A semanas de que se celebre el bicentenario de la promulgación de la primera constitución mexicana, a la clase política en turno no se le ocurrió otra manera de conmemorar tan magno suceso más que repudiando la vigencia del máximo ordenamiento que estructura al país.
La idea de cambiar por completo la Constitución sin la necesidad de promulgar una nueva resulta una tramposa estrategia ejecutada por una mayoría irresponsable que ignora a las minorías.
La escasa cultura constitucional en México ha sido puesta a prueba en ocasión de una serie de estafas legislativas que poco tienen que ver con valores como el respeto, el pluralismo, la tolerancia y la reflexión responsable.
Así, estos días, mientras presenciamos marchas en contra de la reforma judicial encabezadas por estudiantes y se decretaron paros de labores por parte de los funcionarios de la Judicatura, los representantes populares se empeñaron en desacreditar un debate que determinará el futuro de la justicia.
Y es que por más que el oficialismo intente normalizar la improvisación, las prisas y las ocurrencias, uno no se puede acostumbrar a que tan sólo en el segundo día de la nueva Legislatura se haya cambiado la sede del Congreso a un polideportivo cercado y resguardado por la fuerza pública.
Si uno no viviera en México la escena sería irreal. Pero entre canastas de básquetbol y un rico olor a tacos de chicharrón —en ocasión de un banquete de fiesta contratado por los legisladores para poder cenar y pasar la noche en dicho recinto—, los nuevos diputados cumplieron las órdenes del todavía presidente López Obrador y aprobaron con premura la reforma judicial. Aquí cabe preguntarse, ¿si esta iniciativa es crucial, por qué hacerlo de forma tan atropellada?
Fieles al sello de la casa, los diputados ignoraron las protestas sociales e incumplieron su palabra de dialogar con los inconformes. Además, como si la mayoría morenista asumiera que la política puede más que el Derecho, se desconocieron un par de suspensiones otorgadas en un juicio de amparo que pretende que el dictamen de reforma judicial no sea discutido.
Todo esto es tan significativo como lamentable. Es el inicio de una degradación que presagia el desprecio por un mínimo elemental de decencia política, donde la cordura y la negociación ya no tienen lugar.
Pero lo que mal empieza mal acaba. Y será cuestión de tiempo para que las actuales mayorías se hagan cargo del desastre por venir y asuman de una vez por todas sus responsabilidades.
El refrán popular reza que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. No se puede decir mucho más sobre este error histórico; se ha escrito demasiado sobre cómo Morena dejará pasar otra oportunidad para transformar el sistema de justicia en México y cumplir sus caprichos a como dé lugar.
Lo peor de todo es que el oficialismo sigue añadiendo ocurrencia tras ocurrencia a su reforma, construyendo un peligroso Frankenstein que poco tiene que ver con las necesidades más urgentes de las personas en materia de justicia. Que si una tómbola, que si un promedio arriba de 8 en la carrera, que si jueces sin rostro, que esto y que lo otro.
Con independencia de que pase o no la reforma judicial morenista, el daño está hecho, la desinformación esparcida y la mesa servida. La presente coyuntura no finalizará en unas semanas ni quedará relegada por un nuevo tema de la agenda política. El oficialismo ha encontrado en los jueces no sólo a su mejor enemigo sino al más rentable.
Y aunque la lógica de este proceso tan desgastante tendría que ser la misma que la de los círculos de Alcohólicos Anónimos: “un día a la vez” y “sólo por hoy”, lo cierto es que se torna indispensable proyectar alguna perspectiva para el día después de mañana.
Por eso, aunque este septiembre transcurra a cuentagotas y parezca que no hay mucho presente por delante, vale la pena alzar la mirada y pensar en el porvenir. Porque incluso a mitad de la tormenta judicial es un buen momento para revisar algunas ideas y acciones en torno a nuestro derecho al futuro y el futuro del Derecho.
En el corto y mediano plazo
- Esto no se acaba hasta que se acaba
No cabe la menor duda de que los próximos días se seguirán ideando vías para hacer frente a esta debacle jurídica desde diferentes trincheras. Ahí está, antes que nada, la conformación de un bloque opositor en el Senado que hoy impide al oficialismo alcanzar la mayoría calificada para reformar la Constitución. Aunque es un solo voto el que le falta a Morena y sus aliados para alcanzar sus objetivos, la presión y el marcaje que se le ha impuesto a la oposición partidista es una buena señal respecto al compromiso con sus electores. Tampoco habrá que pasar por alto las eventuales acciones que pueda tomar la Suprema Corte respecto al análisis de la constitucionalidad de la reforma judicial, ni la interposición de distintos medios de defensa en instancias internacionales.
- La famosa letra chiquita
La reforma judicial morenista aún no ha desarrollado la legislación secundaria. La incertidumbre es total, ya que, al contener tantas ideas abstractas, se torna necesario afinar pormenores legales para hacerla operativa. Cabe mencionar que el último dictamen aprobado otorga al Congreso de la Unión un plazo de noventa días para desarrollar las leyes federales correspondientes. En caso de que se aprueben los cambios constitucionales, este tema en particular no resulta menor, ya que, además del gran trabajo técnico que esto implica, es indispensable erigir las formas y los procedimientos que supuestamente le darán viabilidad a la reforma. Es sabido que “el diablo está en los detalles” y la gran cantidad de ordenamientos que se deben adecuar no será tarea fácil; así, este espacio debe servir para tratar de incidir y llamar la atención sobre cómo el solo hecho de cambiar la Constitución no es suficiente para transformar la realidad.
- La clave está en lo local
En los artículos transitorios de la reforma judicial se otorgan 180 días a cada estado de la República para que cambien sus constituciones locales y marca el año de 2027 como límite para que todas las personas juzgadoras sean removidas. Esto es una locura. En menos de tres años, alrededor de 7000 cargos judiciales a lo largo y ancho de todo el país serán renovados. Las implicaciones financieras, humanas y técnicas que esta discreta norma acarrea retan al federalismo, no sólo por las posibilidades de que cada estado tendrá para elevar (o degradar) los estándares cualitativos para la conformación de sus nuevas judicaturas locales (experimentando y especificando mejores reglas para tales procesos), sino por si alguna entidad federativa se opone a la reforma y decide interponer un medio de defensa constitucional.
En el largo plazo
- Promoción de otros ámbitos
Si se implementa este nuevo esquema de judicatura, por lo menos en un primer momento, la incertidumbre y desconfianza hacia las personas juzgadoras aumentará y, por ende, en muchos escenarios, quienes ejercen la abogacía evitarán llevar sus casos ante estos nuevos tribunales populares. Acostumbrados al litigio como único camino para la resolución de conflictos, no cabe la menor duda de que ámbitos como el arbitraje, la conciliación y la mediación serán alternativas muchísimo más equilibradas y seguras para quien tenga interés en darle buen término a los asuntos que se le encomiendan. La eclosión de una nueva oleada por los mecanismos alternativos para la resolución de problemas sociales puede (y debe) representar una valiosa oportunidad ante esta catástrofe.
- A río revuelto…
Cualquier persona que haya enfrentado el cambio de un juez en el desarrollo de su caso ha podido experimentar en carne propia la pérdida de tiempo, experiencia y recursos que esto implica. Es un borrón y cuenta nueva en el asunto concreto que se litiga, incluso con posibilidades de tomar otros rumbos. Si toda la Judicatura del país cambiará en un máximo de tres años, no sólo habrá más retrasos y trabas sino también (tratándole de ver el lado positivo) múltiples áreas de oportunidad para aprovecharse de esta coyuntura y plantear asuntos novedosos a los nuevos juzgadores para generar avances en ciertas agendas por medio del litigio. Cuestiones relativas a derechos sociales, medioambiente, pobreza y desarrollo cobran una nueva dimensión. Y aunque no existe certeza de que la nueva camada de jueces sea técnicamente solvente y éticamente congruente, en definitiva llegará con nuevos bríos y tratando de sobresalir ante sus electores.
Asumir que no hay nada más que hacer y que la única alternativa posible es el silencio cómplice o la zalamería más impúdica es un error. El único riesgo en estos momentos es la inacción.
Que en este septiembre marcado por su perennidad también destaquen los múltiples esfuerzos erigidos desde la creatividad y la imaginación por tratar de darle sentido jurídico a un sinsentido político. Pensar y desplegar el Derecho en contextos poco democráticos resulta todo un reto, una exigencia por reivindicar la función social y la capacidad autocrítica de la profesión jurídica.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Constitucional en El Colegio de México