública que celebra el pluralismo vuelve, con todas sus iteraciones, evidente que el conflicto político no es contrario a la democracia representativa. Al revés: reconocer y lidiar con la diversidad en foros de discusión que la inviten es un acto profundamente democrático. Mientras se hacen aparentes distintas perspectivas ciudadanas, y, con ello, diversos agravios sufridos, el pluralismo le da vida, desde adentro, a la idea de pueblo. Crea un mundo compartido, mucho más matizado y complejo que el populista, pero un mundo compartido al fin y al cabo. La noción de pueblo baja, así, a un plano cognitivo más concreto; y pese a sus muchas diferencias, quizá resulte más familiar y aterrizado, quizá revele también, con todas sus incertidumbres y dinamismos, las condiciones que compartimos, las coyunturas que, en conjunto y día a día, atravesamos.

En principio, como predica la promesa de la democracia liberal, los partidos políticos tendrían que canalizar y representar el conflicto en la sociedad. Sin embargo, ante una oposición tan debilitada y un partido oficial que desdeña (aunque, como hemos visto recientemente, no es inmune a) el disenso interno, me parece cada vez más apremiante aumentar las capacidades de la ciudadanía para establecer la agenda pública. Tal vez la inseguridad y la baja calidad de servicios públicos que aquejan a la mayoría podrían volverse, en efecto, temas prioritarios para el gobierno.

Asumir el pluralismo político, como ya han advertido teóricas como Myriam Revault D’Allonnes, es incómodo. Puede resultar exasperante y agotador desplazar la idea complaciente del pueblo populista para, en su lugar, instalar una entidad heterogénea y poco coherente, compleja y cambiante. En el fondo, se trata de abrazar, siguiendo a Claude Lefort, la incertidumbre y aceptar “el espacio vacío del poder”, esto es, un gobierno democrático no definido por una sola fuerza política. Como complemento a la famosa concepción minimalista de la democracia postulada por Joseph Schumpeter, defendida por muchos académicos como Adam Przeworski y que subraya la necesidad de la incertidumbre electoral —la incapacidad de anticipar con certeza quién triunfará en las elecciones es la señal más clara de que un sistema es democrático—, vale la pena también abrirle paso a la incertidumbre en los días que no votamos. En vez de que una persona o un partido encarne al pueblo y determine lo público, intercambiando definiciones y argumentos, la ciudadanía podría estar más involucrada en la especificación de la política —definiendo los asuntos urgentes y articulando propuestas para atenderlos.

Y si bien este tipo de apertura —una que no depende de los términos establecidos por el partido en el poder— difícilmente produciría una narrativa tan coherente y fascinante como la morenista, amplía el poder semántico de la autoridad última del gobierno democrático. Invitando el disenso, podríamos reconciliarnos con el conflicto político, el dinamismo y la deliberación en la opinión pública—a pesar de sus inconsistencias internas. La ciudadanía puede reclamar para sí, con toda legitimidad, el poder de determinar los asuntos públicos que el gobierno debe atender. Quizá al complejizar la idea de democracia descubramos la fragilidad del pueblo que cristalizó Morena, pero quizá este descubrimiento no sea tan devastador si encontramos el valor del pluralismo, la incertidumbre y las definiciones en disputa.

Ana Pascoe

Politóloga por el CIDE y El Colegio de México