Este texto se sitúa en el aquí y ahora, pero esboza algunas ideas sobre el pasado reciente para intentar comprender cómo llegamos a este punto: un momento en el que una plagiaria comprobada aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia mientras demanda a la universidad que documentó su falta; en el que un exfutbolista convertido en legislador, acusado de agredir a su media hermana, irrumpe en la tribuna violando el reglamento, entre vítores de diputadas que, en lugar de salvaguardar la legalidad y derechos de las mujeres, aseguran su impunidad; y en el que el presidente del Senado desestima como montaje el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, mientras cruza el Atlántico en primera clase sin transparentar el origen de los recursos que utilizó para pagar su viaje. Todo sin que ocurra consecuencia alguna.
Lo que sigue son apenas algunas ideas sobre lo que, a mi juicio, sucedió. Parten de la convicción de que es necesario dejar atrás tanto los planteamientos y relato que nos ofreció la transición a la democracia, como el optimismo de la voluntad que nubla el pesimismo de la inteligencia de algunos partidarios del gobierno de la Cuarta Transformación.
I
Desde 2004, nuestro país atravesó un proceso que bien podría describirse como una degradación moral de las distintas formas de gobierno, concebidas en su acepción clásica. Dicho proceso podría caracterizarse como un prolongado tránsito hacia el autoritarismo. Platón, en La República y El Político, ofrece un marco útil para pensar el cambio político como una secuencia degenerativa de las formas de gobierno. En su relato, la Aristocracia surge cuando hay un acuerdo –entre lo que entenderíamos como clase política– bajo valores, normas y costumbres que se conciben como virtuosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los intereses personales y de distintas facciones derivan en una ruptura del pacto inicial que conduce a una degradación moral.
La primera forma degenerada de gobierno es la Timocracia, en donde se sustituye la virtud por el honor militar. Aquí el poder se legitima por la fuerza –se admira a quienes poseen valor y disciplina– y no se gobierna desde la razón. La Timocracia abre la puerta a la acumulación de riqueza, que deriva en una Oligarquía: una forma de gobierno donde pocos –los ricos– gobiernan para sí mismos y excluyen a los muchos de cualquier decisión política. El resentimiento que provoca esta exclusión lleva a una revuelta que da origen a la Democracia, en la que el pueblo toma el poder. No obstante, muy pronto, la libertad que surge con la democracia se puede convertir en desorden si no se conduce desde la virtud de los valientes y la técnica de la política. Si dicho desorden impera, el respeto por la ley se desvanece, y el deseo individual se impone sobre cualquier forma de autoridad legítima. En esta anarquía de deseos, surge la Tiranía: el tirano se erige como defensor del pueblo, pero pronto se convierte en esclavo de sus pasiones y gobierna para sí mismo. Así, dice Platón, del deseo de libertad brota la más feroz de las esclavitudes.
Este modelo puede utilizarse para interpretar, con todas las salvedades necesarias, el desarrollo político de México desde inicios del siglo XXI. La llegada al poder del PAN, después de más de setenta años de hegemonía priista, fue resultado de un pacto aristocrático entre diversas expresiones políticas, económicas e intelectuales. La pluralidad era incipiente pero real: coexistían en el poder representantes de la derecha tradicional, sectores empresariales, intelectuales, figuras provenientes de la sociedad civil y una izquierda institucionalizada que consolidaba su hegemonía en la capital del país. El pacto fundacional de esta nueva etapa implicaba la alternancia como principio democrático, la autonomía de las instituciones y el respeto a la pluralidad política. Sin embargo, en 2004 este equilibrio comenzó a descomponerse. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, marcó el inicio de una crisis moral del pacto aristocrático. La democracia electoral y el tripartidismo, que era la expresión política de dicho pacto, iniciaron una erosión que no pudo detenerse nunca.
Con Felipe Calderón se inauguró una nueva etapa que puede comprenderse como Timocracia. La legitimidad del gobierno, cuestionada tras una elección cerrada y plagada de irregularidades, se buscó reconstituir mediante el despliegue del poder militar. La llamada “guerra contra el narcotráfico” militarizó la vida pública y trasladó el eje del poder de la deliberación política hacia el Estado de Derecho entendido como el uso de las fuerzas armadas. En esta lógica, las virtudes democráticas fueron desplazadas por la retórica de disciplina, sacrificio y combate: el “haiga sido como haiga sido” desembocó en la imagen de un presidente civil vestido como militar que encabezaba una guerra contra los criminales.
La deriva oligárquica se hizo evidente con el retorno del PRI a la presidencia en 2012. Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el poder político se subordinó de manera descarada a los intereses económicos. Se promovieron grandes reformas estructurales como transacciones entre élites por medio del Pacto por México, y el Estado se convirtió en un instrumento para redistribuir privilegios entre grupos empresariales cercanos al poder y la joven camada de políticos priistas. La corrupción adquirió dimensiones obscenas: el caso Odebrecht, la Casa Blanca, y la Estafa Maestra caracterizaron a una forma de gobierno cuya racionalidad principal era el enriquecimiento privado. La ciudadanía, mientras tanto, quedaba cada vez más lejos de las decisiones que afectaban sus vidas. La exclusión política se tradujo en desigualdad económica y en la violencia que unos cuantos ejercían hacia las mayorías, como demostró el caso de Ayotzinapa.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 representó un momento de inflexión. En un primer momento, su gobierno podría describirse como una forma de Democracia. Su triunfo se basó en una amplia movilización social que aspiraba a recuperar la política como instrumento de transformación. La narrativa del «pueblo bueno» y la oposición a las élites económicas apelaban a una forma de regeneración del poder desde abajo. En los hechos, su victoria se vivió como espíritu de libertad que Hannah Arendt describe como “la sensación de que hay una historia totalmente nueva, ignota y no contada hasta entonces que está por desplegarse”[1].
Sin embargo, este momento democrático pronto mostró síntomas de descomposición. El desprecio sistemático por las instituciones autónomas, la centralización del poder en la figura de López Obrador –acompañada, paradójicamente, de la debilitación institucional del poder ejecutivo–, la descalificación de cualquier forma de crítica y la captura paulatina de las instituciones en manos de una misma coalición, debilitaron los principios democráticos.
En los últimos tres años de su mandato, López Obrador encarnó los rasgos platónicos del tirano. La pluralidad política, uno de los pilares de la democracia, se pulverizó en nombre de una voluntad unificada y vertical, sin que los principios de igualdad política, libertad y participación, que deben encarnarse en una democracia en su sentido clásico, se fomentaran. El presidente actuó como si su voluntad fuera la única norma, sin reconocer mediaciones ni límites. Se desmontó el sistema de contrapesos con argumentos morales, mientras se encumbraba la impunidad y el pragmatismo político más ramplón. Como advierte Platón, el tirano no sólo esclaviza a los demás, sino que termina siendo esclavo de su propia voluntad desbordada, atrapado en una lógica de sospecha, revancha y purificación constante del enemigo interno. De esa forma, esclavo de sí mismo, terminó López Obrador su gobierno.
II
Durante esta transición hacia el autoritarismo hubo marcadas continuidades. La primera de ellas fue la permanencia de una misma clase política, apenas acompañada por figuras emergentes que, más que romper con el viejo molde, han sabido adaptarse a él. Los integrantes de dicha clase –algunas de cuyas trayectorias se extienden por más de tres décadas–, renunciaron a sus programas e ideologías, con tal de arraigarse en el poder.
Esta continuidad se entrelaza con otra, aún más persistente y estructural: el consenso neoliberal. A pesar de las transformaciones en el lenguaje político –se pasó de la tecnocracia neoliberal al neoliberalismo social– el núcleo del modelo económico no ha sido trastocado: la fe en el mercado como principio ordenador de la vida social se mantiene incólume. La política social ha sido instrumentalizada no para desmontar la lógica de mercado, sino con objetivos electorales y para suavizar los bordes más ásperos del sistema económico, legitimando su permanencia.
En ese escenario de continuidad, no es casual que la vida misma haya sido puesta en entredicho. Desde 2008 hemos habitado en una gran mortandad: una etapa en la que la violencia, lejos de ser una disfunción del sistema, parece ser una de sus condiciones de reproducción. Así, una de las características esenciales de esta transición al autoritarismo es la muerte: la lógica de la exclusión, la desposesión de tierras, de homicidios y desapariciones son centrales en la reproducción del capital y en el mantenimiento del orden político.
III
No obstante, hubo cambios centrales durante estos años. De entre estos, el más significativo es, sin duda, la degradación moral del quehacer público. Aquellos valores que fueron elevados como estandartes durante la alternancia del año 2000 –la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional, la transparencia, la legalidad– y que más tarde se renovaron con el discurso ético del obradorismo –la austeridad republicana, la honestidad como eje rector del gobierno, la separación del poder político y el poder económico–, fueron descartados en la práctica.
Lejos de encarnar un nuevo pacto moral, los gobiernos surgidos de la transición y de la Cuarta Transformación reconfiguraron el horizonte ético de la política mexicana por medio del uso discrecional de instituciones, la normalización de la impunidad, el fortalecimiento de redes clientelares con el uso de padrones de beneficiarios como herramientas de control político, y la corrupción como mecanismo estructural de dominación. Esta degradación no es sólo el resultado de decisiones individuales ni de desviaciones coyunturales, sino de una lógica de ejercicio del poder que convirtió los principios en discursos, y las promesas de cambio en instrumentos de legitimación de un orden desigual. La moral pública, entendida como el horizonte común que debía guiar las acciones del Estado y de sus representantes, fue sustituida por una ética del pragmatismo, donde lo que importa no es cómo se gobierna, sino quién detenta el poder y cuánta popularidad, tuits, views y resultados electorales se tienen.
La segunda ruptura profunda ha sido el desdibujamiento total de las ideologías y de las plataformas políticas. En un ensayo publicado hace unos años, Dylan Riley y Robert Brenner explicaron que en Estados Unidos las coaliciones que habían sostenido a los partidos Demócrata y Republicano durante buena parte del siglo XX –cada una anclada en visiones distintas de desarrollo, aunque ambas dentro de los marcos de la institucionalidad liberal–, se disolvieron por completo. Lo que quedó fue una pugna por el control del aparato estatal, mediado por lobbies, intereses económicos y el uso estratégico de discursos identitarios:
“En cuanto a las elites, ello se ha traducido en niveles vertiginosos de gasto en las campañas electorales y de corrupción explícita a gran escala. En cuanto a las masas, ello ha significado el desmoronamiento del anterior orden hegemónico, ya que en un entorno de crecimiento persistentemente bajo o nulo –«estancamiento secular»– los partidos ya no pueden funcionar en virtud de programas de crecimiento, esto es, no pueden gestionar un «compromiso de clase» en el sentido clásico del término. En estas condiciones, los partidos políticos se convierten en coaliciones fundamentalmente fiscales en lugar de productivistas”.
Algo similar ocurrió en México: los modelos de desarrollo que durante la transición se disputaban el horizonte nacional y que estaban mediados por un supuesto interés democrático, desaparecieron como proyectos coherentes. En su lugar emergió un orden político donde los partidos dejaron de representar plataformas programáticas para convertirse en vehículos personalistas, alianzas tácticas y maquinarias electorales sin contenido ideológico sustantivo.
Los reacomodos políticos, cada vez más frecuentes y escandalosos, son prueba de ello: políticos que ayer militaban en la mafia del poder hoy forman parte de la “izquierda” transformacionista, y antiguos defensores del Estado intervencionista abrazan sin rubor el libre mercado. Estamos ante la pérdida de los marcos ideológicos y la disolución de las coordenadas que permitían trazar distinciones entre proyectos de nación. La política mexicana, desprovista de anclajes éticos y de modelos alternativos de desarrollo, es una lucha por la mera gestión de intereses.
IV
Así llegamos hasta aquí, a la política del fuera máscaras. Los Yunes, emblema del viejo régimen, ahora militan en Morena sin rubor ni resistencia. Las diputadas que otrora coreaban “¡no estás solo!” a López Obrador, trasladan su lealtad a Cuauhtémoc Blanco, como si la política fuera apenas un teatro de adhesiones sin contenido. La autodenominada izquierda en el poder defiende el T-MEC con fervor y lo presenta como triunfo propio bajo el discurso de soberanía nacional. Aquellos que llenaron las plazas con el nombre de Ayotzinapa en la garganta hoy increpan a las madres buscadoras, las acusan de mentir, exagerar, manipular, como si el dolor fuera un instrumento político del adversario y no una demanda legítima. Y los mismos que defendieron con fiereza la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, se presentan ahora como los principales interesados en conocer la verdad sobre campos de exterminio.
El resultado es una comunidad política sin brújula moral. Ya no hay principios que organicen su acción, ni ideas que estructuren su discurso; sólo quedan la conveniencia, el cálculo y la simulación. Ya sin el tirano, lo que quedó fue un autoritarismo anárquico. Por eso, urge que nos pongamos a pensar cómo salir de este atolladero, en vez de fantasear con lo que se supone que fue la transición, y lo que nos gustaría que fuese la Cuarta Transformación.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente
[1] Hannah Arendt, La libertad de ser libres, Barcelona: Taurus, 2018.