El 24 de agosto de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los entonces secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Soberón. “Estoy optimista”, declaró López Obrador al concluir la reunión. “Con elementos puedo sostener que vamos a hacerle frente al problema de la inseguridad y la violencia, vamos a tener buenos resultados, va a cambiar desde luego la estrategia”.
A partir de ese momento López Obrador moderó su crítica a las Fuerzas Armadas. Para el 16 de mayo, cuando la Estrategia Nacional de Seguridad se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el presidente ya había decidido que era necesaria “la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en las reformas publicadas el 26 de marzo de 2019”. Esta reformulación quedaría plasmada en el tercer artículo transitorio de la Ley de Guardia Nacional, promulgada ese mismo mayo, que requería que los mandos de la nueva institución tuvieran por lo menos veinte años de titularidad en la fuerza de procedencia; esta medida dejaba fuera de la nueva corporación a los agentes de la Policía Federal, que sólo había existido diez años. En nueve meses, en fin, el presidente invirtió la brújula con la que había trazado una extensa crítica a la militarización a lo largo de dos sexenios, crítica que ayudó en gran parte a materializar sus aspiraciones presidenciales.
Las consecuencias de este cambio de rumbo se vieron reflejadas hace unos días cuando funcionarios del Estado y de partidos políticos usaron un avión de la Guardia Nacional para asistir a eventos proselitistas en promoción de la revocación de mandato. A continuación planteo algunas preguntas sobre lo que este incidente nos dice acerca de la relación entre el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas, así como sobre las aparentes faltas a la ley en las que incurrieron varios funcionarios, tanto civiles como militares.
Primero, algunas precisiones. La aeronave en cuestión —un Gulfstream G-350 con matrícula XC-PFM— puede volar fácilmente de un extremo a otro del país. Es un vehículo útil sin ser ostentoso, con un costo promedio por hora de alrededor de 3000 dólares. Partiendo de la capacidad promedio de catorce pasajeros, cada asiento costaría aproximadamente 4260 pesos por hora: una cifra alta si la comparamos con los 2260 pesos que pagó la Presidencia por un solo vuelo comercial entre Ciudad de México y Villahermosa en diciembre de 2021. Esta comparación, sin embargo, puede resultar engañosa, pues al costo de los pasajes de funcionarios en vuelos comerciales (relativamente bajo) hay que sumarle el costo administrativo de transportar a personal del Estado en tales vuelos (relativamente alto). Hay que recordar que el presidente de la República nunca viaja solo; entre la avanzada, la ayudantía, y el personal de apoyo y acompañamiento, su comitiva puede ir de diez hasta a sesenta personas de distintas áreas, según el motivo del viaje (curiosamente, el avión presidencial José María Morelos y Pavón que el gobierno “rifó” hace unos años puede llevar hasta sesenta pasajeros). López Obrador puede llegar puntual al aeropuerto, pero su comitiva viaja antes o lo hace de forma disimulada, en el mismo vuelo o en aeronaves militares.
Además, todo el personal que viaja con el presidente en vuelos comerciales maneja información sensible —y lo hacen desde equipos personales, a través de redes públicas que fácilmente pueden ser intervenidas con una simple laptop. Cuando estos funcionarios viajan en vuelos comerciales, carecen de espacios privados para comunicarse verbalmente sobre temas de Estado. En suma: todas las actividades del presidente son asunto de seguridad nacional; es precisamente para garantizar esta seguridad que el Ejército Mexicano cuenta con la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, adscrita al Estado Mayor Presidencial. Puede que López Obrador le haya quitado el presupuesto necesario para su operación, pero el Estado Mayor Presidencial y sus obligaciones aún existen legalmente.
Volar en aeronaves oficiales tiene otro objetivo más concreto: la productividad. El tiempo que pasan los funcionarios públicos sin hacer nada o haciendo su trabajo a medias también nos cuesta a los contribuyentes. Escribir un comunicado en un taxi, por ejemplo, puede terminar costándonos una sanción internacional. Durante el llamado Culiacanazo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas estuvo incomunicado durante algunas horas, y cuando logró entrar en contacto con sus generales siempre hubo civiles cerca. Las aeronaves oficiales cuentan con sistemas de comunicación supervisados por las Fuerzas Armadas para garantizar que la Administración Pública Federal nunca deje de ser productiva y, además, que no quede expuesta. Hablamos de una oficina voladora.
Por todas estas razones no debemos juzgar severamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por haber usado una aeronave de Estado. Según la matrícula civil del Gulfstream, cualquier funcionario de las secretarías adscritas al gobierno federal puede disponer de ella. La aeronave no es militar: está asignada a la Guardia Nacional pero le pertenece al Estado. El presidente, a diferencia de sus secretarios, puede requerir aeronaves militares, como lo hizo el 10 de febrero para inaugurar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Felipe Ángeles.
Hay que recordar, sin embargo, que al Felipe Ángeles también llegaron en calidad de invitados secretarios de Estado y otros funcionarios de la administración pública federal a bordo de un 737 con matrícula militar. ¿Por qué la Fuerza Aérea Mexicana concede este tipo de cortesías en una aeronave militar en lugar de usar aviones de Estado? Dirán, con cierta razón, que no hay aeronaves de Estado con la capacidad de un 737, pero en términos legales sólo hay una respuesta posible: porque lo ordena el comandante supremo. Esta decisión me parece acertada: todos los pasajeros de ese vuelo representan un desembolso considerable al Estado mexicano en salarios, y cada minuto que pasen detenidos en el tráfico representa actividades que se acumulan y pendientes que generan cascadas.
El transporte aéreo de funcionarios en aviones del Estado vale cada centavo que cuesta: ese no es el problema en el que debe centrarse la crítica. El problema, más bien, es que por la mañana la máxima autoridad del país pregona austeridad y por la tarde sus secretarios viajan en primera clase o toman prestadas aeronaves oficiales para viajes personales. Existen muchas razones para afirmar —y hasta exigir— que si alguien debe utilizar ese Gulfstream de manera regular es el presidente López Obrador, porque cualquier aeronave que él aborda obtiene de facto el estatus de avión presidencial.
Así, me gustaría hacer una serie de preguntas a los funcionarios involucrados en el incidente del 2 de abril. Al secretario de Gobernación: ¿cuál de las facultades de su cargo descritas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal justifica su traslado, en una aeronave de Estado, a un evento proselitista, acompañado además de funcionarios partidistas?
Al comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio: ¿cuál de las atribuciones y obligaciones descritas en la Ley de la Guardia Nacional estaba cumpliendo con su apoyo logístico y participación pública en un evento proselitista? Aquí hay que aclarar que el general Rodríguez Bucio ya está retirado, por lo que la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no aplica en este caso. En su capacidad de comandante de la Guardia Nacional, sin embargo, Rodríguez Bucio cometió una falta flagrante a la ley al asistir —durante su servicio, uniformado, y en transporte oficial con cargo al erario— a un acto de carácter partidista. Más aún: si el general Rodríguez Bucio fue quien dio la orden que autorizó el vuelo, lo hizo rompiendo la ley, pues no se trataba de un acto relacionado con sus funciones institucionales. El problema del general Rodríguez Bucio es mayúsculo, incluso si intenta justificar como un acto de servicio el permitir que civiles representantes de un partido político usen recursos de la Guardia Nacional ante la presencia del secretario de Gobernación.
Sigo con mis preguntas. Al secretario de la Defensa Nacional: ¿qué inspira a sus subordinados a ordenar la disposición de aeronaves militares para el traslado de funcionarios públicos a eventos partidistas? Necesitamos la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, pues su experiencia, preparación y capacidad pueden tener un impacto positivo en la seguridad. Pero el ejército está obligado a conocer y respetar sus límites, y obedecer a ciegas a los deseos de una sola persona —que además, en tanto funcionario, está de paso— es una forma de deslealtad a la nación.
Termino con dos preguntas más. ¿Qué le explicaron los entonces secretarios Cienfuegos y Soberón al presidente electo López Obrador aquella tarde de agosto de 2018 que, tras dos horas de reunión, se cuadró y mandó a volar su propuesta de regresar el ejército a sus cuarteles? ¿Quién ordena aquí y quién obedece?
Daniel Gómez-Tagle
Consultor especializado en utilización de la fuerza y derechos humanos